Este documento describe los principales desafíos para las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina. Explica que la inseguridad ya no es solo un problema focalizado, sino un problema social generalizado que requiere respuestas innovadoras. También destaca la necesidad de adoptar un enfoque integral basado en la doctrina de seguridad democrática y la prevención a través de estrategias que involucren a múltiples actores estatales y no estatales.
desempeño policial en Chile: consideraciones sobre la calidad de los servicio...Patricio Tudela Poblete
El desempeño policial en Chile: consideraciones sobre la calidad de los servicios y el trato a víctimas y denunciantes. En: Conceptos. Fundación Paz Ciudadana, Nº 22, 34 p
Sobre el control de la Policía de Investigaciones de Chile: dificultades y éx...Patricio Tudela Poblete
Este documento discute el control de la policía en Chile, señalando las dificultades y algunos avances recientes. Explica que aunque hay más estudios sobre percepciones de corrupción e ineficiencia policial, aún faltan mecanismos efectivos de control externo. Resalta que las denuncias por violencia policial han aumentado, pero la información disponible sigue siendo incompleta. Finalmente, sugiere que aunque el tema policial gana atención pública, el enfoque sigue estando más en la delincuencia que en for
Policiamiento Comunitario en Chile: Estrategias y Resultados. En: Memoria del Seminario Internacional “Ciudades más Seguras” Guarulhos, São Paulo, Brasil, diciembre de 2003. Comp. Herbert Sanchez; Programa de Gestión Urbana, Quito-Ecuador; Safer Cities Habitat-ONU; Foro Metropolitano de Seguridad Pública. 2004, p. 134-145.
Paradigmas policiales orientados a la comunidad en América Latina: entre realismo mágico y gestión de conocimiento. Revista Estudios Policiales, Santiago, Nº 3, diciembre de 2008, p. 11 -34.
Este documento analiza la relación entre el derecho al acceso a la información pública y el ejercicio del derecho a la seguridad ciudadana en Chile. En primer lugar, establece un marco conceptual sobre seguridad pública, seguridad ciudadana y la importancia de la información en políticas públicas de seguridad. Luego, revisa experiencias internacionales sobre el rol de la información en seguridad. Más adelante, identifica nudos críticos en el acceso a la información sobre seguridad en Chile, como limitaciones legales e institucionales. Final
Conceptos y orientaciones para políticas de seguridad ciudadana. Centro de Investigación y Desarrollo Policial, CIDEPOL-Policía de Investigaciones de Chile, Santiago, enero, 2005, 20 p.
desempeño policial en Chile: consideraciones sobre la calidad de los servicio...Patricio Tudela Poblete
El desempeño policial en Chile: consideraciones sobre la calidad de los servicios y el trato a víctimas y denunciantes. En: Conceptos. Fundación Paz Ciudadana, Nº 22, 34 p
Sobre el control de la Policía de Investigaciones de Chile: dificultades y éx...Patricio Tudela Poblete
Este documento discute el control de la policía en Chile, señalando las dificultades y algunos avances recientes. Explica que aunque hay más estudios sobre percepciones de corrupción e ineficiencia policial, aún faltan mecanismos efectivos de control externo. Resalta que las denuncias por violencia policial han aumentado, pero la información disponible sigue siendo incompleta. Finalmente, sugiere que aunque el tema policial gana atención pública, el enfoque sigue estando más en la delincuencia que en for
Policiamiento Comunitario en Chile: Estrategias y Resultados. En: Memoria del Seminario Internacional “Ciudades más Seguras” Guarulhos, São Paulo, Brasil, diciembre de 2003. Comp. Herbert Sanchez; Programa de Gestión Urbana, Quito-Ecuador; Safer Cities Habitat-ONU; Foro Metropolitano de Seguridad Pública. 2004, p. 134-145.
Paradigmas policiales orientados a la comunidad en América Latina: entre realismo mágico y gestión de conocimiento. Revista Estudios Policiales, Santiago, Nº 3, diciembre de 2008, p. 11 -34.
Este documento analiza la relación entre el derecho al acceso a la información pública y el ejercicio del derecho a la seguridad ciudadana en Chile. En primer lugar, establece un marco conceptual sobre seguridad pública, seguridad ciudadana y la importancia de la información en políticas públicas de seguridad. Luego, revisa experiencias internacionales sobre el rol de la información en seguridad. Más adelante, identifica nudos críticos en el acceso a la información sobre seguridad en Chile, como limitaciones legales e institucionales. Final
Conceptos y orientaciones para políticas de seguridad ciudadana. Centro de Investigación y Desarrollo Policial, CIDEPOL-Policía de Investigaciones de Chile, Santiago, enero, 2005, 20 p.
Por qué Chile tiene problemas de delincuencia mucho menores que los demás paí...Patricio Tudela Poblete
Este documento analiza por qué Chile tiene menores problemas de delincuencia que otros países de América Latina. Examina datos sobre victimización y percepción de inseguridad para caracterizar la naturaleza de los problemas en cada país. Luego sugiere que es importante investigar factores como la gestión de la seguridad por parte del Estado y sus instituciones, ya que esto podría explicar por qué algunos países tienen menores tasas de criminalidad y violencia. Finalmente, presenta algunos indicadores que muestran que Chile, Uruguay y Costa Rica se destacan por la capacidad de
Este documento describe el desarrollo e implementación de un Sistema de Información Geográfico-Delictual (SIG-Delictual) en el Ministerio del Interior de Chile para mejorar los programas de prevención del crimen y la violencia en Santiago. El SIG-Delictual geocodifica más de 400,000 incidentes delictivos desde 2001-2003 y permite mapear delitos, detenciones y otros datos para un mejor análisis espacial y desarrollo de políticas. El uso de esta herramienta tecnológica apoya la toma de decisiones inform
La evaluación del desempeño de la policía: Explorando relaciones entre opinión pública y labor policial en Chile. Revista Criminalidad, INTERPOL y Policía Nacional de Colombia. N° 54 (1), junio, p. 379-405.
Soy Doctor (Ph.D.) en Antropología (Alemania, 1992), Máster en Gestión y Dirección de la Seguridad (España, 2008) y Licenciado en antropología (especialidad arqueología) de la Universidad de Chile (1984). En la última década me he dedicado al desarrollo de estrategias de gestión de información y análisis en organismos nacionales y en observatorios municipales, la identificación de aprendizajes y lecciones, en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas e intervenciones focalizadas. He dedicado más de una década a la gestión del conocimiento (KM), la innovación y la inteligencia organizacional (IO).
Me oriento al uso instrumental de la ciencia social aplicada, al conocimiento aplicado. Poseo las habilidades requeridas para una comunicación efectiva en contextos laborales, networking y relaciones interinstitucionales. He sido expositor invitado varias conferencias (inter)nacionales e invitado como referente consultor en comisiones técnicas para el diseño, implementación y evaluación de intervenciones y buenas prácticas también usos de tecnologías y sistemas de información y análisis. Una inclinación adicional es la actividad académica y la formación de profesionales, en programas de posgrado, magister y doctorado en universidades locales (U. de Chile, U. Alberto Hurtado), en España (Fundación Bosh i Gimpera de la Universidad de Barcelona) y México (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey), y también en asociación con organismos extranjeros (Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social INDES, del Banco Interamericano de Desarrollo BID; Departamento de Seguridad Pública de la Organización de Estados Americanos OEA, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros.
Este documento presenta cuatro artículos sobre políticas de seguridad ciudadana en América Latina. El primer artículo analiza cómo factores políticos influyen en el diseño e implementación de estas políticas. El segundo examina las razones por las cuales no se ha reformado la policía en Perú. El tercero evalúa críticamente la descentralización de políticas de seguridad pública en Brasil. Y el cuarto analiza la aplicación del modelo de policía comunitaria en la región y si puede institucionalizarse allí. En general, el
Medidas de seguridad privada 2000 2009 tudela y schwaderer fiseg 2010Patricio Tudela Poblete
Medidas de seguridad privada, percepción de riesgo e inseguridad: evolución y efectos en Santiago (2000-2009). Estudio en conjunto con Hermann Schwaderer, Fundación Paz Ciudadana, septiembre de 2010, 19 p.
El documento discute los conceptos de seguridad ciudadana, políticas públicas y gestión local. Propone que una política de seguridad ciudadana efectiva requiere un diagnóstico integral, estrategias institucionales para modernizar el sistema de seguridad, estrategias de prevención y control de la violencia, y la participación de la comunidad y los gobiernos locales. También destaca ejemplos de Bogotá y Uruguay y sus enfoques de seguridad ciudadana a nivel local.
Este documento discute la importancia de una política criminal preventiva basada en el aprendizaje social. Argumenta que la mayoría de los países han priorizado programas de prevención del crimen que abordan factores económicos, educativos y de comportamiento. Sin embargo, los países en desarrollo no han planificado adecuadamente programas de prevención, lo que explica el constante incremento de la delincuencia.
