En la 3 era edición del Boletín Dignidad y Justicia presentamos la lucha indígena tolupán de los compañeros y compañeras de Locomapa, Yoro en defensa de los bienes naturales y la masacre inmisericorde suscitada contra tres compañeros. En tanto, el MADJ denuncia y se posiciona sobre el involucramiento de las autoridades del Ministerio Público en la entrega del territorio nacional. Desde luego, contribuye a mantener la memoria histórica recordando las historias de un estado infidente, la chatarra que valía millones. Y el digno legado de Francisco Morazàn a la juventud y el pueblo centroamericano a realizar cambios. Luchando por una educación laica, publica, gratuita y de calidad. Dignidad y Justicia presenta unos botones de muestra de la corrupción e impunidad en nuestro país. Finalizando con la realización de la Asamblea Intermedia en la que se analiza la problemática nacional y la criminalizaciòn a defensores de DD.HH.. Alertando y denunciando ante la comunidad nacional e internacional la persecución judicial a liderazgos del MADJ.

1. Dignidad y justicia
San Pedro Sula, Año 1, No. 3, octubre 2013
Publicación trimestral del
Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia (MADJ).
Su contenido pude ser
reproducido total o parcialmente,
citando la fuente.
El MADJ realizó su Asamblea intermedia
MADJ
Barrio Barandillas, 6 calle,
6ave., Edificio Noriega,
San Pedro Sula, Cortés.
movxladignidadylajusticia@
yahoo.com
www.madj.org
©
Sumario
Debate / 2
Nueva masacre contra
el pueblo indígena tolupán
Nuestra opinión / 3
Editorial
Nuevas autoridades
del Ministerio Público
vinculadas a la entrega
del territorio nacional
Una nueva afrenta a la lucha
contra la corrupción
y la impunidad
Destapando la olla / 4
Historias de un Estado infidente.
La chatarra que valía millones
Corrupción e impunidad:
algunos botones de muestra
Noticias / 8
El MADJ víctima
de persecución judicial
El legado de Morazán
sigue vigente
E
l 21 y 22 de septiembre el MADJ llevó a cabo su Asamblea intermedia
en la ciudad de El Progreso, con la participación de delegados de los
núcleos organizados en los departamentos de Atlántida, Cortés, Yoro, Santa
Bárbara y Comayagua.
En esta reunión se debatió sobre la respuesta comunitaria a los desafíos que
representan los proyectos de explotación minera y construcción de represas
hidroeléctricas, así como la persecución a que son sometidos los líderes comunitarios que se oponen a tales proyectos.
El MADJ ha asumido la defensa legal de los líderes y miembros de base
perseguidos por su compromiso con la defensa de los bienes naturales de sus
territorios, como los indígenas lencas y tolupanes, acusados por el supuesto delito de rechazar proyectos que atentan contra los intereses comunitarios en los
departamentos de Intibucá y Yoro.
La Asamblea intermedia aprobó varias resoluciones orientadas a fortalecer
las luchas comunitarias, la defensa territorial y la protección de líderes y activistas perseguidos por las grandes empresas, con la complicidad de las autoridades
policiales y judiciales, en dichos departamentos.
Este encuentro concluyó con una convocatoria a la Asamblea Nacional del
MADJ, que se llevará a cabo en diciembre para aprobar un nuevo plan anual de
trabajo y adoptar resoluciones que darán continuidad a los temas tratados en la
Asamblea intermedia.
1

2. Debate
Nueva masacre contra el pueblo indígena tolupán
E
Juan Mejía Guerra*
l pueblo tolupán continúa pagando con su sangre
la defensa de su tierra y bienes naturales. El 25 de
agosto de 2013, alrededor de las 4:30 de la tarde, en San
Francisco de Locomapa, departamento de Yoro, fueron
asesinados los indígenas Armando Fúnez Medina, Ricardo
Soto Medina y María Enriqueta Matute.
Se les asesinó por oponerse a la extracción ilegal de
madera en los bosques de su tribu, a la instalación ilegal
de una represa hidroeléctrica que no cuenta con el libre
consentimiento de este pueblo, y a la extracción de antimonio en yacimientos explotados al margen de la ley en
las montañas de la tribu.
Sus asesinos, Selvin Matute y Carlos Matute, los mataron a sangre fría. Ambos forman parte de una banda de
matones que opera en la zona y ofrece sus servicios a los
empresarios que quieren apoderarse de los recursos naturales del pueblo tolupán.
La criminal banda de Los Matute opera impune y libremente en la zona. Se les ve desplazándose en parejas en
sus motos, con armas colgadas al hombro, haciendo tiros al
aire y custodiando los pick ups que salen cargados de broza
con antimonio. La policía no hace nada para detenerlos.
