CONTEXTUALIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL Y LA FILOSOFÍA DE LA INTERCULTURALIDAD A TRAVÉS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA ZONA FRONTERIZA DOMINICANA.

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FUNDACIÓN DE DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
ESTRATEGICOS
(FUNDEIMES)
TITULO:
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
INTERNACIONAL Y LA FILOSOFÍA DE LA
INTERCULTURALIDAD A TRAVÉS DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA ZONA
FRONTERIZA DOMINICANA.
(2 DE 2 ENTREGAS)
EXTRACTO DE LA TESIS:
LAS POLITICAS PÚBLICAS EN LA FRONTERA
DOMINICO-HAITIANA Y SU INCIDENCIA EN LA
SEGURIDAD PÚBLICA (2010-2013).
AUTOR:
RAFAEL DAVID SÁNCHEZ GÓMEZ
CORONEL EJERCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA (DEM)
MÁSTER EN GESTIÓN DE SEGURIDAD, CRISIS Y EMERGENCIAS
SANTO DOMINGO, D. N.
AÑO 2014

NOTA ACLARATORIA:
“LAS OPINIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE TESIS,
SON DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SU
AUTOR Y LA INSTITUCIÓN NO SE SOLIDARIZA
NECESARIAMENTE CON LOS CONCEPTOS EMITIDOS”.

INDICE
CAPITULO 2
Contextualización de la Responsabilidad Internacional y la Filosofía de la
Interculturalidad a través de las Políticas Públicas de Seguridad Pública en la zona
fronteriza dominicana.
2.1 Definiciones conceptuales de las Políticas Públicas de Estado---------- 28
2.2 Políticas públicas del Estado y su papel en el desarrollo sostenible
nacional------------------------------------------------------------------------- 29
2.3 Políticas públicas en la zona fronteriza dominico-haitiana-------------- 33
2.4 Marco jurídico de las políticas Públicas para el desarrollo sostenible
de la frontera dominico-haitiana--------------------------------------------- 33
2.5 Definiciones conceptuales de la Seguridad Pública o Ciudadana y sus
Políticas Públicas-------------------------------------------------------------- 36
2.6 Marco jurídico de la Seguridad Pública en la región hemisférica------- 44
2.7 Sistemas institucionales para las Políticas Públicas de la Seguridad
Pública y su representación en la zona fronteriza dominico-haitiana-- 47
2.8 Políticas Públicas y sus principales programas en materia de
Seguridad Ciudadana en las Provincias de mayor incidencia del
delito en la actualidad--------------------------------------------------------- 49
2.9 Marco organizacional de la Seguridad Ciudadana de la República
Dominicana--------------------------------------------------------------------- 52
CAPITULO 3
Análisis de resultados
3.1 Indicadores de la in/seguridad pública en la zona fronteriza------------ 55
3.2 Evaluación de políticas públicas y rendición de cuentas----------------- 60
3.3 Recorrido sobre consejos y recomendaciones de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG´s) sobre la seguridad ciudadana nacional--- 61
3.5 Análisis de la Información recolectada------------------------------------- 65
CONCLUSIONES-------------------------------------------------------------------------------71
RECOMENDACIONES -----------------------------------------------------------------------76

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS------------------------------------------------------79
ANEXOS DE LA OBRA

CAPITULO 2
CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS RESPONSABILIDAD
INTERNACIONAL Y LA FILOSOFÍA DE LA
INTERCULTURALIDAD A TRAVÉS DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA ZONA
FRONTERIZA DOMINICANA.

CAPITULO 2
Contextualización de la Responsabilidad Internacional y la Filosofía de la
Interculturalidad a través de las Políticas Públicas de Seguridad Publica en la zona
fronteriza dominicana
2.1 Definiciones conceptuales de las Políticas Públicas del Estado
Según el Informe de Seguridad Publica en las Américas: retos y oportunidades
(2008), las Políticas Públicas se visualizan como instrumentos de solución a situaciones
particulares de la sociedad constituidas en problemas. Siendo así, serán entonces
alternativas o cursos de acción tendientes a la solución de dichos problemas sociales o
públicos.
Durante su proceso de solución existen diferentes percepciones desde las distintas
organizaciones sociales y agencias políticas (gubernamentales) que analizan las variadas
problemáticas que se dan de causas y naturaleza distintas y por tanto les corresponde
distintas soluciones. Antes de procederse a un proceso de evaluación y análisis de las
políticas públicas es necesario la realización de una definición clara de la problemática
como base de todo el proceso, ya que nos encontramos frente a una problemática compleja,
de múltiples factores en la que intervienen diversos actores (sociales y políticos), dentro
de una misma relación de poder.
Durante el proceso de Análisis y Evaluación de los problemas públicos la evaluación
precede al análisis y desde esta podemos verificar si la respuesta que se dio es satisfactoria.
Dichas respuestas no son infalibles puesto que son productos humanos. Además las
soluciones no son siempre para los mismos problemas, o sea cada problema tiene su propia
solución, siendo así, no estáticas.
En el proceso de “Análisis de las Políticas Públicas” te darán los “por que” de la
problemática y se explicara porque se dieron los hechos, pudiendo observarse los
principales factores que inciden. Las políticas públicas procuran un antes y un después de

sus aplicación por tanto es necesario verificar durante su proceso las posibilidades y efectos
de su ejecución en un ambiente políticamente factible.
Se dice que las políticas públicas involucran tres sistemas a la vez, uno es el político,
el administrativo y el social. De modo que en el ámbito político, es donde existe la toma
de decisiones. En el ámbito administrativo, es donde se ejecutan las posibles soluciones que
impactan en el problema social. En el ámbito social, se acoplan las demandas y
necesidades de la sociedad con las acciones de las Políticas Públicas recibiendo los
beneficios o perjuicios de estas.
Este proceso es de carácter global, involucrando e interrelacionando a los tres
sistemas. Aunque las políticas públicas son acciones que bien pudieran ventilarse en los
ambientes académicos sus acciones son puramente propias del accionar público y procura
que la gestión gubernamental del Estado sea mejor. El desempeño de las políticas públicas
y sus los programas son evaluados durante todo un proceso de Estructuración (definición)
del problemas; la Propuesta recomendada; el Monitoreo de esta y la Evaluación de sus
resultados. Luego de participar en el debate público, puede crear valores críticos
relevantes como política pública.
2.2 Políticas Públicas del Estado y su papel en el desarrollo sostenible
nacional
En la Constitución Política de la República Dominicana del 2010 se establecen una
serie de medidas con el objetivo de implementar Política Publicas para el Desarrollo
Nacional en todo su territorio. En el Artículo 64 se procura establecer las Políticas Públicas,
“que promuevan y estimulen, en los ámbitos nacionales e internacionales, las diversas
manifestaciones y expresiones científicas, artísticas y populares de la cultura dominicana e
incentivará y apoyará los esfuerzos de personas, instituciones y comunidades que
desarrollen o financien planes y actividades culturales”.
En tales sentidos existe un respaldo estatal a las acciones de las Organizaciones No
gubernamentales (ONG‟S), que realizan acciones culturales y de desarrollo social en todo
el país. Mediante el Artículo 196 se define la región como “la unidad básica para la
articulación y formulación de las políticas públicas en el territorio nacional” y mediante “la

ley” se podrá definir “sus competencias, composición, organización y funcionamiento y
determinará el número de éstas”.
Estas formulaciones de Políticas Públicas ya no son solo responsabilidades de las
metrópolis urbanas de la nación; sino que ya los gobiernos locales de los municipios y
provincias tienen altas tasas de responsabilidades en la ejecución de las debidas políticas
públicas, ya que existe una “transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos
locales, de conformidad con la Constitución.
La aplicación de estas políticas proporciona un beneficio local que conlleva desde
lo laboral hasta los réditos económicos y culturales de la región en dichas aplicaciones, este
Artículo 204 de la Constitución reza que “la implementación de estas transferencias
conllevará políticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización de los
recursos humanos”.
La responsabilidad en la ejecución de las Políticas Públicas locales posee un
accionar participativo, aun en lo presupuestal, el Artículo 206, dice, que “la inversión de
los recursos municipales se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos
participativos que propicien la integración y corresponsabilidad ciudadana en la definición,
ejecución y control de las políticas de desarrollo local”.
Para fomentar la inversión privada en todo el territorio nacional el Estado
dominicano ha establecido en la Constitución (Artículo 219) que dice para crear, “las
políticas necesarias para promover el desarrollo del país. Bajo el principio de subsidiaridad
el Estado, por cuenta propia o en asociación con el sector privado y solidario, puede ejercer
la actividad empresarial con el fin de asegurar el acceso de la población a bienes y servicios
básicos y promover la economía nacional”.
En su Párrafo, crea un incentivo, “Cuando el Estado enajene su participación en
una empresa, podrá tomar las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus
acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores,
condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria”. La Estrategia Nacional
de Desarrollo (2012), hace un compromiso de implementar todos los esfuerzos nacionales