La profunda crisis que nos afecta en materia de seguridad obedece a múltiples factores. Se ha desencadenado un fuerte aumento de la actividad delictiva, cada vez más violenta, sobrepasando la contención de un sistema diseñado originariamente para enfrentar el delito en condiciones disímiles a las actuales. Las autoridades no pueden hacer frente a las demandas de la sociedad, que acertadamente reclama por soluciones urgentes que al menos pongan cierto límite al creciente problema de inseguridad que padece y nunca se resuelve.
Este manual tiene como fin apoyar a quienes diseñan, dirigen, evalúan y toman decisiones en el desarrollo de políticas públicas de prevención del delito. Es una guía práctica para diseñar, paso a paso, soluciones efectivas que ayuden a disminuir y eliminar factores de riesgo de comportamientos antisociales y que propicien la paz y el orden social en estados y municipios. El manual toma en cuenta las teorías más aceptadas sobre la delincuencia y la violencia y también aporta sugerencias basadas en buenas prácticas nacionales e internacionales.
Transparencia International realiza el estudio Barometro Global de la Corrupción en el cual, México se ubica entre los 11 países considerados más corruptos, por lo que se analizan los procesos de reclutamiento a nivel nacional y se contrastan con los países con mejores resultados en este estudio, bajo el entendido de que contratar a personas con tendencias a la antisocialidad implica tener corporaciones policiacas infiltradas por la delincuencia organizada, frágiles frente la corrupción y violentas ante la sociedad, por lo que contar con adecuadas evaluaciones y métodos de selección se torna una herramienta primordial en la prevención delictiva.
Gobernabilidad municipal: el impacto de la delincuencia y la criminalidad local Roberto Lagos Flores
Este documento analiza el impacto de la delincuencia y la criminalidad en el sistema político local en Chile. Describe cómo estos problemas afectan el liderazgo alcaldicio, la institucionalidad municipal y el sistema de demandas de seguridad pública. Argumenta que la delincuencia ha debilitado a las ciudades y comunidades, por lo que es necesario fortalecer a los municipios para enfrentar este desafío de manera efectiva. Propone promover un enfoque de gobierno local de la seguridad, trabajar en estructuras de coalición com
Estadistica Policial Principios FundamentalesPaul T Caraguay
Este documento trata sobre tres dimensiones clave de los sistemas de información sobre violencia y criminalidad en América Latina: 1) las encuestas de victimización, 2) la información oficial provista por instituciones policiales y 3) los desafíos en la construcción y disponibilidad de información confiable. El texto también analiza iniciativas como el Observatorio de Seguridad de la OEA creado para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad pública.
Dos años de gobierno de Mauricio Funes: Seguridad Seguridad PúblicaJaime Vigil
El documento evalúa los dos años de gobierno del presidente Mauricio Funes en El Salvador en materia de seguridad pública. Señala que los índices de delincuencia siguen siendo altos y no se han visto mejoras significativas. Aunque se han tomado algunas medidas como desplegar fuerzas armadas y aprobar leyes contra pandillas, hacen falta una política y estrategia de seguridad ciudadana efectivas que aborden las causas estructurales de la violencia. El documento concluye que el presidente Funes necesita un enfoque más integral y concert
1) Los gobiernos locales en México se enfrentan al reto de promover reformas administrativas para ofrecer respuestas efectivas a la inseguridad pública, mediante el rediseño de sus paradigmas de gestión para enfatizar una articulación efectiva entre gestión, políticas y planeación estratégica.
2) Se propone una concepción integral de la seguridad pública que incluya aspectos socioeconómicos y de gestión pública, y que articule la seguridad con el marco socioeconómico e institucional.
El ensayista presenta su visión sobre la perspectiva cultural de la Criminología Contemporánea, en el ámbito de la punición de la conducta desviada, procurando ofrecer una alternativa de entendimiento del comportamiento infractor y la sanción, con la finalidad de mostrar que el crimen y castigo, como se denomina a la segunda pareja criminal , son el resultado de procesos históricos de configuración de los rasgos básicos de una sociedad, mientras que el sistema penal es una mera adaptación política al desafío que plantea a las sociedades la modernidad.
Ante la ardua batalla contra las tendencias delictivas a nivel mundial, actos antisociales y la misma esencia que compone el delito, las sociedades no sólo se han visto en la necesidad de crear leyes o sistemas de estrictas normativas cuales llevan a consecuencias penales, sino que –ante la rapidez evolutiva de la conducta transgresora y a consecuencia que estos comportamientos continúan desenvolviéndose en las etapas más tempranas de los individuos– la comunidad experta científica se ha dado la tarea de desarrollar programas, estrategia y modelos que respondan a una prevención funcional, aplicable y efectiva. De allí nace la prevención comunitaria, una estrategia de prevención utilizada a nivel internacional con países como: México, España, Francia e Italia y hasta Portugal. Desde esta perspectiva se analiza y discute la importancia de implementar esta estrategia como parte de los modelos preventivos en Puerto Rico. Además, se analiza la posibilidad de implementar un marco preventivo propio en base a la crisis delictiva en la cual se encuentra nuestro país sumergido. También se mencionan las deficiencias que se encuentran en la política pública del Estado Libre Asociado y se recomiendan las modificaciones o enmiendas necesarias para implementar cualquier proyecto de prevención considerando las medidas presupuestarias del país.
Este documento presenta el equipo y metodología de Transparencia Electoral para desarrollar un Mapa de Integridad Electoral en Argentina. El equipo incluye un Director Ejecutivo, Coordinador General, Responsables de Programas y Analistas de Investigación. La metodología evalúa la integridad electoral en las provincias según tres dimensiones (respuesta institucional, igualdad de acceso y competitividad democrática) utilizando indicadores como denuncias, percepciones de actores y resultados electorales. El objetivo es clasificar cada provincia
Este documento presenta el contexto de la reforma policial en América Latina. Señala que desde los años 80 y 90, la región experimentó procesos democráticos y de paz, pero también aumentos en la criminalidad y la violencia. Las instituciones policiales enfrentan problemas como corrupción y falta de recursos, lo que ha llevado a altos niveles de impunidad e inseguridad ciudadana. Reformas anteriores se han centrado en mano dura en lugar de abordar la prevención y fortalecimiento institucional. Se requieren
Este documento discute la relación entre la gerencia social, los derechos humanos y la ética como servidores públicos, y sus implicaciones para fortalecer la seguridad. Argumenta que la gerencia social moderna requiere comprender los desafíos sociales, culturales y económicos, y promover el desarrollo con equidad y democracia. También enfatiza la importancia de respetar los derechos humanos y actuar de manera ética para restaurar la confianza en las instituciones policiales, las cuales se enfrentan a
Por qué Chile tiene problemas de delincuencia mucho menores que los demás paí...Patricio Tudela Poblete
Este documento analiza por qué Chile tiene menores problemas de delincuencia que otros países de América Latina. Examina datos sobre victimización y percepción de inseguridad para caracterizar la naturaleza de los problemas en cada país. Luego sugiere que es importante investigar factores como la gestión de la seguridad por parte del Estado y sus instituciones, ya que esto podría explicar por qué algunos países tienen menores tasas de criminalidad y violencia. Finalmente, presenta algunos indicadores que muestran que Chile, Uruguay y Costa Rica se destacan por la capacidad de
Este documento describe el desarrollo e implementación de un Sistema de Información Geográfico-Delictual (SIG-Delictual) en el Ministerio del Interior de Chile para mejorar los programas de prevención del crimen y la violencia en Santiago. El SIG-Delictual geocodifica más de 400,000 incidentes delictivos desde 2001-2003 y permite mapear delitos, detenciones y otros datos para un mejor análisis espacial y desarrollo de políticas. El uso de esta herramienta tecnológica apoya la toma de decisiones inform
La evaluación del desempeño de la policía: Explorando relaciones entre opinión pública y labor policial en Chile. Revista Criminalidad, INTERPOL y Policía Nacional de Colombia. N° 54 (1), junio, p. 379-405.
Soy Doctor (Ph.D.) en Antropología (Alemania, 1992), Máster en Gestión y Dirección de la Seguridad (España, 2008) y Licenciado en antropología (especialidad arqueología) de la Universidad de Chile (1984). En la última década me he dedicado al desarrollo de estrategias de gestión de información y análisis en organismos nacionales y en observatorios municipales, la identificación de aprendizajes y lecciones, en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas e intervenciones focalizadas. He dedicado más de una década a la gestión del conocimiento (KM), la innovación y la inteligencia organizacional (IO).
Me oriento al uso instrumental de la ciencia social aplicada, al conocimiento aplicado. Poseo las habilidades requeridas para una comunicación efectiva en contextos laborales, networking y relaciones interinstitucionales. He sido expositor invitado varias conferencias (inter)nacionales e invitado como referente consultor en comisiones técnicas para el diseño, implementación y evaluación de intervenciones y buenas prácticas también usos de tecnologías y sistemas de información y análisis. Una inclinación adicional es la actividad académica y la formación de profesionales, en programas de posgrado, magister y doctorado en universidades locales (U. de Chile, U. Alberto Hurtado), en España (Fundación Bosh i Gimpera de la Universidad de Barcelona) y México (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey), y también en asociación con organismos extranjeros (Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social INDES, del Banco Interamericano de Desarrollo BID; Departamento de Seguridad Pública de la Organización de Estados Americanos OEA, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros.
