Consejo de gobierno

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Andalucía, 16 de junio de 2020
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la
habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
► Decreto Ley por el que se establecen medidas en empleo y para la gestión
de sedes administrativas ante la situación generada por el Covid-19
► Acuerdo por el que se declaran de interés obras hidráulicas destinadas a
paliar la sequía y garantizar el abastecimiento en alta en determinadas zonas
► Informe sobre medidas urgentes para la recuperación de la actividad
económica y del empleo en el sector pesquero de Andalucía
► Acuerdo sobre el Plan andaluz para la prevención de los efectos de las
temperaturas excesivas sobre la salud 2020
► Acuerdo por el que se declara de emergencia la contratación de equipos
de protección individual, pruebas PCR y equipamiento informático
► Acuerdo sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos del
Covid-19 en centros residenciales y en domicilios a fecha 16 de junio
► Informe sobre Plan de impulso a la I+D+i para una Andalucía reforzada
tras la crisis del coronavirus
► Acuerdo para la contratación de comedor escolar en la modalidad de
cocina ‘in situ’ y Programa de Refuerzo en Alimentación Infantil
► Acuerdo de toma en consideración de las medidas para la activación de la
fase 3 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia
► Acuerdo por el que se amplía la vigencia de las medidas económicas
extraordinarias del servicio de Ayuda a Domicilio hasta el fin de la alarma

La Iniciativa AIRE beneficiará a unos 19.000
parados ante los efectos de la crisis sanitaria
Esta medida extraordinaria implica una inversión de 165 millones
para el desarrollo de proyectos en los municipios andaluces
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto ley por el que se establecen,
con carácter extraordinario y urgente, medidas en materia de empleo, así como
para la gestión de las sedes administrativas ante la situación generada por el
coronavirus. La nueva normativa incluye, entre otras actuaciones, la puesta en
marcha de la Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo
(AIRE), que ayudará a la población desempleada andaluza, concretamente a
unas 19.000 personas, a paliar los efectos ocasionados por la crisis sanitaria
Este programa tiene por objeto promover la creación de empleo en los municipios
andaluces, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por parte
de los ayuntamientos a través de proyectos que permitan mejorar su
empleabilidad con la adquisición de experiencia laboral vinculada a una
ocupación. Los proyectos que desarrollen los consistorios tendrán una duración
máxima de doce meses y estarán dirigidos a paliar los efectos de la crisis
sanitaria por Covid-19 en su municipio, facilitando el proceso de desescalada
gradual de las medidas restrictivas de la movilidad y de la actividad económica
La medida, que implica una inversión de 165 millones de euros y cuenta con
financiación del Fondo Social Europeo y del Programa Operativo de Empleo
Joven, permitirá la contratación en estos proyectos municipales de alrededor de
19.000 parados, durante un período mínimo de seis meses y máximo de ocho, a
jornada completa, para lo que se destinarán incentivos que van, por cada
contrato de seis meses mínimo de duración, desde una horquilla de los 11.700
euros (para la contratación de trabajadores pertenecientes al grupo 1 de
cotización a la Seguridad Social) a los 8.880 euros (grupo 4 al 10 de cotización).
Por cada mes que se amplíe el contrato sobre los seis meses iniciales, se
incrementa el incentivo en una horquilla que va desde los 1.950 euros al mes
(grupo 1 de cotización) hasta los 1.480 (para los grupos 4 al 10 de cotización.

Pago anticipado
Los ayuntamientos recibirán la subvención en un pago único anticipado del 100%
de la cuantía aprobada y se les exceptúa del requisito de hallarse al corriente en
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y del pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones, con el fin de garantizar la
participación local y beneficiar al mayor número de personas desempleadas
posibles. Con esto, se trata de no impedir la participación de algunos
ayuntamientos del territorio, lo que ocasionaría un grave perjuicio y
discriminación a personas con idéntica situación por razones de vecindad
administrativa.
Las entidades locales deben presentar las solicitudes de las subvenciones
cumplimentadas en el modelo que estará disponible en la web del SAE, accesible
a través del catálogo de procedimientos administrativos, en la dirección
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae
/servicios.html o bien directamente en la Ventanilla Electrónica Servicio Andaluz
de Empleo a través de https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/.
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días desde el día siguiente a su
publicación en el BOJA. Se establece un plazo de resolución de dos meses
desde la recepción de la solicitud, con el objetivo de que en septiembre se inicien
los primeros proyectos.
Tutorización
Las personas contratadas recibirán la tutorización de las entidades beneficiarias
y contarán con acciones de orientación a través del asesoramiento especializado
por parte de profesionales del Servicio Andaluz de Empleo.
Serán destinatarios de los contratos por parte de los ayuntamientos las personas
inscritas como demandantes de empleo no ocupadas que reúnan alguno de los
siguientes requisitos: tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos
inclusive, y estar inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil;
tener entre 30 y 44 años, ambos inclusive; o tener 45 o más años y ser
desempleadas de larga duración. La partida global prevista para la puesta en
marcha de estas actuaciones se reparte de la siguiente manera: 63,2 millones
de euros para la contratación de desempleados de entre 18 y 29 años, 59,6
millones para contratos a parados de 30 y 44 años, y 42,15 millones para
mayores de 45 años parados de larga duración.
En la asignación y reparto de los fondos se ha valorado la existencia de las zonas
de Inversión Territorial Integrada (ITI), procediéndose a un reparto adicional para
las provincias afectadas dentro del montante total asignado a cada una de ellas,

