La Constitución Española de 1978 establece los fundamentos de un estado social y democrático de derecho, consagrando derechos fundamentales y la participación ciudadana. Reconoce la monarquía parlamentaria y la descentralización en comunidades autónomas, regulando el funcionamiento del gobierno y el poder legislativo. Incluye derechos como la educación, la salud y la igualdad ante la ley, y define estructuras gubernamentales y la relación entre el Rey y las instituciones.