mediante la planificación y ejecución a largo plazo de la zona fronteriza según su
Objetivo Especifico 2.4.3 de “Promover el desarrollo sostenible de la zona fronteriza”.
Cohesión Social y Cohesión Territorial
La Cohesión Social se define en la Sociología como el grado de consenso de los miembros
de un colectivo, que también se mide como el grado de intensidad de la interacción social
de este o el nivel de percepción de pertenencia al proyecto nación, según la Comisión
Económica para América Latina de las Naciones Unidas1
. La CEPAL hace también las
correspondientes acotaciones sobre la Cohesión Territorial apegándose esencialmente a los
lineamientos de las relaciones sociales de producción, así como la distribución de los
ingresos y las riquezas en todo el territorio nacional.
En la Ley 1-12 (END) existen también Políticas Transversales (Artículo
11) que procuran el cumplimiento de valores, normas y exigencias sociales necesarias en un
marco compromisario de la consecución eficaz de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Uno de estos temas trasversales los son los Derechos Humanos, por los que se requieren
que todos los “planes, programas, proyectos y políticas públicas” se les dotara de un
enfoque de derechos humanos a fin de evitarse “discriminación o exclusión de grupos
vulnerables” , de modo que podamos cumplir con una mayor “equidad y cohesión social”.
Definiremos entonces como Cohesión Territorial a la distribución de forma
equilibrada de de las actividades humanas en todo el territorio, dentro del Desarrollo
sostenible de los Estados, (Tratado de la Unión Europea, 2004). Las Políticas Públicas
nacionales son dirigidas a la consecución a largo plazo del Desarrollo Colectivo y
equitativo de la nación Dominicana,
Por lo que la Constitución de la República, en la Sección I de los Principios
Rectores de la Nación (Articulo 217) y la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley No.1-12
END) a treinta (30) años, en el Articulo Cinco (5), fomenta la Cohesión social y
Territorial adjunto a las valoraciones fundamentales del desarrollo colectivo, equitativo de
1
CEPAL, 2013

la Nación Dominicana. De igual manera, en el Segundo Eje sobre lineamientos que
procuran una Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades es necesario lograrse la
Cohesión Territorial (Articulo 8), a fin de la consecución de los objetivos estratégicos
nacionales.
Con tales fines es abordado en el Objetivo General 2.4 sobre Cohesión territorial
con las siguientes acciones:
 Reducir la disparidad urbano-rural e interregional en el acceso a servicios y
oportunidades económicas, mediante la promoción de un desarrollo territorial
ordenado e inclusivo.
 Establecer un Fondo de Cohesión Territorial para promover el co-financiamiento
entre gobierno central y gobiernos locales de proyectos de inversión pública, con
énfasis en los municipios más deprimidos.
En el Artículo 14 sobre la Cohesión Territorial se requiere para la realización del
diseño y gestión de las políticas públicas tomar en cuenta la cohesión territorial para que
mediante dichas políticas, se pueda fomentar un “desarrollo territorial equilibrado” a
través de la “infraestructura, los servicios y capacidades” necesarios que requiere el
desarrollo de las “regiones y los municipios” en conjunto.
En Objetivo General 2.7 sobre Deporte y recreación física para el desarrollo
humano se requerirá Promover la cultura de práctica sistemática de actividades físicas y del
deporte para elevar la calidad de vida. Por lo que en miras de garantizar la cohesión social
y territorial se fomentara el “Fortalecer el Sistema de Planificación e Inversión Pública”
priorizando la asignación del gasto público, de los proyectos de inversión, en “función de
las necesidades del desarrollo nacional”, bajo la primicia de la adecuada distribución
territorial y poblacional.
Dentro del Objetivo Especifico (2.4.3) sobre Promover el desarrollo sostenible de
la zona fronteriza se procura “Propiciar el fortalecimiento de la identidad cultural
dominicana”, dentro de la diversidad poblacional de la zona a fin de lograrse la cohesión
del territorio dominicano.

2.3 Políticas Públicas en la zona fronteriza dominico-haitiana
Cuando hablamos de Políticas Públicas en la zona fronteriza dominico-haitiana
debemos remontarnos a los primeros escritos de Carlos Cornielle (1980), cuando en su libro
“Proceso Histórico Dominico-Haitiano”, advertía a la juventud dominicana de no dejarse
sorprender por un antagonismo rancio en las relaciones dominico-haitianas, principalmente
en las áreas geográficas más cercanas a la frontera y mas luego Carmen Cedeño y Wilfredo
Lozano (1993), proclaman que el desarrollo y relaciones inter-estatales entre Haití y
República Dominicana podían alcanzarse con esfuerzos mancomunados.
Sus propuestas fueron plasmados en sus escritos sobre “La cuestión haitiana en
Santo Domingo: migración internacional”, dando con sus ideas de “cooperación mutua”,
las bases de las acciones que luego fueron políticas públicas para fomentar el desarrollo
regional fronterizo dominico-haitiano. Los constantes conflictos fronterizos llevo al estudio
de las mejores vías de soluciones a una problemática de larga data que ya había comenzado
a intranquilizar a los propios habitantes de la zona fronteriza.
Por los que autores como Rubén Silie, Carlos Segura, y Carlos Dore, (2002),
procuraban en sus esfuerzos intelectuales, crear, “una visión de la Frontera y de las
relaciones fronterizas”, sugiriendo políticas gubernamentales a favor de incidir en el
desarrollo regional y a la vez creando conciencia de la fuerte influencia del bienestar social
en evitar los actos delictuales de base en la exclusión social y otros que al fin y al cabo
poseen orígenes relacionados.
2.4 Marco jurídico de las Políticas Públicas para el desarrollo
sostenible de la frontera dominico-haitiana
Las Bases Jurídicas de lo que sería el desarrollo fronterizo las encontramos
normativamente en este documento madre del Estado dominicano, la Constitución Política
de la República, de inicio en la parte en la que se definen los limites “contentivos del
espacio territorial correspondiente a la nación”, y como dice este documento se traza
jurídicamente la demarcación fronteriza estatal utilizando un recurso del “Derecho
Internacional Público”, el Tratado Fronterizo de 1929 y su Protocolo de Revisión de 1936

(Artículo 9 Constitución República Dominicana, 2010), estableciéndose así a lo largo de
382 Km. el territorio nacional que se entrelaza a la franja fronteriza, conformada por cinco
provincias del lado dominicano (Monte Cristi, Dajabon, Elías Piña, Jimani, y Pedernales.
Mediante el Artículo 10 de la Constitución Política dominicana, sobre el Régimen
Fronterizo se declara de “Supremo y permanente Interés Nacional” para la seguridad, para
el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, así como para su
“integración vial, comunicacional y productiva”. Lo que implica una razón mayor para toda
la nación dominicana el poner atención a la zona fronteriza porque de ella dependen
factores de sobrevivencias nacionales, esenciales para la permanencia y desarrollo del país.
Un Estado contiene las razones de la nación en sus fronteras hasta incluir la
totalidad de todo su territorio, por tanto justamente en sus áreas fronterizas requerirá de “la
difusión de los valores patrios y Culturales” del pueblo dominicano (Artículo 10,
Constitución Política Dominicana). En la misma Constitución y en el mismo artículo se
exige la aplicación de Políticas Públicas, “Los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y
priorizarán políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructura
para asegurar estos objetivos”.
El Tratado Fronterizo aun vigente ha sido el fijado mediante el mencionado,…
“Protocolo de Revisión del año 1936 del Tratado de Frontera de 1929 y el Tratado de Paz,
Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929”, adquiriendo así perpetuidad hasta que las partes
impliquen alguna inquietud al respecto. En la Constitución Dominicana también se
establece en el Artículo 11 sobre Tratados fronterizos, el “uso sostenible y la protección
de los ríos fronterizos, el uso de la carretera internacional y la preservación de los bornes
fronterizos utilizando puntos geodésicos, se regulan por los principios consagrados en
suscrito con la República de Haití”.
De modo que proteger y asegurar los recursos naturales, los medios de
comunicación y fijar los inicios del Estado dominicano constituye preservar la misma
nación dominicana desde las zonas fronterizas y que también se procura reducir o eliminar
la exclusión social fomentando la igualdad económica y de desarrollo, incentivando las

zonas deprimidas y hace un hincapié, especial en las zonas fronterizas (Artículo 221), “La
actividad empresarial, pública o privada, recibe el mismo trato legal.
Se garantiza igualdad de condiciones a la inversión nacional y extranjera, con las
limitaciones establecidas en esta Constitución y las leyes. La ley podrá conceder
tratamientos especiales a las inversiones que se localicen en zonas de menor grado de
desarrollo o en actividades de interés nacional, en particular las ubicadas en las provincias
fronterizas”. La Ley No. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), como
política nacional a largo plazo ( hasta el 31 de diciembre de 2030) y marco jurídico-
institucional del orden estratégico de mayor jerarquía propone en sus Objetivos Generales
lograr en el Primer Eje Estratégico:
Objetivo General 1. Administración pública eficiente,
transparente y orientada a resultados.
Objetivo General 2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana.
Objetivo General 3. Democracia participativa y ciudadanía
responsable.
Objetivo General 4. Seguridad y convivencia pacífica.
En el Segundo Eje Estratégico y su Objetivo General (4) sobre la Cohesión
territorial propone el Promover el desarrollo sostenible de la zona fronteriza. Y con ello
traza las siguientes medidas a realizar:
1. Diseñar e implementar proyectos para el desarrollo integral de la zona fronteriza,
tomando en cuenta su especificidad geopolítica, cultural, ambiental y
socioeconómica.
2. Fortalecer la presencia institucional del Estado en la frontera.
3. Fortalecer la capacidad productiva a fin de impulsar la auto-sostenibilidad de las
comunidades fronterizas.
4. Fomentar el desarrollo del comercio fronterizo, dotándolo de los servicios e
infraestructuras logísticas necesarias.