Este documento presenta cuatro artículos sobre políticas de seguridad ciudadana en América Latina. El primer artículo analiza cómo factores políticos influyen en el diseño e implementación de estas políticas. El segundo examina las razones por las cuales no se ha reformado la policía en Perú. El tercero evalúa críticamente la descentralización de políticas de seguridad pública en Brasil. Y el cuarto analiza la aplicación del modelo de policía comunitaria en la región y si puede institucionalizarse allí. En general, el
Medidas de seguridad privada 2000 2009 tudela y schwaderer fiseg 2010Patricio Tudela Poblete
Medidas de seguridad privada, percepción de riesgo e inseguridad: evolución y efectos en Santiago (2000-2009). Estudio en conjunto con Hermann Schwaderer, Fundación Paz Ciudadana, septiembre de 2010, 19 p.
El documento discute los conceptos de seguridad ciudadana, políticas públicas y gestión local. Propone que una política de seguridad ciudadana efectiva requiere un diagnóstico integral, estrategias institucionales para modernizar el sistema de seguridad, estrategias de prevención y control de la violencia, y la participación de la comunidad y los gobiernos locales. También destaca ejemplos de Bogotá y Uruguay y sus enfoques de seguridad ciudadana a nivel local.
Este documento discute la importancia de una política criminal preventiva basada en el aprendizaje social. Argumenta que la mayoría de los países han priorizado programas de prevención del crimen que abordan factores económicos, educativos y de comportamiento. Sin embargo, los países en desarrollo no han planificado adecuadamente programas de prevención, lo que explica el constante incremento de la delincuencia.
La profunda crisis que nos afecta en materia de seguridad obedece a múltiples factores. Se ha desencadenado un fuerte aumento de la actividad delictiva, cada vez más violenta, sobrepasando la contención de un sistema diseñado originariamente para enfrentar el delito en condiciones disímiles a las actuales. Las autoridades no pueden hacer frente a las demandas de la sociedad, que acertadamente reclama por soluciones urgentes que al menos pongan cierto límite al creciente problema de inseguridad que padece y nunca se resuelve.
Este manual tiene como fin apoyar a quienes diseñan, dirigen, evalúan y toman decisiones en el desarrollo de políticas públicas de prevención del delito. Es una guía práctica para diseñar, paso a paso, soluciones efectivas que ayuden a disminuir y eliminar factores de riesgo de comportamientos antisociales y que propicien la paz y el orden social en estados y municipios. El manual toma en cuenta las teorías más aceptadas sobre la delincuencia y la violencia y también aporta sugerencias basadas en buenas prácticas nacionales e internacionales.
Transparencia International realiza el estudio Barometro Global de la Corrupción en el cual, México se ubica entre los 11 países considerados más corruptos, por lo que se analizan los procesos de reclutamiento a nivel nacional y se contrastan con los países con mejores resultados en este estudio, bajo el entendido de que contratar a personas con tendencias a la antisocialidad implica tener corporaciones policiacas infiltradas por la delincuencia organizada, frágiles frente la corrupción y violentas ante la sociedad, por lo que contar con adecuadas evaluaciones y métodos de selección se torna una herramienta primordial en la prevención delictiva.
Gobernabilidad municipal: el impacto de la delincuencia y la criminalidad local Roberto Lagos Flores
Este documento analiza el impacto de la delincuencia y la criminalidad en el sistema político local en Chile. Describe cómo estos problemas afectan el liderazgo alcaldicio, la institucionalidad municipal y el sistema de demandas de seguridad pública. Argumenta que la delincuencia ha debilitado a las ciudades y comunidades, por lo que es necesario fortalecer a los municipios para enfrentar este desafío de manera efectiva. Propone promover un enfoque de gobierno local de la seguridad, trabajar en estructuras de coalición com
Estadistica Policial Principios FundamentalesPaul T Caraguay
Este documento trata sobre tres dimensiones clave de los sistemas de información sobre violencia y criminalidad en América Latina: 1) las encuestas de victimización, 2) la información oficial provista por instituciones policiales y 3) los desafíos en la construcción y disponibilidad de información confiable. El texto también analiza iniciativas como el Observatorio de Seguridad de la OEA creado para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad pública.
Dos años de gobierno de Mauricio Funes: Seguridad Seguridad PúblicaJaime Vigil
El documento evalúa los dos años de gobierno del presidente Mauricio Funes en El Salvador en materia de seguridad pública. Señala que los índices de delincuencia siguen siendo altos y no se han visto mejoras significativas. Aunque se han tomado algunas medidas como desplegar fuerzas armadas y aprobar leyes contra pandillas, hacen falta una política y estrategia de seguridad ciudadana efectivas que aborden las causas estructurales de la violencia. El documento concluye que el presidente Funes necesita un enfoque más integral y concert
1) Los gobiernos locales en México se enfrentan al reto de promover reformas administrativas para ofrecer respuestas efectivas a la inseguridad pública, mediante el rediseño de sus paradigmas de gestión para enfatizar una articulación efectiva entre gestión, políticas y planeación estratégica.
2) Se propone una concepción integral de la seguridad pública que incluya aspectos socioeconómicos y de gestión pública, y que articule la seguridad con el marco socioeconómico e institucional.
El ensayista presenta su visión sobre la perspectiva cultural de la Criminología Contemporánea, en el ámbito de la punición de la conducta desviada, procurando ofrecer una alternativa de entendimiento del comportamiento infractor y la sanción, con la finalidad de mostrar que el crimen y castigo, como se denomina a la segunda pareja criminal , son el resultado de procesos históricos de configuración de los rasgos básicos de una sociedad, mientras que el sistema penal es una mera adaptación política al desafío que plantea a las sociedades la modernidad.
Ante la ardua batalla contra las tendencias delictivas a nivel mundial, actos antisociales y la misma esencia que compone el delito, las sociedades no sólo se han visto en la necesidad de crear leyes o sistemas de estrictas normativas cuales llevan a consecuencias penales, sino que –ante la rapidez evolutiva de la conducta transgresora y a consecuencia que estos comportamientos continúan desenvolviéndose en las etapas más tempranas de los individuos– la comunidad experta científica se ha dado la tarea de desarrollar programas, estrategia y modelos que respondan a una prevención funcional, aplicable y efectiva. De allí nace la prevención comunitaria, una estrategia de prevención utilizada a nivel internacional con países como: México, España, Francia e Italia y hasta Portugal. Desde esta perspectiva se analiza y discute la importancia de implementar esta estrategia como parte de los modelos preventivos en Puerto Rico. Además, se analiza la posibilidad de implementar un marco preventivo propio en base a la crisis delictiva en la cual se encuentra nuestro país sumergido. También se mencionan las deficiencias que se encuentran en la política pública del Estado Libre Asociado y se recomiendan las modificaciones o enmiendas necesarias para implementar cualquier proyecto de prevención considerando las medidas presupuestarias del país.
Este documento presenta el equipo y metodología de Transparencia Electoral para desarrollar un Mapa de Integridad Electoral en Argentina. El equipo incluye un Director Ejecutivo, Coordinador General, Responsables de Programas y Analistas de Investigación. La metodología evalúa la integridad electoral en las provincias según tres dimensiones (respuesta institucional, igualdad de acceso y competitividad democrática) utilizando indicadores como denuncias, percepciones de actores y resultados electorales. El objetivo es clasificar cada provincia
Este documento presenta el contexto de la reforma policial en América Latina. Señala que desde los años 80 y 90, la región experimentó procesos democráticos y de paz, pero también aumentos en la criminalidad y la violencia. Las instituciones policiales enfrentan problemas como corrupción y falta de recursos, lo que ha llevado a altos niveles de impunidad e inseguridad ciudadana. Reformas anteriores se han centrado en mano dura en lugar de abordar la prevención y fortalecimiento institucional. Se requieren
Este documento discute la relación entre la gerencia social, los derechos humanos y la ética como servidores públicos, y sus implicaciones para fortalecer la seguridad. Argumenta que la gerencia social moderna requiere comprender los desafíos sociales, culturales y económicos, y promover el desarrollo con equidad y democracia. También enfatiza la importancia de respetar los derechos humanos y actuar de manera ética para restaurar la confianza en las instituciones policiales, las cuales se enfrentan a
El documento discute el control social y la política criminal. Explica que las normas sociales no han sido suficientes para garantizar una convivencia pacífica, por lo que se han establecido normas jurídicas obligatorias que complementan a las primeras. El control social jurídico-penal formalizado a través de normas busca prevenir y reprimir actos que atentan contra los bienes jurídicos fundamentales del hombre y las naciones. La política criminal es la estrategia general del Estado para programar de manera sistemática, racional y coherente el control social ante la criminal
Dialnet seguridad publicay-prevenciondeldelitoenelestadosoci-2562421Meliza Maximiliano
Este documento presenta una delimitación conceptual de la seguridad pública y la prevención del delito en un Estado democrático. Se argumenta que la criminalidad debe abordarse como un problema social y no sólo de manera punitiva. También se critica las políticas de "tolerancia cero" por su carácter represivo. Finalmente, se enfatiza la importancia de la educación para la prevención del delito, ya que puede generar las bases para una orientación preventiva efectiva a largo plazo.
