El documento describe la transición en Chile de una visión de seguridad pública a una perspectiva de seguridad ciudadana durante los años 90. También analiza dos políticas de seguridad implementadas en los últimos 15 años: la Reforma Procesal Penal y el programa "Comuna Segura, Compromiso 100". Respecto a la Reforma Procesal Penal, explica que surgió de un proceso participativo liderado por organizaciones no gubernamentales y universidades que generó consenso sobre la necesidad de reformar el sistema inquisitivo y que contó con la participación experta
La politica de seguridad ciudadana_IAFJSRMauri Rojas
Este documento analiza la política de seguridad ciudadana en Venezuela desde 1999 hasta 2005. Se argumenta que los cambios constitucionales de 1999 introdujeron el concepto de seguridad ciudadana para reemplazar el tradicional modelo basado en el orden público. Sin embargo, la ley penal se ha correspondido más con una política criminal de emergencia y respuestas contingentes que han justificado la multiplicación de las funciones represivas del Estado, en lugar de guardar correspondencia con los objetivos constitucionales. El documento concluye que, a pesar de los cambios constitucionales, la política
El documento define la política criminal como el conjunto de respuestas que adopta un Estado para hacer frente a conductas consideradas socialmente reprochables, con el fin de proteger los intereses del Estado y los derechos de sus ciudadanos. Estas respuestas pueden ser de índole social, jurídica, económica, cultural o administrativa. La política criminal se ocupa especialmente del funcionamiento del sistema penal a través de la criminalización primaria, secundaria y terciaria. Su objetivo es estudiar los comportamientos criminalizados y posibles respuestas para enfrentar
El documento describe la situación de violencia e inseguridad en El Salvador al inicio de la nueva gestión de gobierno en 2009, señalando que el país tenía tasas de homicidios superiores a 50 por cada 100,000 habitantes y que la mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes. También destaca que el delito de extorsión había aumentado significativamente desde 2005. Adicionalmente, describe brevemente el estado de las instituciones de seguridad pública en ese momento, identificando retos como la falta de coordinación, corrupción y limit
Este documento discute la relación entre la gerencia social, los derechos humanos y la ética como servidores públicos, y sus implicaciones para fortalecer la seguridad. Argumenta que la gerencia social moderna requiere comprender los desafíos sociales, culturales y económicos, y promover el desarrollo con equidad y democracia. También enfatiza la importancia de respetar los derechos humanos y actuar de manera ética para restaurar la confianza en las instituciones policiales, las cuales se enfrentan a
Principios fundamentales del dº administrativoMirta Henriquez
Este documento describe tres principios fundamentales del derecho administrativo:
1) El principio de juridicidad, que establece que las autoridades públicas deben actuar dentro del marco legal.
2) El principio de protección de los derechos subjetivos, que garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos en sus interacciones con la administración.
3) El principio de control judicial de la actividad administrativa.
Responsabilidad Penal de Adolescentes y Justicia Restaurativa - Gerardo Jack ...GerSanGal
Este documento discute la responsabilidad penal de los adolescentes y la justicia restaurativa. Explica que los adolescentes están sujetos a investigaciones penales y medidas socioeducativas si se demuestra su responsabilidad por actos infractores. También introduce el concepto de justicia restaurativa, un proceso que involucra a la víctima, infractor y comunidad para formular sentencias a través de mediación y restaurar el daño causado. El autor argumenta que este enfoque podría lograr el interés superior del adolescente y frenar la delincuencia juvenil.
Trabajo taller normas, legislacion y etica gestion documentalÂñdRés S J
Este documento describe la normatividad y legislación relacionada con el derecho a la información y el acceso a la información en Colombia. Explica que el derecho a la información es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y es indispensable para la democracia y el control ciudadano. También define los tipos de información (pública, semiprivada, privada y reservada) y los artículos constitucionales relevantes sobre el derecho a la información y el acceso a documentos públicos.
El documento discute los conceptos clave del Estado Social de Derecho, incluyendo que los principios constitucionales establecen deberes jurídicos generales que restringen el espacio de interpretación, mientras que los valores constitucionales establecen fines. También explica que los jueces cumplen un papel importante en un Estado Social de Derecho al defender los derechos de los ciudadanos y los principios democráticos a través del control jurisdiccional. Además, un derecho fundamental requiere una conexión directa con los principios y efic
La politica de seguridad ciudadana_IAFJSRMauri Rojas
Este documento analiza la política de seguridad ciudadana en Venezuela desde 1999 hasta 2005. Se argumenta que los cambios constitucionales de 1999 introdujeron el concepto de seguridad ciudadana para reemplazar el tradicional modelo basado en el orden público. Sin embargo, la ley penal se ha correspondido más con una política criminal de emergencia y respuestas contingentes que han justificado la multiplicación de las funciones represivas del Estado, en lugar de guardar correspondencia con los objetivos constitucionales. El documento concluye que, a pesar de los cambios constitucionales, la política
El documento define la política criminal como el conjunto de respuestas que adopta un Estado para hacer frente a conductas consideradas socialmente reprochables, con el fin de proteger los intereses del Estado y los derechos de sus ciudadanos. Estas respuestas pueden ser de índole social, jurídica, económica, cultural o administrativa. La política criminal se ocupa especialmente del funcionamiento del sistema penal a través de la criminalización primaria, secundaria y terciaria. Su objetivo es estudiar los comportamientos criminalizados y posibles respuestas para enfrentar
El documento describe la situación de violencia e inseguridad en El Salvador al inicio de la nueva gestión de gobierno en 2009, señalando que el país tenía tasas de homicidios superiores a 50 por cada 100,000 habitantes y que la mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes. También destaca que el delito de extorsión había aumentado significativamente desde 2005. Adicionalmente, describe brevemente el estado de las instituciones de seguridad pública en ese momento, identificando retos como la falta de coordinación, corrupción y limit
Este documento discute la relación entre la gerencia social, los derechos humanos y la ética como servidores públicos, y sus implicaciones para fortalecer la seguridad. Argumenta que la gerencia social moderna requiere comprender los desafíos sociales, culturales y económicos, y promover el desarrollo con equidad y democracia. También enfatiza la importancia de respetar los derechos humanos y actuar de manera ética para restaurar la confianza en las instituciones policiales, las cuales se enfrentan a
Principios fundamentales del dº administrativoMirta Henriquez
Este documento describe tres principios fundamentales del derecho administrativo:
1) El principio de juridicidad, que establece que las autoridades públicas deben actuar dentro del marco legal.
2) El principio de protección de los derechos subjetivos, que garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos en sus interacciones con la administración.
3) El principio de control judicial de la actividad administrativa.
Responsabilidad Penal de Adolescentes y Justicia Restaurativa - Gerardo Jack ...GerSanGal
Este documento discute la responsabilidad penal de los adolescentes y la justicia restaurativa. Explica que los adolescentes están sujetos a investigaciones penales y medidas socioeducativas si se demuestra su responsabilidad por actos infractores. También introduce el concepto de justicia restaurativa, un proceso que involucra a la víctima, infractor y comunidad para formular sentencias a través de mediación y restaurar el daño causado. El autor argumenta que este enfoque podría lograr el interés superior del adolescente y frenar la delincuencia juvenil.
