Consejo gobierno junta.

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Andalucía, 22 de abril de 2020
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la
habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
► Informe sobre el programa de ayudas para minimizar el impacto
económico y social del Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual
► Acuerdo sobre la tramitación de urgencia en el procedimiento de
aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico
► Acuerdo sobre la respuesta del sistema sanitario a los efectos de la
infección por Covid-19 en centros residenciales y domicilios, a 22 de abril
► Acuerdo sobre las medidas adoptadas por el Comité Técnico de
Desconfinamiento sobre la reactivación de la actividad ordinaria
► Acuerdo de toma de conocimiento de las actuaciones en materia de
vacunaciones en el periodo de estado de alarma
► Acuerdo de toma de conocimiento sobre la campaña de prevención del
infarto cerebral durante el periodo de pandemia del Covid-19
► Decreto por el que se regula la Atención Infantil Temprana
► Informe sobre el plan de choque en materia de turismo
► Acuerdo sobre las medidas de optimización y reorientación de los fondos
estructurales para la reactivación del tejido productivo andaluz 2014-20
► Informe sobre las acciones emprendidas para responder a la situación
provocada por el Covid-19 en las universidades andaluzas
► Informe sobre medidas adoptadas en materia de dependencia para
afrontar la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19

► Acuerdo sobre la orden que establece las cantidades a percibir por las
entidades locales para afrontar medidas extraordinarias por el Covid-19
► Acuerdo el sobre el levantamiento de la suspensión de los nuevos
ingresos en los centros residenciales ante la evolución del Covid-19
► Acuerdo sobre las medidas económicas extraordinarias de apoyo a los
centros residenciales ante las salidas de usuarios por el Covid-19
► Acuerdo sobre alegaciones de la Junta al Ministerio de Agricultura en
relación a la modificación de la Ley de la cadena alimentaria
► Informe sobre solicitud al Gobierno de autorización para desplazamientos
a granjas, huertos y corrales de autoabastecimiento de alimentos
► Acuerdo sobre el inicio de trámites para la aprobación del decreto que
regula la composición y funcionamiento del Consejo Andaluz por el Clima
► Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural la iglesia de San
Juan Evangelista de Paterna del Río (Almería)

Andalucía pone en marcha un programa de 30
millones en ayudas al alquiler por el Covid-19
Fomento aporta 13 millones extra porque los fondos del Gobierno
central son insuficientes para cubrir la demanda regional prevista
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha
puesto en marcha el Programa Extraordinario de Ayudas para el Alquiler de
Vivienda, ideado para contribuir a minimizar el impacto económico y social del
coronavirus en los hogares de las familias más vulnerables. El programa cuenta
con una cuantía total de 30 millones de euros, después de que la Administración
autonómica haya aportado 13 millones adicionales a la dotación aportada por el
Gobierno central, que resultaba insuficiente para responder a la demanda real y
las necesidades de la población andaluza.
Estas ayudas fueron aprobadas en la Orden Ministerial 336/2020 de 9 de abril
por la que se incorpora, sustituye y modifican programas de ayuda del Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021 en cumplimiento del Real Decreto 11/2020, de 31
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al Covid-19. El desarrollo y gestión de estas
ayudas es competencia de las comunidades autónomas.
En el reparto de fondos de la Administración del Estado, Andalucía ha recibido
17,1 millones de euros, que sólo permitían cubrir las ayudas al alquiler para unas
4.700 familias. Ante esta situación, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio ha decidido aportar un complemento hasta alcanzar los
30 millones. Con la asignación presupuestaria andaluza se podrá atender a unas
8.500 familias, cifra que dependerá del precio de los alquileres y que se acerca
más a la necesidad real que hay en la comunidad autónoma.
Fomento está trabajando en la redacción de las bases reguladoras desde el día
que el Gobierno central publicó la medida. La convocatoria será totalmente
telemática, en concurrencia no competitiva y se podrá abonar hasta el cien por
cien de la renta del alquiler, por un máximo de 900 euros. Esta ayuda se podrá
solicitar con carácter retroactivo desde el 1 de abril y durante un periodo de seis
meses, hasta el 30 de septiembre, según consta en la orden ministerial.

Los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos, como encontrarse en el
paro, afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)
o ser autónomos con una disminución de los ingresos del 40 por ciento. Además,
deben estar empadronados en la vivienda de alquiler desde hace al menos seis
meses y no disponer de ninguna residencia en propiedad. Con carácter general,
sus ingresos deben ser menores en tres veces al IPREM (1.613 euros al mes)
en el mes anterior a la solicitud y el pago de la renta del alquiler, más los
suministros básicos (luz, agua, electricidad, gas, comunidad), tiene que ser
superior al 35 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.
Para agilizar trámites, los requisitos se podrán acreditar mediante declaración
responsable, aunque en el plazo de un mes deberá aportarse la documentación
acreditativa. Las solicitudes, que se estima que se podrán empezar a presentar
a principios de junio, se resolverán conforme vayan llegando y hasta donde
alcance el crédito disponible, siendo necesario tener dada de alta una cuenta
bancaria para el ingreso de la ayuda. En la página web de la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se irá informando
puntualmente de todos los pasos que se den al respecto.
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDAS PARA EL ALQUILER DE VIVIENDA
Provincias 2020 (euros) 2021 (euros) Total euros Beneficiarios
Almería 1.715.415 623.787 2.339.202 650
Cádiz 4.161.264 1.513.187 5.674.451 1.576
Córdoba 1.573.705 572.256 2.145.961 596
Granada 1.989.029 723.283 2.712.313 753
Huelva 1.444.351 525.218 1.969.569 547
Jaén 1.162.037 422.559 1.584.596 439
Málaga 4.749.661 1.727.149 6.476.810 1.799
Sevilla 5.204.536 1.892.558 7.097.094 1.973
TOTAL 22.000.000 8.000.000 30.000.000 8.333

La Junta aplicará el trámite de urgencia para
agilizar la aprobación de planes urbanísticos
La medida se adopta para contrarrestar el impacto económico del
Covid-19 y promover la actividad y el empleo en los municipios
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía aplicará la tramitación de urgencia en los procedimientos de
aprobación de los planeamientos urbanísticos. El Consejo de Gobierno ha
tomado conocimiento de la adopción de esta medida con la que se pretende
agilizar los trámites urbanísticos para favorecer la actividad económica en los
municipios andaluces y así contrarrestar el impacto económico que va a provocar
la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19.
La decisión, que se ha comunicado a los ayuntamientos andaluces, se enmarca
en las medidas urgentes que ha puesto en marcha el Gobierno de Andalucía
para controlar, prever y limitar los efectos económicos de la pandemia.
En el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que el Gobierno central
declaró el estado de alarma ante la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus,
se acordó la suspensión de los plazos procesales y administrativos. Esta
suspensión conlleva una dilación de los trámites de planeamiento urbanístico
que acarrea importantes consecuencias, como la reducción del crecimiento
económico y la menor creación de empleo en los municipios que estaban
inmersos en la tramitación de estos procedimientos.
En ese sentido, Andalucía aún cuenta con municipios que no tienen aprobados
sus planes generales y, por tanto, ven limitadas sus posibilidades de desarrollo
social, ambiental y económico. Entre ellos, hay muchos municipios pequeños
cuyo futuro pasa por mantener y ampliar la base económica mediante la
preservación de actividades competitivas y multifuncionales, incorporando
iniciativas compatibles con un desarrollo sostenible y una proporcionada función
residencial. Además, hay que sumar más casos en los que los planes
urbanísticos generales o de desarrollo se han visto paralizados por resoluciones
judiciales o aplicaciones sobrevenidas de normas nuevas que obligan a los
ayuntamientos a volver a iniciar los trámites.

Ante esta circunstancia, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio ha procedido a la aplicación de urgencia de los
instrumentos de planeamiento urbanístico de competencia autonómica y
municipal, lo cual reducirá a la mitad los plazos establecidos, salvo los relativos
a la presentación de solicitudes y recursos. Esta medida será transitoria hasta
que se consiga restablecer el equilibrio social y económico para estos
municipios. Las previsiones de crecimiento auguran una lenta recuperación, por
lo que estas circunstancias probablemente se mantengan hasta la aprobación
de la nueva Ley Andaluza de Suelo, en fase de elaboración y que tiene entre sus
cometidos principales la agilización de trámites en materia urbanística.
Los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, podrán valorar la
necesidad de aplicar esta medida en los procedimientos de aprobación de los
instrumentos urbanísticos que les corresponda tramitar y/o aprobar, de forma
justificada e individual para cada procedimiento.