5. Conservar y proteger el medio ambiente y los ecosistemas de la zona fronteriza, y
promover el eco-turismo.
6. Propiciar el fortalecimiento de la identidad cultural dominicana, en un marco de
respeto a la diversidad y valoración del aporte de la población fronteriza a la
cohesión del territorio dominicano
2.5 Definiciones conceptuales de la Seguridad Pública o Ciudadana
y las Políticas Públicas.
La Seguridad Pública, según las definiciones encontradas en el documento oficial
de (La Seguridad Pública en las Américas: Retos y Oportunidades, 2008) de la
Organización de Estados Americanos (OEA), es aquella percibida por los ciudadanos de
un Estado o País, de modo que en la Seguridad Externa es el Estado quien percibe la
amenaza, mientras que en la Seguridad Publica percibe la amenaza, los habitantes del país.
Para ello el Estado debe dar protección a los habitantes mediante el monopolio de
la violencia. Función que realiza internamente, desde el Poder Ejecutivo a través de
Ministerio de Interior o gobernación (local o municipal), y del Aparato de Justicia. De este
modo con el Ministerio de Interior y la Policía Nacional realiza la Política de Seguridad
Publica en el plano preventivo, a la vez que lleva a cabo la Política Criminal a través del
aparato de justicia (Procuraduría General y Ministerio Publico) para la persecución o
justicia penal y también se vale de la Policía Nacional como auxiliar de justicia.
Con la incidencia en políticas públicas de seguridad pública, haciendo énfasis en la
prevención, con “fuertes componentes extrapenales y gestión comunitaria”, se reducen los
costos sociales y económicos de la persecución del delito, a evita una mayor incidencia de
la intervención de los instrumentos penales (policía, justicia penal, cárceles, etc.). De modo
que las medidas preventivas son más efectivas y más económicas, que la misma
intervención sancionadora o penal. Entonces el término de la seguridad pública en los
aspectos de la incidencia preventiva con participación de la perspectiva ciudadana se

denominara seguridad ciudadana, (Tratado marco de seguridad democrática en
Centroamérica, 2012).
La inseguridad ciudadana limita el desarrollo humano, en América Latina la
percepción de falta seguridad afecta a 65 % de sus habitantes. Para la Organización
Mundial de Salud el índice de Homicidio de 10 por cada 100,000 habitantes representa una
epidemia, tasa que corresponde a una mayoría de países Latinos. Otros de los índices más
altos lo constituyen, el robo, la extorsión, los secuestros, el delito callejero, la violencia de
género, la violencia focalizada en los jóvenes. Todos de carácter y acción local que no
necesariamente posee implicaciones de la delincuencia organizada transnacional.
Los datos sobre las tasas de violencia criminal son alarmantes (en una década han
muerto de forma violenta y criminal más de un millón de habitantes) según Informe de la
(PNUD, 2012). El foco principal de los índice de violencia criminal ocupa a la población de
jóvenes varones (70 por cada 100,000 habitantes jóvenes) según la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (2009). También debemos enfatizar que la población
femenina es afectada por el solo hecho de ser femenina, de 1 por cada 10 víctimas, hechos
realizados por victimarios masculinos, lo que implica la afección de una alta tasa de
violencia de género (Ibídem).
La violencia y el delito encuentran razones que le facilitan su ejecución en el uso de
Arma de Fuego, el consumo de Drogas y Alcohol. Según el Informe de la OEA sobre
Seguridad Ciudadana (2012), entre el 78 % y el 83 % entre Centro y Suramérica de los
Homicidios son cometidos con armas de fuego, y 60 % de los delitos de robos son
cometidos con Armas de Fuego. El 65 % de los reclusos afirman haber tenido arma de
fuego antes de los 18 años, lo que implica las grandes facilidades para su obtención en
todos los países Latinos. Con respecto al consumo de Drogas y Alcohol y su vinculación
con la violencia criminal resulta ser marginal según Informe (OEA, 2013),
Así lo afirma también (Bennett et al.2008) quien lo relaciona a la marginación y la
exclusión. Sin embargo cuando de Drogas se trata, este informe relaciona la violencia con
el cultivo, la producción, y venta: así como también con la reacción ante la Combativa
Institucional de los Estados (Goldstein 1985; MacCoun et.al.2003). De igual forma los

estudios revelan que el consumo de Alcohol se encuentra asociado al alto riesgo en la
incidencia de las tasas de Homicidios, (Informe Regional de Desarrollo Humano, 2013-
2014).
De acuerdo al análisis del Informe Regional de Desarrollo Humano (2013-2014) las
tasas de violencia criminal que representan la in/seguridad ciudadana pueden ser
reversibles, según la observación países con experiencias de guerra que degeneraron en
graves problemas de seguridad. Sin embargo el hecho de que se redujeran sus tasas o
indicadores implica que las acciones sociales pueden incidir en su disminución.
El Fenómeno de la in/seguridad pública o ciudadana se da dentro del contexto
latinoamericano de la consolidación de las democracias bajo los efectos de la desigualdad,
la exclusión y las acciones de violencia, situación que está íntimamente relacionada a la
limitante al Desarrollo, (Artiles,2012). Para entender la Seguridad Ciudadana es preciso
entender las razones del crimen o sus distintas modalidades como la delincuencia juvenil, el
crimen de cuello blanco, el crimen organizado, la “carrera criminal”.
Para esto tradicionalmente se ha recurrido a sus determinantes sociales para
entender de la conducta criminal del ser humano, lográndose enmarcar en los siguientes
bloques sin que se logre una definición general, sino mas bien particular hasta ahora. Estos
son:
Escuela Clásica
Sus representantes más idóneos son Jeremy Bentham (1748-1832) y Cesare
Beccaria (1738-1794). Se basa en el ser humano y su racionalidad que le faculta para
decidir el bien o mal y en consecuencia vive libremente u obtiene una Pena (Sanción
Penitenciaria). Basados en la filosofía del Utilitarismo se oponen a la pena máxima (de
muerte) al no lograr su objetivo de mayor dolor individual y permanencia en la memoria
que si lo lograba una larga reclusión.
Escuela Positivista
Fundada por Cesar Lombroso, Ferri y Garofalo. En esta Escuela se describe en
sus primeros años que el crimen es consecuencia de tendencias innatas propias del orden

genético. Mas luego el mismo Lombroso incluyó otros factores causales, entre estos el
clima, civilización, hábitos de consumo alcohólico, educación, posición económica, etc.
Para Enrico Ferri (1856-1929), discípulo de Lombroso, los motivos sociales y
económicos son los determinantes del crimen en el nivel psicológico individual.
También sus fundamentos teóricos se fundamentaron en la prevención del crimen,
antes que la aplicación de lo punitivo o penal. No obstante no creyó en el libre albedrío del
individuo, más bien el fundamento de la responsabilidad moral para con la sociedad.
Para Rafael Garófalo (1851), el crimen tiene gradualidad en las consecuencias penales o
punitivas que pueden llegar hasta la pena de muerte.
Para los asesinos, la cadena perpetúa para los delincuentes violentos, y el trabajo
forzado en colonias agrícolas de ultramar para los ladrones. Sus concepciones se basaban
en su tesis de que el criminal era un anormal psíquico sin posibilidades de reformarse.
Hoy en día la criminología propone la distinción para cada caso criminológico por lo que
prevé el tratamiento interdisciplinar del crimen ya que se considera que existen razones
multicausales en la consecución del crimen.
Escuela (o escuelas) Sociológica(s).
Estas se basan en la Sociología criminal, disciplina que ve al delito como un
fenómeno „social‟. Por lo que esta Escuela atiende la interacción social, la cultura o las
estructuras sociales para explicar las razones de la delincuencia. Estas teorías explican
que el crimen es un fenómeno social estrechamente unido a ciertos procesos, estructuras y
conflictos sociales, que interactúan generando en ocasiones el fenómeno de la
delincuencia. Entre estas Escuelas Sociológicas para explicar “el crimen y el delito”
encontramos:
a) La Escuela de Chicago
Esta propone las razones basadas en el habita de las personas y en la estructuras
sociales que caracteriza la interacción grupal que pueden tener influencias en la
conducta delictiva. Teoría en la que se basa la “hipótesis zonal”, de Ernest Burguess y