alcanzando en el caso de Cádiz un presupuesto de 34,19 millones, y en el caso
de Jaén, de 16,69 millones.
Selección de los desempleados
La selección de los desempleados se realizará mediante oferta en el SAE,
organismo que proporcionará a los ayuntamientos dos personas candidatas por
cada puesto siguiendo unos criterios de prelación.
En primer lugar, tendrán prioridad los desempleados residentes en el municipio
que estén especialmente afectadas por la crisis sanitaria. Para determinar en el
decreto esta preferencia, se ha establecido que se dé prioridad a aquellos
desocupados que, sin haber sido contratados desde el 1 de marzo, sí tuvieron
un contrato con carácter temporal en el periodo establecido desde el 1 de marzo
al 30 de junio de 2018, o desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2019, en las
actividades de servicios de alojamiento (CNAE 55); servicios de comidas y
bebidas (CNAE 56); actividades de agencias de viajes, operadores turísticos,
servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79); y
actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (CNAE 93)
También se han establecido como prioritarias aquellas contrataciones de
personas que no sean beneficiarias de ninguna prestación ni subsidio, seguida
de beneficiarios del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía,
perceptores de subsidios por desempleo, Renta Activa de Inserción (RAI), de
Renta Agraria y, finalmente, personas beneficiarias de prestación contributiva
por desempleo. A continuación, desempleados residentes en el municipio de
referencia, aplicando los mismos criterios de prelación anteriores.

El Gobierno andaluz declara 17 actuaciones de
abastecimiento en alta de interés autonómico
Agricultura combatirá la sequía con un plan plurianual cuya
inversión asciende a 430 millones y que generará 6.450 empleos
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha
informado al Consejo de Gobierno de la declaración de interés autonómico de
hasta 17 nuevas infraestructuras hidráulicas para paliar los efectos de la sequía
en diversas zonas de Andalucía que sufren actualmente problemas de
abastecimiento. En total, estas obras suponen una inversión plurianual de
alrededor de 430 millones de euros, que se podrán financiar con cargo al canon
del agua tras la modificación de su objeto que se incluyó en la Ley de
Presupuestos de 2019.
Estas actuaciones de abastecimiento en alta, que resolverán problemas de
suministro para 3,6 millones de personas de 215 municipios andaluces, se
iniciarán de forma inmediata, por lo que la redacción de todos los proyectos,
valorada en 15 millones de euros, se llevará a cabo entre 2020 y 2021. La
ejecución de las obras, que tendrá lugar entre el año próximo y 2027, generará
alrededor de 6.450 empleos.
El Gobierno regional tiene entre sus prioridades preservar el agua, ya que se
trata de un bien común vital para la sociedad, y también la de servir este recurso
a la totalidad de la población andaluza en cantidad y calidad suficientes.
Actualmente, existen en la comunidad autónoma diversos territorios que sufren
problemas con el abastecimiento de agua de calidad y esta situación se está
viendo agravada con los periodos de sequía que, como consecuencia del cambio
climático, se hacen cada vez más frecuentes.
En respuesta a esta necesidad de los andaluces, la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha impulsado en el último mes
actuaciones en infraestructuras hidráulicas que superan los 1.000 millones. Este
montante económico global incluye esta actuación de abastecimiento en alta y
el Plan de Reactivación Económica que se está poniendo en marcha con la
licitación de 357 actuaciones en 2020 por un importe de más de 575 millones.

Nuevas infraestructuras por provincias
Las 17 nuevas actuaciones se llevarán a cabo en las ocho provincias andaluzas.
En concreto, en Almería se ejecutarán las labores necesarias para el
abastecimiento en alta en el Valle del Almanzora y para garantizar el
abastecimiento en alta de agua desalada en el Poniente Almeriense y la capital.
Por su parte, en Cádiz se trabajará en la nueva conducción de abastecimiento
desde el embalse del Guadalcacín hasta el Partidor de la Peruela y en la mejora
de la garantía de abastecimiento a núcleos de la Comarca de la Janda. Y en
Córdoba, en la conducción para el abastecimiento de agua a la zona norte de la
provincia desde el embalse de la Colada y en la conducción de abastecimiento
en alta desde El Cerrillo a Cerro Muriano.
Las actuaciones en Granada se refieren a la conducción de abastecimiento a la
Costa Tropical desde el Sistema Béznar Rules y a la mejora de la garantía de
abastecimiento a los municipios de la Contraviesa; mientras que en la provincia
de Huelva se dirigen al aumento de la capacidad de regulación de los depósitos
del Sistema Huelva y a la mejora de la garantía de abastecimiento a los
municipios de la Sierra.
En el caso de Jaén, los nuevos proyectos hacen referencia a la mejora de la
garantía de abastecimiento del sistema Quiebrajano-Estación de Tratamiento de
Agua Potable (ETAP) de Jaén y a la segunda fase de las conducciones
generales de abastecimiento del sistema Víboras; y en Málaga, al
abastecimiento en alta a la zona norte de la provincia y a la del Bajo
Guadalhorce, así como a la mejora de la interconexión de los sistemas Campo
de Gibraltar y Costa del Sol.
Por último, las obras de la provincia de Sevilla buscan la mejora de la garantía
de abastecimiento en alta al núcleo de Burguillos y en la Sierra Sur.

