Empresas Públicas de Medellín acelera el proceso de desalojo de las comunidades que habitan el río Cauca mediante presiones, hostigamientos y amenazas ilegales para acelerar el proceso de construcción de la represa de Hidroituango, que tendrá un costo cercano a los 5.500 millones de dólares.

1. Colombia. Hidroituango: La radiografía de un desalojo
pregonado
Por pinedaruiz Kaos en la Red, 20 marzo 2015
Empresas Públicas de Medellín acelera el proceso de desalojo
de las comunidades que habitan el río Cauca mediante
presiones, hostigamientos y amenazas ilegales para acelerar
el proceso de construcción de la represa de Hidroituango, que
tendrá un costo cercano a los 5.500 millones de dólares.
Río Cauca, segunda cuenca hidrográfica del país, epicentro de vida
que se extiende a través de un extenso paisaje provisto de múltiples
floras, de exuberante fauna. A orillas de uno de sus tramos, la
majestuosa panorámica arropada por una amplia gama de verdes y
ocres, contrasta con la fría y absurda realidad subsistente en versión
antagónica: la lógica del capital versus el desplazamiento masivo de
los moradores de aquel territorio.
El factor principal de aquella disyuntiva, que enfrenta a Empresas
Públicas de Medellín (EPM) contra los pobladores de los municipios
de Ituango, Briceño y Toledo, ubicados en el departamento de
Antioquia, es la construcción de la que será la hidroeléctrica más
grande del país denominada Hidroituango, que proveerá el 17% de la
energía eléctrica del país. La realización de vías relacionadas con el

2. proyecto, incluye además a San Andres de Cerquia y Valdivia en el
listado inicial de pueblos afectadas.
Inicialmente, la construcción afectará de manera directa a los cinco
municipios anteriormente mencionados, pero en la medida en que las
etapas de ejecución avancen, en las obras de transmisión, por citar
un aspecto en específico, el diseño afectará a otros seis municipios,
incluido Santa Fe de Antioquia, cuna de la colonización antioqueña.
El desvío del cauce del Río Cauca, una de las puestas en marcha del
proyecto, trajo consigo en el corto plazo la desaparición de diversas
especies acuíferas así como la obstaculización de la procreación y
desove de múltiples tipos de peces migratorios.
La primera subienda posterior a la desviación suponía registrarse en
enero de este año. Sin embargo, los pobladores, estupefactos, fueron
los testigos principales de una catástrofe anunciada: miles de peces
quedaron atrapados sin encontrar salida en la desembocadura del Río
Ituango. Los habitantes aguas arriba se quedaron sin esta fuente
de manutención esperada durante todo un año.
Pero no solo la flora y fauna serán las únicas que perecerán en este
intento voraz por llevar a cabo una mega-obra cuyo valor supera los
5.500 millones de dólares, también los habitantes del territorio,
quienes seguirán sufriendo, si nadie lo impide, desalojos violentos de
su lugar ancestral.
Cabe resaltar que estos hostigamientos contra quienes habitan la
orilla del río Cauca, a la altura del cañón de la cuenca hidrográfica,
datan de años previos a la construcción de la represa. Desde
mediados de los años noventa, al fragor de la expansión del
paramilitarismo en los departamentos de Córdoba y Antioquia, las
amenazas y despojo de tierras empezaron a tomar lugar en la región.
Sin embargo, a raíz de la construcción de Hidroituango, dicha
dinámica de “tierra arrasada” se ha recrudecido descomunalmente.
Para llevar a cabo este masivo despojo, EPM ha recurrido al apoyo de
la policía, el ejército y la seguridad privada contratada por dicha
empresa. El modus operandi de la compañía de seguridad, para

3. consumar ese proceso de desalojo, ha sido la presión y amenazas
indebidas, que han crecido en los últimos tres meses principalmente
en la playa La Arenera, en el municipio de Toledo. El
amedrentamiento ha incluido la incursión de hombres encapuchados
con armas en el sector, bloqueos al flujo de productos en el área y
restricciones para la libre circulación de los habitantes.
Todo lo anterior ha acaecido bajo el amparo del ejército, que desde
las instalaciones del Batallón Bajes, adscrito a la IV Brigada, ha
apoyado todas las operaciones sin límite alguno. La presencia de este
contingente armado institucional, perteneciente a los llamados
Batallones Energéticos (sic), se ha consumado mediante la ocupación
de escuelas y la presencia constante, mediante hostigamientos, en el
perímetro donde se sitúa la represa.
Su accionar ha intentado de diversas maneras destruir el tejido social
que se manifiesta en contra de la construcción de la hidroeléctrica
mediante el miedo. Los señalamientos, las amenazas y la presión
psicológica han tenido como objetivo principal acelerar el despojo.
De otro lado, EPM ha intentado minimizar el saldo social que la
inundación de las riveras trae consigo. La inercia de la construcción
no solo ha puesto en riesgo a quienes moran a orillas del río sino a
quienes viven directa o indirectamente de la dinámica económica de
esta milenaria fuente hídrica. La subestimación de los efectos
colaterales por parte de esta empresa público-privada no solo han
sido en términos económicos sino en términos demográficos.
Así, mientras EPM habla de 1400 afectados, organizaciones como Ríos
Vivos (1), la más activa en el proceso de movilización y oposición al
desalojo en contra de los pobladores, estima que esa misma cifra
asciende a 180.000 habitantes. A manera de sugerencia, diversos
sectores han venido insistiendo en la necesidad de llevar a cabo un
censo que de manera sistemática incluya a todos los afectados por la
represa.
La hoja de ruta de las comunidades, en contra de este poderoso
proyecto, se ha desarrollado develando la violación flagrante de los

