El documento describe el marco para la gestión de la banca ciudadana, enfatizando que su administración puede ser asumida por entidades estatales y que las instituciones bancarias tradicionales tendrán prioridad. Se establecen principios rectores que abogan por la garantía de los depósitos de los ciudadanos y la erradicación de crisis financieras a través de la estabilidad en los ahorros. Además, se plantea la utilización de tecnología en la gestión de cuentas y la importancia de la inversión de ahorros en deuda pública.