CONSEJODEGOBIERNO
Salud distribuye 79.200 nuevos test rápidos de
Covid-19 para residencias y ayuda a domicilio
Enfermeras y médicos de familia realizan un seguimiento
telefónico y presencial a usuarios y trabajadores de estos centros
La Consejería de Salud y Familias ha distribuido en la última semana 79.200
nuevos test rápidos de Covid-19 en centros residenciales de mayores, centros
sociosanitarios asimilados de Andalucía y ayuda a domicilio, con el fin de mejorar
el diagnóstico de usuarios y trabajadores que no habían sido previamente
diagnosticados a través de PCR. Los test se han distribuido entre 26 distritos y
áreas sanitarias y se suman a los 90.000 test de anticuerpos que se repartieron
el pasado 9 de abril en residencias de mayores.
Con esta nueva remesa de pruebas, se han realizado hasta el 21 de abril un total
de 73.087 test -43.619 a usuarios y 29.468 a trabajadores-, que han permitido
confirmar 761 casos más de residentes positivos y 266 de trabajadores.
La Consejería de Salud ha informado al Consejo de Gobierno de las medidas
implantadas con motivo del estado de alarma para aquellas personas en
situación de dependencia que son atendidas en centros residenciales o en sus
domicilios. Con estas actuaciones se pretende realizar un seguimiento de las
personas con coronavirus, así como prevenir el agravamiento de problemas de
salud previos.
Una de estas medidas es el seguimiento, tanto telefónico como presencial, de
los pacientes en sus domicilios y en los centros residenciales. Desde el pasado
20 de marzo, esta actuación se ha intensificado en las residencias, donde se ha
iniciado un seguimiento proactivo mediante llamadas y visitas por las enfermeras
gestoras de casos, enfermeras de familia y médicos de familia. Hasta el
momento, se han llevado a cabo 35.192 seguimientos telefónicos y presenciales
en 1.094 centros.
En la actualidad, los centros residenciales sobre los que se realiza seguimiento
atienden a 1.734 personas con la enfermedad confirmada, 609 con sospecha y
1.891 personas sin síntomas, pero en aislamiento preventivo, al igual que se está
siguiendo a 589 casos en trabajadores y 239 con sospecha.

CONSEJODEGOBIERNO
Adaptación clínica
El informe de la Consejería de Salud refiere también la adaptación clínica del
espacio residencial y la coordinación asistencial con servicios de Medicina
Interna del hospital de referencia en 18 centros residenciales de las provincias
de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Granada, Málaga y Sevilla.
En concreto, se trata de los centros de Nuestra Señora del Rosario, en Almería;
Suite La Marquesa (Jerez), Cruz Roja Española (Cádiz) y Nuestra Señora de los
Remedios (Ubrique), en la provincia gaditana; Juan Crisóstomo Mangas (Rute)
y San Rafael (Montilla), en la provincia de Córdoba; Ballesol, Virgen de la Paz y
Geriátrica de Maracena, en Granada; Sierra de Aracena, en Huelva; Geroclinic,
en Ronda (Málaga), y en Sevilla, Fundomar Bermejales, Domusvi Santa Justa,
Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, Ferrusola -todos en la capital
andaluza-, además de Huerta Palacios (Dos Hermanas), Joaquín Rosillo (San
Juan de Aznalfarache), y La Caridad (Lebrija).
Unido a ello, se han habilitado cuatro espacios de evacuación para los centros
residenciales en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga, con el objetivo de que
cuenten con instalaciones cuando no sea posible continuar la atención por
motivos estructurales, falta de personal o especial complejidad de los casos
registrados.
Cumplen este fin el Hotel Ilunion Alcora y el Hospital de Fremap, en Sevilla; la
residencia de tiempo libre ‘El Burgo’, en La Línea de la Concepción (Cádiz), y el
colegio mayor Arunda, en Málaga.
Por último, gracias al nuevo aplicativo incorporado en la Historia Clínica Digital
para la atención a pacientes domiciliarios, se han realizado más de 189.244
contactos telefónicos por parte de las enfermeras a 85.116 pacientes distintos,
de los que 1.053 son personas que viven solas y sin apoyo para sus necesidades
básicas.
Esta aplicación facilita a los profesionales de Atención Primaria registrar la
llamada, realizar la valoración y recoger las intervenciones recomendadas, y ha
hecho posible detectar 505 casos de pacientes con un agravamiento de sus
síntomas de Covid-19 que requerían derivación a servicios médicos específicos
del centro o servicio de urgencias.

Los hospitales definirán circuitos y redistribuirán
pacientes para la normalización de su actividad
Salud realizará test a las personas que se vayan a someter a
cirugía y no tengan síntomas ni antecedentes de coronavirus
Los hospitales andaluces definirán circuitos de pacientes para su
desplazamiento dentro de las instalaciones y redistribuirán a los usuarios por
plantas que hayan atendido o no casos de Covid-19. Éstas son algunas de las
medidas que se están poniendo en marcha desde esta semana para la
normalización gradual de la actividad ante la pandemia, y que recoge un informe
que la Consejería de Salud y Familias ha presentado al Consejo de Gobierno.
Los planes funcionales en el ámbito sanitario general y en el hospitalario
contemplan un conjunto de actuaciones para garantizar la seguridad de los
pacientes y transmitir confianza en la atención que reciben.
Así, entre las medidas generales, además la definición de circuitos para la
movilización dentro de los hospitales, se establecerán lugares de asistencia en
hospitalización, UCI, urgencias, consultas externas y pruebas diagnósticas.
Salud iniciará también medidas para desactivar la evacuación de pacientes a
hospitales privados u otras instalaciones, así como la liberación de dependencias
externas al hospital que se hayan preparado para asistir a pacientes con
sintomatología leve. Del mismo modo, en cada provincia, se mantendrá una
estructura que se activaría en el caso de ser necesario aplicar cualquier plan de
contingencia.
Los hospitales intensificarán, además, la coordinación con Atención Primaria en
la derivación de pacientes y potenciarán la humanización de la asistencia con el
plan de visitas, las medidas de acompañamiento y la información a familiares.
Junto a la redistribución de pacientes por alas y plantas Covid-19 o no Covid-19,
se reordenarán los servicios que se unificaron desde el punto de vista asistencial
y funcional, teniendo en cuenta la capacidad estructural y de recursos humanos
disponibles.

También para las pruebas diagnósticas se establecerán circuitos de
desplazamientos intrahospitalarios.
Salud llevará a cabo la reordenación de los espacios que se habilitaron para su
uso como UCI y la redistribución de pacientes con o sin Covid-19 una vez que
salgan de estas unidades de Cuidados Intensivos, con o sin respirador, hacia las
unidades de hospitalización. También se dispondrá de camas ante posibles
ingresos de nuevos casos con coronavirus, así como para pacientes
postquirúrgicos o que tengan que ser hospitalizados y no presenten el virus.
Consultas externas preferentes u oncológicas
Para las consultas externas se dará prioridad a aquellas que sean de carácter
preferente u oncológicas y se agilizarán las pruebas diagnósticas a partir del acto
único, que ahorra numerosos desplazamientos al paciente.
En las consultas presenciales de primeras visitas, los centros priorizarán los
procedimientos o patologías atendiendo al criterio clínico, y en las revisiones, se
minimizará el número de citas manteniendo el formato telemático en aquellas
que lo permitan. Asimismo, el tiempo en las visitas presenciales se gestionará
de manera que se eviten aglomeraciones en las salas de espera y se definirán
medidas de acompañamiento adecuadas.
Las urgencias de los hospitales andaluces continuarán con circuitos
diferenciados en el marco de la normalización gradual de la actividad por la
pandemia y se mantendrá el triaje avanzado respiratorio y las consultas
monográficas de pacientes con infección respiratoria aguda. Igualmente,
proseguirán los circuitos diferenciados para la llegada de pacientes Covid-19 en
transporte sanitario y los destinados a la movilidad de las personas que vayan a
someterse a pruebas diagnósticas. También en este ámbito se definirán medidas
de acompañamiento.
En radiología, las pruebas diagnósticas se realizarán en acto único siempre que
sea posible, y se unificarán cuando existan varias solicitudes. La Administración
sanitaria apuesta en este ámbito por facilitar el trabajo en red con lecturas
telemáticas de aquellas pruebas funcionales que lo permitan, tanto a nivel
provincial como interprovincial. Asimismo, plantea la reordenación de esta
atención para ganar en accesibilidad, calidad y seguridad.
La relación entre Atención Primaria y Hospitalaria cobra una especial relevancia
dentro de los planes funcionales para facilitar la normalización de la asistencia.
Así, se revisarán los protocolos de seguimiento de los afectados con Covid-19
que han recibido el alta del hospital, incluyendo la atención por Enfermedades