El documento delinea la estructura y funcionamiento de un sistema de seguridad ciudadana a nivel nacional en Ecuador. Explica que la seguridad ciudadana involucra no solo al estado sino también a la ciudadanía y organizaciones civiles. También describe un programa de seguridad ciudadana en Uruguay que promueve la participación comunitaria, prevención de la violencia y mejora la percepción de seguridad a través de centros comunitarios y capacitación.
El documento delinea la estructura y funcionamiento de un sistema de seguridad ciudadana a nivel nacional en Ecuador. Explica que la seguridad ciudadana involucra no solo al estado sino también a la ciudadanía y organizaciones civiles. También describe un programa de seguridad ciudadana en Uruguay que promueve la participación comunitaria, prevención de la violencia y mejora la percepción de seguridad a través de centros comunitarios y capacitación.
El documento trata sobre las políticas públicas de seguridad ciudadana. Explica que una política pública implica tres etapas: formulación, implementación y evaluación. También define las políticas de seguridad ciudadana como intervenciones públicas para abordar riesgos violentos y delictivos que afectan los derechos de las personas. Finalmente, señala que las políticas de seguridad deben ser democráticas, integrales y sostenibles para garantizar la seguridad con libertad y equidad para todos.
Este documento analiza la evolución del enfoque de la seguridad en América Latina desde la seguridad interior centrada en la policía hacia la seguridad ciudadana multidimensional. Señala que a pesar del cambio conceptual hacia enfoques integrales, la mayor inversión aún se destina al control policial. Examina los logros y desafíos en nuevos modelos policiales, justicia y prevención del delito, abordando también la relación entre seguridad y cohesión social. Finalmente, propone fortalecer la gestión, evaluación y coordin
La política criminal se define como las actividades dirigidas por el Estado para identificar y minimizar los efectos de la criminalidad. Debe partir de la realidad social y reconocer la libertad y autonomía de las personas. El origen de la política criminal está en el derecho penal clásico y positivista, evolucionando en función de las necesidades sociales. La forma en que el Estado reacciona contra la delincuencia depende de los recursos disponibles.
El documento describe la política de seguridad pública en Chile. Explica que el gobierno chileno lanzó el Plan Chile Seguro 2010-2014 para reducir los delitos y aumentar la seguridad de los ciudadanos. Este plan incluye programas de prevención, protección, sanción, apoyo y rehabilitación. También describe tres programas de rehabilitación específicos dirigidos a hombres violentos, personas pospenales y personas en prisión.
La política criminal se refiere al conjunto de medidas y criterios establecidos por los poderes públicos para prevenir y reaccionar ante el fenómeno criminal con el objetivo de mantener bajos los índices de criminalidad. El derecho penal comprende las normas jurídicas que atribuyen penas o medidas de seguridad por la comisión de delitos. La política criminal y el derecho penal están relacionados, siendo la política criminal el conjunto de estrategias para hacer frente a la criminalidad y el derecho penal la disciplina encargada de interpretar los preceptos penales
El documento presenta una discusión sobre los enfoques, dilemas y desafíos en la prevención del delito y la violencia. Se describen tres enfoques principales (prevención social, situacional y comunitaria), los cuales se basan en teorías sobre factores de riesgo individuales, del entorno físico y de las relaciones comunitarias. También se señalan algunos de los principales retos conceptuales y prácticos en el diseño e implementación de estrategias de prevención efectivas.
El documento trata sobre conceptos clave relacionados con las políticas públicas como la administración pública, lo público, lo privado y lo íntimo. Explica las etapas del proceso de políticas públicas incluyendo la definición del problema, construcción de alternativas, selección de criterios, implementación y evaluación. También discute conceptos como la ética, moral y deber moral en el contexto de las organizaciones y servicios públicos.
El documento trata sobre la ética en la función pública. Define conceptos como ética, moral, política y corrupción. Explica que la ética en la función pública implica que los funcionarios sirvan al interés público antes que sus intereses personales. También describe principios éticos como la imparcialidad, transparencia y responsabilidad, así como formas de corrupción como el nepotismo, clientelismo y tráfico de influencias. Finalmente, analiza las consecuencias negativas que tiene la corrupción para el Estado y la sociedad.
Este documento discute los diferentes enfoques de la prevención del delito en Chile durante el período democrático, incluyendo la prevención penal, policial y social. La prevención social del delito se ha enfocado en reducir los factores de riesgo a nivel individual, comunitario y espacial mediante programas como Comuna Segura. Sin embargo, existe una visión amplia y vaga de la prevención en el discurso público. Además, la prevención corre el riesgo de convertirse en una "industria" que promueve
Este documento presenta un resumen de la tesis "Las estrategias municipales de mitigación del problema público de la inseguridad ciudadana: Un análisis de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima entre el 2010 y el 2014". La tesis analiza el impacto de la información generada por las plataformas de recopilación de datos sobre crimen y seguridad en el diseño de estrategias de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Lima. El documento incluye la introducción, marco teóric
El documento describe la situación de violencia e inseguridad en El Salvador al inicio de la nueva gestión de gobierno en 2009, señalando que el país tenía tasas de homicidios superiores a 50 por cada 100,000 habitantes y que la mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes. También destaca que el delito de extorsión había aumentado significativamente desde 2005. Adicionalmente, describe brevemente el estado de las instituciones de seguridad pública en ese momento, identificando retos como la falta de coordinación, corrupción y limit
Este documento resume dos estudios sobre las políticas y prácticas policiales en la ciudad de Buenos Aires. El primer estudio analiza críticamente el papel de la "táctica de la sospecha" en Argentina y cómo las políticas modernas de prevención del delito se han centrado en recursos extrapenales. El segundo estudio examina empíricamente el uso de la detención por averiguación de identidad en la ciudad y cuestiona los argumentos para ampliar las facultades policiales con el fin de prevenir el crimen. Ambos estudios forman parte de un
El documento describe la transición en Chile de una visión de seguridad pública a una perspectiva de seguridad ciudadana durante los años 90. También analiza dos políticas de seguridad implementadas en los últimos 15 años: la Reforma Procesal Penal y el programa "Comuna Segura, Compromiso 100". Respecto a la Reforma Procesal Penal, explica que surgió de un proceso participativo liderado por organizaciones no gubernamentales y universidades que generó consenso sobre la necesidad de reformar el sistema inquisitivo y que contó con la participación experta
Este documento analiza el papel de los observatorios ciudadanos en México para fortalecer la gobernanza democrática y la cohesión social. Revisa el marco conceptual de estos términos y cómo la observación ciudadana los influye positivamente. Describe que los observatorios ciudadanos monitorean políticas públicas para promover la rendición de cuentas. Se identifican 85 observatorios en México y se analizan sus publicaciones, áreas de enfoque y cobertura geográfica. La mayoría se enfocan en desarrollo urbano,
Similar a Componentes para el diseño e implementación de políticas de seguridad (20)
Mapa conceptuales de proyectos social y productivo.pdfYudetxybethNieto
Los proyectos socio productivos constituyen una variante de formación laboral de incalculable valor formativo, que propician la participación activa, protagónica y participativa de los escolares, de conjunto con miembros de la familia y la comunidad.
6. Patricio Tudela Poblete (Ph.D.)*
I. LA INSEGURIDAD COMO PROBLEMA DE GESTIÓN PÚBLICA
l panorama de la criminalidad y la violencia en los países de la
región y la búsqueda de estrategias de contención para elevar los
niveles de seguridad implican una serie de desafíos a los gobier-
nos y las instituciones públicas. El desafío más importante es asumir la
necesidad de impulsar transiciones y cambios institucionales claves,
superando debilidad de las respuestas y de los organismos públicos del
sector justicia-seguridad, que al abordar los desafíos se rigen con un
paradigma de actuación obsoleto.
Hay al menos 4 situaciones o factores que justifican y exigen res-
puestas innovadoras y eficaces ante el perfil y naturaleza de los proble-
mas actuales:
x El lugar del delito y el temor a este han adquirido mayor rele-
vancia en la sociedad. Basta examinar las cifras que entregan
encuestas de percepción, temor y victimización para constatar
que la inseguridad es generalizada y específica en ciertos seg-
mentos sociales. Lo que antes era situacional y focalizado hoy
ha llegado a ser un problema social extendido y característico
de las urbes contemporáneas en Latinoamérica.
* Dr. en Antropología (Universidad de Bonn, Alemania), Master en Gestión y Dirección
de la Seguridad (Universidad de Barcelona, España), Profesor de la Academia Superior
de Estudios Policiales (ASEPOL) y miembro del Centro de Investigación y Desarrollo
Policial (CIDEPOL), Policía de Investigaciones de Chile. E-mail ptudela3@yahoo.es
E
7. Academia Superior de Estudios Policiales.
Ͷʹ
[Año]
x La preocupación, la sensación de vulnerabilidad y el miedo al
crimen violento son problemas en sí mismos. Cada vez son
más necesarias intervenciones que apunten tanto a reducir el
delito como a la inseguridad subjetiva. El temor al delito es un
problema social y político importante
x Crimen, violencia y temor son fenómenos vinculados, pero no
idénticos. Diversos estudios sobre los niveles de criminalidad
muestran que los delitos violentos se relacionan más a deter-
minados conjuntos de factores sociales que a otros que se aso-
cian a delitos contra la propiedad.
