El documento resume la decisión del gobierno de Bolivia de comenzar a explotar hidrocarburos dentro de sus áreas naturales protegidas a pesar de los impactos ambientales negativos. El gobierno argumenta que los impactos pueden mitigarse o compensarse financieramente y que "concientizará" a las comunidades locales, pero estas afirmaciones carecen de base científica. La decisión contradice la retórica anterior del gobierno sobre la protección de la naturaleza y podría conducir a la imposición del extractivismo sobre la oposición

1. A explotar, a compensar, a concientizar
Por: Eduardo Gudynas. Opiniones
Las alertas comenzaron a repetirse en todo el continente: el gobierno
de Bolivia anunció que comenzaría a buscar y explotar hidrocarburos
dentro de sus áreas naturales protegidas. Este embate es otro
síntoma de la tendencia actual de extraer los recursos naturales en
cualquier lugar que se encuentren, incluso en zonas que permanecían
resguardadas por diversos motivos como pueden ser las comunidades
campesinas, las tierras indígenas o las áreas naturales protegidas. Se
dice que los impactos podrán ser gerenciados o compensados, y que
se educará a las comunidades locales para que no se opongan. Bajo
esta premisa de explotar recursos donde sea, concientizar
comunidades locales, y compensarlas, ningún sitio, ni nadie, están a
salvo.
El caso boliviano posiblemente sea el más agudo y contradictorio. Es
que presidente Evo Morales en los foros internacionales tenía una
fuerte retórica en defensa de la Madre Tierra y contra el capitalismo
global. Pero el problema es que, “dentro de casa”, la protección
ambiental se debilitaba cada vez más, de la mano con una inserción
capitalista en aumento.
Aunque esta no es una situación aislada, sino que esta es una
tendencia que se encuentra en otros países, es necesario precisar
algunas facetas destacadas de la medida boliviana. Según el anuncio
de su vicepresidente, Alvaro García Linera, la estatal petrolera
boliviana ingresará a los parques nacionales para explorar y explotar
recursos hidrocarburíferos, porque son áreas “altamente petroleras y
gasíferas (ver las declaraciones aquí…)
Tres aspectos sobresalen:
 Se defiende la necesidad de comenzar a explotar los recursos
naturales dentro de las áreas protegidas.
 Se afirma que se apelará a procedimientos que minimicen el impacto
ambiental y que se gastará todo lo que sea necesario para compensar
esos impactos.

2.  Se anuncia que se “concientizará” a los pueblos indígenas tanto sobre
la necesidad de este tipo de desarrollo.
Estas tres ideas merecen ser analizadas con mucho cuidado.
La primera afirmación es, en los hechos, una renuncia al mandato
de protección de la Naturaleza. Las áreas protegidas son
precisamente “protegidas” de los aprovechamientos intensivos, y
entre ellos sin duda se encuentran los emprendimientos
extractivistas. La finalidad de esos sitios es asegurar la preservación
de la biodiversidad, dirían los biólogos de la conservación, o el
respeto a la Pacha Mama, dirían muchos indígenas andinos. Los
anuncios gubernamentales están en contra de cualquiera de estas
dos perspectivas. La posible consecuencia es que Bolivia ya no pueda
tener áreas protegidas bajo las categorías más estrictas, sino que
deberá resignarse a aquellas más flexibles, enfocadas en los “usos
múltiples”.
Desmontar las normas de protección de áreas naturales y afectar
todo un “sistema de áreas protegidas”, por cierto que genera fuertes
contradicciones políticas con otros dichos del gobierno liderado por el
MAS. Pero esto ahora es posible ya que bajo la nueva ley de la
“madre tierra” el foco de la gestión estatal es el “desarrollo integral”,
y seguramente que bajo esa mirada convencional no hay nada más
“integral” que exprimir todos los recursos naturales.
El razonamiento de García Linera es inverso. En efecto, sostiene que
como una “una buena parte” de las reservas de hidrocarburos
bolivianos está en sitios que “se han ido declarando en los años
parques”, y la razón para ello sería evitar su exploración, “para que
guardemos seguramente para alguien” afirmó el vice boliviano. Esa
última afirmación se acerca a la retórica otras veces escuchada en
Bolivia de algo así como una conspiración internacional donde las
áreas protegidas serían en verdad mecanismos para evitar la
explotación de recursos naturales.
El giro conceptual es enorme, ya que las áreas protegidas, según esa
postura gubernamental, no sirven a conservar el patrimonio natural
de los bolivianos y asegurarles una mejor calidad de vida, sino que
impide el desarrollo convencional. Esto lo dice claramente el
presidente de la estatal petrolera boliviana, afirmando que “las
licencias ambientales retrasan la ejecución de proyectos, por eso es
necesario trabajar para que dejen de ser obstáculos”, y por ello ha
solicitado modificar las normas que la regulan (veáse aquí…). Es otro
ejemplo de “licencias express”. Bajo el nuevo “desarrollo integral”, se
impone un mandato para explotar esos recursos, incluso dentro de
las áreas protegidas.