Infecciosas, Neumología, Rehabilitación (respiratoria) y Salud Mental, además
del acceso a Primaria para someterse a pruebas complementarias.
Atención Primaria y Hospitalaria mantendrán también acuerdos para la
derivación de pacientes, tanto presencial como no presencial, con el fin de
optimizar su valoración, y fomentarán la teleconsulta y el acto único para reducir
el número de revisiones. Junto a todo ello, se recuperarán las citas de pruebas
complementarias y consultas en Atención Hospitalaria.
Reactivación de la actividad quirúrgica
La actividad quirúrgica es objeto de una especial atención dentro de los planes
funcionales de normalización gradual de la asistencia y, aunque se establecen
criterios generales para todos los centros, se contempla que cada uno elabore
su propio plan de reactivación para adaptarlo a sus características y
circunstancias.
Salud contempla que las camas de las unidades de recuperación
postanestésica, los hospitales de día e incluso los quirófanos vuelvan a su uso
habitual, al igual que las plantas de hospitalización quirúrgica.
En los centros que tengan la posibilidad de comenzar la actividad quirúrgica en
edificios específicos se dará preferencia a esa opción, y en general, se
establecerán áreas específicas de atención con circuitos diferenciados. Los
planes prevén también la revisión de circuitos limpios y sucios y la diferenciación
clara entre plantas y quirófanos.
En todos los casos, además, se potenciará la limpieza exhaustiva de los
espacios Covid y no Covid y se protocolizará el uso de mascarillas para
trabajadores, usuarios y acompañantes. Sólo se permitirá un acompañante por
paciente.
Las personas que vayan a someterse a cirugía y que no hayan presentado
síntomas de coronavirus en los últimos 15 días ni cuenten con antecedentes
epidemiológicos se realizarán una prueba de diagnóstico PCR o un test para
descartar la enfermedad 48 horas antes de la operación. En los casos en que el
resultado sea negativo se continuará con la intervención; si es positivo, se
comunicará al paciente y a Atención Primaria para su aislamiento y seguimiento
domiciliario.
Si el paciente se va a someter a una intervención de carácter urgente, oncológica
o que no admita demora, se le realizará la prueba PCR o un test rápido.
La Administración sanitaria potenciará además la Cirugía Mayor Ambulatoria,
dando prioridad a las especialidades con mayor lista de espera. Las

intervenciones con y sin ingreso aumentarán progresivamente hasta restablecer
la actividad habitual.
La Consejería de Salud lanzará campañas divulgativas para informar al
ciudadano sobre la normalización de la actividad, con el objetivo de trasladar un
mensaje de confianza acerca de la seguridad de las medidas implantadas.
Asimismo, asesorará al personal sanitario sobre estas actuaciones.

Salud fija las vacunaciones que deben
mantenerse sin demora en el estado de alarma
Los ciudadanos deberán contactar con su centro por teléfono para
solicitar cita y mantener así la distancia física recomendada
La Consejería de Salud y Familias y el Ministerio de Sanidad han establecido las
vacunaciones que, por su carácter prioritario, deberán mantenerse operativas y
sin demora en los centros de vacunación durante el periodo de confinamiento
por la pandemia de coronavirus. El Consejo de Gobierno ha conocido un informe
de la Consejería de Salud sobre estas pautas de vacunación, que se seguirán
siempre que los centros que las administran tengan capacidad y puedan cumplir
las medidas de seguridad oportunas. Para asegurarse de ello, las personas
deberán contactar por teléfono con su centro de salud o centro asistencial
correspondiente para solicitar cita y mantener, de esta manera, el
distanciamiento físico recomendado.
Según las indicaciones emitidas por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de
Salud, en el caso de los menores, se mantienen aquellas vacunas que se
administran a los lactantes durante los primeros 15 meses de vida.
Para las embarazadas, con la vacuna para la tosferina se recomienda su
administración a partir de la semana 27, pero preferentemente entre las semanas
27 y 28 de gestación. Por lo que respecta a la vacunación antigripal, que también
reciben las mujeres embarazadas, esta campaña ya terminó el pasado 2 de
marzo y no comenzará de nuevo hasta la segunda quincena de octubre.
Los pacientes de riesgo de cualquier edad constituyen un tercer grupo
contemplado en las recomendaciones sanitarias. En el caso de las personas en
tratamiento con eculizumab y trasplantados, los profesionales responsables del
paciente deberán valorar el riesgo-beneficio de acudir al centro sanitario para la
vacunación, priorizando en todo momento las medidas de aislamiento físico.
Finalmente, en las personas de cualquier edad que precisen vacunación por
brotes epidémicos o por posexposición no demorable, se actuará según las
recomendaciones de las autoridades de Salud Pública.

El resto de vacunaciones, tanto en niños y adolescentes como en adultos y
mayores, se posponen para cuando se reanude la actividad normal, ya que se
considera que el riesgo de infección por coronavirus por salir del domicilio supera
al riesgo que supone retrasar estas vacunaciones durante unas semanas o
meses.

Salud subraya la importancia de la detección
precoz del ictus también durante la pandemia
La Junta traslada en una campaña el funcionamiento seguro de la
atención urgente a las personas que sufren un infarto cerebral
La Consejería de Salud y Familias va a poner en marcha una campaña
informativa dirigida a mejorar la detección precoz y la identificación inmediata del
ictus, con el fin de procurar una atención urgente a las personas que sufren un
episodio de estas características durante el estado de alarma. La campaña
integrará acciones de comunicación dirigidas a la ciudadanía en general, bajo el
emblema #UrgenciaICTUS, y mensajes específicos para grupos de riesgo o
personas con patologías previas.
El Consejo de Gobierno ha conocido un informe de Salud sobre esta iniciativa,
con la que se pretende evitar que el confinamiento afecte a los tiempos de
respuesta ante un infarto cerebral, debido al retraso de los pacientes en acudir a
los servicios sanitarios para evitar contagios y por entender que se prioriza la
atención a las personas con Covid-19.
Durante el desarrollo de la campaña, se facilitará información actualizada a la
población sobre el funcionamiento seguro de la atención urgente a los enfermos
de ictus en el periodo de confinamiento y desconfinamiento de la pandemia.
También se hará un especial hincapié en mejorar el conocimiento de los
ciudadanos sobre los síntomas fundamentales de la enfermedad y se incidirá en
los pasos a seguir para garantizar una atención adecuada y ágil.
La campaña concienciará igualmente sobre la importancia de la detección
precoz y precisará que los enfermos que presenten una emergencia por infarto
de miocardio también se pueden beneficiar de una actuación rápida.

Centros itinerantes de Atención Temprana para
casos de riesgo social o dispersión geográfica
El Consejo de Gobierno aprueba un decreto que regula la fórmula
del concierto social para esta prestación dirigida a menores
El modelo andaluz de Atención Temprana incorporará centros itinerantes para
aquellos menores que, por sufrir situaciones de riesgo social o presentar
condiciones sociodemográficas desfavorables, encuentran dificultades para
acceder a esta prestación, con especial atención al medio rural. Ésta es una de
las principales novedades que incluye el decreto por el que se regula el concierto
social para la prestación de la Atención Infantil Temprana, que ha aprobado el
Consejo de Gobierno.
La Atención Infantil Temprana engloba un conjunto de intervenciones
sociosanitarias dirigidas a la población menor de seis años que presenta
trastornos en su desarrollo o que tiene el riesgo de padecerlos. Estas
actuaciones también incluyen a su familia y entorno.
Con la aprobación del concierto social como fórmula de gestión, la Atención
Temprana pasará a ofrecerse por entidades cuya financiación, acceso y control
son públicos.
Frente a la fórmula vigente hasta ahora, consistente en una gran heterogeneidad
de contratos que han llevado a los centros a atender a un número de menores
superior al inicialmente previsto, lo que ha redundado en la existencia de
demoras e incluso en una disminución del número de sesiones, el concierto
social permitirá a partir de ahora un mejor dimensionamiento de las necesidades
reales de los destinatarios. Con esto, se optimizará la gestión, se agilizarán los
pagos a las entidades y se reducirán las listas de espera.
El concierto social fomentará además la prestación por entidades del Tercer
Sector, especialmente de iniciativa social, que incluso tendrán prioridad para
acceder a la concertación frente a otras empresas. Dado que muchas de las
entidades de iniciativa social proceden de asociaciones de colectivos de
afectados, su experiencia en el terreno y su gestión solidaria supondrán una
mejora de la calidad de la atención prestada y la continuidad del servicio.