La Junta dispondrá 85 millones para reactivar
el sector pesquero tras la crisis del Covid-19
El Plan de Medidas Urgentes consolidará más de 20.000 empleos
y recuperará su producción: unos 2.400 millones de euros al año
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha
presentado al Consejo de Gobierno el Plan de Medidas Urgentes elaborado por
este departamento para hacer frente a los graves problemas generados en el
sector pesquero por la crisis sanitaria del Covid-19. Para ello, el Plan dispone de
85 millones de euros que se van a poner a disposición del sector hasta 2022
como ayudas o inversiones que serán cofinanciadas con el Fondo Europeo
Marítimo de la Pesca (FEMP).
El objetivo primordial del Plan de Medidas Urgentes para la Pesca es recuperar
y consolidar los más de 20.000 empleos que generaban las actividades
pesqueras antes de la crisis sanitaria. Además, se pretende que la actividad del
sector en términos de valor anual de la producción siga situada en el entorno de
2.400 millones de euros.
En términos globales, el impacto sobre la actividad extractiva en la pesca
andaluza desde el inicio del estado de alarma se ha traducido en una disminución
del 33% en términos de tonelaje y del 41% en cuanto al perjuicio económico.
Esta disminución ha sido desigual en los caladeros debido a sus particularidades
y a las paradas biológicas programadas. Así, en el caladero atlántico estos
mismos porcentajes han sido del 36%, en términos de tonelaje y del 40%, en
términos económicos, mientras que en el caladero mediterráneo han sido del
26% y del 44%, respectivamente.
En cualquier caso, se viene observando una recuperación gradual de la
actividad, apreciable en el volumen de pescado comercializado y en el número
de embarcaciones y compradores que, a diario, se dan cita en las lonjas
andaluzas. Esta recuperación ha sido especialmente visible en el caladero
mediterráneo.
Además de la situación generada por el cierre del canal Horeca, la venta al por
menor de productos de la pesca frescos también se ha visto afectada por la

escasa afluencia de clientes a los mercados de abastos, que ha llevado a
muchos establecimientos a cerrar sus puertas. Todo ello ha ocasionado una
caída notable de la demanda en las lonjas y, con ello, una bajada de los precios
en primera venta de éstos. Otros productos, sin embargo, han experimentado
incrementos de precios, posiblemente como consecuencia del descenso en las
capturas.
Los problemas en el transporte con destino al resto del territorio nacional o
incluso otros estados miembros de la Unión Europea, especialmente a Italia,
también ha afectado a determinados productos, como el pez espada o el pulpo.
En cuanto a las lonjas, cuatro de ellas se han visto obligadas a cerrar: Garrucha,
Roquetas de Mar, Tarifa y Conil de la Frontera. Todas ellas son lonjas con
pesquerías muy específicas, dirigidas a especies de elevado valor comercial. La
lonja de Garrucha ha reanudado recientemente la actividad, con algunos barcos
de artes menores.
De otro lado, la crisis ha afectado a las distintas modalidades de pesca, a lo que
se unen las vedas establecidas para muchos productos que en ocasiones se han
prolongado incluso por los bajos precios o las dificultades de transporte. Es el
caso, por ejemplo, de los palangreros. También ha afectado a los productos
congelados, cuyas ventas han caído por el cierre de la restauración y la
hostelería. En cuanto al marisqueo, la coquina se ha visto especialmente
perjudicada, ya que a toda esta situación se han unido los altos niveles de toxinas
que impiden sus capturas. La producción de coquina y longueirón ha disminuido
considerablemente. Las almadrabas, por su parte, han realizado al igual que
todo el sector un gran esfuerzo para afrontar esta situación sobrevenida,
viéndose especialmente afectadas en la comercialización internacional.
Finalmente, destacan los problemas añadidos para la acuicultura y la industria
de transformación por el descenso de demanda por culpa de la falta de actividad
del canal Horeca, por lo que las empresas han tenido que acogerse a los ERTE
en muchos casos. La crisis sanitaria ha tenido una importante incidencia en el
empleo, destacando una reducción del número de afiliados al Régimen Especial
del Mar en Andalucía que cayó en marzo un 7,3% cuando en el mismo mes de
años anteriores se producían aumentos.
Medidas urgentes
El Plan de medidas y ayudas de la Junta de Andalucía para el sector pasa por
una serie de actuaciones encaminadas a avanzar en la sostenibilidad,
competitividad y en la dinamización de las zonas costeras. En este sentido, se
contemplan actuaciones para la modernización de la flota, así como para la