Trabajo taller normas, legislacion y etica gestion documentalÂñdRés S J
Este documento describe la normatividad y legislación relacionada con el derecho a la información y el acceso a la información en Colombia. Explica que el derecho a la información es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y es indispensable para la democracia y el control ciudadano. También define los tipos de información (pública, semiprivada, privada y reservada) y los artículos constitucionales relevantes sobre el derecho a la información y el acceso a documentos públicos.
El documento discute los conceptos clave del Estado Social de Derecho, incluyendo que los principios constitucionales establecen deberes jurídicos generales que restringen el espacio de interpretación, mientras que los valores constitucionales establecen fines. También explica que los jueces cumplen un papel importante en un Estado Social de Derecho al defender los derechos de los ciudadanos y los principios democráticos a través del control jurisdiccional. Además, un derecho fundamental requiere una conexión directa con los principios y efic
La política criminal se refiere al conjunto de medidas que utiliza el estado para enfrentar la criminalidad a través de la prevención, represión y control del delito. La política criminal busca implementar las formas más efectivas para lograr los objetivos del derecho penal de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria, considerando factores sociales y legislativos, con un enfoque preventivo.
El documento discute la política criminológica. Señala que la política criminológica no se limita a la legislación, sino que también involucra medidas preventivas. La política criminológica requiere un enfoque multidisciplinario e involucra a legisladores, autoridades y especialistas. También debe estar vinculada a la política social y de desarrollo para abordar los factores subyacentes de la delincuencia.
Propuesta de la unam en materia de seguridad y justicia en democraciaPérez Esquer
Propuesta de seguridad y justicia que nos presentó el Rector José Narro Robles en la reunión plenaria del GPPAN en Morelia el pasado 25 de agosto de 2011.
Alcance de las acciones populares contratación estatalManuel Bedoya D
Este documento analiza el alcance de las acciones populares que protegen la moral administrativa en el caso de la contratación estatal en Colombia. Inicialmente define los conceptos de moral administrativa, interés público e interés colectivo. Luego describe las herramientas constitucionales y legales para defender la moralidad administrativa, como las acciones populares. Finalmente estudia la viabilidad jurídica de las acciones populares en casos de contratación pública indebida.
1. El documento trata sobre la prevención del crimen en un estado social y democrático de derecho. Define la prevención del crimen y discute diferentes modelos como el clásico y el neoclásico.
2. También analiza los conceptos de prevención primaria, secundaria y terciaria. Concluye que un modelo efectivo de prevención del crimen requiere abordar las causas sociales y no solo medidas represivas.
3. Finalmente, examina el control social penal y la necesidad de que este se base en garantías individuales y dere
ENJ-400 Principios Generales del Derecho AdministrativoENJ
Este documento describe los principios generales del derecho administrativo en República Dominicana según la Constitución de 2010. Estos principios incluyen la legalidad, la verdad material, la buena fe, la razonabilidad, la imparcialidad, la eficacia, la economía, la publicidad, la transparencia y la proporcionalidad. La administración pública debe guiarse por estos principios al tomar decisiones y actuar para servir a los ciudadanos de manera justa y eficiente.
Este documento presenta una introducción al Derecho Penal en Honduras. Explica que el Derecho Penal sirve como un mecanismo de control social que identifica comportamientos inaceptables y establece sanciones. Distingue entre el Derecho Penal objetivo, que son las normas legales, y el subjetivo, que es la facultad del Estado para crear y aplicar esas normas. Finalmente, discute conceptos como delito, pena, estado peligroso y medida de seguridad, y establece que el Derecho Penal regula el poder
Martes 24 de septiembre 2.3 y 2.4 derecho penalaalcalar
Este documento discute la política criminal y la biología criminal. Explica que la política criminal analiza los factores de la criminalidad para orientar la legislación penal. Describe tres posturas básicas de la política criminal: la corriente abolicionista, la corriente resocializadora y la corriente garantista. También explica que la biología criminal estudia al delincuente como un ser vivo, considerando factores como los antecedentes genéticos y procesos fisiológicos, y cómo estos influyen en la criminalidad.
ENJ-1-400- Derechos Fundamentales y Ordenamiento LaboralENJ
Este documento presenta un resumen de un libro sobre los derechos fundamentales y el ordenamiento laboral. Explica conceptos clave como derechos fundamentales, dignidad humana y aplicación directa. Describe los contenidos del libro, incluyendo la jerarquía constitucional de los derechos y su función como principios y valores que irradian todo el ordenamiento jurídico.
Este documento presenta la propuesta para un Diplomado sobre Acceso a la Información Pública con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los servidores públicos sobre este derecho fundamental. El diplomado consta de 7 módulos con un total de 80 horas que abordan temas como el marco histórico y conceptual del derecho, los estándares internacionales, el análisis de la Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala, y experiencias sobre su implementación. El diplomado se llevará a cabo en las instalaciones del IN
Deberes formales del contribuyente, PNF ADMINISTRACIONmisimimor
Este documento presenta el programa de la unidad curricular "Legislación para la Administración Pública y Privada". La unidad se divide en cuatro secciones: 1) Conceptos fundamentales de la legislación, 2) Constitución y estructura del Estado venezolano, 3) Aspectos de las normas de seguridad social y el INCE, y 4) Relaciones laborales. El objetivo es analizar los fundamentos jurídicos básicos de la administración pública y privada. Se explican conceptos como norma jurídica, clasificación de leyes, y
La concepción de la seguridad ciudadana entre 25/5/2003 y 9/12/2015María Ernestina ALONSO
Este es uno de los textos de profundización conceptual propuestos en el Curso Virtual "Pensar y Hacer la Seguridad con las Escuelas", elaborado por la Subsecretaría de Planeamiento y Formación y la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Nación, durante el año 2015, para ser desarrollado en la plataforma del Programa Nacional de Formación Permante "Nuestra Escuela" del Ministerio de Educación de la Nación.
Antecedentes de las nuevas perspectivas en seguridad ciudadana adoptadas por Néstor Kirchner y la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación en 12/2010.
Este documento resume la política criminal como una guía hecha por expertos criminólogos para reducir la criminalidad y reinsertar a los delincuentes a la sociedad. Sin embargo, en México las autoridades no suelen seguir estas guías y en su lugar aplican programas de prevención de manera general sin considerar los factores específicos en cada área. Además, los centros penitenciarios no son dirigidos por criminólogos, lo que dificulta la rehabilitación de los delincuentes. Se necesita una política criminal integral y basada en la evidencia para mejor
Nuevas estrategias para la política criminológicaWael Hikal
El documento discute la necesidad de adoptar nuevas estrategias para la política criminológica, ya que las estrategias represivas actuales no están previniendo efectivamente a los grupos vulnerables propensos a convertirse en criminales. Argumenta que la criminalidad debe abordarse desde diversas perspectivas actualizadas y basadas en conocimientos científicos, en lugar de sólo medidas punitivas. También resalta la importancia de la prevención del delito y propone que debe ser manejada por criminólogos u otros profesionales especializados.