Son intocables porque cuidan los intereses de los grandes
saqueadores de este pueblo.
¿Negligencia o complicidad del Estado?
El Estado hondureño afirma que el pueblo tolupán es
la etnia más martirizada entre todos los pueblos originarios
del país. Así lo reconoce la Secretaría para el Desarrollo de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes1, pero las
autoridades no hacen nada para impedir que se les siga
martirizando.
Desde el 12 de agosto los miembros de la tribu San
Francisco iniciaron una nueva acción en defensa de su territorio, bloqueando la carretera que comunica al sector
de Locomapa con su tribu. En ese punto solo detenían a
los camiones que transportaban madera cortada ilegalmente, y a los pick ups cargados con broza de antimonio
no autorizada por el Estado ni avalada por los tolupanes.
El día del crimen —según relato de sobrevivientes y
vecinos—, cerca de las 4:30 de la tarde, llegaron al lugar
de la toma los hermanos Selvin y Carlos Matute. Luego de
exigir a los indígenas que se retiraran, les arrebataron la
bandera nacional, discutieron y luego dispararon contra
Ricardo Soto Medina, Armando Fúnez Medina y María
Enriqueta Medina.
Miembro de la Coordinación Nacional del MADJ.
1. Léase la página oficial de la SEDINAFROH, http://www.
sedinafroh.gob.hn/index.php/tolupanes. consultada el 29 de
agosto de 2013 a las 7:00 p.m.
*
2
A más de un mes de este crimen, y a pesar de que los
asesinos han sido plenamente identificados, no han sido
capturados y continúan amedrentando a la población
indígena. El último amedrentamiento se produjo el 2 de
septiembre, cuando los sicarios dejaron el siguiente mensaje
en casa de uno de los líderes de la tribu, José María Pineda:
Hoy sí, prepárense porque se ha encendido el fuego, por
no medirse esa lengua pájaro cucú. Ya sabemos dónde
estás, pero te vamos a dar donde más te duele. No sabes
con quienes te has metido, esto va a arder, así que mejor
prepárense. Se los advertimos con tiempo, nosotros para
eliminar a alguien no pensamos, peor ratas que sólo para
joder son buenos. Atentamente sus enemigos!
Debido a la negativa de las fuerzas policiales y el Ministerio Público para frenar la criminalidad de la banda de
los Matute, el MADJ optó por proteger la vida de los líderes
indígenas y de seis personas más, entre estas testigos clave
para resolver el crimen.
La ONU ha exigido medidas especiales
El informe de la Relatoría Especial de la ONU sobre
la situación de los defensores de los derechos humanos en
Honduras destacó, el 13 de diciembre de 2012, el peligro a
que están expuestos los tolupanes y demás pueblos indígenas: “Hay ciertas categorías de defensores de los derechos
humanos expuestos a un peligro especial, como… los
indígenas, los afrohondureños, ambientales y de derechos
sobre la tierra”2. En otro apartado, señala que:
Se han registrado casos de defensores de los derechos
humanos que protegen recursos naturales (bosques,
tierras y agua) y que han sido reiteradamente detenidos, golpeados y, en algunos casos, asesinados en razón
de sus actividades. Otros que denuncian problemas
ambientales e instruyen a los ciudadanos acerca de sus
derechos a la tierra y a los alimentos han sido calificados
de miembros de la resistencia, guerrilleros, terroristas,
opositores políticos o delincuentes3.
Si el Estado hubiese intervenido a tiempo, la masacre de
San Francisco de Locomapa no habría tenido lugar, como
tampoco el asesinato del indígena lenca Tomás García,
acribillado por ejercer su derecho al libre consentimiento
comunitario ante el proyecto hidroeléctrico que se ejecuta
en el sector de Río Blanco en el municipio indígena de
Intibucá.
2. ONU (2012), Informe de la Relatora Especial Sobre la
Situación de los Defensores de los Derechos Humanos en Honduras, Margaret Sekaggy, párr. 64.
3. Ibíd., párr. 82.

3. Editorial
Nuestra opinión
Nuevas autoridades del Ministerio Público
vinculadas a la entrega del territorio nacional
A
hora resulta evidente que la depuración del
sistema de justicia y seguridad, en el caso del
Ministerio Público, fue solo un argumento para elegir
anticipadamente a los fiscales generales, violentando
la Ley Orgánica de esta institución, al elegirlos por un
periodo de cinco años.