mejora de la seguridad, la higiene, la salud y las condiciones de trabajo de los
pescadores.
También se contempla la reducción del impacto de la pesca en el medio marino,
la adaptación del sector a la protección de especies y la promoción de la
eficiencia energética mediante la sustitución o modernización de motores. Este
bloque de medidas incluye la mejora de la calidad de los productos de la pesca,
así como ayudas específicas a jóvenes pescadores para la creación de
empresas para el ejercicio de la actividad pesquera, a través de la adquisición
por primera vez de un buque de pesca.
Igualmente se abren otras líneas de ayudas dirigidas a la paralización temporal
de las actividades pesqueras y para la conservación y regeneración de los
caladeros. Ello se produce en el marco de los planes de gestión de las flotas de
arrastre y cerco Mediterráneo y Golfo de Cádiz. Además, están los planes de
recuperación plurianual para el pez de espada del Mediterráneo, la parada
temporal de la flota de palangre de superficie, el Plan de Gestión de la chirla del
Golfo de Cádiz, el de la draga mecanizada del Mediterráneo y el nuevo Plan de
Gestión del pulpo del Golfo de Cádiz.
En otro orden de cosas, están las medidas para la mejora de las instalaciones y
servicios de los puertos pesqueros, el aprovechamiento de nuevas especies y la
apertura de nuevas zonas marisqueras o las destinadas a la valorización de la
pesca. Estas últimas con inversiones que permiten avanzar en la calidad de los
productos de la pesca, incluyendo la creación de una red de lonjas digitales y
una plataforma tecnológica andaluza de la pesca y la acuicultura.
En el Plan de Medidas Urgentes para la pesca también se contemplan ayudas
para paliar los daños causados por el alga invasora asiática, lo que complementa
las distintas actuaciones llevadas a cabo por la Consejería en el estudio y gestión
de la situación generada por ésta. En este sentido, se crea una línea de ayudas
a la flota pesquera afectada por la proliferación de las algas invasoras, ya que
está ocasionando graves perjuicios a la actividad de las embarcaciones que
faenan en las proximidades de la costa, una vez que esta especie sea incluida
en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
Para la acuicultura se contemplan subvenciones a inversiones en nuevas
instalaciones acuícolas y para la modernización de las empresas, para la
revalorización de la producción y la mejora de la comercialización y una línea
para compensar pérdidas por el Covid-19. Mientras, otra de las líneas se destina
a la mejora de la competitividad de la industria trasformadora con ayudas
destinadas elevar la calidad de la producción.

Junto a todo ello, hay líneas de ayudas dirigidas a las empresas pesqueras y
acuícolas mediante el acceso a la financiación de capital circulante para paliar el
impacto de la crisis sanitaria y la refinanciación de pasivos. También se
encuentran las dirigidas a los proyectos de los Grupos de Acción Locales del
Sector Pesquero que contribuyan a la generación de empleo y las destinadas al
fomento de la pesca turismo.
En último término, están las actuaciones que permiten reforzar el papel de las
organizaciones del sector, incluidas las ayudas a la creación de nuevas
organizaciones de productores y a los planes anuales de producción y
comercialización.

El Plan de prevención ante el calor reforzará la
atención a mayores en domicilios y residencias
Se incluye la posibilidad de traslado de personas vulnerables a
centros o locales aclimatados si las temperaturas son extremas
La Consejería de Salud y Familias ha activado, desde el 1 de junio y hasta el
próximo 15 de septiembre, el Plan Andaluz de Prevención de los Efectos de las
Temperaturas Excesivas sobre la Salud, dirigido especialmente a la población
más vulnerable, como son los mayores de 65 años, pacientes crónicos, personas
con trastorno mental grave, menores de 4 años (especialmente lactantes) y
personas que trabajan o realizan actividad física expuestas al sol. En el caso de
los mayores, se prestará una especial atención tanto a los que viven en sus
domicilios como a las residencias de ancianos.
En este Plan, aprobado en Consejo de Gobierno, también intervienen la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, el Servicio Andaluz de Salud y la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
El objetivo principal de dicho plan es reducir el impacto sobre la salud de la
población de las temperaturas extremas propias del periodo estival. Para ello se
establece un sistema de coordinación e intercambio de información entre las
administraciones implicadas (central, autonómica y local), centrando esfuerzos
preventivos en poblaciones con riesgo de morbilidad y mortalidad y
estableciendo un seguimiento personalizado con los recursos ya existentes.
Las personas identificadas como población de riesgo son, en su mayoría,
mayores de 65 años, pacientes frágiles que viven solos, cuyo estado de salud
está debilitado por padecer alguna patología crónica de alta morbilidad
(insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, demencia,
trastorno mental grave, insuficiencia renal, obesidad excesiva, hipertensión
arterial o diabetes mellitus) o que tomen un medicamento que pueda influir en la
adaptación del organismo al calor (psicotropos, antidepresivos, hipotensores y
diuréticos). También se incluyen personas con trastorno mental grave y niños
menores de 4 años, especialmente lactantes.

De igual manera, se considera que debe prestarse especial atención a los
ámbitos domiciliarios de personas mayores, a residencias de ancianos y a las
áreas con alta marginalidad. Para ello se cuenta con los distintos programas
puestos en marcha en estos ámbitos por los distintos organismos competentes
que participan en el plan.
Plan de Actuación
Con los datos que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) todos los
días, la Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, determinará la previsión de las
temperaturas máximas y mínimas para los cinco días siguientes, de forma que
definirá los niveles de alerta en cada provincia, que son verde (si los umbrales
máximos y mínimos no se van a superar en varios días), amarillo (si se van a
superar en uno o dos días), naranja (si se van a sobrepasar en tres o cuatro días)
o rojo (si las altas temperaturas se prevén para cinco días).
Desde los centros de Atención Primaria, gracias a las enfermeras gestoras de
casos y enfermeras de familia, se ofrece información a la población general y se
trabaja en la identificación de los pacientes de riesgo para su inclusión en el plan
de seguimiento telefónico que realiza Salud Responde.
Además, se intensifican las visitas domiciliarias para monitorizar los signos y
síntomas relacionados con el calor y proporcionar consejos para evitar y
controlar los efectos del aumento de las temperaturas. Estas visitas y el
seguimiento de telecontinuidad se realizan también a pacientes tras su alta en
los centros hospitalarios.
Su seguimiento permite identificar las situaciones y problemas del paciente e
interconectar a las enfermeras gestoras de casos, enfermeras de familia y
profesionales de Salud Responde, así como poner en marcha los mecanismos
de control y actuación necesarios para minimizar los efectos de las altas
temperaturas.
En todos los niveles de alerta se adoptarán medidas inmediatas de alerta a todas
las instituciones implicadas y se dará aviso a la población. Se elaborarán
informes de la situación existente en cada momento sobre el impacto de la
temperatura sobre la morbilidad y mortalidad y se realizará un seguimiento de
información y consejos, desde Salud Responde, de todas las personas
identificadas e incluidas en el seguimiento.
Además, si se activa el nivel rojo de alerta, también se reforzarán los servicios
sanitarios, tanto hospitalarios como de Atención Primaria, tal como se recoge en
el Plan de Alta Frecuentación del Sistema Andaluz de Salud. Igualmente, se

