Este documento critica al gobierno de Ecuador por atacar la libertad de expresión y oponerse a la disidencia. Argumenta que el presidente Correa está poniendo en riesgo el proceso de cambio iniciado por la Constitución de 2008 al ignorar su mandato de reformar la justicia y aliarse con grupos oligárquicos en lugar de los movimientos populares. También advierte que el autoritarismo del gobierno amenaza la democracia y la revolución.

1. La libertad siempre es
libertad para los que
piensan de manera diferente
Alberto Acosta
Ex –presidente de la Asamblea Constituyente
Frente Montecristi Vive
Rescatemos el momento histórico, dado que existen, entre otros aspectos,
notables avances en la presencia del Estado en la vida económica y social
como un elemento superador del neoliberalismo. Valorémoslo incluso por sus
contradicciones, dado que los limitados avances en la redistribución de los
ingresos fiscales se realizan sin cuestionar el capitalismo y por lo tanto las
lógicas de acumulación existentes desde hace décadas en el país. Solo así
podremos definir hacia dónde caminar para construir un futuro mejor para
nuestros hijos e hijas, nietos y nietas.
La actual Consulta Popular nos abre la puerta a debates importantes, como es
la necesidad de una profunda transformación de la justicia, atravesados por
cuestiones de poca monta, como son las prohibiciones a las corridas de toros,
peleas de gallos o juegos de azar. Y por cierto esta Consulta Popular,
incompleta y llena de temas innecesarios, como incluso lo ha reconocido el
propio presidente Rafael Correa, deja en el archivo muchas cuestiones de
fondo como podrían haber sido, entre otras, la reforma agraria y urbana, o la
redistribución del agua, tal como manda la Constitución de Montecristi.
Este complejo momento político habría sido impensable sin el proceso
constituyente de Montecristi, hoy amenazado por el propio gobierno de
Alianza País que fue uno de los motores para la aprobación de la Constitución
del año 2008. Somos conscientes de la necesidad imperiosa de transformar la
justicia, pero nos oponemos a que se lo haga metiéndole la mano desde el
gobierno, tal como se lo ha hecho una y otra vez en ese pasado oligárquico al
que todos y todas queremos superar.

2. El presidente Correa, lamentablemente, no entiende que el cumplimiento del
mandato constituyente para cambiar la justicia debe ser el camino para
transformarla efectivamente, construyendo desde los cimientos su
independencia interna y externa. Pisotear la Constitución en el campo de la
justicia, sin siquiera haber intentado aplicar lo que manda nuestra carta magna,
constituye un riesgo para la vigencia de ésta, y por ende para el proceso de
transformaciones que de ella se deriva.
El presidente Correa corre también un enorme riesgo si no logra resolver
adecuadamente la ecuación existente entre adversarios inteligentes y aliados
anti-natura. Pero mayor es el riesgo que corre el proceso de cambio por causa
de los sectores conservadores afincados en el gobierno, los cuales no buscan
establecer vínculos y alianzas con los movimientos populares que han
permitido hacer caminar nuestra historia reciente. Es un error histórico no
buscar acuerdos programáticos amplios con dichas fuerzas sociales, las cuales
permitieron construir el momento presente; y sin embargo, mantener alianzas
con grupos vinculados a los intereses oligárquicos, como se evidencia con la
presencia de determinados ministros que alientan políticas entreguistas e
incluso antipopulares.
Llamamos a la reflexión sobre donde está la línea de la “barricada” en este
proceso de cambio que vive nuestro país. ¿Quiénes son los enemigos de la
transformación social que se pretende?, ¿Acaso no es una aberración que en
un gobierno que se define como revolucionario y transformador que considere
que su mayor contradictor y oponente es la izquierda social, los movimientos
populares o las gentes que cuestionamos estas contradicciones?
Desde nuestra perspectiva, contraria a la visión del gobierno, al otro lado de
esa “barricada” no está el presidente Correa. Nuestros enemigos siguen
siendo los de siempre: los grupos de poder económicos que han saqueado al
país durante décadas, los dueños de los medios de producción que han y
siguen explotado a nuestros pueblo con salarios de miseria, los
“vendepatrias” que rinden pleitesía a los intereses extranjeros y a las familias
oligárquicas que siguen pensando que son los dueños de nuestro país y
obstaculizan los procesos de cambio y equidad social.
Sin embargo, esta incapacidad para construir colectivamente un escenario de
expectativas compartidas puede transformarse en una trampa insalvable para
el proceso renovador de la llamada “revolución ciudadana”. Y lo será aún
más en la medida que se redoblan sus esfuerzos para intentar debilitar

3. irresponsablemente a los movimientos sociales, particularmente al
movimiento indígena, el que, pese a sus contradicciones y crisis interna, es la
organización popular más importante del país.
Por lo tanto, es errado mirar sólo los peligros y las acechanzas fuera de este
proceso cuando muchas veces son mayores los riesgos y las amenazas dentro
del mismo proceso de cambio, que aceleradamente pierde su brújula
revolucionaria al pactar directa o indirectamente con sus enemigos históricos,
los cuales tienen intereses contrapuestos. En lugar de preocuparse
exclusivamente por quienes critican desde afuera, en un proceso que se
caracteriza por ser cada vez más excluyente, el presidente Correa debería tener
conciencia de los peligros que conlleva su autoritarismo e intolerancia, sobre
todo el desatado últimamente en contra de varios comunicadores sociales.
Entendámoslo, está en juego la construcción democrática de una sociedad que
debe ser democrática. Si eso no lo aceptamos en la práctica y el camino no es
democrático, el resultado, la sociedad que buscamos, no será democrática.
Entonces se habrá fracasado. Aquí no hay espacio para el uniforme del
autoritarismo o la sotana del dogmatismo. Autoritarismo y dogmatismo tienen
que ser desterrados de los procesos de transformación social que están en
marcha.
Fuimos claros al respecto en el Plan de Gobierno 2007-2011 del Movimiento
País (página siete), en el año 2006, cuando soñábamos en
“Un país en donde la profesión de periodista no sea de las más arriesgadas
por las diversas formas de intolerancia desplegadas desde las instancias de
poder político o económico. Un país en donde el respeto a la opinión de los
contrarios, a la disidencia y a la crítica esté garantizada; en ese país los
privilegiados de hoy, muchos de los cuales son los causantes de la tragedia
nacional, tendrán incluso el derecho a la memoria nostálgica para recordar
su pasado de privilegios sin fin, el cual nunca más podrá repetirse.”
Cualquier restricción a la crítica, en suma, es el fin del debate público, es el fin
de la participación, de la democracia, y en definitiva, es el fin de la revolución
misma. Por lo tanto no existe justificativo para quedarse callados o aceptar lo
que venga por miedo o por esperar una recompensa. Es nuestra obligación
criticar cuando el gobierno atropella el mandato popular establecido en la
Constitución de Montecristi, aprobada por el propio pueblo, y también cuando
da marcha atrás en los procesos de cambio, cuando tolera la corrupción,

4. cuando alienta el autoritarismo… y al hacerlo atropella la opinión de los
críticos, vengan de donde vengan, poniendo en riesgo la libertad de expresión
de la ciudadanía entera.
En este contexto cobran renovada fuerza las palabras de la gran luchadora
popular alemana Rosa Luxemburg,
“La libertad sólo para los que apoyan al gobierno o sólo para los miembros
de un partido, por numerosos que sean, no es libertad. La libertad siempre es
libertad para los que piensan de manera diferente. De eso depende todo lo
instructivo, saludable y purificante de la libertad política; su efectividad
desaparece tan pronto como la libertad se convierte en privilegio”.