Se ha demostrado, por ejemplo, que las acciones desarrolladas para
reducir la violencia, pueden asociarse a aumentos de los delitos contra la
propiedad (hurto). De igual forma, ciudades con bajas tasas de victimi-
zación, comparativamente, muestras altos índices de inseguridad ciuda-
dana. Esto obliga a respuestas diferenciadas.
x Hay una estrecha relación entre la criminalidad y la violencia
y diversos tipos de “factores de riesgo” vinculados al desarro-
llo social y humano.
Esto nos remite a observar las políticas sociales como un factor deci-
sivo para superar la inseguridad objetiva y subjetiva, pero no se pueden
confundir la relevancia de los componentes y tampoco la situación se
puede abordar mecánicamente (alta desocupación juvenil, familias
desarticuladas, bajos niveles de educación, desigualdad social, etc.).
¿Cómo armonizar las diferentes demandas y las respuestas dentro de
un marco de actuación pública eficaz?
II. MARCO DE REFERENCIA FUNDAMENTAL
Los enfoques contemporáneos de la seguridad ciudadana anuncian
una categoría potente, tanto conceptual como metodológica, que más
allá de las manifestaciones de violencia y criminalidad, invoca también
la calidad de vida para los ciudadanos, en un estado social de derecho.
Esta nueva visión involucra una doctrina, supuestos, principios rectores
8. Revista Estudios Policiales Nº 2, junio de 2008.
Ͷ͵
y condiciones fundamentales que deben guiar la actuación de cada
referente.
Las políticas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que
lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que, en un
momento determinado, los ciudadanos y el propio gobierno consideran
prioritarios. En otras palabras, se trata de la formulación, diseño e
implementación, desde el Estado, de una estrategia técnico-política para
enfrentar un problema social.
Es decir, la(s) política(s) puede(n) entenderse como un conjunto de
cursos de acción, programas o proyectos que se ejecutan a través de
organismos públicos -del Estado- y que buscan intervenir en un área o
espacio social en beneficio de un número significativo de personas,
estableciendo incentivos para acción colectiva entre aquellos que com-
parten metas (gobierno y ciudadanía).
En esencia, el carácter “público” de una política radica en su capa-
cidad de abrir espacios de participación que ayudan al empoderamiento
(empowerment de la sociedad civil organizada), más que en su publici-
tación y su capacidad de responder a un problema o demanda social
extendida.
Recientemente, las nociones de “gobernabilidad”, “capital social”,
“espacio público” y “sociedad civil”, otorgan un nuevo marco para la
aplicación de políticas públicas en la región. La “gobernabilidad” está
asociada con el desarrollo de condiciones de gestión social que enfatizan la
participación, la corresponsabilidad y la transparencia. El concepto de
“capital social”, por su parte, “guarda relación con las nociones de con-
fianza, cooperación y solidaridad. La idea del “espacio público” se proyecta
sobre lo abierto, lo explícito, lo supervisado y sujeto a escrutinio, lo audi-
table, rasgos que darían mayor transparencia y menor margen de manipu-
lación a determinadas acciones sociales. Finalmente, el concepto de
“sociedad civil” está ligado al conjunto de ideas, representaciones, prácti-
cas y formas organizativas que otorgan unidad a los sujetos en un territo-
rio dado, oficiando de soporte hegemónico en una sociedad política
estructurada por los aparatos y las instituciones estatales.
En general, se distinguen 5 grandes pasos en la formulación e im-
plantación de las políticas:
i. La definición del problema
ii. La formulación de las alternativas de solución
iii. La elección de una alternativa
9. Academia Superior de Estudios Policiales.
ͶͶ
[Año]
iv. La implantación de la alternativa elegida
v. La evaluación de los resultados obtenidos
Sin embargo, una cosa distinta es cuando se intenta diseñar políti-
cas y programas para reducir o contener la inseguridad. La experiencia y
el análisis de políticas públicas nos llevan a constatar que el proceso
descrito es una descripción racional que normalmente no se ajusta a la
realidad. Posiblemente porque se trata de un sector emergente sin
mayor acumulación de experiencia y porque el paradigma clásico resulta
disfuncional.
La formulación de una política pasa normalmente por un complejo
proceso de cruce de intereses contrapuestos que influyen decisivamente
en un diseño muy distinto del pensado originalmente. En muchos casos
las políticas tienden a no introducir cambios sustantivos debido a que la
situación actual es predecible, mientras que un escenario de fuerte
transformación arriesga a las autoridades a encontrarse con situaciones
no previstas (en la cultura política dominan conceptos tales como “ad-
ministrar problemas para que los solucionen otros, cuando puedan” y
“ineficiencia antes que incompetencia”).
Es por eso que necesariamente la perspectiva racional e incremen-
talista que se menciona más arriba deberá combinarse con el pragma-
tismo realista, dependiendo de las condiciones socio-institucionales y
políticas, para dar origen a políticas controlables en sus procesos de
implantación y resultados.
Entonces, ¿cómo revertir el fenómeno de la inseguridad ciudada-
na?. En el contexto de la prevención del crimen y la violencia se han
formulado una serie de caminos y recomendaciones que se insertan en
“políticas y programas”.
En primer paso, sin embrago, radica en la elección o definición de
un enfoque integral de la seguridad: la doctrina de la seguridad en
democracia.
El establecimiento de una doctrina, coherente con los principios de
un Estado de Derecho, es fundamental para una política de seguridad
ciudadana. La doctrina de la seguridad –a diferencia de lo que ocurría en
décadas anteriores– se funda en el moderno Estado de Derecho y la
vigencia de un orden democrático.
Por ello, las acciones y actuaciones deben realizarse conforme al
apego irrestricto a principios éticos claros y precisos. A partir de la
conjugación de estas dos concepciones políticas (Estado y Democracia), la
10. Revista Estudios Policiales Nº 2, junio de 2008.
Ͷͷ
doctrina que inspira la labor de los órganos del Estado, de sus autoridades
y de los distintos actores involucrados debe asumir los siguientes
preceptos:
a) En primer lugar, que la labor del Estado, enmarcada en la
permanente búsqueda del bien común, debe proteger el orden
–como bien jurídico–, la tranquilidad y paz social, así como a
cada ciudadano, su vida y sus bienes. En consecuencia, la
seguridad no es superior a la libertad, la justicia y la igualdad.
b) En segundo término, que el Estado de Derecho impone límites
claros y precisos para su actuar. La potestad punitiva y la
coerción concedidas a la autoridad, deben tener como límite el
respeto de la convivencia social y de los derechos y libertades de
las personas. Es en su modo de actuar, en los recursos y
procedimientos, donde la autoridad pone en juego la legitimidad
de su acción.
c) En tercer lugar, que el Estado y el Gobierno deben garantizar la
existencia de condiciones permanentes –sociales, políticas y
jurídicas– para que todos los ciudadanos puedan ejercer sus
derechos esenciales y materializar el bien común.
d) Por lo anterior, el logro de la seguridad debe ser consecuente con
una ética democrática de respeto a los derechos de las personas,
adecuándose permanentemente esta búsqueda al ejercicio de sus
tareas de servicio público.
A partir de lo anterior, surge un amplio espectro de “políticas de
prevención y control de la violencia y el delito”1.
La prevención más allá de las distintas formas de clasificación2,
considera una significativa variedad de acciones orientadas a evitar que
el delito ocurra no sólo a través del sistema formal de justicia criminal
(sistema oficial), sino que también a través de la promoción e implemen-
tación de estrategias que involucran a los diferentes sistemas informales
1 Informe del Xº Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito y
tratamiento del delincuente. A/CONF.187/15. Julio de 2000, nº 3 y 103.
2 Cf., por ejemplo, Principios y práctica de la prevención primaria y secunda-
ria en programas de reducción de la demanda. Comisión de Estupefacientes, 39º
período de sesiones. Consejo Económico y Social, Naciones Unidas E/CN.7/1996/6, 27
págs.; Torrente, Diego: Desviación y delito, Alianza Editorial, 2001, pág. 223 y ss.
11. Academia Superior de Estudios Policiales.
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(sistemas oficiosos)3. En la última década ésta ha adquirido tanta rele-
vancia como el control formal, por cuanto abre un espacio de actuación
a diferentes actores, a la luz de la necesidad de enfoques más integrales y
la aplicación de estrategias e iniciativas en diferentes frentes, y la pro-
moción de la participación activa de diversas instituciones del Estado,
junto a organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía misma4.