3. El segundo anuncio expresa otro intento de remontar las
contradicciones de estas medidas. Se dice que la explotación dentro
de áreas naturales no tendría efectos, o que estos pueden ser
minimizados. Dice García Linera que se explotarán los recursos “con
el debido cuidado, con la debida capacidad mitigadora de los
impactos ambientales, con el debido cuidado para preservar la
estructura natural de los bosques, de los cerros y de los ríos”. Da un
paso más, y agrega que se gastará “la cantidad de dinero que sea
necesario para garantizar esa mitigación”.
Comencemos por advertir que esa es una afirmación que carece de
base científica. La explotación de hidrocarburos implica serios
impactos ambientales, en unos casos directos (por ejemplo en las
torres de perforación o los gasoductos), así como indirectos (la
apertura de caminos o trochas dentro de áreas naturales). Los
efectos involucrados van desde pérdida de bosques, alteración de la
matriz original del paisaje, creación de corredores de impacto,
efluentes, contaminantes, etc. A riesgo de ser esquemático, pero
para ser muy claro: la explotación minera o petrolera en ecosistemas
tropicales conlleva serios impactos ambientales, muchos de los cuales
no pueden ser mitigados, y donde la restauración puede ser muy
lenta o imposible a mediano plazo. No hay impedimentos técnicos,
sino que esto sería, apenas, cuestión de dinero.
Más allá de la evidencia científica, el propio sentido común de las
comunidades locales sabe de esto: la llegada de perforadoras, el uso
de explosivos, o el tránsito de equipo pesado, encierra efectos
negativos sustantivos.
Aún admitiendo que en algunos casos se podrían usar ciertas
tecnologías de punta, o programas de restauración ambiental
enérgicos, los costos involucrados son tan enormes que cualquiera de
esos emprendimientos dejaría de ser rentable. Pero el gobierno
insiste en que una compensación económica sería suficiente para
asegurar la mitigación ambiental.
A pesar de toda esa evidencia, desde los gobiernos se insiste en que
esos impactos no existen, o invocando un envidiable optimismo
científico técnico, aseguran que se cuenta con las tecnologías para
reducirlos y manejarlos. García Linera no está solo en esto, y en más
de una ocasión Rafael Correa sostiene que en Ecuador la gran minería
no tendría impactos significativos. Hay casos similares en otros
países, llegando incluso a defenderse explotación petroleras que
serían “islas” en la selva, comunicadas únicamente por helicópteros.
De estos y otros modos, se defiende una ilusión de la ausencia de
impactos o que éstos pueden (y serán) manejados.

4. El tercer punto es todavía más preocupante, por lo que dice y por lo
que anuncia. El llamado a “concientizar” a los indígenas y grupos
locales parte de una postura de superioridad frente a las
comunidades locales. Estas últimas serían ignorantes o atrasadas, y
los jerarcas gubernamentales que “todo lo saben”, las educarían. Sin
duda que hay mucha pedantería en juego aquí. Otra vez más estos
casos no son raros, y hay unos cuantos ejemplos de presidentes que
“enseñan” al pueblo, como si fueran niños, que los impactos sociales
y ambientales no existen o serán compensados.
Pero también hay mucho para preocuparse, porque esa postura de
superioridad autoasignada es usada como excusa para la imposición
del extractivismo. Se insiste en la tarea pedagógica de explicar, pero
cuando a juicio de sus promotores los esfuerzos de “enseñanza” ya
no son fructíferos, rápidamente se pasa a la imposición. Esto implica
cuestiones como desatender la oposición local, aplicar medidas
policiales sobre los territorios, desplazamientos de comunidades,
criminalización de la protesta ciudadana, o judicializar a sus líderes.
“Intentamos concientizarlos …pero no nos escucharon” – es la excusa
que después se escucha en varias situaciones.
El caso boliviano no es el de un pequeño país sumido en la crisis y
que es avasallado por las grandes corporaciones que conquistan su
territorio. Por el contrario, el vicepresidente anunció que el propio
Estado dará subsidios económicos para esa exploración. En efecto,
sostuvo que se otorgarán, vía decreto, nuevos estímulos para una
rápida recuperación de la inversión petrolera en actividades de
exploración, según la prensa. La reacción del empresariado es
“sentirse un poco más optimistas tomando en cuenta que la medida
ha sido declarada como un objetivo nacional” (declaraciones aquí…).
Se cierra así un círculo, donde la protección de la Naturaleza deja de
ser una salvaguarda del patrimonio boliviano y sería, por el contario,
una impedimento para el desarrollo; donde la protección de la Madre
Tierra debe ser entendida como un desarrollo integral que explote
todos los recursos; donde los impactos negativos pueden ser todos
manejados y ello es sólo cuestión de dinero; y donde los que se
oponen, serán concientizados.
La foto es una torre de gas natural en el sur de Bolivia.
Publicado el 29 de mayo de 2013. Este es un espacio participativo;
aportes, críticas y reacciones, escríbame a:
embrollodeldesarrollo(arroba)gmail.com
En twitter me puede seguir aquí…