El documento discute la necesidad de reformar la Ley 30 de Educación Superior en Colombia para garantizar el derecho a la educación superior para todos los colombianos con autonomía universitaria. La propuesta de reforma del gobierno contiene cuatro elementos centrales relacionados con asegurar la calidad de la educación, la rendición de cuentas de las universidades, el financiamiento y la organización del sistema universitario colombiano.