De lo anterior se infieren un conjunto de consideraciones a tener
presente en el diseño y ejecución de la política de seguridad ciudadana
(Tudela 2006)5:
a) La criminalidad y la violencia deben asumirse como problemas
permanentes que demandan tanto una política clara y específi-
ca, como –a su vez- una respuesta y reacción de los órganos del
Estado sólida, estable en el tiempo y eficaz, privilegiando la
efectividad de las funciones institucionales propias en el área
de la prevención delictual y social, el control y sanción, así co-
mo la reclusión y la rehabilitación-inserción; pero también
atendiendo a las características y naturaleza de cada una de
esas manifestaciones que preocupan a la sociedad.
b) La seguridad y la intervención sobre los factores de riesgo para
las personas y la propia sociedad no puede ser un asunto reser-
vado al Estado, la policía y la justicia; la seguridad es un asunto
de todos.
c) Es clave para la implementación de políticas asumir la existen-
cia del delito y la inseguridad como realidades sociales, y que
esto obliga a llevar a cabo diagnósticos y estudios, a fin de ase-
gurar y garantizar una mejor valoración del problema, tanto
desde una óptica de la ciudadanía (desde los miembros de la
comunidad hacia el decisor político), como también de identi-
ficar, conocer y comprender sus orígenes y factores sociales,
culturales, económicos y estructurales y circunstanciales inter-
vinientes.
3 Prevención eficaz del delito: adaptación a las nuevas situaciones. Documento de
trabajo preparado por la Secretaría del Xº Congreso de las Naciones Unidas sobre Preven-
ción del Delito y Tratamiento del Delincuente. A/CONF.187/7, diciembre de 1999.
4 Informe del Xº Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito y
tratamiento del delincuente. A/CONF.187/15, julio de 2000. Nº 13.
5 Tudela, Patricio: “Conceptos y orientaciones para políticas de Seguridad Ciudadana”.
Policía de Investigaciones de Chile, Centro de Investigación y Desarrollo Policial.
[Online]. 2005. [Citado 25 marzo 2007]. Disponible en World Wide
http://www.policia.cl/cidepol/documentos.html
12. Revista Estudios Policiales Nº 2, junio de 2008.
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d) Sin desconocer la necesidad de asegurar mecanismos adecua-
dos de control y sanción de la conducta delictiva, se debe poner
énfasis en la prevención, atendida su alta rentabilidad social,
en cuanto a la fórmula más efectiva. Más allá de que se ha de-
mostrado que no basta un enfoque punitivo6, para el Estado y
la sociedad siempre será más caro asumir la represión, san-
ción, reclusión y rehabilitación que la intervención preventiva y
proactiva.
e) Una política de prevención no debe ser un ejercicio aislado de
las instituciones estatales responsables de la seguridad y el or-
den público. Es necesario comprender el problema a través de
diagnósticos reales, escuchando la percepción de la sociedad
civil, sus expectativas y necesidades concretas. Para ello debe
existir la verdadera intención de involucrar a la comunidad or-
ganizada. De acuerdo a esto, una política de prevención exitosa
será fruto de una cooperación entre la comunidad organizada,
los municipios, la policía, los tribunales, y el conjunto de los
servicios públicos relevantes en la materia.
f) Una política efectiva en materia de prevención supone también
corregir y poner énfasis en la superación de situaciones de em-
pobrecimiento económico (pobreza, desempleo, etc.) y de dete-
rioro de los mecanismos de socialización (educación, familia,
asociatividad, etc.). Por ello, los programas deben, además de
velar por los intereses de la colectividad, enfatizar en la protec-
ción de sus grupos más vulnerables y económicamente desfa-
vorecidos.
6 Por cierto, una mayor represión no conduce necesariamente a una disminución de la
delincuencia, eventualmente la desplaza o la reduce parcialmente, pero no elimina. La
evidencia empírica de numerosas investigaciones demuestra que no existe correspon-
dencia entre los distintos grados de represión de los sistemas penales y las tasas de
criminalidad. (William Sherman et al, Preventing Crime: What Works,What
Doesn’t, What Promising. Institute of Justice, Washington, 1997). Por ello, el
sistema penal y penitenciario requiere de una pronta modernización, lo que implica
profundizar los programas de rehabilitación y buscar medidas alternativas a la privación
de libertad.
13. Academia Superior de Estudios Policiales.
Ͷͺ
[Año]
En esencia, los principios rectores que guían actualmente las accio-
nes en el amplio campo de la prevención son:
i) una prevención de base social;
ii) la prevención basada en el delincuente;
iii) la prevención basada en el delincuente potencial;
iv) la prevención basada en la víctima real o potencial;
v) la prevención basada en espacios y situaciones; y,
vi) la reparación, restauración y mediación7.
De las medidas reconocidamente eficaces para la reducción de la insegu-
ridad, criminalidad y violencia, el estudio comparado destaca los si-
guientes campos de acción8:
i) Acciones socio-preventivas
ii) Acciones orientadas a la organización y participación de la
comunidad
iii) Acciones en el contexto macrosocial
iv) Acciones para el control de la delincuencia
v) Acciones para ejercer justicia alternativa
vi) Acciones en el ámbito de las informaciones
vii) Reformas al sistema policial
viii) Reformas al sistema judicial
ix) Reformas al sistema penitenciario
7 Young, Jock Recent paradigms in criminology, en: The Oxford Handbook of
Criminology, 1994, pág.69-124 y Ashworth, Andrew Sentencing and criminal Justice,
1995, pág. 71-81, citado por Torrente, Diego: Desviación y delito. Alianza Editorial,
Madrid, 2001, Pág. 192 y 193.
8 Arriagada, Irma y Lorena Godoy: Seguridad ciudadana y violencia en América
Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa. División de Desarrollo Social,
CEPAL. Serie Políticas Sociales Nº 32, Santiago, 1999, págs. 28 y 30; Shaw, Margaret: El
papel del gobierno local en la seguridad de las comunidades. Centro Internacio-
nal para la Prevención de la Criminalidad, CIPC, Montreal, 2002; Crime Prevention
Digest II Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, CIPC, Montreal,
1999; y Tudela, Patricio: Seguridad ciudadana en Nicaragua: propuesta de políti-
ca y plan nacional de convivencia y seguridad ciudadana. BID, 2004. Proyecto NI-
0168 (ATN/JF-8551-NI), Mariko Russell, Jefe de Equipo RE2/SC2.
14. Revista Estudios Policiales Nº 2, junio de 2008.
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Al respecto, es importante señalar que las líneas I, II, III y IV, dan
origen a una importante gama y variedad de iniciativas, muchas de las
cuales se aplican de manera dispersa, sin coordinación, sin evaluación y
sin mayores reparos o adecuaciones a realidades particulares, cubriendo
o involucrando sectores, tales como:
i) educación;
ii) salud;
iii) desarrollo urbano y vivienda;
iv) servicios sociales;
v) policía;
vi) justicia;
vii) sociedad civil; y
viii) medios de comunicación.
Por su parte, las acciones VII, VIII y IX, anteriormente citadas, se
inscriben generalmente en el contexto de las “políticas de reforma
institucional del sistema de seguridad”, compuestas por líneas de traba-
jo, tales como:
x Reforma y modernización policial,
x Estrategia de descentralización,
x Fortalecimiento de la gobernabilidad local,
x Fortalecimiento del control de la seguridad privada, y
x Reforma de la persecución penal.
III. LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Hay un conjunto de factores vinculados a la capacitad institu-
cional en los países que facilitan una respuesta pública más eficiente
y eficaz a los problema de criminalidad, violencia e inseguridad. En
esencia éstos se refieren a:
1) competencias y responsabilidades de los diferentes actores e
instituciones;
2) claridad de las políticas públicas y naturaleza de los programas
de seguridad ciudadana;
15. Academia Superior de Estudios Policiales.
ͷͲ
[Año]
3) diagnósticos y gestión de la información oportuna;
4) capacidades humanas y técnicas instaladas y medios apropiados;
5) involucramiento de autoridades y actores nacionales, interme-
dias y locales, así como de la sociedad civil; y
6) aspectos del sistema vinculados con la coordinación y articula-
ción intra-institucional e inter-agencias para una gestión inter-
sectorial, entre otras.
El análisis de casos sobre la base algunos indicadores y el examen de
ciertas áreas de gestión ayudan a evaluar la capacidad institucional de
los gobiernos para enfrentar la criminalidad y la violencia y revelan, por
ejemplo, la ausencia de condiciones mínimas necesarias, tales como:
1) Existencia de un marco regulatorio suficiente para la seguridad
pública y ciudadana;
2) Existencia y capacidad de gestión de un órgano ejecutivo en-
cargado del diseño de políticas integrales;
3) Existencia de capacidades técnicas e información para elaborar
un diagnóstico actualizado y monitoreo del delito, violencia y
las distintas formas de inseguridad;
4) Existencia de una política clara y congruente con la política
criminal del país y de cogestión con la política social;
5) Existencia de órganos de asesoramiento, consulta y/o coges-
tión de la seguridad;
6) Instancias de participación social y
7) Insuficiente gestión local de la seguridad;
8) Estrategia de fortalecimiento institucional para las policías; y
9) Existencia de comisiones parlamentarias de control.