La política criminal se refiere al conjunto de medidas que utiliza el estado para enfrentar la criminalidad a través de la prevención, represión y control del delito. Busca implementar los medios más adecuados para hacer efectivo el derecho penal y contrarrestar la criminalidad. Incluye conceptos como la profilaxis, la reacción social y el control social.
Este boletín presenta reflexiones sobre cómo mejorar las políticas de seguridad pública en América Latina. Se destacan algunos avances como la reducción de homicidios en algunos países y el aumento de la profesionalización de la policía. Sin embargo, los desafíos continúan siendo grandes debido a la alta tasa de delitos violentos y la falta de coordinación institucional. Para mejorar, se requiere más información confiable, un mejor análisis de datos, y definir con precisión los problemas locales de seguridad.
ENJ-400 Módulo III - Principios generales y derechos fundamentales de los niñ...ENJ
ENJ-400 Presentación del Módulo III del curso Juez de Paz de Niños, Niñas y Adolescentes, referente a Principios generales y derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes
Este documento presenta un análisis del delito de abuso de autoridad en el derecho peruano. Explica que en un estado democrático, el poder del estado sobre los ciudadanos debe ejercerse con límites. Luego resume la evolución del delito de abuso de autoridad en el código penal peruano desde 1924 hasta la actualidad, destacando las propuestas de reforma de la Corte Suprema en 2010 y 2011. Finalmente, analiza las consideraciones de la Comisión de Justicia del Congreso que llevaron al rechazo parcial de
El documento delinea la estructura y funcionamiento de un sistema de seguridad ciudadana a nivel nacional en Ecuador. Explica que la seguridad ciudadana involucra no solo al estado sino también a la ciudadanía y organizaciones civiles. También describe un programa de seguridad ciudadana en Uruguay que promueve la participación comunitaria, prevención de la violencia y mejora la percepción de seguridad a través de centros comunitarios y capacitación.
El documento delinea la estructura y funcionamiento de un sistema de seguridad ciudadana a nivel nacional en Ecuador. Explica que la seguridad ciudadana involucra no solo al estado sino también a la ciudadanía y organizaciones civiles. También describe un programa de seguridad ciudadana en Uruguay que promueve la participación comunitaria, prevención de la violencia y mejora la percepción de seguridad a través de centros comunitarios y capacitación.
Componentes para el diseño e implementación de políticas de seguridad Patricio Tudela Poblete
Este documento describe los principales desafíos para las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina. Explica que la inseguridad ya no es solo un problema focalizado, sino un problema social generalizado que requiere respuestas innovadoras. También destaca la necesidad de adoptar un enfoque integral basado en la doctrina de seguridad democrática y la prevención a través de estrategias que involucren a múltiples actores estatales y no estatales.
Este documento presenta el calendario de actividades de la Unidad 1 del curso Actuación de los cuerpos de seguridad. Incluye tres actividades que analizan casos relacionados a la actuación policial como el caso Tláhuac y el caso Atenco. También incluye una actividad de autorreflexión y una lista de fuentes de consulta.
La política criminal se refiere al conjunto de medidas que utiliza el estado para enfrentar la criminalidad a través de la prevención, represión y control del delito. La política criminal busca implementar las formas más efectivas para lograr los objetivos del derecho penal de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria, considerando factores sociales y legislativos, con un enfoque preventivo.
El documento discute la política criminológica. Señala que la política criminológica no se limita a la legislación, sino que también involucra medidas preventivas. La política criminológica requiere un enfoque multidisciplinario e involucra a legisladores, autoridades y especialistas. También debe estar vinculada a la política social y de desarrollo para abordar los factores subyacentes de la delincuencia.
Propuesta de la unam en materia de seguridad y justicia en democraciaPérez Esquer
Propuesta de seguridad y justicia que nos presentó el Rector José Narro Robles en la reunión plenaria del GPPAN en Morelia el pasado 25 de agosto de 2011.
Alcance de las acciones populares contratación estatalManuel Bedoya D
Este documento analiza el alcance de las acciones populares que protegen la moral administrativa en el caso de la contratación estatal en Colombia. Inicialmente define los conceptos de moral administrativa, interés público e interés colectivo. Luego describe las herramientas constitucionales y legales para defender la moralidad administrativa, como las acciones populares. Finalmente estudia la viabilidad jurídica de las acciones populares en casos de contratación pública indebida.
1. El documento trata sobre la prevención del crimen en un estado social y democrático de derecho. Define la prevención del crimen y discute diferentes modelos como el clásico y el neoclásico.
2. También analiza los conceptos de prevención primaria, secundaria y terciaria. Concluye que un modelo efectivo de prevención del crimen requiere abordar las causas sociales y no solo medidas represivas.
3. Finalmente, examina el control social penal y la necesidad de que este se base en garantías individuales y dere
ENJ-400 Principios Generales del Derecho AdministrativoENJ
Este documento describe los principios generales del derecho administrativo en República Dominicana según la Constitución de 2010. Estos principios incluyen la legalidad, la verdad material, la buena fe, la razonabilidad, la imparcialidad, la eficacia, la economía, la publicidad, la transparencia y la proporcionalidad. La administración pública debe guiarse por estos principios al tomar decisiones y actuar para servir a los ciudadanos de manera justa y eficiente.
Este documento presenta una introducción al Derecho Penal en Honduras. Explica que el Derecho Penal sirve como un mecanismo de control social que identifica comportamientos inaceptables y establece sanciones. Distingue entre el Derecho Penal objetivo, que son las normas legales, y el subjetivo, que es la facultad del Estado para crear y aplicar esas normas. Finalmente, discute conceptos como delito, pena, estado peligroso y medida de seguridad, y establece que el Derecho Penal regula el poder
Martes 24 de septiembre 2.3 y 2.4 derecho penalaalcalar
Este documento discute la política criminal y la biología criminal. Explica que la política criminal analiza los factores de la criminalidad para orientar la legislación penal. Describe tres posturas básicas de la política criminal: la corriente abolicionista, la corriente resocializadora y la corriente garantista. También explica que la biología criminal estudia al delincuente como un ser vivo, considerando factores como los antecedentes genéticos y procesos fisiológicos, y cómo estos influyen en la criminalidad.
ENJ-1-400- Derechos Fundamentales y Ordenamiento LaboralENJ
Este documento presenta un resumen de un libro sobre los derechos fundamentales y el ordenamiento laboral. Explica conceptos clave como derechos fundamentales, dignidad humana y aplicación directa. Describe los contenidos del libro, incluyendo la jerarquía constitucional de los derechos y su función como principios y valores que irradian todo el ordenamiento jurídico.
