El documento resume los esfuerzos del Estado venezolano para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con el caso del Caracazo de 1989. El Estado ha realizado llamados a familiares de víctimas y diligencias preliminares, pero aún no ha llevado a cabo las exhumaciones e identificaciones ordenadas por la Corte. El documento expresa preocupación por declaraciones de la Fiscal General que sugieren un enfoque penal en lugar de uno de derechos humanos, y por el ofrecimiento del ejército

1. Esq. Candilito- Edif. El Candil-piso 1- Ofic. 1-A- La Candelaria
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5729908
Caracas, 10 de septiembre de 2009
Ref: Caso Miguel Aguilera, Wolfang Quintana, Richard Páez y otros vs. República
Bolivariana de Venezuela (Caso del Caracazo)
Desde el Comité de Familiares de las víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989
(COFAVIC) nos permitimos dirigirnos a ustedes en esta oportunidad, con el propósito de
hacer de su conocimiento una serie de hechos que están desarrollándose por parte del
Estado venezolano con relación al cumplimiento del punto resolutivo 2, de la
sentencia del Caracazo del 29 de agosto de 2002, relativo a las exhumaciones e
identificación de los restos. Alguno de estos hechos adelantados por el Estado nos
preocupan profundamente por el grave efecto que pueden tener para las víctimas y
para la sociedad venezolana.
I. Antecedentes:
Entre los hechos probados, la Honorable Corte estableció en su sentencia del 29 de agosto
de 2002 lo siguiente:
66.4. en este caso existió un patrón común caracterizado por el uso
desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales, acompañado del
ocultamiento y destrucción de evidencia, así como el empleo de mecanismos
institucionales para asegurar la impunidad de los hechos1.
Inhumación de cadáveres en fosas comunes
66.5. durante los sucesos de febrero y marzo de 1989, el Estado ordenó, a
través del Poder Ejecutivo, que se procediera a la inhumación de un número
indeterminado de personas fallecidas a causa de los sucesos de este caso, en
1
Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literal m.

2. fosas comunes ubicadas en el sector denominado “La Peste” del Cementerio
General del Sur de Caracas, con infracción de las normas legales y
administrativas que regulan los respectivos procedimientos. Funcionarios
estatales inicialmente negaron públicamente la existencia de fosas comunes2;
En la sentencia referida ut supra la H. Corte Interamericana de Derechos Humanos
dictaminó en su punto resolutivo 2 que el Estado de Venezuela:
2. debe localizar, exhumar, identificar mediante el uso de técnicas e
instrumentos idóneos, y entregar a sus familiares, en los términos de los
párrafos 121 y 124 a 126 de la presente Sentencia, los restos mortales de
las dieciocho víctimas determinadas en esos mismos párrafos;
En este mismo dictamen, la Honorable Corte estableció, en relación a este punto que:
123. La Corte considera que la entrega de los restos mortales constituye un acto de
reparación en sí mismo porque conduce a dignificar a las víctimas, al hacerle honor al
valor que su memoria tiene para los que fueron sus seres queridos y permitirle a éstos
darles una adecuada sepultura3.
124. El Estado debe, en consecuencia, localizar, exhumar, identificar mediante el
uso de técnicas e instrumentos sobre cuya idoneidad no exista sombra de duda, y
entregar a los familiares, los restos de las víctimas a las que se ha hecho referencia en
los párrafos inmediatamente anteriores. Los costos de la consiguiente inhumación, en
el lugar escogido por los familiares deben correr a cargo del Estado. Los restos
mortales de la señora Elsa Teotiste Ramírez Caminero, conforme al deseo de sus
familiares, deben ser trasladados y sepultados, a costa del Estado, en la República
Dominicana, que era el país de origen de la víctima.
125. El Estado debe, además, localizar, exhumar, identificar y entregar a los
familiares los restos de aquellas personas cuyas muertes no fueron imputadas al
Estado en la sentencia de fondo, pero a cuyos familiares les asiste también el derecho a
conocer el paradero de aquéllos. Las personas en mención son las siguientes: Jesús
Salvador Cedeño, Jesús Rafael Villalobos, Abelardo Antonio Pérez y Andrés Eloy Suárez
Sánchez, quienes son víctimas de la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.
II. Nuevas diligencias realizadas por el Estado y los Representantes sobre el
punto resolutivo 2 de la sentencia del 29 de agosto de 2002:
2
Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literales n y o; y resolución de 23 de septiembre de
1999 de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela (expediente de prueba
del caso del Caracazo, carpeta denominada “Documentos presentados por la República de Venezuela el 10
de noviembre de 1999, en la audiencia pública de fondo en el presente caso. Volumen I” que se encuentra
en la Secretaría de la Corte).
3
Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 2, párr. 115; Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones,
supra nota 2, párr. 81; y Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 115.