Legalmente, la elección de las nuevas autoridades
del MP correspondía al próximo Congreso Nacional;
pero, ante la posibilidad de que después de las elecciones
generales de noviembre este sea integrado por fuerzas
políticas que amenazan el monopolio bipartidista,
adelantaron la elección para asegurar la impunidad de
grupos económicos y políticos responsables de actos de
corrupción vinculados a la entrega y saqueo del territorio
y los bienes naturales.
Por eso no es casual que el nuevo Fiscal General sea
Óscar Chinchilla, uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que votó a favor del decreto para crear
las “Ciudades Modelo” y que, demagógicamente, renunció
a su cargo de magistrado bajo acuerdos políticos con la
bancada del Partido Nacional.
Por su parte, el nuevo Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuéllar, al momento de su nombramiento se
desempeñaba como ministro de la Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente (SERNA) institución que, bajo su
dirección, autorizó muchas licencias ambientales para
la explotación minera, la construcción de represas hidroeléctricas y la explotación maderera.
A los nuevos peones del MP les toca garantizar que
las industrias explotadoras de los recursos naturales,
estrechamente vinculadas con los intereses privados
que representan los diputados en el Congreso Nacional,
sigan sacando ventaja de la criminalización de las luchas
comunitarias y del monopolio que ejercen sobre las instituciones públicas y los poderes del Estado.
Así, a los procesos judiciales contra Berta Cáceres,
Tomás Gómez, Aureliano Molina y Magdalena Hernández, se suman ahora las denuncias ante la Fiscalía contra
el Patronato Comunal de Nueva Esperanza y nuestros
compañeros Víctor Fernández y Martín Fernández,
miembros de la Coordinación Nacional del MADJ.
Una nueva afrenta a la lucha contra la corrupción y la impunidad
U
no de los legados positivos
de la Comisión Interventora
al Ministerio Público, fue el nombramiento de personas honestas y
comprometidas con la legalidad como
coordinadoras de fiscalías especiales
claves en la lucha contra la corrupción
y la impunidad.
Así, nombró a Luis Javier Santos como Fiscal Especial contra la
Corrupción, y a John César Mejía
como Fiscal Especial de Derechos
Humanos. Desde la Fiscalía contra la
Corrupción se comenzó a investigar
la corrupción en la municipalidad
de San Pedro Sula, la relación de un
familiar del presidente Lobo con un
supuesto lavado de activos, la destitución ilegal de los cuatro magistrados
de la Sala de lo Constitucional y la
venta irregular de medicinas al Estado.
La Fiscalía de Derechos Humanos
promovió un requerimiento fiscal
contra el pastor Evelio Reyes por el
delito de discriminación, y presentó
un recurso de amparo colectivo contra
el Estado por la falta de medicamentos, oxígeno, camillas y deficiencias
en la prestación del servicio de salud
en los principales hospitales estatales.
También se preparaban otros requerimientos fiscales sobre casos graves de
violaciones a derechos humanos.
Pero las reacciones no se hicieron
esperar. En la última semana de octubre, las autoridades del MP decidieron
trasladar, entre otros, a los fiscales
Luis Javier Santos, John César Mejía,
Edy Tábora y Rosa Seaman; los dos
últimos interpusieron el recurso de
amparo colectivo y el requerimiento
fiscal contra el pastor Reyes, respectivamente. En total, son 17 traslados
que, según entendidos, buscan desarticular las acciones emprendidas por
los fiscales honestos.
No se discute que la ley faculta al
Fiscal General y al Adjunto a realizar
estos cambios. No obstante, desarticular fiscalías cuyos coordinadores han
impulsado casos importantes, solo
muestra que Óscar Chichilla y Rigoberto Cuéllar ya comenzaron a jugar
su papel de nuevos custodios de la
impunidad y de los intereses de quienes los impusieron en una elección
ilegítima y fuertemente cuestionada.
3

4. Destapando la olla
Historias de un Estado infidente
Lucila Fun
Antes de contar la historia…
Los actos de corrupción del Estado casi siempre los
revela el mismo Estado. Nadie como él tiene la capacidad
de adentrarse en la documentación, sustraerla si le es necesario, escudriñarla cuando le conviene, denunciarla si
quiere afectar a los involucrados, o simplemente volverla
a enterrar.
La ciudadanía puede avanzar con las denuncias,
pero encuentra muchas trabas para investigar a fondo la
corrupción. De ahí el desencanto que provocan las auditorías sociales a muchos líderes comunitarios que abogan
por la transparencia en la gestión municipal y pública:
los actos ilícitos son visibles, con frecuencia también sus
responsables, pero a la hora de ajustar cuentas, es común
que el Estado mire de reojo las malogradas obras y dé su
bendición a los culpables.
La transparencia es una demanda que da poder a la
ciudadanía y esta comienza a ser consciente de ese poder.