Este documento presenta la propuesta para un Diplomado sobre Acceso a la Información Pública con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los servidores públicos sobre este derecho fundamental. El diplomado consta de 7 módulos con un total de 80 horas que abordan temas como el marco histórico y conceptual del derecho, los estándares internacionales, el análisis de la Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala, y experiencias sobre su implementación. El diplomado se llevará a cabo en las instalaciones del IN
Deberes formales del contribuyente, PNF ADMINISTRACIONmisimimor
Este documento presenta el programa de la unidad curricular "Legislación para la Administración Pública y Privada". La unidad se divide en cuatro secciones: 1) Conceptos fundamentales de la legislación, 2) Constitución y estructura del Estado venezolano, 3) Aspectos de las normas de seguridad social y el INCE, y 4) Relaciones laborales. El objetivo es analizar los fundamentos jurídicos básicos de la administración pública y privada. Se explican conceptos como norma jurídica, clasificación de leyes, y
La concepción de la seguridad ciudadana entre 25/5/2003 y 9/12/2015María Ernestina ALONSO
Este es uno de los textos de profundización conceptual propuestos en el Curso Virtual "Pensar y Hacer la Seguridad con las Escuelas", elaborado por la Subsecretaría de Planeamiento y Formación y la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Nación, durante el año 2015, para ser desarrollado en la plataforma del Programa Nacional de Formación Permante "Nuestra Escuela" del Ministerio de Educación de la Nación.
Antecedentes de las nuevas perspectivas en seguridad ciudadana adoptadas por Néstor Kirchner y la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación en 12/2010.
Este documento resume la política criminal como una guía hecha por expertos criminólogos para reducir la criminalidad y reinsertar a los delincuentes a la sociedad. Sin embargo, en México las autoridades no suelen seguir estas guías y en su lugar aplican programas de prevención de manera general sin considerar los factores específicos en cada área. Además, los centros penitenciarios no son dirigidos por criminólogos, lo que dificulta la rehabilitación de los delincuentes. Se necesita una política criminal integral y basada en la evidencia para mejor
Nuevas estrategias para la política criminológicaWael Hikal
El documento discute la necesidad de adoptar nuevas estrategias para la política criminológica, ya que las estrategias represivas actuales no están previniendo efectivamente a los grupos vulnerables propensos a convertirse en criminales. Argumenta que la criminalidad debe abordarse desde diversas perspectivas actualizadas y basadas en conocimientos científicos, en lugar de sólo medidas punitivas. También resalta la importancia de la prevención del delito y propone que debe ser manejada por criminólogos u otros profesionales especializados.
La política criminal se refiere al conjunto de medidas que utiliza el estado para enfrentar la criminalidad a través de la prevención, represión y control del delito. Busca implementar los medios más adecuados para hacer efectivo el derecho penal y contrarrestar la criminalidad. Incluye conceptos como la profilaxis, la reacción social y el control social.
Este boletín presenta reflexiones sobre cómo mejorar las políticas de seguridad pública en América Latina. Se destacan algunos avances como la reducción de homicidios en algunos países y el aumento de la profesionalización de la policía. Sin embargo, los desafíos continúan siendo grandes debido a la alta tasa de delitos violentos y la falta de coordinación institucional. Para mejorar, se requiere más información confiable, un mejor análisis de datos, y definir con precisión los problemas locales de seguridad.
ENJ-400 Módulo III - Principios generales y derechos fundamentales de los niñ...ENJ
ENJ-400 Presentación del Módulo III del curso Juez de Paz de Niños, Niñas y Adolescentes, referente a Principios generales y derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes
Este documento presenta un análisis del delito de abuso de autoridad en el derecho peruano. Explica que en un estado democrático, el poder del estado sobre los ciudadanos debe ejercerse con límites. Luego resume la evolución del delito de abuso de autoridad en el código penal peruano desde 1924 hasta la actualidad, destacando las propuestas de reforma de la Corte Suprema en 2010 y 2011. Finalmente, analiza las consideraciones de la Comisión de Justicia del Congreso que llevaron al rechazo parcial de
El documento delinea la estructura y funcionamiento de un sistema de seguridad ciudadana a nivel nacional en Ecuador. Explica que la seguridad ciudadana involucra no solo al estado sino también a la ciudadanía y organizaciones civiles. También describe un programa de seguridad ciudadana en Uruguay que promueve la participación comunitaria, prevención de la violencia y mejora la percepción de seguridad a través de centros comunitarios y capacitación.
El documento delinea la estructura y funcionamiento de un sistema de seguridad ciudadana a nivel nacional en Ecuador. Explica que la seguridad ciudadana involucra no solo al estado sino también a la ciudadanía y organizaciones civiles. También describe un programa de seguridad ciudadana en Uruguay que promueve la participación comunitaria, prevención de la violencia y mejora la percepción de seguridad a través de centros comunitarios y capacitación.
Componentes para el diseño e implementación de políticas de seguridad Patricio Tudela Poblete
Este documento describe los principales desafíos para las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina. Explica que la inseguridad ya no es solo un problema focalizado, sino un problema social generalizado que requiere respuestas innovadoras. También destaca la necesidad de adoptar un enfoque integral basado en la doctrina de seguridad democrática y la prevención a través de estrategias que involucren a múltiples actores estatales y no estatales.
Este documento presenta el calendario de actividades de la Unidad 1 del curso Actuación de los cuerpos de seguridad. Incluye tres actividades que analizan casos relacionados a la actuación policial como el caso Tláhuac y el caso Atenco. También incluye una actividad de autorreflexión y una lista de fuentes de consulta.
Este documento presenta un balance de la investigación sobre seguridad ciudadana en el Perú entre 2011 y 2016, así como una agenda de investigación propuesta para 2017-2021. El balance muestra que si bien se han realizado estudios exploratorios sobre temas como homicidios, violencia contra las mujeres, delitos patrimoniales y crimen organizado, falta una agenda integral de investigación con enfoque multidisciplinario. La agenda propuesta se centra en cuatro líneas de investigación: 1) estudios aplicados sobre sistemas de información, 2) estudios sobre las causas de la violencia y
Este documento describe el nuevo modelo policial comunitario y de prevención del delito en México. Resalta la importancia de la profesionalización policial a través de la capacitación, el cumplimiento de normas internacionales de derechos humanos, y la investigación científica del crimen. También enfatiza la necesidad de una estrecha colaboración entre la policía y la comunidad para identificar y resolver problemas.
El documento describe la evolución del crimen organizado y transnacional y los esfuerzos del gobierno mexicano para combatirlo, incluyendo la reforma del sistema penitenciario en 2008 para enfocarse en la reinserción social de los reclusos. También discute proyectos futuros como una nueva ley del sistema penitenciario y la creación de un centro nacional para la clasificación y tratamiento inicial de reclusos.
Este documento resume las políticas públicas de seguridad en Chile. Define las políticas públicas como cursos de acción implementados por el gobierno para resolver problemas prioritarios de los ciudadanos. Explica que las políticas de seguridad buscan controlar la violencia y el delito a través de la prevención, investigación y persecución penal. Describe el Plan Chile Seguro 2010-2014 lanzado por el gobierno chileno para reducir los delitos y aumentar la seguridad. Finalmente, justifica la elección de analizar la política de seguridad debido a los alt
Este documento resume una política pública de seguridad en Chile. Explica que el país tiene altos índices de delincuencia que afectan la calidad de vida de las personas. El gobierno chileno lanzó un plan para 2014-2010 con el objetivo de reducir los delitos. La política requiere una inversión anual de $171.826 millones pesos chilenos para financiar programas de seguridad, rehabilitación y apoyo a víctimas.