Continuidad de la atención
Con la nueva fórmula se fijarán como criterios para la concertación como la
continuidad de la atención, la vinculación terapéutica o afectiva, la atención
personalizada y de calidad o la proximidad de la población destinataria. En este
sentido, se ha tenido en cuenta que las intervenciones realizadas sobre la
población menor conllevan la creación de un vínculo entre sus destinatarios,
familia y terapeutas que favorece la consecución de los objetivos.
De hecho, el éxito de la Atención Temprana depende en gran parte del
mantenimiento de las intervenciones y su interrupción puede minimizar los
resultados e incluso provocar que persistan los trastornos del desarrollo.
Una de las principales novedades del decreto es la incorporación de los centros
de Atención Infantil Temprana itinerantes, que propiciarán la igualdad y equidad
territorial en la prestación. Esta medida supone que, en la selección de
entidades, se valorará de forma especial su capacidad para aproximar los
recursos a la zona de referencia del domicilio del menor mediante la
correspondiente unidad asistencial, cuando no existan otros dispositivos
cercanos o el niño y su entorno se encuentren en situación de extrema
vulnerabilidad.
Ello permitirá superar barreras impuestas por las dificultades de acceso,
condiciones sociodemográficas desfavorables, situaciones de riesgo social u
otras que dificulten la prestación para la población residente en determinadas
zonas, con especial atención al medio rural.
Por otro lado, el concierto social incorporará cláusulas sociales y ambientales
relativas a la dignidad de las condiciones laborales, la inclusión social, la igualdad
de género y de oportunidades y el respeto al medio ambiente, cuyo cumplimiento
otorgará a las entidades preferencia en la adjudicación.
Los conciertos tendrán una duración plurianual para garantizar la estabilidad en
la asistencia y sus consiguientes beneficios para los menores, aunque no podrán
prolongarse más de ocho años incluido el periodo inicial y las sucesivas
prórrogas.
En la actualidad, Andalucía cuenta con 163 centros de Atención Infantil
Temprana, dispositivos que diseñan actividades integrales para los menores y
en los que desarrollan su labor psicólogos, logopedas y fisioterapeutas. Tan solo
en 2020, el coste de esta prestación supera en la comunidad los 42,6 millones
de euros.

Turismo creará un protocolo de protección
contra el Covid-19 en establecimientos del sector
El plan de choque tendrá varias líneas para preservar y potenciar
la marca Andalucía como un destino seguro y preferente
El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, Juan Marín, ha presentado al Consejo de Gobierno un
informe sobre el plan de choque en materia de Turismo que tiene como objetivo
paliar los efectos negativos de la crisis generada por el Covid-19 y el estado de
alarma, que ha supuesto la paralización del sector.
Una de las iniciativas en las que se trabaja es en la creación de un protocolo de
protección de los establecimientos turísticos contra el coronavirus, a partir de la
guía para hoteles medicalizados desarrollada por la Dirección General de Salud
Pública y Ordenación Farmacéutica.
En sus grandes líneas, el plan, que ha sido presentado en la Mesa del Turismo,
contempla dos estrategias. Una primera dirigida al mantenimiento, rehabilitación
y reactivación del sector que incluye: incentivos fiscales y para la contratación, y
planes de financiación y liquidez para empresas. Asimismo, incorpora, entre
otras medidas, el apoyo a través de avales públicos, aplazamiento de impuestos,
una línea específica para hoteles refugio, o el compromiso de no crear tasas
turísticas.
Sólo esta primera estrategia va a tener un previsible impacto directo en el sector
de 244 millones de euros y una repercusión global estimada en la economía
andaluza de 747 millones de euros.
Y una segunda línea que va enfocada a la preservación y potenciación de la
marca Andalucía donde se contempla la reactivación del turismo de proximidad,
tanto andaluz como del resto de España (con una inversión de tres millones en
promoción y comunicación), campañas en medios de comunicación y redes
sociales (4,4 millones de euros), participación en eventos turísticos
internacionales (1,4 millones) y refuerzo de alianzas con turoperadores y
compañías aéreas.

En cuanto a los patrocinios, se mantienen los aún activos (por valor de 1,4
millones de euros) y se prevé reasignar los pospuestos en un programa de
transformación digital de pymes turísticas, si éstos no llegan a celebrarse.
También se incluirá en el plan de choque el desarrollo de productos como la
Tarjeta Cultural, para apoyar la fidelización del viajero.
Además, se han planteado planes de formación e investigación, que ya se
imparten desde Andalucía Lab, y nuevas propuestas como los Foros de
Intercambio de Conocimiento basados en las especializaciones de las cátedras
de Turismo que promueve la Consejería, que se realizarán en las ocho provincias
con la asistencia de las Cámaras de Comercio.
En el ámbito legislativo, se agilizarán las iniciativas que estaban en marcha,
como los planes de grandes ciudades o las declaraciones de Municipio Turístico,
que en este momento se convierten en un salvavidas para estas localidades, o
la aprobación del nuevo decreto de clasificación hotelera.
Finalmente, se abordan otras medidas adicionales como solicitar al Estado la
creación de los bonos vacacionales; y estudiar la posibilidad de asumirlo en la
región si la respuesta del Gobierno central es negativa.

Economía acelera la reprogramación de 3.200
millones de fondos europeos contra el Covid-19
La Comisión Europea deberá validar la planificación, que busca
reactivar el tejido productivo y ayudar a financiar el gasto sanitario
El Consejo de Gobierno ha aprobado la reprogramación de un mínimo de 3.200
millones de euros de los cuatro Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
(FEIE) que se aplican en Andalucía en el marco 2014-2020. El objetivo es
atender la nueva realidad económica y social de la comunidad provocada por la
crisis del Covid-19. El Ejecutivo andaluz ha adoptado esta medida una vez que
la Comisión Europea ha culminado la reforma legislativa que permite a los
Estados miembros destinar estos programas a medidas contra la pandemia.
La Junta de Andalucía ha actuado con celeridad, ya que la autorización de la
reprogramación se produce en el primer Consejo de Gobierno celebrado tras el
nuevo escenario planteado por Bruselas, hecho público el pasado viernes 17 de
abril.
Economía aplicará este proceso de optimización y de reorientación sobre el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo
(FSE), el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que son los programas en los que la
Junta de Andalucía tiene competencias directas de gestión.
La reprogramación, considerada estratégica por el Ejecutivo autonómico para la
reactivación económica de la comunidad y una consecuencia directa de las
recientes reformas de los programas, se llevará a cabo sobre los recursos
disponibles, es decir, fundamentalmente los no comprometidos. Tendrá como
finalidad reactivar el tejido productivo andaluz en el nuevo marco de crisis
económica, así como financiar el gasto sanitario extraordinario del Servicio
Andaluz de Salud (SAS) generado por el Covid-19. Para acometerla, Economía
actuará en colaboración con todos los departamentos de la Junta que gestionan
estos instrumentos de financiación comunitaria, a través de la red de 21
coordinadores de Fondos Europeos designados para reforzar y garantizar la
adecuada gestión de los diferentes programas.

Por otro lado, las partidas ya comprometidas, pero no certificadas, que
ascienden a 2.300 millones de euros adicionales, serán objeto a su vez de una
agilización para acelerar su ejecución. Las actuaciones que se realicen con este
objetivo se desarrollarán atendiendo tanto a los cambios normativos aprobados
por el Ejecutivo europeo como a las medidas de reactivación impulsadas por la
Consejería de Economía en mayo de 2019, por la situación de parálisis
encontrada por el Gobierno andaluz al inicio de la legislatura. Esa decisión se
adoptó el pasado ejercicio con el fin de minimizar el riesgo de pérdida de fondos
programados para la comunidad autónoma, teniendo en cuenta su importancia
para avanzar en la convergencia real de Andalucía con Europa.
Las iniciativas de la Junta para acelerar la tramitación y reforzar la estructura de
gestión han permitido agilizar de forma significativa la implementación de la
financiación europea, alcanzando a 31 de diciembre de 2019 unos objetivos de
certificación del 109,1%. Ese porcentaje se traduce en unos 1.003,6 millones de
euros frente a los 378,3 millones de media anual justificados desde que se puso
en marcha el marco financiero actual, en el año 2014, hasta diciembre de 2018.
Ese sobreesfuerzo ha posibilitado que a finales del pasado año la certificación
acumulada se situara ya en más de 2.500 millones de euros.
Cambios legislativos europeos
La reforma acometida por Bruselas está contenida en la ‘Iniciativa de Inversión
en Respuesta al Coronavirus’ y permite flexibilizar el uso de los Fondos Europeos
y movilizar el máximo de sus recursos en la lucha contra el Covid-19.
Esas modificaciones afectan tanto a las disposiciones comunes que rigen el
funcionamiento de los Fondos Estructurales y de Inversión como a los
reglamentos específicos de cada programa.
Entre las novedades más relevantes, destacan la autorización de transferencias
exprés de recursos entre las líneas prioritarias de un mismo programa de
financiación, el incremento de las tasas de cofinanciación para las actuaciones
elegibles para la lucha contra la pandemia o la autorización para que los
instrumentos financieros que se nutren de los FEIE también puedan destinarse
a favorecer la liquidez de las pymes.
Fondos Estructurales y de Inversión
Más de la mitad de las partidas de la Unión Europea se canaliza a través de los
Fondos Estructurales y de Inversión, gestionados conjuntamente por la Comisión
Europea y los Estados miembros. Todos esos recursos se destinan a estimular
el desarrollo económico y la creación de empleo de los países de la UE,
siguiendo los objetivos establecidos en la estrategia Europa 2020.