pondrá en marcha un plan de intervención local, en el cual, de manera
coordinada entre los centros de salud, los ayuntamientos y protección civil, se
identificarán las personas en riesgo susceptibles de traslado temporal de su
domicilio a centros o locales aclimatados para el calor, durante las horas del día
que sean necesarias.
Por otro lado, se establece un circuito de notificación incluido en el propio
Sistema de Vigilancia, que recogerá información referente a los efectos sobre la
salud de los excesos de las temperaturas (morbilidad y mortalidad producida
directamente por el calor, patologías agravadas por el exceso de la temperatura
y número de urgencias atendidas al día por los diferentes centros del sistema
sanitario público de Andalucía).
Plan de Alta Frecuentación
El objetivo final de la activación del Plan de Alta Frecuentación es aumentar la
calidad de la atención a los pacientes en situación de urgencias y su satisfacción.
De este modo, todas las actuaciones deben tener como marco todos los ámbitos
sanitarios, es decir, el hospital, el distrito y los equipos de emergencias.
En concreto, en el ámbito hospitalario se recoge la creación de una comisión en
la que participen todos los servicios afectados por el aumento de demanda,
además del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, ampliación del área de
hospitalización, acortamiento de los tiempos de espera, información y
sensibilización a la ciudadanía de la situación, y coordinación con el 061 y
establecimiento de vías de acceso alternativos a urgencias en los períodos de
máxima demanda.
En Atención Primaria, se potenciará la visita domiciliaria, así como el
seguimiento telefónico. En todo momento se informará sobre los factores de
riesgo a las personas cuidadoras de pacientes frágiles y a las residencias de
ancianos.
En ambos ámbitos se activarán tres fases distintas dependiendo del porcentaje
de frecuentación en los centros sanitarios: fase I (hasta el 10% de incremento),
fase II (entre el 11% y el 25%) y fase III (superior al 25%).
Balance 2019
Entre el 1 de junio y el 15 de septiembre de 2019, se activaron 47 alertas por
temperaturas extremas: 6 de nivel 1 (amarillo), 14 de nivel 2 (naranja) y 27 de
nivel 3 (rojo). Las alertas afectaron a las provincias de Granada (29 días con
activación de alerta), Jaén (13) y Córdoba (5).
Se identificaron e incluyeron un total de 13.407 personas en situación de riesgo
y se realizaron 4.396 llamadas de seguimiento. El Sistema de Vigilancia

Epidemiológica de Andalucía registró 9 ingresos hospitalarios por golpe de calor
con evolución favorable y 3 defunciones por golpe de calor confirmadas.
En cuanto a la atención hospitalaria, se atendieron 1.186.225 urgencias; de
éstas, 42 fueron diagnosticadas como golpe de calor y 407 por otras patologías
relacionadas con el calor (agotamiento, síncope, calambre…).
En el caso de la Atención Primaria, los centros atendieron un total de 1.876.178
urgencias, de las cuales 303 fueron diagnosticadas como golpe de calor y 216
se debieron a otras patologías relacionadas con el calor.
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) registró 13.427
urgencias, de las que 5 se debieron a un probable golpe de calor y otras 34 a
otras patologías relacionadas por el calor.
Recomendaciones
Ante la llegada del verano y las altas temperaturas, la población debe tener en
cuenta unas recomendaciones básicas, como evitar la exposición durante las
horas más fuertes de sol, salir con protección (tanto con ropas ligeras y de color
claro y sombreros como con protección solar), ventilar las estancias, bajar las
persianas y cerrar las puertas durante las horas de temperaturas más elevadas,
mantener un buen nivel de hidratación bebiendo mucha agua, conservar
adecuadamente los alimentos y moderar los ejercicios que exijan mucho
esfuerzo físico en las horas centrales del día.