Robert E. Park, Burges en el libro The City (1925). Para Edwin Sutherland (1947), por
ejemplo, propone en su libro Principles of Criminology, “que las causas primarias del
delito estarían en la existencia de grupos subculturales de delincuentes (grupos de amigos,
familia, cárcel), que traspasan los conocimientos delictuales.”
La relación de la pobreza con la violencia y la criminalidad, se describe en el libro
Juvenile delinquency and urban areas, de Clifford R. Shaw y Henry D. Mckay, (1942).
Hoy se estudia las posibilidades de relacionarlas o no; pero continúa siendo un tema en
debate. Los postulados de Sutherland resultan ser sumamente interesantes: el primero, el
comportamiento delictivo es una conducta aprendida, y segundo, que esta se aprende por
medio de procesos de interacción y de comunicación con otras personas.
Este modelo para este estudioso se repetía desde los bajos estratos, hasta la conducta
delictiva o corrupta de los estratos socioeconómicos altos, (el crimen de cuello blanco) de
su libro White Collar Crime (1949, 1983). Desglosando iguales motivaciones entre las
clases pero bajo esquemas y formas distintas que adquieren visión distintas en la sociedad
en su afán por justificarse.
b) Teoría del Control Social
Su exponente más importante resulta ser el sociólogo norteamericano Travis Hirschi
(1935), logrando ampliar sus conceptos en su libro Causes of Delinquency (1969). Este
basa su teoría en la debilidad en los nexos de ciertas personas con su sociedad, atribuyendo
a estos hechos a la perdida de la facultad de sentir los daños percibidos por las posibles
víctimas. Basándose en estas teorías sociales se confeccionan las políticas de control de la
delincuencia establecidas por los Estados en todo el mundo.
Todas estas Escuelas sociológicas sobre la criminalidad proporcionan una base
sustentable al momento de realizarse el diseño y planificación de las Políticas Públicas
sobre la Seguridad Ciudadana. Los estudios realizados sobre “Políticas de Seguridad
Ciudadana y Justicia Penal”, describen los problemas públicos como fenómenos sociales,
procurándoseles vías de soluciones desde los esquemas lógicos.

En dicho Esquemas lo primero es Identificar la estructuración del problema
verificando las estadísticas y datos de la realidad, visualizándose las percepciones y
preocupaciones de los ciudadanos, a la vez debemos identificar su dimensión e intensidad
de la problemática. Esta estructuración del problema debe procurar realizarse dentro de un
correcto equilibrio para poder obtenerse respuestas o soluciones correctas. Dichas
soluciones son visualizadas en el tiempo como a mediano o largo plazo.
Política de Seguridad Ciudadana del Estado Dominicano
En la República Dominicana se empezaron a aplicar políticas públicas de
Seguridad Ciudadana a partir del año 2005 con el Plan de Seguridad Democrática para la
República Dominicana (PSDRD). Procurando el fortalecimiento institucional de la Policía
Nacional, su Entrenamiento, mejoramiento de su Imagen institucional. De igual forma
agregaban a las Fuerzas Armadas en funciones especiales. La ejecución ministerial del Plan
vendría ser a través de Interior y Policía y como de igual forma también de este Ministerio
depende la Policía Nacional parte fundamental en el Plan. Sus puntos centrales fueron:
 “Garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos”
 “Atacar íntegramente las multicausales de la violencia y de la delincuencia”
 “Favorecer la ruptura de la ausencia que ha tenido el Estado con las comunidades
excluidas, para crear oportunidades de participación y solidaridad.”
 “Crear las condiciones de seguridad física y material para que las organizaciones
comunitarias y de la sociedad recuperen su espacio social”.
Se estructuraron (13) trece Programas:
1) Reforma y Modernización de la Policía Nacional.
2) Formación y Desarrollo de la Mesa Interinstitucional de Coordinación y Estrategias
contra el Microtráfico de Drogas,
3) Protección a Víctimas de la Violencia,
4) Control de Armas,

5) Ordenamiento de Transito y Carreteras,
6) Control de Bebidas Alcohólicas,
7) Red Alimentaria,
8) Call Center hacia el 911,
9) Ordenamiento de los Cuerpos de Bomberos,
10) Prevención y Seguridad,
11) Control y Regulación de Productos, Pirotécnicos (principalmente en épocas festivas
o navideñas),
12) Programas Migratorio de Regulación de Extranjeros en el País y de la Diáspora y
13) Barrio Seguro.
Además los sub-programas, como el sub-programa de Policía Auxiliar y los sub-programas
de Barrio Seguro:
 Financiando Microempresarios de Mi Barrio
 Un Techo para Mi Barrio
 Villa de la Seguridad Ciudadana
 Becas para mi Barrio
 Centro de Capacitación Tecnológica y Comunal
 Competidores de mi Barrio
 Incubación de Trabajo
 La Fiesta de Mi Barrio
La Evaluación del Plan de Seguridad Democrática como Política Pública debe ser de
rigor dentro de las facultades de transparencias propias. Por lo que se deduce que aun es de
urgencia lograr el acercamiento de la Policía Nacional a la comunidad (Informe Gestión
Municipal de la Seguridad Ciudadana en Centroamérica y República Dominicana, 2009) en
un objetivo común consistente en la Seguridad de los Habitantes. El plan requiere
trasladarse a varias ciudades del país, no solo Santo Domingo y Santiago de los Caballeros.

Las funciones del plan que no son de responsabilidad directa del Ministerio del
Interior como son la “Prevención e Intervención Social” perteneciente a otros Ministerios e
Instituciones Sociales quedan fuera de su accionar y paulatinamente debilitan traen como
consecuencia el debilitamiento del Plan (…que solo tiene la responsabilidad de lo
Preventivo y Represivo Policial). Esta visión visiblemente policial solo permite ver un plan
de Seguridad Ciudadana Militarizado. El Programa de Prevención y Seguridad del Plan de
Seguridad Democrático lesiona atribuciones propias de las funciones de los Ayuntamientos
según la Ley No. 176-07 sobre los Ayuntamientos y el Distrito Nacional. (Ibídem).
Este Plan de Seguridad Democrática hacia énfasis en las comunidades excluidas, lo
que implicaba el involucramiento en las comunidades alejadas de la zona fronteriza, tal
como reza unos de sus propósitos, “para crear oportunidades de participación y
solidaridad.”…Sin embargo sus mayores acciones de índole social se limitaron a los
grandes centros urbanos. (Ibídem)
La realidad de la frontera y las amenazas que involucran la “Seguridad y
Defensa” y la Seguridad Pública
Para el diseño y planificación de políticas públicas en materia de Seguridad Pública
es necesario preguntarnos, sobre - ¿Qué aspectos de la Seguridad y Defensa inciden en la
seguridad pública y viceversa?
El objetivo principal del Sistema de Seguridad y Defensa es garantizar la defensa de
los objetivos nacionales, enfrentando amenazas como el narcotráfico, la inmigración ilegal,
el terrorismo, la degradación del medio ambiente, y todo tipo de tráfico ilícito,
constituyéndose en un objetivo nacional prioritario, ya que por la gravedad y la amenaza
que representa para la nación, constitucionalmente se exige el combate de las actividades
“ilícitas trasnacionales” en todas sus vertientes, sean tráfico de drogas, delitos
transnacionales, tráfico de armas, trafico de carbón vegetal, y tráfico de personas. (Ley
Orgánica de las Fuerzas Armadas, 2013.p. 6).

Todas esas actividades propias del sistema de defensa nacional interactúan con los
organismos de Seguridad Publica locales (especialmente la Policía Nacional, Ministerio
Publico y todo el entramado de Justicia local), proporcionándoles informaciones vitales en
el control del orden público, controles de crímenes y delitos. Es necesaria dentro de un Plan
de Seguridad Ciudadano en la zona fronteriza la interacción con las entidades
representativas de los ciudadanos o habitantes locales en trabajos mancomunados en los
aspectos de la prevención.
También consolidar solidas relaciones de confianza mutua entre las agencias de
Seguridad y Defensa con la ciudadanía, que permitan fortalecer un robusto eje de
prevención en todo lo concerniente al ámbito de la Seguridad Pública, otorgando a los
ciudadanos iniciativas fundamentas en la formulación de planes. (POU, 2014).
2.6 Marco jurídico de la Seguridad Pública en la región hemisférica
El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (2012), dice en el
Artículo 15, que “las partes reconocen que la pobreza y la extrema pobreza lesionan la
dignidad humana y la Seguridad Humana y constituye una amenaza a la Seguridad de los
Habitantes, y se comprometen a dar prioridad a los esfuerzos por superar causas
estructurales”.
Este Tratado queda incorporado al cuerpo normativo de las relaciones estatales en la
región y global, a través del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), integrado a
su vez a la Organización de los Estados Americanos, (OEA) y a las Naciones Unidas
(ONU), según el artículo 74 de dicho Tratado.
Sin embargo, para poder enfrentar la delincuencia y el crimen organizado
transnacional (una amenaza regional y global a todos los Estados), ya desde el 7 de marzo
del 2012, la República Dominicana había asumido el compromiso geoestratégico de
incorporarse a dicho tratado regional con el propósito de “prevenir y combatir” entre otras
amenazas “el terrorismo, el sabotaje, tráficos ilegales y otros delitos de repercusión
internacional” (Canciller Morales, 2012). De hecho la ubicación geográfica nuestra, implica
dicha incorporación a estos acuerdos regionales.