Se concentran principalmente en cinco sectores: investigación e innovación,
tecnologías digitales, economía hipocarbónica, gestión sostenible de los
recursos naturales y pequeñas empresas.

La Junta acuerda con las universidades adaptar
las guías docentes antes de final de mes
Economía informa al Consejo de Gobierno del acuerdo, que prioriza
la docencia ‘online’ y la evaluación continua a causa del Covid-19
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha
acordado con las universidades públicas andaluzas la adaptación de las guías
docentes a la modalidad ‘online’ antes de final de mes, según el convenio marco
respaldado por la Administración autonómica, los rectores y la Dirección de
Evaluación y Acreditación (DEVA) -como órgano externo de evaluación del
sistema universitario andaluz-, ante la crisis sanitaria del Covid-19.
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de dicho acuerdo, alcanzado
el pasado 11 de abril, en el que se establece que cada universidad debe aprobar
sus criterios académicos de adaptación válidos para todas las titulaciones y
elaborar adendas a estas guías con los cambios que se acuerden. Todos los
ajustes en la metodología docente y métodos de evaluación han de ser
comunicados a los estudiantes con la suficiente antelación.
Ese consenso establece como principales medidas mantener el calendario
académico previsto, así como priorizar la docencia online y la evaluación
continua en la etapa de educación superior.
Igualmente, se indica que la enseñanza práctica –docencia experimental y
prácticas externas curriculares- que no permita su adaptación a la modalidad no
presencial, se impartirá en los meses de julio, agosto o septiembre de manera
intensiva, o incluso, se podrá realizar hasta final de año. Para estos casos, no
será necesaria una nueva matriculación del estudiante o si por exigencias
administrativas lo fuera, no deberá abonarla.
Para la docencia práctica o experimental, el acuerdo establece, con carácter
general, que ésta se adaptará a modalidades no presenciales, si bien cuando ya
se haya alcanzado un volumen razonable de resultados de aprendizaje se podrá
completar con otro tipo de actividades (proyectos, memorias, programas
formativos, etc.) que puedan ser evaluadas. Solo en los casos excepcionales
donde no sea posible su adaptación a una modalidad no presencial, se

reprogramará la asignatura para ser impartida en el periodo en que las
autoridades sanitarias permitan de nuevo la docencia presencial, pudiendo
impartirse en los meses de julio o septiembre de manera intensiva, si ello es
viable.
En el caso de las prácticas externas curriculares y siempre que sea posible,
también se adecuarán a una versión no presencial mediante metodologías
formativas alternativas o serán sustituidas por otras actividades que permitan
adquirir las competencias correspondientes. El calendario y metodología
deberán ser acordados con los tutores externos y quedar reflejado en la adenda
de la guía docente.
Cuando no se pueda realizar esa adaptación, la universidad podrá prorrogar el
periodo de realización por el mismo periodo en que se han visto suspendidas o
reprogramar su realización. En ese caso, se desarrollarán de manera intensiva
en los meses de julio, agosto o septiembre, mediante acuerdo con la empresa o
institución, salvo que el estudiante no pueda realizar las prácticas en dichas
fechas por motivos debidamente justificados. Si fuera necesario, las prácticas
podrán prorrogarse o realizarse hasta final de año, teniendo en cuenta la
coordinación con las plazas de prácticas previstas para el nuevo curso, para
evitar solapamientos.
Para las prácticas externas de larga duración de titulaciones profesionalizantes
reguladas (grados en Ciencias de la Salud y Ciencias de la Educación, Máster
Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Máster Universitario en
Abogacía y Máster Universitario en Psicología General Clínica) son de especial
interés las recomendaciones y acuerdos alcanzados por las conferencias
nacionales de decanos, procurando las universidades andaluzas adoptar las
soluciones propuestas por dichas conferencias, a fin de que las competencias
adquiridas sean similares en todo el territorio nacional.
Asimismo, para la defensa de los Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin
de Máster (TFM) se adaptará a la modalidad online, siguiendo los protocolos que
aprueben las universidades. Se procurará, además, que se realicen en las
fechas previstas y si no fuera posible, se reprogramarían. Las comisiones de
titulaciones de grado podrán adoptar la decisión de sustituir la defensa pública
por la presentación de memorias escritas cuando existan dificultades técnicas
para la composición a distancia de las comisiones de evaluación, salvo que
exista normativa estatal reguladora del título que lo impida.
Los TFG y TFM experimentales o que requieran prácticas de campo se tratarán
según los criterios establecidos para la realización de prácticas externas

curriculares. Si las prácticas externas se han tenido que retrasar por la
imposibilidad de su adaptación a la modalidad no presencial durante las fechas
previstas, se permitirá que el estudiante pueda presentar el TFG o TFM aun sin
tener superadas las prácticas, con los cambios transitorios en la normativa
académica que ello requiera.
En cuanto a las tesis doctorales, las universidades aprobarán protocolos para la
defensa no presencial en los casos en que no estuviese contemplado en su
normativa, garantizando plenamente la identidad del doctorando y la publicidad
del acto. Se deberá garantizar, igualmente, el plazo de exposición pública
previsto en la normativa. Las asignaturas o actividades formativas que no hayan
podido adaptarse a una modalidad no presencial ni se hayan podido realizar
durante julio o septiembre, aunque se desarrollen en los meses posteriores, se
entenderán realizadas dentro del curso 2019/20.
Documento marco
Ese consenso de Junta y universidades se sustenta en un documento marco
compartido de principios para mantener la cohesión, solidez y calidad del
sistema académico durante la excepcionalidad que marca el final del curso 2019-
2020. Andalucía ha sido la primera comunidad en aprobar un documento marco
de referencia para todo el sistema universitario sobre adaptación de la docencia
y evaluación a la situación provocada por el COVID-19.
Este texto fija como objetivo que el estudiantado pueda cursar las asignaturas
en las que está matriculado y ser evaluado en las fechas previstas en el
calendario académico, sin sufrir retrasos en la terminación del presente curso
académico o tener que trasladar las asignaturas al próximo.
1.000 tarjetas para la docencia online
Por otro lado, se ha concretado que las clases impartidas de manera online
síncronas -en tiempo real- se adaptarán a los horarios en los que estaban
previstas las clases presenciales. Cuando los medios tecnológicos lo permitan,
se facilitará la grabación de las sesiones de docencia para que los estudiantes
con dificultades para asistir en la hora programada puedan acceder a las clases
grabadas.
Se velará por que las adaptaciones a la modalidad no presencial no excluyan a
estudiantes que por falta de recursos tecnológicos tengan dificultades para el
seguimiento de su formación a distancia. Para evitarlo, la Consejería ha llegado
a un acuerdo con Vodafone para repartir 1.000 tarjetas SIM para la conexión de
universitarios becados de las nueve instituciones académicas públicas que no
tienen posibilidad o presentan dificultades de acceso a internet. Estas unidades

cuentan con una capacidad de 60 gigabytes al mes y estarán operativas hasta
mitad de julio.
Las tarjetas se han distribuido en proporción al número de estudiantes con beca
del Ministerio o de las propias universidades con el umbral 1 de renta familiar. El
mayor número de tarjetas (233) las recibirá la Universidad de Granada. La
Universidad de Sevilla obtendrá 213; la de Málaga, 169; la de Cádiz, 111; la de
Córdoba, 70; la de Jaén, 63; la de Almería, 52; la UPO, 45; y la de Huelva, 42.
Esta actuación no tendrá coste ni para las universidades ni para los alumnos y
se enmarca en del programa de Bono Social con que Vodafone ayuda a
colectivos en riesgo de brecha digital. Las universidades, que trabajan en la
detección de alumnos que precisan estos dispositivos, son las encargadas de
repartir las tarjetas.

El seguimiento a personas mayores se refuerza
con 250 trabajadores sociales de la dependencia
Este personal de apoyo ha realizado 45.000 llamadas telefónicas
desde su incorporación a este servicio por la crisis del Covid-19
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha informado al
Consejo de Gobierno del conjunto de las medidas adoptadas en materia de
dependencia para dar respuesta a la emergencia sanitaria provocada por la
pandemia del virus COVID-19, en relación a las prestaciones y servicios
gestionados desde la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de
Andalucía (ASSDA).
Así, como medida de refuerzo al servicio de teleasistencia, se han incorporado
250 trabajadores sociales de la ASSDA de todas las provincias para llamar a los
usuarios, saber cómo se encuentran y cuál es su situación social y sanitaria y
actuar ante aquellos casos detectados como una posible emergencia social. A
fecha actual, ya se han realizado más de 45.000 llamadas, a las que hay que
sumar las realizadas desde sala.
Este servicio también ha reforzado la atención continuada a más de 232.000
personas por la crisis del Covid-19 y ha gestionado 486.000 llamadas desde el
pasado mes. Para ello, ha sido necesario reforzar el servicio con la contratación
de 84 nuevos profesionales, 30 de los cuales han sido destinados para la
atención del Teléfono del Mayor y, de forma paralela, se ha realizado la
reasignación de 12 teleasistentes a puestos de supervisores.
Además, se está instalando el servicio de teleasistencia a 3.255 personas
mayores que viven solas y que se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad y de 5.877 dispositivos adicionales de teleasistencia avanzada,
como detectores de seguridad de humo y de gas.
Además, esta situación ha requerido, entre otras medidas, reorganizar el trabajo
en las centrales de teleasistencia, adaptar puestos al teletrabajo o modificar los
procedimientos.