La Junta destina casi 120 millones a la compra de
equipos de protección individual y pruebas PCR
El SAS también ha adquirido por vía de urgencia el mantenimiento
y materiales informáticos por importe de más de 720.000 euros
El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de emergencia de un gasto
extraordinario de más de 119,2 millones de euros destinados a la compra de
equipos de protección individual y 15.230 pruebas de determinaciones analíticas
(PCR) para la detección de coronavirus (Covid-19), éstas por un montante de
356.521,89 euros, con destino a los centros asistenciales del Servicio Andaluz
de Salud (SAS).
En concreto, se ha contratado la adquisición de 35 millones de mascarillas
quirúrgicas, cinco millones de mascarillas FFP2, un millón de FFP3, 800.000
hisopos (varilla de papel; es un instrumento utilizado para recoger muestras),
150.000 gafas, 600 millones de guantes de nitrilo, cuatro millones de batas
desechables, un millón de batas impermeables y 600.000 unidades de solución
hidroalcohólica.
El SAS también ha contratado por 522.720 euros el servicio de mantenimiento
de los sistemas de información de sus centros. Además, ha comprado por la vía
de urgencia 150 equipos electrónicos de red por 97.164 euros, 50
microordenadores portátiles con cámara web por 30.855 y agentes
conversacionales telemáticos para el autotriaje del Covid-19 por 18.392 euros.
Estos sistemas han permitido responder a la demanda de información de la
ciudadanía relacionada con el Covid-19, facilitar mecanismos a los ciudadanos
que permitan identificar el nivel de riesgo de padecer la enfermedad mediante
un triaje adecuado y también realizar un seguimiento de los ciudadanos
diagnosticados que presentan una sintomatología leve o son susceptibles de
desarrollar la enfermedad.
El resto de contrataciones de materiales y el mantenimiento informático, que ha
realizado el Servicio Andaluz de Salud por el procedimiento de emergencia
durante marzo y abril, ha permitido a los profesionales acceder a todas las
aplicaciones asistenciales del SAS para poder prestar un servicio de calidad.

El 99,3% de las residencias de mayores
de Andalucía ya está libre de coronavirus
De los 1.107 centros en seguimiento, 1.099 no presentan ninguna
sintomatología y sólo hay 14 residentes confirmados por Covid-19
La Consejería de Salud y Familias ha presentado al Consejo de Gobierno el
informe sobre el estado de las residencias en Andalucía ante el coronavirus.
Actualmente, están en seguimiento proactivo 1.107 centros en toda Andalucía y
se ha verificado que 1.099 centros no presentan sintomatología relacionada con
el Covid-19, lo que supone el 99,3% del total.
En las residencias de mayores con casos confirmados o en estudio, existen entre
los residentes 14 positivos, 32 con síntomas de sospecha y 426 en aislamiento
preventivo. En el caso de los trabajadores, 9 presentan síntomas de sospecha,
8 tienen confirmada la enfermedad y no hay ninguno en aislamiento preventivo.
En lo que respecta a la aplicación de test rápidos, desde abril y hasta la fecha,
se han realizado 144.346 pruebas, con un resultado de 1.885 positivos. Todos
estos test se han efectuado en residencias de mayores, en centros de atención
a refugiados, centros de acogida, viviendas supervisadas y servicio de ayuda a
domicilio.
Desde el comienzo del estado de alarma se ha intensificado el control habitual
que se venía realizando en residencias, iniciando un seguimiento proactivo de
llamadas y visitas con apoyo para los cuidados y prevención del Covid-19, en el
caso de aquellas personas atendidas en sus domicilios y centros residenciales.
La Dirección General de Cuidados Sociosanitarios y el Servicio Andaluz de Salud
(SAS) ha reorganizado y reforzado los servicios para la prevención y abordaje
de las necesidades de salud de los centros residenciales y centros
sociosanitarios asimilados, que atienden situaciones de discapacidad y
dependencia. Para ello, se ha constituido una red de trabajo implicando a los
servicios asistenciales de distritos y áreas sanitarias de atención primaria, los
servicios de urgencias extrahospitalarias y los centros de atención hospitalaria.

Economía apoya la reactivación de la I+D+i tras
la pandemia con 126 millones hasta septiembre
En este nuevo impulso destaca el Programa Emergia, con el que
se intenta captar talento investigador de relevancia internacional
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad destinará
hasta el próximo mes de septiembre 126,1 millones de euros a ayudas a
universidades andaluzas y a entidades públicas y privadas de investigación para
favorecer la reactivación de la I+D+i de la comunidad tras la crisis sanitaria del
Covid-19. Este montante, según el informe presentado al Consejo de Gobierno,
responde al objetivo de la Junta de reforzar el sistema andaluz del conocimiento,
con la investigación e innovación como dos áreas de alto interés para la
comunidad, estrechamente ligadas a su desarrollo económico y progreso social.
Este nuevo impulso se hace especialmente necesario en la coyuntura actual, no
sólo por el efecto devastador del Covid-19 en la actividad económica, sino
también por el retroceso sufrido durante la última década por la inversión pública
en la I+D+i de Andalucía, que únicamente ha empezado a recuperarse a partir
del ejercicio pasado coincidiendo con la nueva legislatura. En virtud de ello, la
dotación de 126,1 millones de euros tendrá una doble finalidad, por un lado, se
dirigirá a fortalecer el talento humano en este ámbito, y por otro, a fomentar la
puesta en marcha de proyectos de investigación, desarrollo e innovación.
Además, con el fin de acelerar el lanzamiento de las distintas convocatorias de
ayudas acogidas a ese presupuesto, a la mayoría de ellas se le aplicará la
tramitación por la vía de urgencia, lo que permitirá reducir a la mitad los plazos
de los procedimientos.
Entre las acciones para potenciar el capital humano, destaca el Programa
Emergia, una novedosa actuación dirigida a captar el talento investigador de
relevancia internacional, que contará con una asignación de 10,3 millones de
euros. La finalidad es facilitar la incorporación de investigadores de excelencia,
de cualquier nacionalidad, y con capacidad de liderazgo, por un período de
cuatro años al sistema andaluz del conocimiento, con el objetivo de que
contribuyan al progreso de la investigación en la región como factor clave de
desarrollo de la sociedad.