La característica más visible de dicho acuerdo es que pone de relieve, que la
delincuencia no solo se vincula con actividades como el narcotráfico regional y local, sino
también con las aristas del desarrollo, que implican la exclusión social, por lo que se deben
impulsar políticas regionales y globales que garanticen la Seguridad Humana del Individuo
frente a esta, en el ejercicio real de sus libertades públicas y privadas mediante la
protección de sus derechos,
O sea, la Seguridad de los Habitantes, es un concepto más amplio que la
Seguridad Ciudadana, ya que la palabra "Habitantes" cubre a los ciudadanos y a todas
las personas sin excepción, por ejemplo “menores de edad, residentes, transeúntes, turistas,
inmigrantes indocumentados, extranjeros”. Además es propicio aclarar los términos de la
Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana.
Siendo la primera la acción de los Estados a fin de garantizar desde sus instituciones
los derechos de las personas y bienes que los conforman, mientras que la segunda implica
las mismas acciones; pero con un nuevo énfasis en la prevención y acciones
participativas entre las instituciones estatales y la comunidad (La Seguridad Publica en
Las Américas, 2008).
El término de “Seguridad de los Habitantes” procura garantizar los derechos
intrínsecos de las personas, y se relaciona de manera dependiente del término de la
Seguridad Democrática (Art.10, Tratado Marco de Seguridad de Centroamérica). Teniendo
como mejor aliado a la Seguridad Multidimensional (Declaración de San Salvador:
Seguridad Ciudadana, 2011), a fin de poder lograr sus grandes retos y desafíos.
Los compromisos estatales en la Seguridad Publica regional se establecieron
documentalmente en la declaración de “La Seguridad Pública en Las Américas” en el
2008, en que se asumían retos a cumplir particularmente por todos los Estados miembros de
la región constituidos organizacionalmente (OEA). Estos compromisos fueron los
siguientes:
1) Gestión de la seguridad pública

2) Prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad
3) Gestión de la policía
4) Participación ciudadana y comunitaria
5) Cooperación internacional
Según el Informe Regional de Desarrollo Humano (2013-2014) sobre la Seguridad
Ciudadana con rostro humano (PNUD), se dice que la in/seguridad ciudadana en América
Latina es un problema compartido en 18 países de la región entre los cuales se encuentra la
República Dominicana, describiéndose una realidad grave, “América Latina es la única
región del mundo donde la violencia letal aumento entre el 2000 y 2010,…con un aumento
de un 12 % de la tasa de homicidio”.
Aunque también se describe una baja de dichos indicadores en los últimos años (3 o
4), lo que demuestra la efectividad de la aplicación de las políticas públicas en dicha
reducción. Dentro de los Acuerdos Centroamericanos para enfrentar la problemática de
in/seguridad ciudadana se emite el “Informe Gestión Municipal de la Seguridad
Ciudadana en Centroamérica y República Dominicana” en el cual se compele a los
ayuntamientos a llevar a cabo políticas públicas en el plano local a favor de la seguridad
ciudadana, y detalla las siguientes responsabilidades:
a) Normar y gestionar el espacio público, tanto urbano como rural.
b) Ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión del suelo, ejecución y
disciplina urbanística;
c) Normar y gestionar el mantenimiento y uso de las áreas verdes, parques y jardines.
d) Normar y gestionar la protección de la higiene y salubridad pública para garantizar
el saneamiento ambiental.
e) Construcción de infraestructuras y equipamientos urbanos, pavimentación de las
vías públicas urbanas, construcción y mantenimiento de caminos rurales,
construcción y conservación de aceras, contenes y caminos vecinales.
f) Instalación del alumbrado público.
g) Limpieza vial
h) Servicio de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y disposición final
de residuos sólidos.

En este marco a los ayuntamientos se les responsabiliza legalmente de de realizar las
“acciones preventivas” a nivel situacional en el espacio público reduciendo las
condiciones proclives a las acciones violentas contra las propiedades y acciones contra la
vida ciudadana.
2.7 Sistema institucional para las Políticas Públicas de la Seguridad
Pública y su representación en la zona fronteriza dominico-
haitiana
La Constitución Política de la República Dominicana del 2010 sostiene en el Artículo
255 que “la Policía Nacional es un cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza
policial, bajo la autoridad del Presidente de la República, obediente al poder civil,
apartidista y sin facultad, en ningún caso, para deliberar”, teniendo por misión
“Salvaguardar la Seguridad Ciudadana”, entendiendo que la Seguridad Ciudadana se
encuentra en el renglón de responsabilidad de la Seguridad Publica.
La Policía Nacional posee la gran responsabilidad de incidir en dos tipos de Políticas
Públicas de Seguridad Ciudadana, en el orden preventivo y el orden persecutor penal del
delito. Sus principales funciones Constitucionales son ejecutar:
oLas Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana.-
oLa Política Criminal en el orden preventivo (desde el Ministerio de Interior).-
oPolítica Criminal en la persecución Penal del Delito (Como auxiliar del
Aparato Judicial, dígase Jueces y Procuraduría General de Justicia).
oResponsabilidad directa en “preservar el orden público para proteger el libre
ejercicio de los derechos de las Personas”.
Las Fuerzas Armadas según el Artículo 252 de la Constitución, posee aparte de su
misión de “defender la independencia y soberanía de la Nación, la integridad de sus
espacios geográficos, la Constitución y las instituciones de la República” y la de “concurrir
en auxilio de la Policía Nacional para mantener o restablecer el orden público en casos
excepcionales”.

La Directiva de Seguridad y Defensa Nacional (Decreto Número 189-07 de fecha 3
del mes de abril del 2007) en su Artículo 5, recomienda, “la integración de las Fuerzas
Armadas a la labor de lucha y prevención del crimen en el país será parte de una política
del gobierno en materia de Seguridad Pública, cuya operatividad deberá estar basada en la
efectividad del Sistema de Inteligencia.
Mediante el Artículo 3, recomienda, “La creación del Sistema de Nacional de
Inteligencia, bajo la supervisión y coordinación del Departamento Nacional de
Investigaciones, de forma que las Fuerzas Armadas y los organismos de Seguridad pública
puedan coordinar acciones a los fines de combatir las amenazas a la seguridad y estabilidad
del país, como la delincuencia organizada entre otras. La Constitución de la República
(2010), establece que dicho Sistema de Inteligencia del Estado, “será regulado mediante
ley”.
De igual manera y según el artículo 261, se crean Cuerpos de Seguridad Pública o
de Defensa, por lo que “El Congreso Nacional, a solicitud del Presidente de la República,
podrá disponer, cuando así lo requiera el “Interés Nacional” de su creación y mediante el
Artículo 258 sobre el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional dice que será, “un
órgano consultivo que asesora al Presidente de la República en la formulación de las
políticas y estrategias en esta materia”.
Es decir que aspectos más amplios de la Seguridad Nacional y para sus Políticas
serán atendidos por este Consejo. De modo que en la zona fronteriza encontramos la
presencia todos estos gestores de la Seguridad Ciudadana que interactúan con la sociedad
civil, desde los gobiernos locales con el Gobierno Central. El papel de la Policía Nacional
en la ejecución de la Seguridad Ciudadana es clave con su presencia en cada provincia
fronteriza.
Las FFAA realizan labores de custodia de la frontera a través de las funciones del
“Ejercito de República Dominicana”, además de que auxilia a la Policía Nacional con la
realización de patrullajes. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT),
realiza labores de control en puntos de cruce migratorio/Aduanal y se adicionan a sus
funciones, la seguridad en los mercados mixtos bilaterales. Otras Agencias con funciones

especificas de persecución a Delitos de naturaleza especial como la Dirección Nacional de
Control de Drogas (DNCD) y el Servicio Nacional de Protección Ambiental
(SENPA).Tienen sus asientos en las principales comunidades fronterizas.
2.8 Políticas Públicas y sus principales programas en materia de
Seguridad Ciudadana en las provincias de mayor incidencia del
delito en la actualidad
Las Políticas de Seguridad Ciudadana son emanadas a través del Consejo de
Seguridad Ciudadana (Decreto 119-13), presidido por el Señor Presidente de la
República, los demás miembros, el Ministro de la Presidencia, el Ministro del Interior,
quien lo coordinara, el Ministro de las FF. AA. (Defensa), el Procurador General de la
República, el Jefe de la Policía Nacional, el Presidente del Consejo Nacional de Drogas, el
Director Nacional de Drogas, y el Asesor del Poder Ejecutivo para el Programa de Lucha
contra el Narcotráfico.
El Plan Integral de Seguridad Ciudadana se encuentra en ejecución en la actualidad
en las cinco provincias de mayor incidencia del delito con un porcentaje mayor a un 80 %:
Provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, San Cristóbal y la
provincia La Altagracia. El Plan Integral de Seguridad Ciudadana consiste en:
Un programa de interacción social y comunitaria, que tiene por plataforma para dar
respuestas a la ciudadanía atreves de sus principales gestores: El Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana, la Unidad Técnica Operativa del Observatorio y la Mesa
Nacional Sobre Seguridad, Ciudadanía y Género. Las principales y prioritarias acciones
de este Plan Integral son:
 La reforma policial,
 La implementación del Sistema Integrado de Emergencias 9-1-1,
 El programa de prevención “Vivir Tranquilo”,
 El plan para el registro y control de motocicletas,
 Un sistema de Seguridad Vial,
 La estrategia para el control de drogas,
 Medidas de refuerzo a través de la Procuraduría General de la República