Ensayo Garantia de politica publica.docxkarenpiray43
Este documento analiza las garantías constitucionales de las políticas públicas en Ecuador. Explica que las políticas públicas son acciones del gobierno destinadas al bienestar de la población y deben seguir los pasos de formulación, ejecución, evaluación y control. También presenta un caso en el que dos organizaciones solicitaron medidas cautelares contra el Ministerio de Salud debido a que dejaron de suministrar medicamentos a personas con VIH, poniendo sus vidas en riesgo. El juez aceptó las medidas cautelares reconociendo la graved
Ensayo Garantia de politica publica.docxkarenpiray43
Este documento analiza las garantías constitucionales de las políticas públicas establecidas en la Constitución ecuatoriana. Explica que las políticas públicas son acciones del gobierno orientadas a beneficiar a la población. Luego describe los pasos que deben seguir las políticas públicas: formulación, ejecución, evaluación y control. Finalmente, resume un caso judicial en el que se ordenó reformular la política pública de medicamentos para pacientes VIH debido a interrupciones en la entrega.
El documento discute la inseguridad pública en México como un problema grave y complejo con múltiples causas. La inseguridad ha aumentado en los últimos años debido a factores como la globalización, las redes criminales y la falta de legitimidad del estado. Además, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos se ha incrementado a pesar de que no siempre refleja la realidad criminal. Se requieren soluciones integrales de largo plazo que aborden las raíces estructurales de la inseguridad más que acciones policiales in
Este documento resume la política criminal como una guía hecha por expertos criminólogos para reducir la criminalidad y reinsertar a los delincuentes a la sociedad. Sin embargo, en México las autoridades no suelen seguir estas guías y en su lugar aplican programas de prevención de manera general sin considerar los factores específicos en cada área. Además, los centros penitenciarios no son dirigidos por criminólogos, lo que dificulta la rehabilitación de los delincuentes. Se necesita una política criminal integral y basada en la evidencia para mejor
Este documento discute la importancia de la criminología como base para una nueva política criminológica en México. Explica que la criminología, como ciencia interdisciplinaria, puede proveer los niveles de análisis necesarios (crimen, criminal y criminalidad) para establecer un modelo que respete los derechos humanos y sirva como eje del nuevo proceso penal. También destaca la necesidad de que la política criminológica incorpore conceptos como derechos humanos, seguridad ciudadana y controles de convencionalidad.
El documento describe la evolución de la delincuencia en la provincia de Buenos Aires en los últimos 15 años, la cual aumentó un 425%. También señala que los planes de seguridad implementados no han abordado las causas multifactoriales de la criminalidad de manera integral. Propone que se necesita una política de seguridad que involucre a todas las instituciones relacionadas y ataque las causas socioeconómicas subyacentes.
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PERÚ 2013-2018UNE
Este documento presenta el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 del Perú. El plan tiene como objetivo reducir la criminalidad y violencia en el país a través de seis objetivos estratégicos clave en los próximos 5 años, incluyendo mejorar el sistema de justicia y fortalecer a la policía nacional. Reconoce que la seguridad ciudadana es un problema complejo que requiere un enfoque integral e intersectorial para abordar sus múltiples causas y mejorar la convivencia pacífica en el Perú.
deontologia policial venezolana y un nuevo modelo.docxrrhhcupazepb
El documento habla sobre la transformación del modelo policial en Venezuela. Se está implementando un nuevo sistema policial que respeta los derechos humanos a través de la Policía Nacional Bolivariana. Este nuevo modelo tiene un alto nivel de aceptación popular, alrededor del 90%. También se está implementando un plan piloto para rastrear vehículos de transporte público y mejorar la seguridad de pasajeros y conductores.
El documento discute la prisión preventiva como medida cautelar en el sistema judicial peruano. Explica que la prisión preventiva tiene una naturaleza provisional y fines estrictamente procesales como asegurar la presencia del acusado en el juicio y la efectividad de la sentencia, no punitivos. También enfatiza que la prisión preventiva solo debe usarse cuando sea absolutamente indispensable y por el tiempo mínimo necesario, acudiendo a otras medidas menos restrictivas cuando sea posible, a fin de respetar las garantías fundamentales de los imputados.
Este documento presenta cuatro artículos sobre políticas de seguridad ciudadana en América Latina. El primer artículo analiza cómo factores políticos influyen en el diseño e implementación de estas políticas. El segundo examina las razones por las cuales no se ha reformado la policía en Perú. El tercero evalúa críticamente la descentralización de políticas de seguridad pública en Brasil. Y el cuarto analiza la aplicación del modelo de policía comunitaria en la región y si puede institucionalizarse allí. En general, el
Atlas de Bienestar y Seguridad Cuauhtémococcuauhtemoc
Este documento resume los antecedentes del proyecto para estudiar la incidencia delictiva en Ciudad Cuauhtémoc. En 2009 empresarios locales financiaron un estudio sobre seguridad en Ciudad Juárez y Chihuahua que dio lugar a varias iniciativas ciudadanas para abordar el problema de la delincuencia. En 2012 se establecieron el Observatorio Ciudadano de Chihuahua y el Observatorio Ciudadano de Cuauhtémoc para orientar a las autoridades, evaluar intervenciones, y observar programas de seguridad pública con el objetivo
Sistematización-Plan por un Santiago más Seguroinsidemmanuel
Este documento resume un plan de intervención en zonas vulnerables de Santiago, Chile con el objetivo de aumentar la seguridad pública. El plan se basa en la coordinación de agencias policiales, municipales e instituciones para modificar las condiciones que facilitan la ocurrencia de delitos a través de estrategias como aumentar la vigilancia policial, mejorar el entorno urbano y fomentar el orden ciudadano. El diagnóstico inicial se centra en áreas con alta densidad de denuncias de delitos contra las personas. El plan propone un modelo de intervención bas
El documento describe un diplomado en gestión pública efectiva ofrecido por la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología. El diplomado busca desarrollar las capacidades directivas de los participantes a través de seis módulos que cubren temas como gestión pública, desarrollo de habilidades, recursos humanos, y descentralización. El programa dura 140 horas repartidas en martes y jueves por la tarde y otorga un diploma en gestión pública a quien
El documento presenta estadísticas sobre denuncias de delitos de mayor connotación social y violencia intrafamiliar en Chile durante el segundo trimestre de 2010. Muestra que la tasa de denuncias por estos delitos ha ido disminuyendo gradualmente desde 1997 a 2010, con una tasa de reducción del 9.8% cada año. Finalmente, incluye un gráfico de línea que ilustra la tendencia a la baja de la tasa de denuncias por trimestre entre 1997 y el segundo trimestre de 2010.