En la primera convocatoria de esta medida se ofrecerán 40 ayudas para la
contratación de personal de estas características en diferentes entidades de
I+D+i. Esos incentivos, además de cubrir el sueldo de estos profesionales,
también incluyen una financiación adicional para acometer un proyecto por cada
investigador, con un importe máximo por cada uno de 160.000 euros. Con estos
recursos también se pretende que estas personas tengan la posibilidad de
conformar su propio equipo. El programa, financiado con recursos autonómicos,
se materializará a finales de junio.
A esta iniciativa se suma el Programa para la retención y captación del talento
en fase de consolidación de la carrera investigadora, que cuenta con una
dotación de 32 millones, cofinanciados con el Fondo Social Europeo (FSE). Esta
medida permitirá contratar a 257 jóvenes investigadores doctores. La Consejería
de Economía ha abierto recientemente la convocatoria para seleccionar a este
personal, que se incorporará a las nueve universidades públicas andaluzas y a
28 centros públicos de investigación andaluces. Con la contratación de estos 257
investigadores doctores se persigue perfeccionar las capacidades adquiridas
durante una primera etapa de formación posdoctoral, así como fortalecer con
nuevo talento las actividades de investigación de las entidades destinatarias.
Estas personas deberán ser demandantes de empleo o poseedores de la tarjeta
de mejora de empleo, y haber obtenido su doctorado en los cinco años previos
a la convocatoria. La previsión es poder culminar este proceso de selección en
el ejercicio 2020.
Por otro lado, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020
y con recursos procedentes del Fondo Social Europeo, la Consejería de
Economía ya está trabajando en dos líneas de actuación para la incorporación
de jóvenes en tareas relacionadas con la I+D+i, que persiguen incrementar la
formación de estas personas y fomentar su empleabilidad con una cuantía global
de 35,8 millones. Por un lado, está tramitando una transferencia de 23,8 millones
de euros a las universidades públicas andaluzas para la contratación de unos
458 jóvenes investigadores y personal técnico durante un periodo de dos años.
Esta medida se hará efectiva durante el verano. Y por otro, prevé convocar en
septiembre una línea de ayudas de doce millones para entidades públicas de
investigación no universitarias para realizar 230 contratos de este tipo.
Con ambas iniciativas se ofrece la oportunidad a estos jóvenes de adquirir
competencias profesionales en I+D+i. En concreto, los destinatarios realizarán
actividades de apoyo a la I+D y a la gestión o internacionalización de la
investigación en los grupos, departamentos, institutos, centros y servicios de
investigación de las universidades.

Estas contrataciones están dirigidas a jóvenes menores de 30 años, inscritos en
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que cuenten con una titulación
universitaria -licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado- y en formación
profesional de Grado Superior o Medio.
Impulso de proyectos
En este ámbito, la Junta de Andalucía tiene previsto poner en marcha este mes
de junio una convocatoria de 42 millones en incentivos para financiar proyectos
de I+D+i dirigidas a los agentes públicos del sistema andaluz del conocimiento.
Se trata de una actuación de gran relevancia para los grupos de investigación
de Andalucía y vertebradora del sistema de I+D+i andaluz. A través de esta línea,
financiada con Fondos FEDER, se promoverán dos modalidades de proyectos:
los orientados a los retos de la sociedad andaluza y los que engloban a trabajos
estratégicos singulares y tractores de I+D+i, de desarrollo experimental, y de
generación de conocimiento científico y tecnológico de excelencia.
Igualmente, a continuación de esta actuación se prevé lanzar un programa de
subvenciones para la realización de proyectos singulares en el ámbito de los
ecosistemas de innovación de los campus de excelencia internacional, que
contará con seis millones de dotación. Se trata de la segunda fase de estas
ayudas con las que se van a financiar acciones concretas de transferencia de
conocimiento.
Todas estas actuaciones, que se enmarcan en el Plan andaluz de investigación,
desarrollo e innovación (PAIDI) 2020, se completarán en el último trimestre del
año con otras acciones adicionales de apoyo a la I+D+i andaluza.

Contratación de cocina ‘in situ’ en comedores
escolares de 75 colegios por 23,5 millones
Esta medida, acordada por el Consejo de Gobierno, también
incluye el Plan de Refuerzo Alimentario en estos centros
La Consejería de Educación y Deporte contratará, a través de la Agencia Pública
Andaluza de Educación (APAE), el servicio de comedor escolar en la modalidad
de cocina ‘in situ’ en 75 colegios públicos de Infantil y Primaria por 23,5 millones
de euros. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta medida que también incluye
el programa de refuerzo de alimentación infantil en estos centros educativos.
Son colegios en los que actualmente se viene desarrollando el servicio de
comedor con comida transportada desde una cocina central y que pasan a
disponer de un servicio de cocina para la elaboración de los menús en el propio
centro.
Los requisitos para la elección de estos 75 centros educativos han sido que
tengan al menos 150 comensales y que dispongan de un espacio de office de al
menos 30 metros cuadrados para la instalación del nuevo equipamiento para
elaborar las comidas.
A esta licitación podrá concurrir cualquier entidad que cumpla los criterios de
solvencia y de habilitación empresarial. El concurso prevé 75 lotes, tantos como
comedores, para propiciar la licitación de pequeños operadores. Asimismo, el
promedio de inversión por centro es de 50.000 euros, que correrá a cargo del
contratista y dispondrá de un plazo de cinco años de contrato para poder
amortizarla. Estos 75 comedores escolares se suman a los 423 que ya funcionan
con cocina ‘in situ’ en los centros públicos de Andalucía, de un total de 1.994.