3. El 11 de febrero de 2009, COFAVIC remitió Al Ministerio Público, a la Defensoría del
Pueblo y al Presidente de la República y al Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia sendas comunicaciones solicitando el cumplimiento de
la sentencia de la Corte Interamericana de derechos humanos del 29 de agosto de
2002, en el marco del vigésimo aniversario de los sucesos del Caracazo. Hasta la fecha
ninguna de estas comunicaciones ha tenido respuesta.
Durante los días 30 de agosto de 2009 y 6 de septiembre de 2009 han sido publicados
sendos listados de las víctimas del Caracazo por parte del Ministerio Público
convocando a los familiares de las personas afectadas para que acudan durante los
días 2 de septiembre del 2009 al 11 de septiembre de 2009. Sin embargo ni en este
anuncio público ni formalmente se ha comunicado a las víctimas reunidas en COFAVIC
el propósito de este llamado. COFAVIC, luego del llamado de la Fiscalía de esta
semana ha acompañado a los familiares de 11 víctimas ante la Fiscalía 137º del Área
Metropolitana de Caracas y en este Despacho sólo se les han pedido documentos de
carácter filiatorio y actas de defunciones, mientras que en los casos de personas cuyos
restos no fueron entregados o se encuentran desaparecidas se ha solicitado a las
víctimas que se trasladen a la Coordinación Nacional de Ciencias Forenses a los fines
de que aporten datos sobre las características fisonómicas de las víctimas que
pudieran servir para su identificación.
En fecha 20 de agosto de 2009, los familiares de las víctimas luego de realizar una
reunión en COFAVIC en fecha 18 de agosto de 2009, remitieron una comunicación a la
Fiscalía General de la República informando lo siguiente: Un listado de las víctimas
que fueron indemnizadas por el Estado venezolano en atención a la mencionadas
sentencia de costas y reparaciones dictada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, así como el listado de víctimas que deben ser localizadas e identificadas
mediante el uso de instrumentos idóneos para que sus restos mortales sean
entregados a sus familiares, de conformidad con lo dispuesto por la Honorable Corte.
Por otra parte, están las declaraciones emitidas por la Fiscal General de la República
Bolivariana de Venezuela, Dra. Luisa Ortega Díaz, del día miércoles 2 de septiembre de
2.009, las cuales aparecieron en una nota de prensa publicada en la página web oficial
del Ministerio Público, y de la cual transcribimos textualmente a continuación, los
motivos específicos de nuestra preocupación4:
Ministerio Público ha realizado en los últimos meses
2 mil diligencias relacionadas con "El Caracazo"
“La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público
ha realizado aproximadamente dos mil diligencias, en un lapso de tres meses, con el
fin de culminar la investigación y determinar las responsabilidades penales de las
4
Disponible en: http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2009/prensa0209.htm. Consultado en fecha:
2 de septiembre de 2.009.

4. personas involucradas en los hechos violentos del 27 y 28 de febrero y primeros días
de marzo de 1989 que pasaron a la historia con el nombre de "El Caracazo".
En ese sentido, se sostuvo este miércoles en la sede del Despacho de la Fiscal General
una reunión de un equipo multidisciplinario, integrado por autoridades de organismos
vinculados con esta investigación, donde se trazaron estrategias a fin de adelantar el
proceso de exhumación de los restos de la víctima.
Dentro de esas diligencias, la Fiscal General destacó la necesidad de exhumar e
identificar los cadáveres ubicados en La Peste, luego de un diagnóstico sobre las
condiciones en las que se encuentran el lugar donde permanecen las víctimas, tras la
inspección realizada los días 4 y 19 de agosto.
Próximos pasos
Para realizar las exhumaciones previstas, se requiere coordinar las designaciones de
los tribunales de control que conocerán las solicitudes de exhumaciones.
Igualmente, las designaciones de los defensores públicos que conocerán de las
solicitudes de exhumaciones; la limpieza y saneamiento del sector "La Peste" por parte
de las autoridades de la Alcaldía de Libertador y del cementerio.
Adicionalmente, se propuso y existe un fuerte compromiso por parte de las
autoridades militares de no sólo prestar seguridad (día y noche) y resguardar el
área en el que se harán las exhumaciones, sino además ubicar un galpón en
Fuerte Tiuna para colocar los restos de las víctimas y realizar las debidas
experticias con la eficiencia y rapidez necesaria (subrayado nuestro).
También, se pedirá apoyo a la División Contra Homicidios de la policía científica, dado
que fue esta instancia la que para la época tuvo un papel importante respecto a la
identificación y traslado de las víctimas fatales.
Uno de los aspectos que requiere el Ministerio Público es que se cuente con
antropólogos, patólogos, odontólogos, fotógrafos y médicos, todos en el área
forense, además de la designación de estudiantes de los últimos años de
arqueología y antropología física, así como técnicos en autopsia. (subrayado
nuestro).
En dicho encuentro participaron la Fiscal General, la Vicefiscal, Iraida Alfonzo; el
director de Actuación Procesal, Alejandro Castillo; la presidenta del Circuito
Judicial Penal de Caracas, Venice Blanco; el comandante general del CORE 5,
Alirio Ramírez; el director de la Escuela de Antropología de la Universidad
Central de Venezuela (UCV), Carlos Martins; el coronel Rafael Camacho en
representación de la Comandancia General del Ejército; la Coordinadora
Nacional de Ciencias Forenses, Julieta Centeno. (subrayado nuestro).