El examen de estos atributos en países de la región (Argentina, Bra-
sil, Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Perú y Uru-
guay) confirma la existencia de enormes dificultades y limitaciones para
el diseño y ejecución de política de prevención y control del crimen y la
violencia en América Latina.
16. Revista Estudios Policiales Nº 2, junio de 2008.
ͷͳ
IV. LOS ÉNFASIS DE LAS POLÍTICAS Y DE LAS ESTRATEGIAS
En países desarrollados, donde las políticas y estrategias nacionales
de prevención del delito tomaron forma principalmente a principios de
los años 80 y luego fueron objeto de revisión y reformulación en años
recientes, ya a fines de los noventa destacan, por ejemplo9:
1) Que las políticas de prevención del crimen deben asumir un
enfoque integral al tratar con problemas relacionados con el
crimen, teniendo un marco de referencia de prevención prima-
ria, secundaria y terciaria, movilizando las respuestas en el
área educacional, preventiva, disuasiva y represiva, dirigiéndo-
se a una acción complementaria entre prevención social y si-
tuacional, combinando intervenciones de corto plazo y de más
largo aliento (actuando sobre las causas fundamentales y los
factores de riesgo que propician el crimen);
2) Que las comunidades locales deben ser el foco central para la
prevención y que las acciones locales deberían ser encabezadas
por un funcionario público, de preferencia el alcalde;
3) Que son necesarias coaliciones multi-sectoriales y multi-
modales que apunten a factores de riesgo;
4) Que son esenciales un proceso riguroso de diagnóstico, un plan
de acción, una implementación coordinada, así como el moni-
toreo y la evaluación del programa; y
5) Que entre los recursos financieros asignados a la prevención,
uno de los mecanismos de financiación preferidos es el contra-
to de acción urbana.
9 Urban crime prevention policies in Europe: towards a common culture?
European Forum for Urban Safety. Serie SECUCITIES LOCAL POLICIES. 2006. En:
http://www.fesu.org
17. Academia Superior de Estudios Policiales.
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[Año]
Por otro lado, también se señala que –en el marco de una acción
exitosa– deben estar presentes los siguientes elementos10:
1) una coalición con un líder;
2) la identificación de los problemas y sus causas;
3) el desarrollo de un plan de acción que apunte a los factores de
riesgo;
4) acciones multi-sectoriales;
5) un equilibrio entre las acciones de corto, mediano y largo plazo;
6) una implementación rigurosa y coordinada;
7) iniciativas de monitoreo y evaluación; y
8) comunicación de la estrategia y sus resultados.
En materia de institucionalidad gubernamental, se ha recomendado una
estrategia integrada que involucra cinco elementos claves:
1) un centro responsable capaz de ejercer liderazgo, diseñar el
plan de acción, influir sobre otros departamentos y organiza-
ciones, y promover las coaliciones de socios para la prevención;
2) herramientas de análisis estratégico para identificar las ten-
dencias del delito e incluir problemas sociales relacionados,
apuntar a los factores de riesgo y evaluar las acciones;
3) recursos para sostener la acción, demostrados por medio de
proyectos piloto y la difusión de las prácticas exitosas;
4) coordinación interministerial que incluya a otros ministerios
en el esfuerzo de prevención y permita el acceso a información
y recursos;
5) una estrategia de movilización para transformar las actitudes y
las prácticas y promover un sentido de responsabilidad com-
partida.
10 Un análisis más extenso se encuentra en: Franz Vanderschueren, “Modelos democrá-
ticos de seguridad ciudadana”, Programa Sociedad sin Violencia. El Salvador. Publicado
en: Boletín Sociedad sin Violencia; Boletín 16. Abril-mayo, 2006.
www.violenciaelsalvador.org.sv.
18. Revista Estudios Policiales Nº 2, junio de 2008.
ͷ͵
V. LA EXPERIENCIA ANGLOSAJONA Y EUROPEA
Los enfoques contemporáneos de la seguridad ciudadana anuncian
una categoría potente, tanto conceptual como metodológica, que más
allá de las manifestaciones de violencia y criminalidad, invoca también
la calidad de vida para los ciudadanos, en un estado social de derecho.
Esta nueva visión involucra una doctrina, supuestos, principios rectores
y condiciones fundamentales que deben guiar la actuación de cada
referente.
Toda política pública, entendida como cursos de acción construidos
sobre la base de programas y proyectos específicos que se ejecutan a
través de organismos públicos para intervenir en un área-problema o
ámbito social en beneficio de un número significativo de personas,
incentivando la acción colectiva entre aquellos que comparten objetivos
y metas (gobierno y ciudadanía), supone orientaciones generales, meto-
dologías e instrumentos que promuevan acciones coordinadas e integra-
les en su implementación.
La experiencia de los países desarrollados indicaría que es necesario11:
1. Generar ciertas condiciones, como la voluntad general en la so-
ciedad, la visión de conjunto, equilibrios de largo plazo, entre
otras;
2. Promover ciertas acciones para inducir mejoras en diferentes
áreas, tales como coordinación a nivel nacional y la adminis-
tración general; y,
3. Tomar en cuenta ciertos aspectos específicos para poder dise-
ñar dichas políticas, prestando especial atención a la capitali-
zación de experiencias, al desarrollo de capacidad local, a la
legitimación de estas a través de mecanismos de consulta para
garantizar un accionar eficiente y eficaz.
11 Políticas de Seguridad Ciudadana en Europa y América Latina. Lecciones
y Desafíos. Ministerio del Interior de Chile, Banco Interamericano de Desarrollo y
Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2004.
19. Academia Superior de Estudios Policiales.
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[Año]
También existen consensos respecto del diseño y ejecución de una
política de Seguridad Ciudadana. En general se pueden citar los siguien-
tes:
a) Las políticas para enfrentar diversos problemas de una socie-
dad deben entenderse como complementarias y especializadas,
coherentes y consistentes con una política social eficaz y una
política criminal eficiente.
b) El conjunto de medidas debe caracterizarse por constituir una
combinación de iniciativas orientadas a las víctimas y los de-
lincuentes; así como estar orientadas a factores de riesgo y pro-
tección en personas, situaciones o contextos en los que se dan
los hechos criminales, la violencia y la inseguridad que afecta a
la sociedad.
c) La política de seguridad debe orientarse y focalizarse en situa-
ciones concretas en el plano local (Municipios y Distritos), don-
de se ubica el mejor contexto organizativo, puesto que la
magnitud y la naturaleza de la delincuencia y la inseguridad di-
fieren significativamente de un sector de la ciudad a otro, expli-
cando muchas veces el carácter local de algunos problemas.
d) Las experiencias exitosas parten de la base de que es de menor
costo para el sistema y socialmente más rentable poner énfasis
en la prevención, con un carácter proactivo más que reactivo.
e) Una verdadera prevención debe adoptar medidas compatibles
y coincidentes con acciones en el ámbito administrativo (poli-
cial y legal), social, económico y local, para armonizar todos los
proyectos e iniciativas y garantizar un abordaje integral de la
seguridad.
f) No existe política exitosa sin el apoyo de estructuras nacionales
de prevención del delito y de la violencia que promuevan la co-
laboración entre las autoridades responsables directa e indirec-
tamente de la criminalidad y la violencia, tanto desde una
perspectiva estructural como social.
g) Es necesario asegurar rigor metodológico en la prevención de
la criminalidad, utilizando la experiencia de otros en proyec-
tos con probada eficacia en la reducción de la criminalidad y
la violencia.
20. Revista Estudios Policiales Nº 2, junio de 2008.
ͷͷ
h) Se deben promover acciones en el largo plazo, pero que tam-
bién respondan a necesidades en el breve plazo, impulsando
acciones sistemáticas y con fundamento científico.
i) No existe política eficaz sin un sustento en una acción concer-
tada (coalición y alianza) de diversos organismos y actores, que
trabajan armónicamente sobre las causas y los efectos (integra-
lidad) y en diferentes planos. Se trata, en otras palabras, de in-
volucrar actores y organismos diferentes (Estado, Gobierno y
Sociedad Civil) bajo el alero de un marco de actuación estraté-
gica y focalizada en segmentos más vulnerables.
Finalmente, la revisión de diversas experiencias enseña que para una
eficaz gestión en este campo, los siguientes conceptos constituyen guías
en las políticas de seguridad ciudadana:
1) integralidad;
2) gestión eficiente y eficaz;
3) coproducción;
4) doble focalización;
5) participación social y coalición local;
6) énfasis socio-preventivo;
7) énfasis situacional;
8) desconcentración administrativa y territorialización;
9) coordinación y trabajo interinstitucional.
- Integralidad. La comprensión de la inseguridad, la violencia y la
delincuencia como un fenómeno multidimensional -psicosocial, es-
tructural, económico, legal, judicial, político y cultural- obliga a des-
arrollar un enfoque integral, que obliga al diseño de una estrategia y
acciones intersectoriales para enfrentar el problema en todas sus ex-
presiones.