Pagos con normalidad
Por otra parte, la Consejería de Igualdad está procediendo los pagos con total
normalidad a pesar de las dificultades ocasionadas en la gestión por la crisis del
Covid-19. Durante el primer mes de estado de alarma, ha abonado 128,7
millones en prestaciones y servicios de dependencia.
Asimismo, en esta situación de alarma, la ASSDA ha tenido que implementar
medidas extraordinarias de personal y contratación, así como adoptar otras para
garantizar la seguridad de los profesionales de los servicios esenciales y la
puesta en marcha de los mecanismos de teletrabajo necesarios para la
continuidad de su actividad.
Garantizado el servicio de ayuda a domicilio
De otro lado, la Consejería ha tenido una respuesta rápida, clara y contundente
respecto a la prestación del servicio de ayuda a domicilio desde el inicio de esta
crisis, garantizando su financiación durante el periodo que duren las medidas
excepcionales adoptadas para contener el Covid-19.
Las medidas puestas en marcha han permitido flexibilizar la atención ajustándola
a las necesidades de las más de 88.000 personas en situación de dependencia
que cuentan con el servicio de ayuda a domicilio, en un contexto de freno del
contagio del virus, a la vez que se ha garantizado el mantenimiento del empleo
y la seguridad de las auxiliares que prestan el servicio.
Cierre de los centros de día
El cierre temporal de los centros de día para personas mayores y con
discapacidad, con el que cuentan 13.789 personas en Andalucía, fue una de las
primeras medidas tomadas para evitar un mayor número de contagios por el
coronavirus. Para compensar el cierre, ha sido necesario reconfigurar el servicio
para el seguimiento telefónico o presencial de las personas más vulnerables.
Como medida económica, se suspendió la obligación de pago de los usuarios
de la aportación económica al coste de su plaza y se garantizó el abono a las
entidades del 80% del coste de las plazas concertadas y de las prestaciones
vinculadas al servicio, siempre con el compromiso del mantenimiento del
empleo.
Información a la ciudadanía
Igualdad mantiene la atención de las líneas de información, como el teléfono de
atención a las personas mayores, el teléfono de información sobre discapacidad
y accesibilidad o las líneas telefónicas de atención a la infancia y adolescencia.

Asimismo, el servicio de atención a la ciudadanía sobre dependencia se ha
adaptado a esta situación excepcional, respondiendo a las más de 1.300
consultas recibidas a través del teletrabajo.
Estos servicios, junto a otras iniciativas, como la publicación de una guía de
preguntas y respuestas sobre aspectos no sanitarios Covid-19, tratan de aclarar
todas las dudas tanto de la ciudadanía en general como de entidades y
profesionales sobre las prestaciones y servicios de atención a la dependencia.
Todas estas medidas están destinadas, por un lado, a garantizar la atención y
seguridad de las personas usuarias de los servicios y prestaciones de atención
a la dependencia y, por otro lado, garantizar la continuidad de la gestión y los
pagos, tanto de las prestaciones económicas, como a las entidades locales y
entidades del tercer sector, con el compromiso del mantenimiento del empleo.

Igualdad prioriza a las familias y los centros
residenciales en los 29 millones del Fondo Social
Ayuntamientos y diputaciones dispondrán en días del dinero que
adelanta la Junta al Gobierno para la emergencia del Covid-19
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha informado al
Consejo de Gobierno de los criterios prioritarios de actuación que ha establecido
a la hora de distribuir entre las entidades locales los 29.053.998,60 euros
correspondientes al Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a
atender las consecuencias sociales del Covid-19, como son la garantía de
ingresos suficientes a las familias para asegurar la cobertura de sus necesidades
básicas (35 por ciento del presupuesto) y el refuerzo de las plantillas de los
centros residenciales y de servicios sociales comunitarios (30%).
Conforme a la orden ya publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA), y con esta partida que adelanta el Gobierno autonómico antes de que
la transfiera el Ejecutivo central, los ayuntamientos y diputaciones andaluzas
podrán disponer de este presupuesto en unos días para hacer frente a la
emergencia social provocada por la pandemia del coronavirus.
Asimismo, se establece que el porcentaje del presupuesto de cada entidad local
–ayuntamiento de más de 20.000 habitantes o diputación– destinado a reforzar
los servicios de ayuda a domicilio, así como la adquisición de medios de
prevención tanto para personas usuarias como para profesionales tiene que ser
del 20 por ciento. Finalmente, el 15 por ciento en cada caso se destina a
consolidar los dispositivos de las personas sin hogar, con el personal y medios
materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden
estén debidamente protegidas y, al mismo tiempo, posibilitar la ampliación del
recurso tanto en el tiempo de estancia como en la intensidad.
No obstante, en función de las necesidades de cada entidad local, la Consejería
establece que estos porcentajes puedan ser modificados y que las cantidades
se abonarán en concepto de transferencias de financiación en un pago único.

El Fondo Social Extraordinario articulado por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17
de marzo, supone la financiación de las prestaciones básicas de los
correspondientes servicios sociales de las comunidades autónomas,
Diputaciones Provinciales o Corporaciones Locales, un recurso cuya demanda
se está incrementando por parte de la ciudadanía como consecuencia de la
actual pandemia por Covid-19.
En este sentido, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
como departamento competente en el desarrollo de la red de los Servicios
Sociales Comunitarios debe adoptar y ha adoptado las medidas necesarias para
ejecutar las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía en esta materia y desarrollar sus acuerdos.
Distribución por provincias
De la cuantía total para las Corporaciones Locales, la provincia de Almería recibe
2.476.147,76 euros; Cádiz, 4.282.200,37 euros; para Córdoba se destina
2.703.591,86 euros; Granada, 3.158.342,68 euros; Huelva, 1.801.994,03 euros;
Jaén, 2.187.668,47; Málaga, 5.738.070,12; y Sevilla, 6.706.983,3 euros. De esta
forma, está previsto que se pueda atender a aproximadamente un millón de
personas en toda la comunidad autónoma.
Además de esta partida para entidades locales, la Consejería de Igualdad
gestionará 22.107.770 euros y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia
de Andalucía (ASSDA) hará lo propio con 2.556.729,40 euros. Con estas
cantidades se alcanzan los 51.718.498 euros asignados en total a Andalucía por
el Fondo Social del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Con respecto al crédito que corresponde a la Consejería de Igualdad, un total de
4.602.800 euros se destinará a hacer frente al refuerzo de servicios de
proximidad de carácter domiciliario y compra de equipos de protección individual,
así como al servicio de comida a domicilio para los usuarios y usuarias de centros
de participación activa titulares de la Tarjeta Sesenta y Cinco en su modalidad
oro (personas de extrema vulnerabilidad).
Además, 8.189.200 euros serán para reforzar las plantillas de centros
residenciales de personas mayores, centros de personas con discapacidad y
centros de protección de menores de titularidad de la Junta de Andalucía.
También, 1.535.370 euros serán para ampliar la dotación de las partidas
destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, que irá destinado al
incrementar la partida destinada a las Corporaciones Locales para atender las
Ayudas Económicas Familiares.