4. Derechos Humanos de las comunidades, cadena de múltiples
atropellos que ha cercenado por completo sus derechos sociales,
económicos y culturales.
El desplazamiento de los grupos poblacionales trae consigo no solo el
abandono del lugar de origen, también la posibilidad de acceder a
condiciones de vida mínimas a las familias que dejan atrás un
relicario de vida y de recuerdos, de lazos afectivos y culturales.
Cada desalojo, aborta la posibilidad de decenas de familias, dedicadas
al “barequeo” o búsqueda de oro artesanal y a la pesca, de subsistir.
Con respecto al “barequeo”, es notorio como la mayoría de denuncias
de los pobladores giran en torno a la persecución que han sufrido
quienes lo realizan.
Este oficio, no solo ha sido un medio tradicional de obtención de
recursos para las comunidades, también se ha convertido en una
actividad tradicional que alimenta el imaginario y la construcción de
costumbres propias que emergen desde el territorio. Lo ancestral y
cultural convierte al “barequeo” y a la trashumancia en referentes
identitarios fundamentales de quienes habitan el cañón del río Cauca.
A lo anterior, se suma el atenuante de que la mayoría de familias en
estado de precariedad, producto de la construcción de la
hidroeléctrica, no han sido reconocidas como afectadas, y mucho
menos han recibido por parte de los entes gubernamentales, incluido
EPM, alternativas o propuestas que mitiguen su condición de
vulnerabilidad.
Desde el plano jurídico, algunos de los dirigentes principales, en los
últimos años, han sufrido persecuciones judiciales que han roto con
las nociones básicas de debido proceso.
Sobre el asedio continuo a los líderes, Cristina Isabel Zuleta, una de
las dirigentes del Movimiento Ríos Vivos no duda en enfatizar
como “la persecución judicial ha sido la estrategia privilegiada del
gobierno para evitar los rechazos, criticas y oposición a Hidroituango.
Por la historia de la zona, esto les ha servido para disolver las
movilizaciones mediante el miedo a perder la libertad. Ya son tres las

5. ocasiones en las que se han iniciado, sin fundamento alguno,
procesos judiciales en contra de afectados por Hidroituango. En todos
los casos, en medio de las protestas, en total 21 personas, todas en
absoluto, hemos quedado en libertad por ser declaradas capturas
ilegales y por falta de pruebas”.
Según los habitantes de las áreas que serán inundadas por el
proyecto, los desalojos no han cumplido con los tratados
internacionales, por tanto no han dudado en caracterizarlos como
desalojos forzosos, como lo cita el planteamiento que presentaron
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 27
de octubre de 2014, en donde hacen un llamado a las autoridades y a
los ejecutores del proyecto a que se ciñan a la normatividad
internacional y recomendaciones contempladas en el documento
realizado por la Organización de las Naciones Unidas denominado
“principios básicos y directrices sobre los desalojos y el
desplazamiento generados por el desarrollo”(2).
Movilizarse, romper con el cerco de dominio ejercido por EPM y los
diversos actores armados que protegen los intereses de la compañía.
Visibilizar, poner en el epicentro de la ciudadanía, desde lo mediático
y las redes sociales, el devenir inconforme que se mantiene al pié del
cañón del rio Cauca, han sido algunas de las herramientas llevadas a
cabo por Ríos Vivos para confrontar, desde la orilla pacifista, a la
infranqueable andanada de una empresa pública en proceso de
privatización (3), que dentro de poco dejará de ser de todas y todos
los antioqueños.
Twitter: @pineda0ruiz
pinedaruiz@hotmail.com
* Felipe Pineda Ruiz, publicista egresado del Politécnico
Grancolombiano, activista social y colaborador de la Fundación
Democracia Hoy.
Notas:
(1) El Movimiento Ríos vivos es la articulación de diversos
comunidades afectadas por la implementación de represas en amplios

6. territorios a nivel nacional. Para mayor información consultar
en https://defensaterritorios.wordpress.com/
(2) Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el
desplazamiento generados por el desarrollo. Organización de las
Naciones Unidas, junio 11 de 2007. Fuente: http://alturl.com/hm7oy
(3) La Propuesta de Acuerdo N° 300, que el Alcalde Aníbal Gaviria
acaba de presentar ante el Concejo de Medellín, por la cuál se le
otorgan facultades al burgomaestre local por cuatro meses para llevar
a cabo la modernización del Municipio, abre la posibilidad de la
privatización de EPM, mediante la reforma de los estatutos de la
compañía. Ya en 2013, gracias a la escisión de la empresa en EPM y
EPM-UNE se vendió el 50% de la segunda a la sueca Millicom por 150
millones de dólares.