Ratificadas las medidas adoptadas por Justicia
para incorporar al 100% de los funcionarios
La Consejería establece turnos de tarde para aquellos juzgados
en los que no sea posible garantizar la distancia de seguridad
El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración las medidas adoptadas por
la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para
adaptarse a la orden del Ministerio de Justicia del pasado 5 de junio, por la que
se activa la fase 3 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia
ante el Covid-19 y que supone la incorporación del 100% de la plantilla.
Debido a esta nueva orden ministerial, la Dirección General de Oficina Judicial y
Fiscal dictó el pasado 8 de junio una resolución en la que recoge las directrices
para aplicar los criterios que se fijan en la citada orden a los órganos judiciales,
fiscales e Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de la
comunidad autónoma andaluza.
La orden establece que en esta tercera y última fase se incorpore al trabajo
presencial el 100% de la plantilla. Para poder garantizar las medidas de
protección de la salud de las personas funcionarias, como ya se hiciera en la
fase anterior, se regula la apertura en horario de tarde de los órganos judiciales
en los que no se pueda cumplir con la distancia de seguridad.
Por todo ello, teniendo en cuenta la repercusión que la resolución del pasado 8
de junio tiene, no sólo para el personal al servicio de la Administración de Justicia
en Andalucía sino también para los profesionales relacionados con el servicio
público judicial y para toda la ciudadanía, se considera conveniente que el
Consejo de Gobierno tenga conocimiento de la misma, como ya se hizo en las
anteriores fases de la desescalada.
Para reactivar la actividad de la Administración de Justicia, el pasado 8 de mayo
el Ministerio aprobó la orden por la que se fijaba el Esquema de Seguridad
Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el
Covid-19, por la que se ha ido regulando la incorporación progresiva del personal
funcionario. La Consejería de Justicia, además, ha ido dictando órdenes para
regular cada una de las fases y adaptarlas a la comunidad autónoma.

La Junta amplía las medidas extraordinarias
de la ayuda a domicilio hasta el fin de la alarma
Igualdad garantiza la financiación del servicio y restablecerá su
habitual sistema por atención prestada tras la conclusión de la alerta
El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración la prórroga de las medidas
extraordinarias adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación para garantizar la financiación correspondiente al servicio de ayuda
a domicilio hasta la finalización del estado de alarma. De esta forma y hasta esta
fecha, la financiación será como mínimo equivalente a las liquidaciones
correspondientes al mes de febrero de 2020. Posteriormente, se restablecerá el
sistema en función del servicio efectivamente prestado, como se realizaba
previamente a la pandemia por Covid-19.
El Gobierno andaluz ha considerado necesario aprobar esta nueva medida
económica extraordinaria con el objetivo de dotar a las entidades locales y
gestoras del servicio de la suficiente flexibilidad para que puedan acometer la
transición hacia la nueva normalidad con las suficientes garantías en la
prestación del servicio y en el mantenimiento del empleo.
Para ello, la Consejería de Igualdad ha valorado que este proceso requiere de
respuestas flexibles hacia las necesidades de las personas en situación de
dependencia que, durante la etapa de la crisis del coronavirus, han visto
alteradas las condiciones de prestación del servicio, así como de las nuevas
incorporaciones de personas beneficiarias al Sistema para la autonomía y
atención a la dependencia en Andalucía.
El servicio de Ayuda a domicilio, prestado por las corporaciones locales y
financiado por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
(ASSDA), supone un apoyo esencial para el colectivo de las personas mayores,
que por el impacto que ha tenido el coronavirus sobre ellas, se han convertido
en las que mayor protección han requerido.
Por este motivo, el Gobierno andaluz adoptó medidas inmediatas en el inicio de
la pandemia para garantizar la continuidad de la atención de las necesidades
básicas a las personas en situación de dependencia, la reconfiguración de los

contenidos de la atención en función de prioridades y el mantenimiento del
empleo.
Antes de esta prórroga de medidas extraordinarias, mediante la Orden de 14 de
mayo, ya se levantó la suspensión de las visitas domiciliarias realizadas por el
personal trabajador social encargado de aplicar el baremo de valoración de
dependencia y la elaboración de las propuestas del programa individual de
atención. De esta forma, se aseguraba el cumplimiento de la misión de los
servicios sociales de ofrecer protección, atención y cuidados a la población y
especialmente a la que presenta mayor vulnerabilidad ante el Covid-19.
En este sentido, el Plan de transición para la nueva normalidad, aprobado por el
Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, preveía la reactivación progresiva
de los servicios sociales, con atención prioritaria a los colectivos más
desfavorecidos en función de las recomendaciones sanitarias establecidas.
Entre ellos, la atención domiciliaria y el seguimiento continuo a las personas
mayores que no vivan en residencias.

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