A su vez, un total de 2.780.400 euros se llevará a cabo para financiar otras
medidas imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente
vulnerables, que se resolverán a través de la Comisión de emergencia social, así
como para coordinar las actuaciones en materia de voluntariado que se deriven
de las ocho comisiones provinciales de emergencia social.
Por último, la ASSDA destinará 40.000 euros para hacer frente al refuerzo de
servicios de proximidad de carácter domiciliario y dedicará 956.729,40 euros
para incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de
teleasistencia domiciliaria de manera que permita aumentar el ritmo de contactos
de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio.
También dedicará 1.560.000 euros para financiar otras medidas imprescindibles
y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables, residentes en
Comunidades Terapéuticas, así como para la cofinanciación del sobrecoste
asumido por la ASSDA en la financiación del coste del servicio de los centros de
día garantizado a las entidades prestadoras que han visto suspendida su
actividad.
Con las actuaciones definidas, se pretende hacer frente a las situaciones de
desprotección y extrema vulnerabilidad provocadas por la emergencia sanitaria
actual y que precisan de un abordaje urgente, donde los poderes públicos deben
desplegar toda su capacidad, creando dispositivos y recursos necesarios para
enfrentarse a la nueva realidad social que se presenta.
Más información sobre los criterios de distribución de las cantidades del Fondo
Social a las entidades locales en BOJA:
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/75/BOJA20-075-00005-4615-
01_00172025.pdf

Andalucía permitirá los ingresos en los
centros residenciales a partir del 27 de abril
Igualdad adapta las medidas de contención para garantizar la
atención a las personas y evitar la transmisión de Covid-19
El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración la propuesta por parte de
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sobre el
levantamiento de la suspensión de los ingresos en los centros residenciales de
Andalucía dada la evolución favorable del coronavirus en la comunidad
autónoma. De esta manera, se insta a la Consejería de Salud y Familias a que,
a partir del 27 de abril, se permitan de nuevo los ingresos en los centros
residenciales de personas mayores, menores tutelados, personas con
discapacidad, personas con dependencia y las comunidades terapéuticas
gestionadas por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
(ASSDA).
Estos ingresos se realizarían adoptando medidas específicas de contención, con
el objetivo fundamental de ofrecer la atención más adecuada a las personas
beneficiarias o demandantes de los servicios de carácter residencial y
manteniendo, de igual modo, las medidas para reducir el contacto entre las
personas para evitar el riesgo de transmisión de la enfermedad.
La Junta de Andalucía, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno del 13 de
marzo de 2020, tomó en consideración las medidas extraordinarias adoptadas
por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en las que se
incluía, entre otras medidas de contención, la suspensión de nuevos ingresos en
los centros residenciales, salvo causa de urgencia social decretadas por la
Consejería competente en servicios sociales.
En Andalucía existe una evolución favorable del impacto del coronavirus en los
Centros de Servicios Sociales con carácter residencial que denotan unas
circunstancias de control y aislamiento del Covid-19 dentro de estos centros. Por
lo tanto, se ha considerado necesario adaptar las medidas adoptadas a la nueva
situación y permitir los nuevos ingresos, siguiendo unas medidas de contención
específicas de carácter obligatorio.

Así, según la propuesta de Igualdad, los centros tendrán que realizar un PCR
con resultado negativo de la persona a ingresar en el centro residencial, con
cuatro días de antelación como máximo. Además, en el momento del ingreso, se
acometerá un test rápido para el diagnóstico de coronavirus, que tendrá que
obtener también un resultado negativo.
Los centros tendrán que identificar a las personas con las que el residente
hubiese estado confinado durante el tiempo de emergencia sanitaria al menos
en los 15 días anteriores a su ingreso, con indicación del domicilio durante el
periodo de confinamiento, así como el número de teléfono móvil de contacto.
Entre las medidas que se deben adoptar previas al ingreso figura también que la
persona residente aporte certificado médico en el que conste que no cuenta con
sintomatología compatible por Covid-19. Este certificado debe emitirse con
cuatro días de antelación como máximo respecto de la fecha del ingreso.
Por último, y con carácter obligatorio, la persona ingresada en el centro
residencial será sometida a un aislamiento preventivo durante siete días
siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes.

Garantizadas las plazas en residencias de las
personas dependientes con salida voluntaria
Igualdad abonará a los centros la cuantía correspondiente durante
el periodo en el que el puesto no esté ocupado por el Covid-19
El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración las medidas de carácter
extraordinario adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de apoyo a los centros residenciales, ante las salidas voluntarias de
las personas usuarias en situación de dependencia debido al Covid-19.
En este sentido, se amplía la reserva de las plazas de aquellos usuarios hasta
alcanzar los 60 días naturales, pese a que la normativa que regula el régimen de
acceso y traslado de personas en situación de dependencia a plazas de centros
residenciales y centros de día y de noche establece 30 días naturales.
Ante la situación excepcional provocada por el coronavirus, Igualdad considera
imprescindible aumentar el periodo de reserva de las plazas dadas las
circunstancias de crisis sanitaria y considerando la demanda de las familias ante
la situación de especial vulnerabilidad del colectivo de personas mayores y
personas con discapacidad, adoptando esta medida extraordinaria de reserva de
la plaza durante un periodo superior al establecido. Esta medida será de
aplicación hasta el 15 de junio de 2020.
Por otra parte, la normativa actual establece que cuando se produce esta baja
voluntaria, la financiación por parte de la Junta de Andalucía en los supuestos
de ausencias voluntarias prolongadas queda reducida, ya que la obligación es
para los períodos inferiores a cuatro días. Es decir, esto supone que a partir del
cuarto día el centro únicamente recibe la aportación correspondiente a la
persona beneficiaria.
Por tanto, se hacía necesario dotar a los centros residenciales de alguna medida
económica que minimice las repercusiones económicas originadas por esta
situación, garantizando el sostenimiento financiero de las entidades gestoras de
la atención residencial y, de este modo, promover la continuidad de prestación
de este servicio a los usuarios.

Con la adopción de esta medida, la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía abonará por las plazas reservadas durante un
máximo de sesenta días la diferencia resultante entre el coste de cada plaza y
la cantidad abonada por el beneficiario.
De esta manera, estas ausencias temporales quedarán asimiladas a efectos de
su financiación a las ausencias contempladas en el actual decreto regulador que
establece que las personas usuarias de los centros residenciales tendrán
derecho a la reserva de su plaza en el caso de ausencia por atención sanitaria
en régimen de hospitalización.
La estimación de la cuantía máxima a abonar por la Junta de Andalucía,
contemplando el número de personas en situación de dependencia que hayan
salido de manera voluntaria de los centros residenciales, el número de días y la
tipología de plaza, podría ascender a unos 2,1 millones de euros.

La Junta considera insuficientes los cambios
en la Ley de la cadena alimentaria del Gobierno
Andalucía reclama cambios en el etiquetado y una identificación
clara de los precios por los operadores, entre otras cuestiones
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
considera que la modificación de la Ley de la cadena alimentaria planteada por
el Gobierno de España resulta de difícil aplicación y ve necesario que se aclaren
conceptos fundamentales sujetos a interpretación en la redacción formulada.
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del posicionamiento del
Gobierno andaluz con respecto a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha elevado a consulta pública. La Consejería
considera insuficiente el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, para
responder a la crisis de precios en el sector agrario, cuya situación incluso ha
empeorado en determinados sectores como consecuencia de la crisis del Covid-
19.
En la actualidad se está tramitando en las Cortes Generales el Proyecto de Ley
por el que adoptan medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación
(procedente del referido Real Decreto-ley) y, paralelamente, se ha sometido a
consulta pública previa por parte del Ministerio el Anteproyecto de Ley por el que
se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.
La Junta de Andalucía cree fundamental algunas consideraciones, entre ellas
que el Ministerio publique los datos relativos a los costes efectivos de las
explotaciones, que han de servir de referencia de los “factores objetivos” para
calcular el coste efectivo de producción, los cuales, a su vez, deben ser fijados
con independencia de las partes en un marco de colaboración con las
comunidades autónomas y el sector agrario.
En Andalucía, además, se consideran insuficientes los parámetros para efectuar
dicho cálculo y se plantea incluir los costes de amortización e intereses de los
préstamos y productos financieros formalizados para el mantenimiento, mejora

y modernización de las explotaciones agrarias, los costes salariales del propio
empresario o autónomo agrario, seguros agrarios y seguros en general, costes
de comercialización y de promoción, impuestos y arrendamientos.
Subastas electrónicas
Igualmente se plantea prioritario que se valore una prórroga automática en los
contratos que, junto al establecimiento de unas buenas condiciones de
modificación de los mismos, puede resultar un beneficio importante para el
productor. Y se solicita que en los pliegos de las subastas electrónicas se
establezca expresamente que no se pueda vender por debajo de los costes.
Asimismo, la normativa debería ser más precisa para impedir actividades
promocionales que induzcan al error en el consumidor en relación con el precio
del producto, su imagen, calidad y valor. Éste conocería mejor el precio o imagen
de los productos si los operadores tuvieran la obligación de identificar su precio
real claramente, junto con los objetivos de la promoción, ligados a un mayor
conocimiento del producto o potenciación de su consumo.
Respecto a las medidas del Decreto, Andalucía considera que es imprescindible
una mayor transparencia y refleja como imprescindible el debate constante con
las comunidades autónomas sobre los resultados de las medidas establecidas y
la publicación de los informes completos.
Como complemento, Andalucía considera, respecto a las prácticas comerciales
desleales, que el Ministerio debería realizar un análisis exhaustivo del modelo
europeo de producción y otro del actual funcionamiento de los mecanismos
existentes en el sector agroalimentario para su organización, defensa de sus
intereses y su actuación ante situaciones de crisis.
Análisis del modelo europeo
El primer análisis debería incluir, como mínimo, el impacto de los factores
medioambientales, sociales, de la utilización de recursos, de la legislación en
materia de competencia europea, de aspectos jurídicos y vigencia del Principio
de Preferencia Comunitario en relación con los acuerdos de la UE con terceros
países extracomunitarios y la comercialización de productos alimentarios
comunitarios en el mercado de la UE, y en concreto sobre aspectos como la
sobreoferta en determinados momentos por la concurrencia de productos
comunitarios y procedentes de terceros países y los efectos de la misma sobre
una bajada de los precios para el productor comunitario.
Y en relación al segundo análisis propuesto, la Consejería de Agricultura plantea
que aborde, con detalle, el funcionamiento de las interprofesionales, de los
órganos que tienen encomendadas funciones para la transparencia de los