Sin embargo, poco se discute sobre la ética que debe llevar
aparejada. Muchas acciones públicas son transparentes,
pero están revestidas de tan alta dosis de cinismo, que
provocan la desmovilización de la sociedad o, con suerte,
solo su asombro.
Bajo tales preceptos, las investigaciones oficiales muchas veces terminan siendo simples infidencias, historias
contadas desde un escritorio que revelan nombres y apellidos, actos irregulares, actuaciones siniestras de funcionarios
públicos que, sin ningún recato, promueven legitimarlas
ante los poderes del Estado y convertirlas en decretos, resoluciones, ordenanzas o leyes de carácter obligatorio, sin
responsabilidades ulteriores para sus autores.
Un vertedero de esas infidencias es el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Aún con lo incompleto que suelen
ser sus informes, revelan interioridades del poder público,
escritas a veces como ingredientes complementarios, pero
que obligan a repasar la lectura o hacerlo entre líneas. Los
informes del TSC profundizan hasta la frontera de la conveniencia; rara vez incluyen los anexos que anuncia dentro
de las investigaciones y que suenan más interesantes aún
que las investigaciones mismas.
Esa cantera de historias convertidas en informes, unida
con lo que publica La Gaceta o lo que trasciende por los
portales de transparencia de las instituciones del Estado
son las fuentes oficiales disponibles, y de ellas —dicho con
transparencia— buscará alimentarse esta columna. La autora completa la información oficial encontrada con otros
datos que también obtiene por medio de internet, cuidando
de garantizar la credibilidad de la fuente.
El informe Nº P-033/2012-DPC-DCSD
de la denuncia Nº 0801-12-133
El 22 de abril de 2013 el magistrado presidente del TSC,
Miguel Ángel Mejía Espinoza envió, a quien todavía fungía
*
4
Periodista.
como Fiscal General de la República, Luis Alberto Rubí
Ávila, un informe con indicios de responsabilidad penal,
para su investigación.
Se trataba del Informe Nº P-033/2012-DPC-DCSD,
elaborado a partir de una denuncia —la Nº 0801-12-133—
sobre una investigación efectuada del 4 al 9 de octubre de
2012 en el Congreso Nacional, acerca de un decreto emitido en 2011 para donar máquinas y chatarra del Instituto
de Conservación Forestal (ICF) a la empresa cibertec
(Centro de Investigación Científica y Tecnológica). Como
es de suponer, ni la chatarra era chatarra ni cibertec era
en realidad una empresa que existía.
¿Quiénes estaban detrás de esto?
El 7 de diciembre de 2011 el diputado nacionalista por
el departamento de Intibucá, Miguel Ángel Gámez, solicitó
al Congreso Nacional aprobar un proyecto de decreto para
“autorizar la donación del material descrito en los párrafos
anteriores al señor Agustín Martínez Perdomo”.
La moción fue girada, en carácter de “urgente”, a la Comisión de Legislación —cuyos integrantes no aparecen en
el informe— para que emitiera el respectivo dictamen. Seis
días después, la comisión dictaminó a favor de que “los materiales que se encuentran en abandono en las instalaciones
del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y
Vida Silvestre (icf), ubicado en el antiguo local de Casisa
en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, se les daría un uso adecuado al ser donados al Centro
de Investigación Científica y Tecnológica (cibertec) ya que
las instituciones gozan de un carácter permanente y esta
comisión considera que fortaleciendo las instituciones que
incentivan y que impulsan la investigación en Honduras
fortaleceremos el desarrollo del país”.
Posteriormente, el Congreso Nacional aprobó, mediante Decreto Nº 46-2012 del 10 de abril de 2012, lo siguiente:
Conceder al Centro de Investigación Científica y
Tecnológica (cibertec), las mejoras o bienes muebles
que se encuentran en el inmueble de las instalaciones
del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas
y Vida Silvestre (icf), ubicado en el antiguo local de
casisa, en la ciudad de Siguatepeque, Departamento
de Comayagua, y que a continuación se detalla:
1) Galeras Metálicas; 2) Tanque Metálico de Almacenamiento de Agua; 3) Máquina cargadora marca komatsu
(mal estado fundida); 4) Estructuras Metálicas; 5) Todo
material metálico y chatarra ubicado dentro y fuera de
las galeras.
El Decreto entró en vigencia el 31 de mayo de 2012,
fecha en que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta
No. 32,834.
¿Quién es quién?