El documento presenta el Plan Chile Seguro para combatir la delincuencia en Chile. El plan contempla cinco áreas: 1) prevención del surgimiento de carreras delictivas a través de intervenciones en colegios vulnerables y campañas contra el alcohol y las drogas, 2) prevención situacional mediante espacios públicos más seguros y mayor presencia policial, 3) sancionar a delincuentes mediante mejor control de medidas cautelares y penas alternativas, 4) apoyar a víctimas a través de atención integral y 5) re
La evidencia empírica muestra que los programas de intervención penitenciaria y reinserción social que siguen el modelo de riesgo-necesidad-responsividad pueden reducir la reincidencia. Este modelo establece que la intervención debe ajustarse al nivel de riesgo, abordar las necesidades criminogénicas como el abuso de sustancias, y considerar las características individuales. Los principales factores de riesgo que deben ser objeto de intervención son los patrones de comportamiento y personalidad antisociales, así como deficiencias cognitivas
Ponencia especializacion por delito 2004insidemmanuel
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1. ISSN 0717-9987
en foco 85
Participación en políticas
de seguridad ciudadana
Javiera Blanco y Gonzalo Vargas
2. Participación en políticas de seguridad ciudadana
Antecedentes: De la seguridad pública a la seguridad ciudadana
Aunque el problema de la delincuencia ha existido desde siempre en nuestro
país, solo a partir de los 90 se convierte en un problema social y político. Durante
esa década se produce una paulatina transición desde una visión más tradicional de
seguridad pública hacia una nueva perspectiva de seguridad ciudadana.
Tradicionalmente, la seguridad pública se ha entendido como el conjun-
to de condiciones que permiten a las personas un desenvolvimiento normal en
su vida diaria, libre de la posibilidad de ser víctima de actos delictuales, cuya
responsabilidad corresponde única y exclusivamente a los órganos de control.
Esto es, a fuerzas policiales, de enjuiciamiento y ejecución penal como los úni-
cos sostenedores del monopolio de la fuerza y el poder penal del Estado. En
esta perspectiva, los ciudadanos y sus organizaciones son más bien objetos de
protección pasiva por parte de las insti-
tuciones estatales. Asimismo, la acción
estatal se enfoca fundamentalmente en El concepto de seguridad ciudadana, en cambio,
las consecuencias de los delitos, una propone al ciudadano no solo como objeto de pro-
vez que estos ya han ocurrido. tección, sino que como sujeto activo de su propia
El concepto de seguridad ciuda- seguridad. Asimismo, reconoce que el problema de
dana, en cambio, propone al ciudadano
la inseguridad no proviene únicamente de la falta
no solo como objeto de protección, sino
que como sujeto activo de su propia de acción represiva del Estado, sino que se origina
seguridad. Asimismo, reconoce que fundamentalmente en las condiciones del desarrollo
el problema de la inseguridad no pro- de la vida social.
viene únicamente de la falta de acción
represiva del Estado, sino que se origina fundamentalmente en las condiciones
del desarrollo de la vida social. Por lo tanto, la delincuencia se ve como un pro-
blema social que no puede ser abordado unidimensionalmente. Lentamente se
incorporan conceptos de “co-producción” de seguridad y prevención social y si-
tuacional, al tiempo que aumenta el énfasis en la rehabilitación de los infractores
y en la resolución alternativa de los conflictos penales, entre otros elementos, en
todos los cuales se va introduciendo la participación de diferentes organismos
distintos de los estatales tradicionales.
Si bien en la realidad este cambio de paradigma es lento, impreciso y muchas
veces confuso, poco a poco se va manifestando en la forma de concebir y ejecutar
las políticas públicas de seguridad, una de cuyas principales manifestaciones es la
1
3. Participación en políticas de seguridad ciudadana
creación de diversos espacios de participación. Sin embargo, es preciso reconocer
que la participación no ha sido un criterio coherente en la perspectiva del diseño,
ejecución y control ciudadano (accountability) de las políticas de seguridad. Por
este motivo, más que una descripción analítica del rol de la participación en las
políticas de seguridad, conviene aproximarse al problema desde la perspectiva
de los estudios de caso, que permitan identificar los diferentes criterios y factores
que promueven o inhiben una efectiva participación en este ámbito. Para estos
efectos, a continuación se describe la experiencia de dos de las más importantes
políticas de seguridad implementadas en los últimos 15 años: la Reforma Proce-
sal Penal y el programa “Comuna Segura, Compromiso 100”.
El caso de la Reforma Procesal Penal
A comienzos de los años 90, Chile tenía uno de los sistemas de enjuicia-
miento penal más antiguos de Occidente, compuesto por un sistema inquisitivo
escrito con serios problemas tanto en el ámbito del debido proceso como en su
eficiencia y eficacia. Incluso, cuando se dictó el ya derogado Código de Proce-
dimiento Penal, si bien se reconocía explícitamente que se trataba de un sistema
anacrónico, se estimaba que Chile no tenía las capacidades para ponerse al día
en esta materia.
Durante el último siglo, cada generación realizó sin éxito algún intento de
reforma. Adicionalmente, desde la década de 1980, contando con el apoyo de
varios países desarrollados y organismos internacionales, diversas naciones de
América Latina ya habían iniciado procesos de reforma a su sistema de enjuicia-
miento penal. Chile fue uno de los más rezagados en esta materia. Solo a partir
de 1993, un grupo de académicos de la Corporación de Promoción Universitaria
(CPU) y de la Universidad Diego Portales (UDP), junto a representantes de la
Fundación Paz Ciudadana (FPC), comienzan a liderar el proceso de reforma, el
que se inicia con la creación de un foro civil denominado “Foro de discusión so-
bre los procesos penales”. Este fue integrado por académicos y juristas, quienes,
tras largos períodos de discusión y análisis, y contando con la colaboración de
expertos internacionales, esbozan el primer borrador de proyecto de la Reforma
Procesal Penal (RPP), basado en un sistema adversarial oral.
Además de un nuevo Código Procesal Penal (CPP), el proyecto requería
de una nueva institucionalidad, lo que posteriormente se reflejó en la creación
del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública, así como en una profun-
2
4. Participación en políticas de seguridad ciudadana
da reestructuración de los Juzgados del Crimen para dar paso a los Tribunales de
Garantía y Tribunales Orales en lo Penal.(1)
Posteriormente, presentado este proyecto a las autoridades ejecutivas del
Ministerio de Justicia, ellas asumen la dirección política del proceso de cambio,
el cual en todo momento fue apoyado por el grupo de organizaciones no guber-
namentales, universidades, medios de comunicación y entidades académicas que
entregaron el fundamento técnico y la transversalidad política esencial para el
éxito de este proyecto en su etapa de discusión legislativa. Fruto de este esfuerzo
mancomunado, en 1995 se presenta el proyecto a discusión legislativa, en tanto
que en 1997 se aprueba la modificación constitucional que crea el Ministerio
Público. Posteriormente, también se presentan a discusión en el Congreso otra
serie de leyes que logran aprobarse, entre ellas: Ley Orgánica Constitucional del
Ministerio Público, proyecto de reforma al Código Orgánico de Tribunales y los
proyectos de ley que crearon la Defensoría Penal Pública, así como las corres-
pondientes leyes adecuatorias.
El nuevo sistema comienza a instalarse gradualmente en las regiones del
país a partir del año 2000, proceso que culmina el 2005 con su establecimiento
en la Región Metropolitana. Durante los años 2001 y 2003, por su parte, se cons-
tituyen comisiones de expertos conformadas principalmente por profesionales
de universidades y centros especializados, de las cuales surgen propuestas de
perfeccionamiento legal que fueron oportunamente aprobadas por el Congreso.