5. Además, estuvo presente el presidente de Fundacaracas, José Rafael Núñez;
Fernando Gómez por la Defensa Pública; el Coordinador de Extensión de la UCV,
Francisco Fernández y representantes de la Alcaldía del municipio Libertador,
aparte de los fiscales nacionales María Cristina Vispo, Roberto Acosta y Néstor
Castellanos, quienes dirigen la investigación sobre los hechos tratados en la
reunión”. (subrayado nuestro).
Al respecto consideramos que de las declaraciones de la Fiscal General de la República
se desprenden situaciones claramente contradictorias a lo dispuesto por la Honorable
Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias de fecha 11 de
noviembre de 1999 y 29 de agosto de 2002.
La máxima representante del Ministerio Público cuando habla de exhumaciones en el
sector la Peste del Cementerio General del Sur pareciera desconocer que los restos de
las personas enterradas en las fosas comunes de la Peste ya fueron exhumados, y que,
tal como lo ordeno la Honorable Corte, queda el deber para el Estado venezolano de
identificar a las víctimas para que los restos sean entregados a sus familiares.
Adicionalmente, de la posición de la Fiscalía se puede interpretar que aunque las
condiciones en que se depositaron los restos, luego de exhumarlos de la Peste fueron
totalmente inadecuadas con posible pérdida de evidencia fundamental para la
identificación de los mismos y para el esclarecimiento de los hechos, el Despacho
Fiscal no está valorando estas responsabilidades y ha convocado a que actúe al mismo
equipo forense que participó en esa etapa del proceso excluyendo a COFAVIC.
Luego, con respecto a la propuesta del Ministerio Público para que las autoridades
militares presten seguridad y resguarden el área en el que se encuentran los restos de
las víctimas, así como la ubicación de los restos en un galpón del Fuerte Tiuna5 en la
ciudad de Caracas en donde se practicarán las experticias forenses; deja serias dudas a
las víctimas sobre la idoneidad de este proceso. Ya el sólo hecho de dejar el resguardo
del lugar en manos de las fuerzas militares que estuvieron implicadas en un gran
número de muertes en los sucesos del Caracazo conlleva a una grave falta de
independencia en el resguardo de la evidencia disponible en el caso, además de
generar mayor afectación en los familiares de las víctimas que han denunciado que
sus seres queridos murieron en manos de fuerzas militares. El Fuerte Tiuna es la sede
de la jurisdicción militar en Caracas y será allí, por decisión de la Fiscalía, donde se
van a realizar las experticias indispensables para la identificación y documentación de
los restos hallados en las fosas clandestinas de la Peste.
Como bien se conoce, la participación de equipos independientes es una situación que
favorece la confianza de los familiares, así como la independencia de la investigación
cuando se hayan implicados agentes del Estado. Los procesos de exhumación e
identificación con carácter científico son una necesidad, no sólo por las expectativas
5
Fuerte Tiuna es la sede del Ministerio de la Defensa y de todos los componentes de la Fuerza
Armada Nacional y de la jurisdicción militar en Caracas.