¿Quién es el mocionante? Miguel Ángel Gámez fue
nombrado por el presidente Porfirio Lobo como ministro
de Obras Públicas, Transporte y Vivienda a comienzos de

5. e. La chatarra que valía millones
Destapando la olla
nes Valladares*
marzo de 2012, cargo al que renunció en mayo de 2013
por ser candidato a diputado para los próximos comicios
electorales. Su nombre saltó a la palestra pública cuando, en
2006, hizo comentarios racistas a la periodista de Proceso
Digital, Ivonne Rodríguez, quejándose por la presencia de
seis diputados negros ante el Congreso, lo que consideró
como un atropello a su dignidad.
¿Quiénes eran los miembros de la Comisión Legislativa
que dictaminó a favor de la moción? Gracias a que en la
página web del Congreso Nacional no se ha actualizado este
dato desde el 17 de febrero de 2012 —fecha muy próxima a
la emisión del dictamen— se constató que los integrantes
eran: Mario Alonso Pérez (PN, presidente); Olman Danery
Maldonado (PL, vicepresidente, y uno de los que votó recientemente contra la decisión de su partido a favor de los
nuevos fiscales); Oswaldo Ramos Soto (PN, secretario, de
conocida trayectoria); como miembros: Erick Rodríguez
(PL), German Leitzelar (PINU), Donaldo Reyes Avelar
(PN), Daniel Flores Velásquez (PN); y como miembros alternos: Marco Antonio Gosselin (PL) y Agapito Alexander
Rodríguez (PN).
¿Quién es Agustín Martínez Perdomo? Entre los considerandos que fundamentaron el decreto a favor de la
donación se expresó: “Que el investigador Agustín Martínez
Perdomo, del Centro de Investigación Científica y Tecnológica (cibertec), ha realizado la invención de una máquina
denominada Recolector de Agua (reda), la cual tiene como
función la recolección de agua. Que las Naciones Unidas
tiene un programa mediante el cual al país que presenta una
invención, recibe un aporte de Cien Mil Dólares anuales
durante veinte (20) años, por lo que se hace necesario que
este Congreso Nacional brinde apoyo a quienes se dedican
a la ciencia y a la invención, como en el caso del Inventor
Agustín Martínez Perdomo”.
El 4 de junio de 2012 Martínez Perdomo solicitó al
secretario del Congreso, Rigoberto Chang Castillo, “dejar
sin valor y efecto dicho decreto mediante el cual se me
estaría beneficiando con tal material de desecho”. Su decisión fue falsa, pues catorce días después notificó al director
del ICF el retiro del material metálico, y el TSC encontró
que el retiro de los materiales se estaba efectuando desde el
2 de mayo de 2012, antes de la emisión del decreto.
¿El Estado contra el mismo Estado?
El TSC confirmó que desde el 8 de abril de 2010, el ICF
emitió una resolución declarando sin lugar una solicitud de
donación del referido equipo. Asimismo, en julio de 2011,
este instituto procedió a realizar una valoración de los bienes, concluida por la empresa ahinco Inversiones S.A. de
C.V. en octubre de ese año, que la estimó en 4,789,292.50
lempiras como precio base para una subasta pública. El 4 de
enero de 2012 el ICF envió un oficio al Congreso Nacional,
señalando que:
…si bien es cierto el material a que se hace referencia
en el proyecto de Ley constituye por su naturaleza y características como chatarra que en su esencia no puede
ser reutilizada, no es menos cierto que la misma está
comprendida dentro de los planes de este Instituto para
lograr de ella un provecho o utilidad, todo mediante un
procedimiento de subasta que genere recursos económicos que coadyuven a sufragar los compromisos que
la institución mantiene…
El Congreso desconoció los oficios enviados por el
ICF y, aunque el TSC no hace señalamientos directos, deja
traslucir que esta omisión es responsabilidad del secretario
de la Cámara Legislativa, Rigoberto Chang Castillo.
Lo que se encontró en el lugar de los hechos
El TSC se apersonó en las instalaciones del ICF en
Siguatepeque, donde realizó una inspección física y tomó
declaraciones de los vecinos de una comunidad aledaña.
Entre varios de los hechos anormales ocurridos, encontró a nuevos actores involucrados; entre ellos, al diputado
por el departamento de Comayagua, Armando Cerros,
quien al parecer llevó una orden legal para desmantelar
las estructuras metálicas y dirimió a su favor un conflicto
con la comunidad, que se oponía a desmantelar el centro, pagándole al presidente del patronato 7,500 lempiras por cada salida de las rastras, que en total hicieron
entre 18 a 22 viajes cargadas con el material.