El plan de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana posee un esquema que
consiste: Primero en el Reforzamiento Institucional mediante la creación del Consejo de
Seguridad Ciudadano, las Mesas Nacionales y Locales de Ciudadanía y Genero,
fortalecimiento del Observatorio Ciudadano. Segundo un “Sistema de información
confiable, oportuno y veraz para la toma de decisiones de seguridad ciudadana”, así
como también un dialogo entre niveles institucionales y áreas geográficas. Tercero, la Ley
Orgánica del Ministerio de Interior y Policía órgano rector de la Seguridad Pública del
país. Cuarto, las Propuestas de Modificaciones:
 Al Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños,
Niñas y Adolescentes. Principalmente en los casos de adolescentes en conflictos con
la ley.
 Creación de un Anteproyecto de Ley por la Inexistencia de una ley para la
recuperación de bienes vinculados a ilícitos en la persecución del delito.
 Al Código Penal Dominicano actualizado a los tiempos.
 Al Código Procesal Penal para en lo relativo a la actualización de las medidas de
coerción y los plazos.
El Plan Integral de Seguridad Ciudadana utiliza las mediciones a través de datos
estadísticos procedentes de:
 Estadísticas del Ministerio de Interior y Policía,
 Policía Nacional,
 Ministerio Público,
 Instituto de Ciencias Forenses (INACIF),
 Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET),
 Dirección Nacional de Drogas,
 Observatorio del Consejo Nacional de Drogas,
 Oficina Nacional de Estadística (ONE),

 Ministerio de la Mujer, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
(CONANI),
 y el Observatorio del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).
En la creación de Políticas Públicas para mitigar los Riesgos que conducen a la
propensión de crímenes y hechos de violencia,… por razones materiales o culturales, para
ello se ha creado el Programa VIVIR TRANQUILO, que consiste en la “intervención
integral”, a aquellas comunidades vulnerables y de altos índices de conflictividad, y que
ameritan acciones especiales de parte del Estado.
Mediante el análisis de de datos estadísticos (Fuentes del Ministerio de Interior y
Policía)… se visualizan las “deficiencias en la provisión de servicios sociales, educación y
salud, desarrollo cultural y deportivo,…y bajos “ingresos necesarios”. Las Estadísticas
(Ministerio de Interior y Policía, 2013), revelan que la República Dominicana posee una
tasa nacional de muertes violentas superior a la tasa de muertes provocadas por la
delincuencia. Y el 62.13% de casos de muertes violentas corresponden a jóvenes entre 17
y 34 años afectando a la población productiva. La Población Dominicana es de 8, 860,760
habitantes (Bco. Mundial, 2002). Un Numero total absoluto de 31,642 Policías y 307.9
Policías por 100,000 habs.
Indicadores tomados en cuenta en la planificación de las Políticas de seguridad
ciudadana nacional (Informe PNUD 2013).
AÑO TIPO DE DELITO CANTIDAD POR CADA
100,000 HABITANTES
2011
Homicidios 2,513
Feminicidios 230
Robos 21,115
Automóviles robados 1,867
Hurtos 4,440
Secuestro 27
Violaciones 5,657

Violencia domestica e
intrafamiliar
623
Homicidios de hombre 230
Accidente de tránsitos
registrados
2,126
2010
Homicidios 25
Feminicidios 4.6
Robos 210.9
Automóviles robados 18.6
Hurtos 54.1
Secuestros 0.3
Violaciones 56.5
Violencia domestica e
intrafamiliar
(-)
Homicidios de hombres 35
Accidentes de tránsito
registrados.
54.1
Fuente: Ministerio de Interior Policía
2.9 Marco organizacional de la Seguridad Ciudadana de la República
Dominicana
Las Políticas de Seguridad Ciudadana son emanadas a través del Consejo Nacional
de Seguridad Ciudadana (Decreto 119-13), presidido por el Señor Presidente de la
República, y los demás miembros, el Ministro de la Presidencia, el Ministro del Interior,
quien lo coordinara, el Ministro de las FF. AA. (Defensa), el Procurador General de la
República, el Jefe de la Policía Nacional, el Presidente de Consejo Nacional de Drogas, el
Director Nacional de Drogas, y el Asesor del Poder Ejecutivo para el Programa de Lucha
contra el Narcotráfico.

Este Consejo, dirigirá dichas Políticas Públicas a través de las direcciones
consensuadas a partir del Observatorio de Seguridad Ciudadana. El 16 de Julio del 2012
se estableció la composición de la Unidad Operativa del Observatorio de Seguridad
Ciudadana (Decreto No.358-12); Pero fue modificado mediante el Decreto 120-13, que
define como integrantes de dicho Observatorio a los técnicos designados por el Ministerio
de Interior y Policía, Policía Nacional, Ministerio Público, Instituto de Ciencias Forenses
(INACIF), Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), Dirección Nacional de Control
de Drogas, Observatorio del Consejo Nacional de Drogas, Oficina Nacional de Estadísticas
(ONE), Ministerio de la Mujer, Consejo Nacional para la Niñez y Adolescentes
(CONANI), y el Observatorio del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).
En el artículo 2 de dicho Decreto, se declara de alto interés la creación de
Observatorio de Ciudadanía dependientes de los gobiernos locales en miras de la
implementación de políticas de seguridad orientadas al desarrollo y convivencia de los
munícipes.
Se instituyen la Mesa Nacional sobre Seguridad, Ciudadanía y Genero,
integradas por autoridades e instituciones del Gobierno Central, Gobiernos Intermedios
(Gobernadores) Gobiernos Locales, la Sociedad Civil y Mesas Locales de igual
conformación para los Municipios con la intensión y fines de llevar a cabo diálogos entre
sí, adjunto a organismos nacionales o internacionales para propiciar y ejecutar Políticas
Públicas de Seguridad Ciudadana para proporcionar medidas de prevención de la violencia
y de la criminalidad para la convivencia de los ciudadanos, según el Decreto 121-13.
El Plan Integral de Seguridad Ciudadana tiene sus principales Gestores en:
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, la Unidad Técnica Operativa del
Observatorio y la Mesa Nacional Sobre Seguridad, Ciudadanía y Género.
El Plan Integral de Seguridad Ciudadana está compuesto por los siguientes
programas y elementos:
 El programa de prevención “Vivir Tranquilo” de la Seguridad Ciudadana.

 Mesa Nacional sobre Seguridad Ciudadana (Decreto 121-13). Manual Operativo
Observatorio de Seguridad Ciudadana (Decreto 358-12) y su modificación
(Decreto-120-13).
 Control y regulación de las armas de fuego, municiones, explosivos, armas blancas y
otros materiales explosivos en la Seguridad Ciudadana.
 Funcionamiento del Sistema 9-1-1 dentro de la Seguridad Ciudadana.
 Programa integral para el registro y control de motocicletas en la Seguridad
Ciudadana.
 La Aplicación de un sistema de Seguridad Vial dentro de la Seguridad Ciudadana.
 La aplicación de una estrategia para el control de drogas en la Seguridad Ciudadana.
 Las Medidas de refuerzo a través de la Procuraduría General de la República a la
Seguridad Ciudadana.
 La Reforma Policial en la Seguridad Ciudadana.

CAPITULO 3
ANÁLISIS DE RESULTADOS

CAPITULO 3
Análisis de Resultados
3.1 Indicadores de la inseguridad pública en la zona fronteriza
En la zona fronteriza la población correspondiente a las Provincias es de: Monte Cristi
(124,196 habs.); Dajabon (68,150 habs.); Elías Piña (73,933 habs.); Independencia (57,
642 habs.); Pedernales (26,612 habs.). Los principales indicadores de la in/seguridad
ciudadana a medir en la zona fronteriza son:
- Datos estadísticos de los principales delitos cometidos durante años 2010, 2011
y 2012, por c/ 100,000 habs. en las provincias fronterizas.
- Tasa de homicidios por nacionalidad (dominicanos y haitianos), durante años
2010, 2011 y 2012, por c/ 100,000 habs. en las provincias fronterizas.
- Homicidios entrantes y procesados durante años 2011 y 2012, por c/ 100,000
habs. en las provincias fronterizas.
A sabiendas de que las Provincias de Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña, Jimani y
Pedernales que constituyen la zona fronteriza se encuentran por debajo de los niveles de la
media de las cinco Provincias de mayor incidencia de la in/seguridad ciudadana (Provincia
Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, Prov. La
Altagracia), con un 80 % del total de todo el territorio nacional según datos de Ministerio de
Interior y Policía.
Otro elemento que constituye un indicador a medir es el número de la población haitiana
legal o ilegal en los centros fronterizos, debido al alto nivel de impunidad entre los nacionales
haitianos que cometen delitos, homicidios o cualquier otra violación legal específicamente por
su condición de inestabilidad y/o transito de un lugar a otro, sea desde la frontera o no. Así
como su condición de ilegalidad sin ningún documento.