6. de los familiares de recuperar los restos de su ser querido, sino porque contribuye al
fortalecimiento del derecho a la verdad como derecho inalienable tanto de los
parientes de las víctimas como de la sociedad en general que vivió el fenómeno y las
graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto de los
sucesos del Caracazo.
Nos preocupa de manera especial que el equipo de trabajo designado por la Fiscalía
General de la República esté integrado por el Director del Comando General del
Ejército y el Comandante General del Core 5 de la Guardia Nacional, dado que la
participación de estos órganos militares compromete severamente la plena
independencia y el debido proceso de todas las investigaciones que se realicen,
tomando en consideración que en buena parte de los presuntos responsables de los
crímenes cometidos en los sucesos del Caracazo son presuntamente funcionarios
militares activos.
Además, con relación a la identificación de los restos por parte de expertos calificados,
las víctimas así como sus representantes hemos manifestado en reiteradas
oportunidades nuestro deseo para que se practiquen pruebas de comparación de
ADN, dado que dicho método sería el más idóneo y aporta un alto grado de certeza. Sin
dudar del profesionalismo de los expertos que sean convocados, creemos que si estos
laboran o trabajan para instituciones del Estado pudieran verse influenciados y actuar
de una manera poco objetiva, razón por la cual, las víctimas y sus representantes
consideramos que dichas labores de identificación debieran quedar en manos de
expertos foráneos como el equipo de Antropología Forense de Argentina que
comandó las actividades para la exhumación de los cadáveres en las fosas comunes
del Sector La Peste en el Cementerio General del Sur.
En fecha 4 de septiembre de 2009, los familiares de las víctimas representadas por
COFAVIC ofrecieron una conferencia de Prensa donde expresaron, entre otras razones
lo siguiente: La exigencia al Estado venezolano para que expertos extranjeros,
específicamente el Equipo Argentino de Antropología Forense, participen en el
equipo encargado de la identificación de las personas que fueron inhumadas en las
fosas comunes del Sector La Peste del Cementerio General del Sur, y la solicitud en
particular al Ministerio Público para que tomara en cuenta la opinión de los afectados
en dicho proceso.6
Los representantes de las víctimas manifestamos nuestro total y absoluto interés de
colaborar con el Estado venezolano, pero tal como manifestáramos en nuestros
escritos de observaciones del 27 de enero de 20047 y de 22 de octubre de 2008 , así
como en la propia audiencia de cumplimiento ante esta Honorable Corte, el pasado 5
de julio de 2009, consideramos de vital importancia la participación de expertos
independientes y confiables en el proceso de identificación e individualización de las
víctimas, por lo que en particular, hemos solicitado al Ilustre Estado venezolano se
6
http://politica.eluniversal.com/2009/09/05/pol_art_cofavic-exige-que-ex_1557148.shtml
7
Fecha en la que se presentó el escrito de observaciones al Informe del Estado venezolano.

7. sirva contratar los servicios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a
fin de acompañar el proceso de exhumación e identificación de victimas y la
recolección de la prueba forense.
Como ya lo hemos señalado, el manejo inadecuado de los restos de las víctimas puede
configurar el delito de destrucción de evidencia y de obstrucción de justicia,
consagrados tanto el ordenamiento jurídico interno como en la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos, toda vez que los mismos configuran una prueba
fundamental para la documentación de las lesiones y el establecimiento de las causas
de muerte.
Adicionalmente, más allá del profesionalismo de los expertos forenses que trabajan en
el Instituto de Medicina Legal Venezolano, los representantes de las víctimas creemos
que en los actuales momentos dicho organismo forense no se encuentra en
condiciones idóneas para realizar una labor tan compleja ni poseen plena
independencia para ello.8
Es por estos motivos que los familiares de las víctimas bajo nuestra representación no
están dispuestos a recibir los restos óseos de sus seres queridos si estos no son
sometidos a exhaustivas prácticas de peritaje independiente que determinen la
identificación plena y confiable de los mismos y la documentación irrefutable de las
lesiones sufridas por las víctimas, toda vez que esa fue una de las razones
fundamentales que les llevó a acudir al sistema interamericano para procurar una
protección efectiva de sus derechos fundamentales. En ese sentido, solicitamos a la
Corte que se haga eco de esta respetuosa solicitud.
La Fiscal General de la República ratificó mediante una nota de prensa del Ministerio
Público del 10 de septiembre de 20099, las declaraciones del 2 de septiembre del
2009, en la que además se agrega que el próximo lunes 21 de septiembre, se iniciará
en el Cementerio General del Sur, parroquia Santa Rosalía del municipio Bolivariano
Libertador, el proceso de exhumación de las víctimas de los sucesos del 27 y 28 de
febrero y primeros días de marzo de 1989, que pasaron a la historia con el nombre de
"El Caracazo" y en el que además se rechazó la solicitud realizada por los familiares
representados por COFAVIC de nombrar a expertos internacionales para la labor de
identificación de las víctimas. Dicha nota de prensa señala textualmente que “la Fiscal
General calificó como innecesaria la propuesta de representantes de una Organización
No Gubernamental (ONG) que exigieron la participación de expertos extranjeros
durante la exhumación.”
8
Diario El Universal. “Tenemos tres días esperando por el cadáver de mi hermano”. Deivis
Ramírez Miranda. 12 de julio de 2008.
9
http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2009/prensa1009.htm