- Gestión eficiente y eficaz. Las acciones derivadas de una política
preventiva serán eficaces en la medida que cuenten con los atributos
de una gestión eficiente,: a) coherencia, puesto que las medidas de-
ben ser consistentes con las necesidades y prioridades; b) se adecuen
a la exigencia de administrar los recursos públicos y de la coopera-
ción internacional con un énfasis en la medición de los resultados y
21. Academia Superior de Estudios Policiales.
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las metas alcanzadas; c) sistematicidad, que exige que las acciones
sean planificadas, dotadas de recursos suficientes y permanentes; d)
concentración de esfuerzos y reducción de la duplicidad; y, e) sean
sujetas a examen, seguimiento y evaluación constante.
- Coproducción. La implementación de una política que sea integral y
que de cuenta de la multidimensionalidad y multicausalidad de la
violencia y el delito, requiere del desarrollo de un enfoque político
institucional de cooperación pública-privada, que promueve y facili-
ta la acción multidisciplinaria. La coproducción implica la estrecha
cooperación para una oferta de servicios públicos y comprende un
trabajo mancomunado de estos con otros servicios privados recono-
cidos como aliados y no como competidores, permitiendo la com-
plementariedad y coherencia en las actuaciones.
- Doble focalización. Dado que la existencia de factores socio-
ambientales, como la pobreza, la cesantía, la marginalidad, y la des-
igual cobertura de servicios de justicia y prevención policial, entre
otros, pueden contribuir a la aparición de conductas criminales y
violentas, y la inseguridad misma, se debe procurar la intervención y
concentración de los esfuerzos preventivos, atendiendo a variables
tanto sociodemográficas y espaciales, como en segmentos en mayor
riesgo, por ejemplo, en sectores sociales con un menor acceso a la
justicia, o más vulnerables a la acción criminal e inseguridad -como
ocurre en el caso de las mujeres, las personas de más edad, los jóve-
nes, entre otros.
- Participación social y coalición local. Las acciones deben responder a
roles compartidos, pues las posibilidades de éxito serán mayores en la
medida en que el conjunto de la comunidad se involucre en él, hacién-
dose parte de una acción concertada y consensuada, sostenible y vali-
dada públicamente. Los sujetos y actores para la seguridad ciudadana
son varios: desde los propios afectados, los liderazgos locales, las co-
munidades y sus representantes elegidos democráticamente hasta las
organizaciones no gubernamentales. La corresponsabilidad participa-
tiva asegura inclusión, diversidad y representación.
- Énfasis socio-preventivo. La preservación y mejoramiento de la
seguridad y factores de protección no se circunscriben únicamente a
medidas de control, juzgamiento y cumplimiento de las penas. Un
componente fundamental de toda política integral es la ejecución de
acciones en el marco de la prevención social, que tiene como caracte-
rísticas intervenciones de más largo plazo, orientadas a condiciones
22. Revista Estudios Policiales Nº 2, junio de 2008.
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que favorecen el desarrollo de conductas criminales y violentas, co-
mo también el desarrollo y fortalecimiento de factores de protección
social y la promoción de habilidades comunitarias (desarrollo so-
cial). La acción de la propia comunidad es fundamental.
- Énfasis situacional. Si bien el eje central y articulador de la acción
debe ser la prevención social, en la mayoría de los casos circunstan-
cias específicas asociadas a una alta concentración de factores de
riesgo y la escasa, o muchas veces nula, vigilancia no admite poster-
gaciones para la acción; en el corto plazo deben desarrollarse y forta-
lecerse la intervención policial y responder a necesidades inmediatas
para impedir que se produzca el delito, reducir las oportunidades u
ocasiones de favorecen la comisión de estos en zonas de riesgo (zo-
nas comerciales, escuelas, barrios, sistemas de transporte, sitios
eriazos, etc.), aumentando el costo y los riesgos para el delincuente.
- Desconcentración administrativa y territorialización. Si bien es
responsabilidad de las autoridades actuar con equidad social y pro-
curar el bien común, la seguridad ciudadana se allana a la necesidad
de conferir autonomía técnica para ejercer una intervención limitada
a cierta materia a través de la entrega de recursos y autoridad a go-
biernos regionales y locales, y a organizaciones de la sociedad, y
aprovechar las estructuras existentes para llevar a cabo las acciones
interinstitucionales y multisectoriales. De la misma forma, es nece-
sario trabajar concertada y focalizadamente en territorios de muni-
cipios, distritos y barrios donde se produce mayor victimización y
temor, con un enfoque y modalidad de gestión intersectorial y sobre
la base de diagnósticos y prioridades en consonancia con cada reali-
dad particular.
- Coordinación y trabajo interinstitucional. Más allá de que los
factores que favorecen la inseguridad y la victimización por delitos y
la violencia son múltiples y diferentes, las medidas a ejecutar deben
involucrar a diversos sectores de la sociedad. La complejidad de las
intervenciones exigen coordinación intra- e interinstitucional consti-
tuye una condición básica para una labor intersectorial eficaz. En es-
te contexto, el liderazgo debe ser compartido.
23. Academia Superior de Estudios Policiales.
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VI. CONCLUSIONES
Al tenor de lo expuesto, surgen algunas ideas fundamentales que ameri-
tan explicitarse, como son:
x La seguridad ciudadana promueve y fuerza la convergencia de dos
políticas que antes no se relacionaban, a saber:
- La participación, como herramienta de las políticas públicas
modernas que buscar incluir y potenciar la gestión democrática
de los gobiernos, y asume estas como herramienta necesaria
- La creación de espacios de colaboración de la sociedad civil en
materias que antes eran exclusivas del Estado (como la preven-
ción del crimen)
x Una política de seguridad ciudadana no es posible sin una política
global y coherente del conjunto del sistema penal de justicia y una
adecuada vinculación de esta con ella. En este contexto, es necesario:
- Una acción conjunta y la colaboración coordinada de diversos
organismos estatales involucrados en la problemática,
- la obligada referencia al marco legal vigente, y
- la activa participación de la sociedad
Si bien la literatura ofrece abundantes descripciones de experien-
cias exitosas y/o prometedoras en diferentes países y contextos12, tam-
bién resulta paradojal constatar que el problema de la inseguridad
derivada de la criminalidad y la violencia, lejos de estar resuelto o con-
trolado, en muchos de esos contextos de aplicación los problemas per-
12 “Experiencias prometedoras en la prevención del delito en América Latina”, en:
Políticas de Seguridad Ciudadana en Europa y América Latina. Lecciones y
Desafíos. Ministerio del Interior de Chile, Banco Interamericano de Desarrollo y
Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2004, págs. 212-236; Seguridad Ciudadana:
experiencias y desafíos. Lucía Dammert (editor), Red 14 Seguridad Ciudadana en la
Ciudad. Urb-Al Valparaíso, 2004. Seguridad Ciudadana, ¿espejismo o realidad?,
Fernando Carrión (editor), FLACSO-Ecuador y OPS/OMS. 2002. 100 Crime preven-
tion programs to inspire action across the world. ICPC, Montreal, 1999.
Worldwide best practice in crime prevention. ICPC 100 best practices as of
October 1997: what prevents crime, how to prevent crime and support for
crime prevention, ICPC, Montreal, 2004.
24. Revista Estudios Policiales Nº 2, junio de 2008.
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manecen y se acrecientan. Indudablemente es desconcertante observar
que más que identificar “buenas prácticas” el problema es llevarlas a la
práctica realmente (si todo lo señalado se hiciera y bien, podría pensarse
que otro sería el panorama).
Lo anterior obliga a poner sobre el tapete la evaluación tanto de los
diseños, la ejecución y la aplicación de mecanismos y estrategias, más
que de los fundamentos criminológicos, sociológicos y políticos-
doctrinales de estos.
De esta forma, a la luz de las distintas experiencias sería necesario
que en las intervenciones en América Latina se aseguren diversas condi-
ciones y requisitos que ayudarían a la eficacia del sistema de seguridad
ciudadana13 (principal componente generalmente ausente en nuestros
países), tales como:
1) trabajar sobre la base de un diagnóstico compartido, oportuno,
fundado técnica y empíricamente, sobre la(s) naturaleza(s)
del(os) problema(s), la(s) prioridad(es) y el (los) efecto(s);
2) una planificación y ejecución eficiente, guiada por indicadores
e índices de resultado e impacto;
3) la reformulación e innovación en las estrategias atendiendo a
las diversas realidades;
4) la implementación de “políticas públicas” donde el liderazgo, la
coalición y la participación es efectiva y “productiva”; y
5) la existencia de una institucionalidad con respaldo político, ju-
rídico, técnico y económico adecuado, entre otros factores.
13 “Apropiación de las experiencias internacionales”, en: Políticas de Seguridad
Ciudadana en Europa y América Latina. Lecciones y Desafíos. Ministerio del
Interior de Chile, Banco Interamericano de Desarrollo y Universidad Alberto Hurtado,
Santiago, 2004, págs. 249-343; y también Seguridad ciudadana, participación social y
buen gobierno: el papel de la Policía; M.Chalom, L. Léonard, F. Vanderschueren y C.
Vecina (Edts.), UN-Habitat y Centro Internacional para la Prevención del Crimen-CIPC,
Santiago, 2001.