Armando Cerros es diputado suplente por el Partido
Liberal y candidato a la reelección en los comicios de noviembre de 2013 por el mismo partido; ha sido miembro
de la corriente política que encabeza Yani Rosenthal y fue
denunciado, junto a siete diputados más, en 2010, por la
importación de carros de lujo con dispensas. En su caso, de
un Toyota Wagon Prado (24 de mayo de 2010) y un Toyota
pick up del año (23 de junio de 2010).
El TSC también investigó que el científico Agustín
Martínez Perdomo nunca hizo acto de presencia, sino a
través de sus representantes durante las negociaciones previas, pero sí durante el desmantelamiento, junto al menos
cuatro personas más que solo fueron identificadas por sus
nombres o apellidos.
Se supo también que el hierro fue vendido a comerciantes de la zona por al menos cinco millones de lempiras, a
través de una cuenta del banco Ficohsa a nombre de Martínez Perdomo; no se encontró evidencia de la existencia
de la empresa cibertec, ni del invento realizado por el
presunto científico, quien habría sido propietario de un
taller de mecánica industrial. Tampoco se encontraron
rastros de ninguna patente de invento para colectar agua
en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, no así
en el Instituto de la Propiedad, donde fue inscrita.
Y finalmente, como un toque de buen humor —pues ya
no cabe otra cosa que reírse—, el TSC indagó al diputado
Gámez sobre la existencia de la máquina colectora de agua
que dio origen a su moción, y en respuesta recibió de él
un video de una máquina recolectora de agua, ¡bajado por
internet de una compañía guatemalteca!
5

6. Destapando la olla
El CNA perdió el rumbo
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) perdió
el rumbo en la lucha contra la corrupción y, lejos de combatirla, la permite. Así opinaron los representantes de las
organizaciones de sociedad civil y de las iglesias Católica y
Evangélica que se retiraron de la conducción de este ente
gubernamental, afectado por malos manejos y escasos
resultados.
La polémica elección de Dulce María Zavala como
coordinadora del CNA en septiembre de 2011 —pese a ser
empleada de otra institución estatal—, determinó el retiro
de estas organizaciones, cuya principal crítica es que fue
impuesta por grupos afines al presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, y al presidente Lobo Sosa.
La crisis del CNA se agudizó en septiembre de 2013,
cuando la abogada Zavala intentó reelegirse, para lo que
realizó una serie de maniobras que revelaron el alto grado
de politización de este organismo.
A lo anterior hay que agregar el nombramiento de los
dos representantes del Presidente de la República ante el
CNA —ambos con falsos expedientes de representación
social—, avalado por un decreto presidencial. No obstante,
la asamblea se instaló y dio por legítima la incorporación
de los emisarios presidenciales.
El 30 de septiembre se acordó que el CNA dejará de
tener un coordinador o coordinadora, y que será regido por
una instancia colectiva, mientras encuentran alternativas
a su crisis interna.
Desde la creación del CNA en 2001, la situación de la
corrupción en Honduras no ha cambiado; el país se mantiene en la lista de las diez naciones más afectadas por este
flagelo en las Américas y registra un 76.7% de percepción
de corrupción entre los 26 países evaluados.
Expedientes de oficiales fueron
enviados sin soporte al TSC
A mediados de agosto, el Tribunal Superior de Cuentas
(TSC) devolvió ocho expedientes sobre oficiales de policía
investigados por enriquecimiento ilícito. El presidente del
TSC, Miguel Mejía, informó que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) los envió
sin soporte documental. Por tanto, el TSC no puede investigar a profundidad para que los casos sean judicializados.
Las incongruencias detectadas entre ingresos y patrimonio en un grupo de altos jerarcas de la Policía suman
más de 74 millones de lempiras, lo que vuelve a los oficiales
sospechosos del delito de enriquecimiento ilícito, según los
órganos contralores del Estado.
6
Corrupción e impunidad:
Requerimiento fiscal contra
involucrados en saqueo de medicamentos
El Ministerio Público interpuso, el 30 de julio, requerimiento fiscal contra seis funcionarios denunciados por
abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y
falsificación de documentos en perjuicio del Almacén Central de Medicamentos del Hospital Escuela y las bodegas
de la Secretaría de Salud.
Los funcionarios requeridos son: Maritza Isabel Ramírez Vásquez, Hernán Gerardo Rodríguez, Héctor Manuel
Flores Canales, Cindy Karina Santamaría, Marco Daneri
Figueroa y Leonor Bonilla Landa.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción explicó que
estas personas despachaban medicamentos sin seguir los
procedimientos establecidos, por lo que se sospecha que
los fármacos fueron a parar a manos privadas.