La Provincia de Monte Cristi y La Altagracia constituyen las dos Provincias más
pobladas de nacionales haitianos del país, según la Oficina Nacional de Estadística. Existen
niveles de conflictividad de origen identitario que se produce al margen de acciones criminales
contra nacionales dominicanos o haitianos en suelo nacional, por lo que la observación a los
controles del Orden Público es factible como parte de la Seguridad Pública.
Desde el año 2005 en distintos lugares de la geografía nacional, como en Villa Trina
(Provincia de Moca); Hatillo Palma (Monte Cristi), en las Provincias de
Mao, Barahona, San Pedro de Macorís, Higüey, Dajabón, Neyba (Provincia Bahoruco), en el
Municipio de Haina, inclusive Barrios de la ciudad capital de Santo Domingo (Herrera), han
padecido de actos de violencia ocasionales entre dominicanos y haitianos, causando víctimas
fatales, a la vez que se produce, la salida abrupta de centenares de haitianos que trabajan o
habitan en la zona, hacia el vecino país ante los actos de violencia colectiva ocurridos.
Situación aprovechada por desaprensivos que cometen actos contra la propiedad, cometiendo
saqueos masivos. Estas situaciones han ocurrido de manera esporádica hasta los últimos actos
de violencia en Neyba, Provincia Bahoruco en el 2013. (Informes Anuales sobre República
Dominicana de la Embajada Americana).

Principales indicadores estadísticos de la zona fronteriza dominico-haitianos
para la planificación y ejecución de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana, según
(Procuraduría General de la República, 2013)
Datos estadísticos de los principales delitos cometidos durante años 2010, 2011
y 2012, por c/ 100,000 habs. en las provincias fronterizas.

Tasa de homicidios por nacionalidad (dominicanos y haitianos), durante años
2010, 2011 y 2012, por c/ 100,000 habs. en las provincias fronterizas.

Homicidios entrantes y procesados durante años 2011 y 2012, por c/ 100,000
habs. en las provincias fronterizas.
3.2 Evaluación de Políticas Públicas y rendición de cuentas
Hoy en día las Evaluaciones de las Políticas Públicas en materia de Seguridad
Pública o Ciudadana suelen ser algo manejadas por los ejes de las conveniencias de
intereses mediáticos. Esa realidad a la que nos hemos expuesto rehuyendo de la realidad
empírica para caer en situaciones cortoplacistas. Es por ello que ha sido urgente abordar la
problemática de la in/seguridad ciudadana atendiendo enfoques transversales emergentes de
herramientas, mecanismos racionales que definan nuevas dinámicas obtenidas de los
referentes comparados más efectivos y largo plazos.

Dentro de una nueva temática de las Políticas Públicas enfocadas desde puntos de
vistas transversales, con una visón de gestión y transparencia de los procesos dialecticos
que atienden a las nuevas capacidades necesarias ante nuevas amenazas, es inminente la
presencia de los siguientes puntos a tomar en cuenta para la evaluación de las Políticas
Públicas y la rendición de cuentas de manera eficaz. Por lo que estas son algunas a tomar
en cuenta:
a) Atender a los factores críticos para analizar las políticas públicas de
seguridad ciudadana.
b) Al analizar las políticas públicas corresponde apegarse a la visión de la
colectividad social.
c) Visualizar el proceso de rendición de cuenta como un proceso de
educación social para fomentar la participación pública.
d) Atender a lo más relevante y prioritario en materia de fiscalización y
medición del desempeño, transparencia de la gestión de las políticas
públicas de la seguridad ciudadana.
e) Aplicación de mecanismos de medición de las políticas públicas de
seguridad ciudadana.
f) Evaluación y visualización de los presupuesto por resultados.
g) Realizar un análisis de fortalezas y debilidades (FODA), de los sistemas
de evaluación del desempeño y de indicadores de resultados de las
políticas públicas de seguridad ciudadana.
3.3 Recorrido sobre consejos y recomendaciones de Organizaciones
No Gubernamentales (ONG´s) sobre la Seguridad Ciudadana
Nacional
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG‟s), constantemente presentan
posturas muy “liberales”, como suelen ser llamadas sus propuestas e ideas,…son el

resultado de una visión liberadora, no compromisaria muchas veces con la realidad; sin
embargo resultan ser aspiraciones sociales de gran validez.
Debemos recordar como las ideas de Marx resultaron ser durante todo el siglo XIX
ideas descabelladas, que luego en el siglo XX, se convirtieron en las ideas revolucionarias
que provocaron guerras y crearon sistemas sociales de vida. Hoy en día las ideas de Marx
son validas para la sociología y sirve de equilibrio en un mundo que se desboca en el
“capitalismo salvaje.”, como lo llamo Juan Pablo II, la realidad material, histórica y cultural
a veces nos limita en la consecución de nuestros mejores idearios.
Ante tales propuestas, que suelen sonar en ocasiones, casi imposibles de ejecutar
debemos escucharlas, leerlas, analizarlas y reflexionar sobre estas para su aplicación de ser
posible, para los mejores fines de la sociedad. A continuación, estas son las principales
recomendaciones de la organización No Gubernamental denominada Sociedad Civil sobre
la Seguridad Ciudadana y su visión sobre la su aplicación.
Según un informe de la Sociedad Civil sobre la “Situación de la Seguridad
Ciudadana en República Dominicana 2003-2013”, esta ONG, hace las siguientes
recomendaciones:
Se debe trabajar un concepto de Policía Democrática fundada en principios de
responsabilidad, transparencia, participación, respeto por la diversidad y protección de los
derechos del individuo y del grupo. Aquí podemos resaltar los siguientes puntos dentro de
las recomendaciones realizadas sobre las Políticas de Seguridad Ciudadana y su Plan
realizada por dicha organización no gubernamental:
a) Se aborda la descentralización en la toma de decisión, involucrando otras instancias
estatales en busca del consenso y legitimidad social con su recomendación de “que
el Presidente consulte a la Cámara de Diputados, Ministro de Interior y Policía y al
Defensor del Pueblo para la selección del Jefe de la Policía Nacional”. De igual
modo la preocupación de esta organización por los aspectos preventivos son visibles
en los puntos recomendados de “Fomentar especialización en las dos áreas básicas
de prevención e investigación”.

b) También la “inclusión de programas de intervención para jóvenes en riesgos de
involucrarse en actividades ilícitas. Contemplar políticas educativas para reducir la
deserción escolar. Y la “realización de jornadas periódicas de desarme.”. De igual
forma a fin de reducir la posible participación de miembros de la policía en actos
ilícitos y una mejoría en su nivel de vida se debe “mejorar el sistema salarial
policial”.
c) Para fomentar un clima de paz y colaboración social que permita la creación de una
instancia de resolución de conflictos antes de llegar a los niveles judiciales
recomiendan “Capacitar a los policías en resolución alternativa de conflictos” para
esto es necesario “Mejorar el sistema de formación profesional para el personal
actualmente en servicio”. A la vez “Integrar un mecanismo de resolución de
conflictos entre vecinos” y “Promover escuelas de cultura de paz”.
d) Ponen énfasis en la atención al involucramiento ciudadano de las comunidades con
las autoridades públicas en la solución de la in/inseguridad ciudadana con el
“Involucrar a la ciudadanía desde un inicio” para generar confianza y ayudar a la
implementación de los planes ciudadanos. Fomentando a la vez el “Ampliar la
cobertura de las comunicaciones entre la ciudadanía y la Policía Nacional”.
Algunas de estas ideas ya han sido establecidas en los marcos reformatorios de las
políticas de Seguridad Ciudadana en ejecución. Para otras organizaciones No
Gubernamentales preocupadas por la gestión de los mejores Intereses Nacionales como la
Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS), sugiere la aplicación de algunas Políticas
Públicas a favor de la Seguridad Pública en todo el territorio nacional. Finjus sugiere
establecer estrategias para combatir la exclusión social que se refleja en las faltas de
oportunidades principalmente para la población joven.
En un Informe (Abril 2014), recientemente, FINJUS nos dice que “más de 700 mil
de nuestros jóvenes ni estudian ni trabajan”, (Oficina de Naciones Unidas para la
Población, 2014), constituyéndose en el 35 % de los jóvenes. Estos datos reflejan que al
parecer estas cifras han ido en aumento, en los últimos tiempos.

