El documento describe un modelo de gestión de la banca ciudadana que prioriza la administración estatal, garantizando ahorros y depósitos a un costo bajo. Se establecen principios para asegurar la estabilidad del valor del dinero y la protección de los depósitos, así como la utilización de tecnología moderna para su administración. Además, se plantea que los depósitos se inviertan en deuda pública, con opciones de respaldo adicionales y un régimen de libre competencia para las entidades que brinden estos servicios.