Finalmente, durante el año 2005, profesionales del Centro de Estudios de Justi-
cia de las Américas (CEJA), de la Universidad Diego Portales y de Fundación
Paz Ciudadana –las mismas instituciones y especialistas que habían comenzado
el proceso de reforma en 1993– realizan una evaluación de la implementación
de la RPP, cerrando así el ciclo desde el diseño inicial hasta la evaluación del
sistema en marcha. Cabe destacar que dicha evaluación concluyó que el nuevo
sistema estaba produciendo aquello para lo cual había sido proyectado con bas-
tante exactitud, en tanto que observadores extranjeros han calificado a la RPP
chilena como una experiencia modelo en el plano internacional.
El proceso participativo en el marco de la Reforma Procesal Penal, que se
inicia con la constitución de un foro civil en 1994 y finaliza con la llegada de este
(1) Desde la perspectiva de los recursos, la Reforma Procesal Penal ha significado una inversión de aproximadamente
US$ 500 millones, considerando las inversiones en infraestructura física y el gasto de puesta en marcha (primer año
de operaciones).
3
5. Participación en políticas de seguridad ciudadana
nuevo procedimiento de enjuiciamiento criminal a la Región Metropolitana –en
junio de 2005–, basa su éxito en una serie de elementos presentes a lo largo del
diseño, discusión, aprobación e implementación de este proyecto. Entre ellos,
destacan los siguientes:
• Consenso en los círculos de discusión y de expertos en torno a la necesidad
de reformular el sistema procesal inquisitivo, más allá de las voluntades
políticas del momento.
• Generación de espacios concretos de participación de expertos en aspectos
tales como análisis crítico del sistema inquisitivo, propuestas de proyectos
de ley y discusión en el Congreso, participación en el diseño técnico y eco-
nómico de las nuevas instituciones y monitoreo y evaluación del sistema
en su puesta en marcha, entre otros.
• Establecimiento de liderazgos entre las entidades no gubernamentales que
permitieron ordenar y concretizar las ideas existentes (CPU, FPC y UDP).
• Alianza estratégica público-privada (incorporación del Ministerio de Jus-
ticia), a partir de la cual la autoridad política recaba voluntades guberna-
mentales y legislativas para seguir adelante con el proyecto, en tanto que
los entes académicos y no gubernamentales se encargan de su fundamen-
tación teórica y análisis empírico.
• Permanencia del interés público y del apoyo privado por un lapso de más
de 10 años.
• Apoyo de los medios de comunicación al proceso de reforma.
Sin duda, estos elementos permitieron asegurar y dar continuidad a un
proceso de cambio que no solo implicó años de preparación y puesta en mar-
cha, sino que determinó la necesidad de asignar enormes sumas de dinero a
un área hasta entonces reducida del presupuesto nacional, como era el sector
justicia. En este sentido, es necesario señalar que la RPP –y su éxito– marca
el comienzo de una serie de reformas a la justicia como son los Tribunales de
Familia, los Tribunales Laborales y la Ley de Responsabilidad Penal Adoles-
cente, entre otras iniciativas.
En este escenario, y a modo de resumen, es posible mencionar tres ele-
mentos claves que podrían ser replicados en cualquier proceso participativo de
diseño de política: generación de intereses comunes (técnicos por sobre polí-
4
6. Participación en políticas de seguridad ciudadana
ticos), establecimiento de liderazgos (públicos y privados) y estructuración de
canales permanentes de participación (foros y comisiones de evaluación).
Finalmente, es necesario indicar que aunque la RPP registró una inten-
sa participación ciudadana en su diseño e instalación, en ningún momento
hace una definición sobre la idea de
fomentar la participación en la “pro- (...) es necesario indicar que aunque la RPP registró
ducción” de justicia, por cuanto el en- una intensa participación ciudadana en su diseño e
juiciamiento sigue siendo una función
instalación, en ningún momento hace una definición
estatal. No obstante esto, el diseño
contempla un mejoramiento sustancial sobre la idea de fomentar la participación en la “pro-
en el acceso a la justicia tanto para ducción” de justicia, por cuanto el enjuiciamiento
víctimas como imputados, establece sigue siendo una función estatal.
salidas alternativas susceptibles de
una amplia participación de otros organismos –a través de la mediación y
los acuerdos reparatorios– e instaura la licitación de servicios de defensa a
proveedores privados, entre otros elementos.
El caso del programa “Comuna Segura, Compromiso 100”
El año 2000 se creó el programa “Comuna Segura, Compromiso Cien” –al
alero del Ministerio del Interior y con la participación inicial de la Fundación
Paz Ciudadana–, con el doble objetivo de lograr una mejor adecuación de las
políticas de seguridad ciudadana a las necesidades específicas de cada ámbito
local y de abrir espacios de participación a la población en la “producción” de
su propia seguridad. En otras palabras, el propósito era establecer estrategias
locales de reducción de la delincuencia y de la inseguridad.
El diseño básico de este programa contemplaba tres elementos centrales:
(1) Un Consejo de Seguridad Ciudadana Comunal, presidido por el alcalde y
conformado por más de 20 personas representativas de diferentes instituciones
y organizaciones sociales de la comuna; (2) una Secretaría Técnica responsa-
ble de realizar los diagnósticos y planes, apoyar las decisiones del Consejo y
supervisar la ejecución de los proyectos financiados por el Ministerio del Inte-
rior, y (3) un Fondo Concursable de apoyo a los proyectos de seguridad al que
pudieran acceder diferentes instituciones y organizaciones, también provisto
por el Ministerio del Interior.
5
7. Participación en políticas de seguridad ciudadana
La metodología inicial establecía que en cada comuna debía realizarse
un diagnóstico sobre su situación en seguridad ciudadana, a la vez de elabo-
rarse un plan comunal integral, en el cual debían inscribirse los proyectos del
fondo concursable.
Este programa fue concebido –al menos inicialmente– por un lapso de cin-
co años y su idea era abarcar a todas las comunas de más de 70.000 habitantes del
país, las que se irían incorporando de acuerdo a un ranking que las estratificaba
por intensidad y gravedad del problema
(...) la participación social fue considerada como delictivo.(2) En cada comuna se firmó un
uno de los principales criterios del programa,
convenio “comuna-gobierno” que en-
tregaba el respaldo legal necesario para
pretendiéndose que este fuera central tanto en su
la puesta en marcha de este programa.
dirección (por medio de los consejos comunales Como se desprende de lo anterior,
responsables de la dirección estratégica, la prioriza- la participación social fue considerada
ción de problemas y la asignación de fondos) como como uno de los principales criterios
en la ejecución de los proyectos (a través del acceso
del programa, pretendiéndose que este
fuera central tanto en su dirección (por
a los fondos concursables).
medio de los consejos comunales res-
ponsables de la dirección estratégica, la
priorización de problemas y la asignación de fondos) como en la ejecución de los
proyectos (a través del acceso a los fondos concursables).