“Fuga de información”
impide capturar a narcos
El Designado Presidencial, Víctor Hugo Barnica, informó el 6 de agosto que la filtración de información sobre
operaciones antidrogas impide capturar a narcotraficantes,
y responsabilizó por tal acción a las fuerzas de seguridad y
al Ministerio Público. Según autoridades estadounidenses,
por Honduras transita el 79% de la droga que llega a México
desde Suramérica, con destino final en los Estados Unidos.
Fuerzas Armadas despilfarran dinero
asignado a la protección de los bosques
En veinte meses, la Dirección de Apoyo Ecológico y
Protección del Bosque (C-9) de las Fuerzas Armadas gastó
57 millones de lempiras (unos 2.8 millones de dólares) en
comprar bebidas, botas, lubricantes, reparar edificios y
vehículos, pagar salarios y contratos de publicidad.
La información procede de una auditoría llevada a cabo
por el TSC para el periodo que comprende del 1 de julio
de 2008 al 28 de febrero de 2010. “Una mala clasificación
de los gastos, afecta la disponibilidad presupuestaria y la
toma de decisiones administrativas”, advirtió el informe
de la auditoría del TSC No. 001-2009-DASSJ-SEDENA-A.
Congreso Nacional eligió a nuevos
fiscales en medio de acusaciones
de corrupción
En una larguísima jornada, rodeada de componendas
políticas y protestas callejeras, el Congreso Nacional eligió
en la madrugada del 31 de agosto a Óscar Fernando Chinchilla y Rigoberto Cuéllar como Fiscal General y Fiscal
Adjunto de la República.

7. algunos botones de muestra
Chinchilla es miembro del gobernante partido Nacional y Cuéllar del partido Liberal. La denuncia más grave en
torno de esta elección, es la compra-venta de votos entre
los diputados, para garantizar las dos terceras partes que
la ley exige para nombrar estos funcionarios.
Uno de los aspirantes al cargo de Fiscal General, el abogado Ivis Discua Barillas, se retiró del proceso de selección
y denunció que este se había viciado por el afán de elegir
a candidatos afines al candidato presidencial nacionalista,
Juan Orlando Hernández.
Investigan desvío de fondos
en municipalidad de San Pedro Sula
Por un supuesto desfalco, la Fiscalía Especial Contra
la Corrupción intervino el 2 de septiembre la Oficina de
Control de Ingresos, la Tesorería y la sección de Informática
de la alcaldía sampedrana, y citó a varios funcionarios a
prestar declaración.
La denuncia fue interpuesta por algunos contribuyentes y empresas que pagaron sus impuestos de 2009, pero
estos nunca ingresaron en las arcas municipales. Desaparecieron sin dejar rastro.
Millones de lempiras sin respaldo
gastaron gobiernos de Kilgore
y Padilla Suncery
Un informe del TSC reveló que, durante la administración de los alcaldes sampedranos Óscar Kilgore (nacionalista) y Padilla Sunceri (liberal), se gastaron sin respaldo
(fuera de la ley) 1020 millones de lempiras.
El informe estableció 24 indicios de responsabilidad:
cuatro de carácter administrativo, nueve de índole civil y
once de tipo penal. Las responsabilidades civiles ascienden
a L 172.5 millones que incluyen pagos a teléfonos celulares
de empleados y funcionarios de la alcaldía; así como asignación indebida y uso excesivo de combustible a favor de
miembros de la Corporación Municipal. También el pago
de sobregiros por intereses bancarios no autorizados, de
recargos por mora de retenciones, de derechos laborales y
viáticos a miembros de la Corporación.
Las responsabilidades de carácter penal ascienden
a L 847.8 millones, y las averiguaciones del MP indican
que se gastaron indebidamente unos 500 millones. El MP
conoció, además, 80 denuncias contra las últimas cuatro
administraciones municipales de SPS. Los delitos a investigar son abuso de autoridad, violación a los deberes de los
funcionarios, falsificación de documentos públicos, estafa,
malversación de caudales públicos, cohecho, apropiación
indebida, desobediencia y usurpación.
Destapando la olla
Orden de captura
para exgerente del Ferrocarril
Por no presentarse a la audiencia del juicio oral y público, el 11 de septiembre, el juzgado correspondiente giró
orden de captura contra el exgerente del Ferrocarril Nacional, Rafael Merlo Cárcamo.
Al ahora prófugo de la justicia se le acusa de haber
vendido a una empresa guatemalteca, durante su administración, los rieles del Ferrocarril Nacional en un tramo del
municipio de Puerto Cortés.
Auto de prisión contra acusados
de vender plazas en Educación
La Corte de Apelaciones de Comayagua confirmó el
19 de septiembre un auto de prisión contra José Antonio
Medina y Luis Murillo. El primero se desempeñaba como
director general de Educación y, el segundo, como director
departamental en Intibucá. Ambos fueron señalados como
responsables de vender plazas en la Secretaría de Educación.
