El documento describe los esfuerzos de la Casa de los Derechos de Periodistas para promover la federalización de los delitos contra periodistas en México y la creación de un mecanismo federal de protección. Señala que la federalización requiere ser aprobada por las legislaturas estatales y publicada, mientras que el mecanismo de protección necesita ser aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados para prevenir agravios contra periodistas.