Si bien en el año 2005 se terminó de instalar este programa en 70 comu-
nas, alcanzando a la fecha un presupuesto acumulado de aproximadamente $14
mil millones, este no ha logrado generar impactos verificables, siendo objeto de
múltiples cuestionamientos. Pese a que no ha habido una evaluación compren-
siva del mismo, es posible adelantar algunas posibles explicaciones para este
problema, en general, muy vinculadas al desafío de hacer que la participación
sea efectiva y no se desvirtúe por otros motivos:
• Por una parte, la participación se circunscribió solo a las políticas de
prevención, excluyendo de este ámbito a las de control. Una estrategia
exitosa debe partir de la consideración que el problema de seguridad
ciudadana es sistémico y, como tal, debe estar integrado por fases de
(2) Posteriormente este ranking varió, ya que se construyó un indicador de vulnerabilidad social que alteró el orden de
ingreso de las comunas.
6
8. Participación en políticas de seguridad ciudadana
prevención, control y rehabilitación. Una falta de visión integral del pro-
blema, o la descoordinación en la aplicación de políticas de uno y otro
nivel, genera incoherencias y desgaste innecesario de recursos. Lo ante-
rior se ha observado no solo en los niveles locales, sino especialmente en
el desarrollo de líneas de trabajo del nivel central, entre ellos, Comuna
Segura, Barrio Seguro y Planes Regionales Antidelincuencia. Así, la par-
ticipación en materias de prevención, absolutamente distanciadas de las
actividades de control, está destinada a duplicar, desconocer y, finalmen-
te, fracasar en el logro de impactos en relación con un problema que por
definición es integral.
• En segundo lugar, el programa no focalizó el interés en torno a necesida-
des comunes, básicamente por un mal manejo de los tiempos y por falta
de capacitación, circunscribiéndose a la asignación de fondos (con lo cual
se “fondizó”). En relación con el manejo de tiempos, faltó elaborar cro-
nogramas de trabajo que permitieran establecer un orden de prioridad en
torno a las distintas actividades. La ausencia de esto determinó que en los
primeros años de ejecución del programa la entrega de fondos precediera
la elaboración de planes, con la consecuente falta de guías de focalización
y priorización de la inversión. Por otra parte, la falta de conocimientos y
capacidades instaladas al interior de la comunidad limitó fuertemente el
impacto y el nivel de sofisticación de los proyectos que concursaron por
este fondo. Es posible que un adecuado liderazgo hubiese podido prever
parte de estas falencias de manera de reformular esta iniciativa en el debi-
do momento. Sin embargo, la permanencia de muchos de estos problemas
y la extensión del programa, pese a las limitaciones expuestas –fruto de la
decisión de anteponer intereses políticos por sobre técnicos–, determinó su
desgaste y el consenso en torno a la necesidad de reformularlo a instancias
que el país ya ha invertido varios miles de millones de pesos en él.
• También es importante señalar que mucha de la información generada por
el programa no es pública. Primero, no existe información que permita
conocer y sistematizar la experiencia de los cientos o miles de proyectos
que se han financiado a la fecha, con lo cual no se puede evaluar el posible
impacto de los mismos. Segundo, según notas de prensa, al menos habrían
existido tres informes de evaluación contratados con universidades o em-
presas consultoras, ninguno de los cuales es de libre acceso.
7
9. Participación en políticas de seguridad ciudadana
En síntesis, por las razones antes expuestas, se considera que el programa
no ha sido capaz de encauzar la participación social como una herramienta efec-
tiva de política de seguridad.
Lecciones para el diseño de políticas participativas en materias de
seguridad
Los antecedentes expuestos indican que las políticas de seguridad del país
han registrado una paulatina y heterogénea incorporación de criterios de parti-
cipación, tanto en su diseño como en su
Los antecedentes expuestos indican que las po- ejecución y evaluación. con este pro-
Tal como ocurre
líticas de seguridad del país han registrado una blema en cualquier ámbito de las po-
paulatina y heterogénea incorporación de criterios líticas públicas, para que exista una
de participación, tanto en su diseño como en su participación efectiva, al menos deben
ejecución y evaluación. darse tres condiciones fundamentales:
voluntad de participar, capacidad para
hacerlo y oportunidades para ello. Los casos presentados con anterioridad per-
miten analizar brevemente la presencia de estos factores en cada uno de ellos,
así como su vinculación con el éxito de los mismos.
Si bien en ambos casos diversos actores sociales tienen la voluntad de partici-
par, existe una diferencia fundamental en su motivación. En el caso de la RPP, esta
habría estado dada por los objetivos estratégicos de las personas-instituciones que
participaron en ella: modificar el sistema de justicia. El financiamiento para sostener
el esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, provino solo
muy secundariamente del sector público (en su mayoría fue aportado por las propias
organizaciones o fue financiado con donaciones de empresas o cooperación inter-
nacional). Por el contrario, en el programa “Comuna Segura, Compromiso 100” el
gobierno central fue el que definió cuáles comunas participarían en él así como qué
personas debían formar parte de los consejos comunales (en función de sus cargos y
representación). Es decir, no hubo mecanismos que permitieran realizar una autose-
lección de las comunas, así como personas que tuvieran mayor interés en participar
en este proyecto. Este tampoco contempla dispositivos que definan la permanencia
de una comuna en el programa según su nivel de participación o la calidad de su
desempeño en él. Naturalmente, para la gran mayoría de las comunas resulta atracti-
vo un programa que ofrece fondos para proyectos locales, cualquiera sean estos.
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10. Participación en políticas de seguridad ciudadana
Respecto de las capacidades para una participación efectiva, las dife-
rencias saltan a la vista. Mientras en la Reforma Procesal Penal el proceso fue
realizado por expertos en la materia, con la capacidad de acceder a la mejor
experiencia internacional si era necesario, además de tiempo y recursos para
efectuar estudios en profundad, en el caso de “Comuna Segura: Compromiso
100”, tanto los miembros de los consejos comunales como las organizaciones
sociales que postulan a los fondos nor-
malmente no cuentan con preparación
en la materia. Si bien el mismo progra-
Respecto de las capacidades para una participación
ma ha considerado algunas actividades efectiva, las diferencias saltan a la vista. Mientras en
de capacitación, estas tienen escasa la Reforma Procesal Penal el proceso fue realizado
cobertura y profundidad, lo cual ayuda por expertos en la materia, con la capacidad de
a explicar el hecho que muchos de los acceder a la mejor experiencia internacional si era
proyectos tengan diseños que no res-
necesario, además de tiempo y recursos para efec-
ponden a la naturaleza de los proble-
mas que se buscan abordar. tuar estudios en profundad, en el caso de “Comuna
Finalmente, respecto de la opor- Segura: Compromiso 100” tanto los miembros de
,
tunidad para participar, debe ponerse los consejos comunales como las organizaciones
especial atención a las instancias y sociales que postulan a los fondos normalmente no
mecanismos de participación. La RPP
cuentan con preparación en la materia.
contempló foros de discusión, vali-
dación de estudios, diseños técnicos
y comisiones de evaluación, entre otras instancias, muchas de ellas al alero
de las autoridades ministeriales. Por el contrario, si bien “Comuna Segura:
Compromiso 100” considera espacios de participación en la definición de prio-
ridades locales, en la selección de los proyectos del fondo concursable y en la
postulación y ejecución de los mismos, no abre instancias de participación en
los aspectos más estratégicos del programa en su conjunto, tales como la revi-
sión del diseño, su monitoreo y evaluación.
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