mercados y del conocimiento sectorial de los mercados y de las cadenas de
valor, como base para la adopción y aprobación de medidas eficaces para lograr
el equilibrio de la cadena alimentaria y el refuerzo de las organizaciones y
entidades con el objetivo de mejorar su papel en la regulación de los mercados.
Logotipo UE
Finalmente, Andalucía considera necesario que la Administración del Estado
impulse, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, medidas para mejorar
el etiquetado para que el consumidor pueda reconocer el origen de los productos
y las condiciones en las que se han producido; y en concreto, un logotipo de la
UE que avale que se cumple la normativa de seguridad alimentaria y de sanidad
vegetal y animal, la normativa medioambiental y la normativa social de la UE,
como existe en los productos industriales; y la creación de un distintivo en el
etiquetado, de carácter voluntario, para identificar que se han respetado los
costes de producción en todos los eslabones de la cadena alimentaria.

La Junta solicita al Gobierno que autorice los
desplazamientos a huertos de autoconsumo
Agricultura señala que estas producciones son básicas para muchas
familias y recuerda la obligación de cumplir las medidas sanitarias
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha
informado al Consejo de Gobierno de la solicitud realizada al Gobierno de
España para que autorice de forma explícita los desplazamientos a granjas,
huertos y corrales de autoabastecimiento de alimentos durante el confinamiento,
siempre que estos se encuentren situados en el mismo municipio de residencia
del titular o, en su caso, los limítrofes.
Esta petición se produce ante la inquietud generada en muchas localidades
andaluzas, tanto en zonas rurales como en el interior de ciudades, por la
necesidad de atender estas producciones, básicas en la alimentación familiar y
parte fundamental de la economía doméstica de muchas familias. De ahí que el
permiso deba ser atendido incluso sin estar la persona dada de alta en el régimen
agrario, tanto para el mantenimiento de su funcionamiento como para la cosecha
de alimentos.
La situación de confinamiento y restricción de la movilidad surgida a raíz de la
declaración del estado de alarma ha motivado que muchas actividades hayan
quedado prohibidas. Entre ellas, la atención de huertos y cultivos de
autoconsumo. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo permite salir de casa
a la población general para la adquisición de alimentos y considera la agricultura
como una actividad esencial que no debe detenerse, sin hacer referencia a este
tipo de cultivos que ha proliferado en Andalucía.
El Gobierno andaluz recuerda que muchos habitantes de numerosos municipios
rurales se abastecen, en gran medida, de estos pequeños huertos que ahora
incluso son más fundamentales de cara a un periodo muy productivo. Las
huertas son una forma de garantizar una alimentación saludable, algo
particularmente importante ante una pandemia y que en muchos pueblos no es
posible sin el producto de los cultivos familiares.

En esta situación, resulta evidente que no se pueden echar a perder las
cosechas y que está justificado el acceso para poder trabajar en ellos, aplicando
el sentido común y cumpliendo estrictamente las medidas sanitarias propuestas
para evitar la propagación del virus.
Control de plagas
Además, la consejería incide en que desatender las labores y tratamientos
mínimos necesarios de estos cultivos puede repercutir en falta de control de
plagas y enfermedades que a su vez pueden afectar al entorno y al medio
natural. La Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía (RAIF)
recomienda semanalmente en función de condiciones climáticas y estado
fenológico de los cultivos las prácticas necesarias a llevar a cabo para un control
integrado de plagas sin distinción del régimen de titularidad de la explotación. Si
no se realizan podrían provocar un desarrollo exponencial de estas plagas y
enfermedades en esta época del año de mayor riesgo.
La consejería, por último, apela al derecho a la alimentación reconocido en 1948
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en posteriores
instrumentos internacionales. Según las Directrices por el Derecho a la
Alimentación (FAO 2004), es responsabilidad del Estado respetar, proteger y
garantizar el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas, particularmente
en contextos de crisis como el actual.

Comienza la tramitación del decreto para
la creación del Consejo Andaluz del Clima
Este órgano garantizará la participación de la sociedad en la
definición de las intervenciones en materia de cambio climático
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha
informado al Consejo de Gobierno del inicio de los trámites para la aprobación
del decreto por el que se regulará la composición y funcionamiento del Consejo
Andaluz del Clima. Este órgano será el principal ente destinado a asegurar la
participación de la sociedad en la definición de las intervenciones que se pongan
en marcha en materia de cambio climático.
De esta forma, la Junta de Andalucía extiende el principio de corresponsabilidad
en la acción climática y vela por la adecuada proporcionalidad entre las medidas
propuestas, los fines perseguidos y sus repercusiones en los órdenes ambiental,
económico y social.
La conveniencia de creación de este órgano se sustenta en que Andalucía es
una región especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, siendo
necesario implicar a los sectores sociales y económicos en esta lucha. El
Gobierno andaluz requiere de foros adecuados en los que se promueva la
participación de dichos sectores en el impulso y ejecución de políticas y
actuaciones y se asegure la coherencia de las acciones que se decidan bajo una
misma visión estratégica.
En la composición del Consejo, además de la Administración andaluza, se
contempla representación administrativa estatal y local, así como de otros
sectores de la sociedad civil y los agentes económicos y sociales con
competencia en materia de clima.
Entre sus funciones estará conocer las políticas de lucha frente al cambio
climático y el estado de Andalucía en esta materia, así como formular
recomendaciones en relación con planes, programas y líneas de actuación que
tengan que ver con esta cuestión. Igualmente, el Consejo permitirá participar en
la actualización de los valores de referencia fijados en el Plan andaluz de acción
por el clima, a partir del desarrollo normativo por parte de la Junta.

El decreto regulará también la figura del comité científico asesor, que estará
integrado por especialistas de probada independencia y reconocido prestigio a
nivel europeo en diversos campos del conocimiento relacionados con la materia
del cambio climático. Estos especialistas se centrarán fundamentalmente en la
formulación de informes y dictámenes de carácter científico y técnico en estas
cuestiones que elaborarán a petición del propio Consejo.

Declarada Bien de Interés Cultural la iglesia
de San Juan Evangelista de Paterna del Río
El templo de la localidad almeriense, construido durante los siglos
XVI y XVIII, destaca en la arquitectura mudéjar alpujarreña
El Consejo de Gobierno ha aprobado inscribir en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), como Bien de Interés Cultural (BIC) con
la tipología de Monumento, la Iglesia de San Juan Evangelista de Paterna del
Río (Almería).
El edificio sigue el esquema del templo mudéjar -estilo predominante en la
arquitectura religiosa del antiguo Reino de Granada durante los siglos XVI al
XVIII- y se estructura en tres naves separadas por pilares soportados por arcos
de medio punto y capilla mayor diferenciada por arco toral, a la que se adosa
una capilla rectangular a cada lado. De esta época destacan en su interior las
armaduras de la nave central y de la capilla mayor, por lo que ocupa un lugar
destacado en la arquitectura mudéjar alpujarreña.
En el inmueble se observa, además, presencia del barroco en los apilastrados y
falsas bóvedas que se encuentran en sus naves laterales, así como en el
conjunto de retablos, entre los que destaca el de la capilla mayor y los dos de
estuco a sendos lados de los testeros de las naves laterales, elementos que
representan la huella en esta comarca de la escuela de estuquistas granadinos.
El resto de retablos e imágenes son obras del siglo XX, destacando el Cristo de
las Penas, patrón de la localidad.
Construido en la primera mitad del siglo XVI, en el exterior se aprecian tres
puertas de estructura sencilla y una torre, situada en la cabecera, alineada con
el resto de la fachada y sin ningún elemento diferenciador en su cuerpo bajo.
La inclusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz como BIC
incluye la totalidad de la iglesia con cada una de las partes que comprende,
incluida la antigua casa parroquial que cierra la cabecera del edificio, y protege
también al entorno del templo, en concreto a las calles Iglesia, Juan el Correo y
Sacristía, con el fin de proteger el Bien de cualquier actuación que pueda poner
en peligro sus valores.

Consejo gobierno junta.

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