8. En este mismo boletín oficial del Ministerio Público se señala que: “Hubo
coincidencia en los asistentes a la reunión en que el objetivo es crear una matriz
de opinión para descalificar la labor de los especialistas forenses venezolanos”.10
“Los expertos señalaron que en años anteriores, el equipo argentino no participó en
la primera exhumación realizada, sino que se limitaron a observar el trabajo de los
forenses venezolanos sólo por un día y no ofrecieron aportes a este proceso”.11
Finalmente, consideramos que el Ministerio Público ha venido adelantando una serie
de acciones de suma relevancia para este caso y en ningún momento ha informado o
dado mayor participación en dicho proceso a las víctimas y a sus representantes.
III Petitorio
Con base en lo anterior les requerimos a ustedes que, desde sus espacios
institucionales e individuales valoren la posibilidad de respaldar los siguientes
puntos, escribiendo a las autoridades de Venezuela o haciendo planteamientos
públicos con el fin de urgirlas a:
1. Requerir al Estado Venezolano que dé cumplimiento pleno de la sentencia de
reparaciones del caso El Caracazo, emitida el 29 de agosto de 2002 y que como
parte de esa supervisión, se hagan eco de la solicitud de los representantes de
las víctimas, en el sentido de que el Estado Venezolano permita la participación
del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a fin de acompañar el
proceso de exhumación e identificación de victimas y la recolección de la
prueba forense.
2. Requerir al Estado Venezolano mantener informadas a las víctimas y a sus
representantes de todas las actuaciones que pretendan hacer en cumplimiento
y ejecución de la sentencia, incluso permitiéndoles a estas participar
activamente en dicho proceso.
3. Requerir al Ministerio Público que en aras de la imparcialidad del proceso se
abstenga de utilizar recintos y personal de la Fuerza Armada Nacional para el
resguardo y manipulación de la evidencia hallada en las fosas de la Peste.
Aprovechamos la oportunidad de saludarles a ustedes muy atentamente,
Por COFAVIC:
Familiares de las víctimas desaparecidas:
Petra Bello, madre de Juan Acasio Mena Bello
Aura Liscano, hermana de José Miguel Liscano
Nelly Marcano, madre de Boris Eduardo Bolívar
10
Idem
11
Idem

9. Rubi Valbuena, madre de Roberto Segundo Valbuena
Marisol Montenegro, hermana de José Ramón Montenegro Cordero
Maritza Romero, hermana de Fidel Orlando Romero Castro
Nelly Freitez, madre de Julio César Freitez
Beatriz Gómez, hija de Sabas Reyes Gómez
Ibelice Ramírez, hija de Elsa Teotiste Caminero
Hayde Blanco, hija de Jesús Calixto Blanco
Por los Representantes de las víctimas,
Liliana Ortega Mendoza
1. Defensoría del Pueblo
Nombre y cargo: Defensora del Pueblo Dra. Gabriela del Mar Ramírez.
Dirección de las oficinas de atención al público: Avenida México, Plaza Morelos,
Edificio Defensoría Del Pueblo, Piso 8, Caracas, Distrito Capital, Venezuela.
Dirección del Despacho de la Defensora: Av. Urdaneta, Centro Financiero Latino,
Piso 29, Caracas, Distrito Capital, Venezuela.
Teléfonos: +58.0212.505.30.01 / +58.0212.501.30.02 / +58.0212.501.30.08
Fax: +58.0212.505.30.07
Email: denuncias@defensoria.gov.ve
Página web: http://www.defensoria.gob.ve/
2. Ministerio Público
Nombre y cargo: Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz.
Dirección: Edificio Sede del Despacho de la Fiscal General de la República,
Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo Avenida México, Caracas, Distrito Capital,
Venezuela.
Teléfono: +58.0212.509.80.54
Fax: +58.0212.509.75.35
Página web: http://www.fiscalia.gov.ve/

10. 3. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores:
Nombre y cargo: Canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores Nicolás Maduro
Moros.
Dirección: Avenida Urdaneta, Torre MRE, al lado del Correo de Carmelitas, Caracas,
Distrito Capital, Venezuela.
Teléfonos: +58.0212.806.45.77 / +58.0212.861.25.05
Fax: +58.0212.806.48.08
Página web: http://www.mre.gob.ve/
Email: relaciones.consulares@mre.gob.ve