Nueve mil plazas fantasmas
en la Policía Nacional
El coordinador de fiscales del Ministerio Público,
Roberto Ramírez Aldana, aseguró que la cifra de plazas
fantasmas en la Policía Nacional asciende a nueve mil y
no a 4500, como lo denunció el 11 de agosto el ministro
de Seguridad, Arturo Corrales, en su informe de 100 días
de trabajo.
Respecto a si las nueve mil personas que faltan en las
planillas cobraban su salario, Ramírez Aldana expresó
que “es la información que podemos deducir del informe”.
Señaló que “si vemos los resultados de algunas planillas
y los informes de mayo y junio de este año, estaríamos
hablando de un faltante de nueve mil puestos. Alrededor
de dos mil plazas han sido congeladas o canceladas, pero
creemos que hay más personas que estaban cobrando en
la Secretaría de Seguridad”.
El coordinador de fiscales indicó que también hay personal administrativo entre estas nueve mil plazas. El titular
de la DIECP, Eduardo Villanueva, dijo que, independientemente de la cifra de plazas fantasmas denunciadas en la
Policía Nacional, es una obligación hacer las investigaciones
pertinentes para deducir responsabilidades.
Pese a que el ministro de Seguridad hizo la denuncia
desde el 11 de agosto y la Fiscalía inició las investigacio-nes
días después, aún no se sabe quiénes son los responsables del
asalto a los recursos de la Secretaría de Seguridad. Es más,
pareciera que el escándalo ya perdió relevancia en los medios
de comunicación y la ciudadanía, más preocupados por el
desenlace del proceso electoral.
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8. Noticias
El MADJ víctima de persecución judicial
L
a Sociedad Mercantil “La Victoria”, que
pretende explotar varias
minas de óxido de hierro
en el municipio de Tela,
Atlántida, interpuso
el 12 de septiembre
una denuncia ante el
Ministerio Público
de La Ceiba contra
dirigentes del Patronato Regional del
Sector Florida en
Tela y los miembros
de la coordinación
general del MADJ,
Víctor Fernández y
Martín Fernández.
Estas denuncias
forman parte de una campaña de persecución contra defensores de derechos humanos y ambientalistas que defienden los bienes
naturales comunitarios ante la voracidad de las empresas
mineras y madereras, los proyectos hidroeléctricos y las
instituciones gubernamentales que se coluden en su afán
de explotar los territorios comunitarios para acumular
más riquezas a costa del sacrificio de la población más
vulnerable del departamento de Atlántida.
En un comunicado, el MADJ sostiene que las vidas de los
dirigentes comunitarios, de los defensores de derechos
humanos y ambientalistas, así como de la coordinación
general del MADJ, corren peligro ante las acciones que
dichas empresas llevan a cabo en su contra, a vista y paciencia de las autoridades policiales y judiciales.
El MADJ demandó que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y las organizaciones sociales defensoras
de derechos humanos se pronuncien y lleven a cabo
acciones que contribuyan a proteger y garantizar las vidas
y derechos de las comunidades y sus organizaciones ante
los ataques de que son objeto.
El comunicado del MADJ señaló, además, que el gobierno ha puesto a disposición de intereses privados la
institucionalidad judicial, policial y militar para reprimir
la población que resiste al saqueo y exterminio de los
bienes naturales en sus territorios. No obstante, hizo un
llamado a responder con una lucha pacífica y ciudadana
para fortalecer y dignificar la lucha por los derechos
humanos y la defensa de los territorios comunitarios.
El legado de Morazán sigue vigente
E
l Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
(MADJ) conmemoró el nacimiento de José Francisco
Morazán Quezada con los estudiantes de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula
(UNAH-VS).
Francisco Morazán nació en Tegucigalpa el 3 de octubre
de 1792 y murió fusilado en San José, Costa Rica, el 15 de
septiembre de 1842. Fue un gran pensador y visionario
que intentó transformar a Centroamérica en una nación
grande y progresista.
Durante su gestión como mandatario de la República Federal de Centro América (1827-1838), promulgó
reformas liberales que incluyeron la educación gratuita y
obligatoria, libertad de prensa y de religión, entre otras.
Además, limitó el poder de la Iglesia católica y decretó la
separación del Estado y la Iglesia.
Con estas reformas, se ganó enemigos poderosos y su
período de gobierno estuvo marcado por amargas luchas
internas entre liberales y conservadores. Para recordar la
vigencia de su legado, los jóvenes universitarios entregaron trifolios y presentaron murales en los que exigen
educación pública, laica, gratuita y de calidad.
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