El documento argumenta que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental reconocido en instrumentos internacionales vinculantes para el país. Se justifica la necesidad de una ley de acceso a la información pública para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho. La ley debería promover principios como la máxima publicidad, legitimación amplia para solicitar información, y excepciones estrictamente definidas.