Finjus cita como parte de la in/seguridad ciudadana:
 Las relaciones violentas en las familias dominicanas
 Las carencias del sistema educativo basado en la memorización y no en la
reflexión.
 La falta de “centros de esparcimiento y ocio sanos en los barrios y comunidades
urbanas”.
 La falta de conexión entre Estado y Comunidad situación aprovechada por las redes
criminales.
 La falta de Medidas preventivas.
 Las Reformas institucionales.
 La falta adecuada inversión pública en programas sociales, lo que constituiría un
nuevo replanteamiento de las relaciones Estado y Sociedad.
Esta organización opina que es necesario superar las “condiciones sociales”
responsables de índices de criminalidad y violencia en la sociedad dominicana,
constituyéndose esto en una desvirtualidad de la esencia del Estado Social y Democrático.
Para Finjus existen cuatro (4) ejes principales en la debilidad institucional que dan
oportunidad a la in/seguridad ciudadana. Estos ejes son los siguientes:
a) La falta de “asignación de recursos públicos” y su falta de transparencia de la
“gestión interna” de las instituciones.
b) La falta de una cultura o educación ciudadana y civismo en la prevención.
c) La utilización instituciones públicas en fines “políticos partidarios”.
d) La falta de control de un insipiente crimen organizado.
Finjus sugiere a fin de mitigar la problemática de in/seguridad pública o ciudadana
principalmente, las reformas institucionales de:
 La Policía Nacional,
 Los órganos de combate de las actividades de drogas.

Y sugiere un “pacto nacional” sobre la Seguridad Ciudadana, creándose las estrategias,
programas, planes y proyectos a fin de proporcionar una sociedad de convivencia pacífica,
con desarrollo humano sostenido y el “fortalecimiento de las instituciones”.
Finjus en su Informe de Abril (2014), presentó las Políticas Públicas, que al decir de
dicha institución, deben ser definidas con urgencia, tales como programas de asistencia
integral a niños, adolescentes y jóvenes en situación de desamparo y abandono familiar,
integrantes de bandas o naciones, que se encuentran en conflicto con la ley penal:
a) Programas para estimular las iniciativas de integración familiar.
b) Programas para el fomento de valores sociales sanos para la “convivencia
pacífica”.
c) Programas integrales de desarrollo social y comunitario para las zonas de “mayor
exclusión social”.
d) Programas para la “inserción laboral” de jóvenes mediante capacitaciones.
e) Programas para el “mejoramiento de la calidad de los servicios sociales
fundamentales”.
3.4 Análisis de la Información recolectada
Los datos recopilados fueron organizados y codificados según la naturaleza de cada
uno de ellos. Se utilizaron técnicas de análisis cualitativo y de contenido, lo cual permitió
analizar los datos obtenidos de la aplicación de los métodos de recolección de datos,
además se realizo el análisis crítico de algunos documentos oficiales y académicos
relacionados a la investigación.
El análisis de los resultados de las entrevistas impartidas para elaborar una
planificación objetiva para la realización de Políticas Públicas en la zona fronteriza
dominico-haitiana para responder a las necesidades de la Seguridad Pública en la zona y
sus repercusiones en general, comprende básicamente, la captura de datos de las Entrevistas
y su representación tabular, por medio de la cual se han ordenado los datos alfanuméricos
en filas y columnas.

Junto a la representación tabular, se ha utilizado la representación gráfica para mostrar
los datos obtenidos y en un nivel más detallado, se han incorporado en forma de texto los
datos estadísticos recopilados. Con la evaluación de las entrevistas, los objetivos
perseguidos se basaron en obtener información relacionada con el determinar y verificar
los beneficios de Políticas Públicas en la Seguridad Pública o Ciudadana que serían
eficaces en la zona fronteriza dominico-haitiana.
Para ello debemos identificar las amenazas que se deben afrontar, principalmente las
instituciones fronterizas al llevar a cabo dichas Políticas Públicas de Seguridad Pública y
analizar cuáles podrían ser las fuentes económicas idóneas en la actualidad para la
consecución de dichos objetivos estatales.
Análisis de Resultados
Como resultado de las entrevistas realizadas a los cinco (5) Expertos sobre las
Políticas Públicas en la frontera dominico-haitiana y su incidencia en la Seguridad Pública
o Ciudadana, todos afirmaron que la pobreza existente en la zona fronteriza dominico-
haitiana incide en la estabilidad entre ambos países.

Lo que implica un fuerte componente de la pobreza entre las razones de las
situaciones conflictuales entre haitianos y dominicanos en la frontera dominico-haitiana.
Al realizarse un análisis de los datos estadísticos de las zonas fronteriza dominico-haitiana
sobre la mayor incidencia de violencia, inseguridad pública y acciones delictuales
transnacionales en la región podemos acotar que sus niveles resultan ser más bajo de la
media (21.35) de las Provincias de mayor incidencia delictual del país con más de un 80 %
(Provincias Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros y
Provincia La Altagracia).
Sin embargo debido a los distintos tráficos transnacionales realizados a través de
dicha frontera y su destino final hacia los centros urbanos del país donde residen los
niveles más altos de violencia e inseguridad ciudadana hace de esta, una región de grandes
atenciones con respecto al riesgo y la amenaza en la Seguridad Ciudadana nacional. Todos
los entrevistados (5) consideran que en la zona fronteriza los aspectos de la Seguridad y
Defensa inciden en la Seguridad Pública local y viceversa?
Agencias especiales apostadas en la frontera como el Cuerpo Especializado de Seguridad
Fronteriza (CESFRONT) afirman en sus estadísticas del 2013, la incautación de armas,
medicamentos, drogas, vehículos, equipos electrónicos diversos, (Boletín Estadístico 2013,
MIDE).
Para las zonas fronterizas podemos acotar que la condición de alta vulnerabilidad y el
nivel de conflictividad, más la incidencia de las amenazas a la Seguridad Nacional de la
incidencia de los tráficos ilícitos como la droga, armas ilegales, carbón, tratas de personas o
problemas sanitarios mayores, situaciones que gravitarían en la Seguridad Pública de todo el
país por su gravedad. Todos estos son los factores que más inciden en requerir una rápida
intervención de las Políticas Públicas estatales, a fin de mejorar la convivencia y protección de
los habitantes de la región, (POU, 2014).

La exclusión social de la zona y sus faltas de oportunidades son reflejadas en las
incidencias en la in/seguridad pública de la zona como lo aseguran todos (5) los
expertos entrevistados.
Para evaluar sobre cuales serian las acciones a tomar sobre las Políticas
Públicas en las áreas fronterizas dominico-haitiana. A decir de algunos entrevistados
como el Académico Daniel Pou (2014) es necesario dentro de las Políticas Públicas
fronterizas el desarrollo de las instituciones civiles, tales como los Cabildos y las Juntas
Comunitarias; la regulación de los mercados binacionales; la implementación seria de
controles en las agencias responsables del trafico migratorio; la implementación de un
sistema escolar con miras al desarrollo de carreras técnicas, asociado al nuevo concepto de
tanda extendida y la promoción de la inversión financiera en el sector agroindustrial
teniendo como eje fundamental un fuerte impacto binacional.
De los expertos (5) entrevistados cuatro (4) consideran (un 80 %), que se debe
focalizar en áreas específicas del desarrollo fronterizo como la regulación de los mercados
fronterizos para incidiría en la seguridad y reducción de conflictos. Además la falta de
Políticas Públicas influye en la ocurrencia de conflictos o confrontaciones entre nacionales
de ambos países.

De modo que como lo arroja la investigación teórica sobre las Políticas Públicas
también los entrevistados en su totalidad (5) considera que la implementación de Políticas
Públicas en la zona fronterizas contribuiría al desarrollo, reduciendo conflictos e
in/seguridad pública. Como la escalada de violencia acaecida entre 2008-2010 (Diario
Libre, 2008. Nov.6).
Las estructuras gubernamentales de Haití son inexistentes y las aéreas fronterizas de
las aéreas dominicanas están fueras del alcance de las atenciones de las incidencias de los
gobiernos centrales. Los entrevistados consideran que los niveles de in/seguridad en la
zona fronteriza son parte de las debilidades estatales de ambos países y las carencias
propias. En su mayoría (4) propondría algunas sugerencias de discursos integracionistas
para garantizar un desempeño exitoso en el contexto de globalización entre ambas
naciones. De igual modo la mayoría están de acuerdo o consideran que la cultura incide en
la pobreza de los pueblos, lo que significaría que las Políticas Públicas influirían en la
educación a fin de empujar culturalmente mediante acciones de productividad al desarrollo
de la región.

Pudimos confirmar como la mayoría de los expertos entrevistados (4) piensan
similar con respecto a la pobreza, afirmando que la pobreza no es una consecuencia de la
cultura. Ya que existen razones específicas en los pueblos empobrecidos de las regiones
mundiales subdesarrolladas, y que no son las mismas condiciones explicadas por el Sr. Carl
Lewis (1961) en su libro sobre la Antropología de la Pobreza, propias de esquemas Europa
o Norteamérica. La pobreza hoy en día tiene una explicación multidimensional, enfoque a
seguir para la consecución del desarrollo sostenible, (PNUD).
De acuerdo a esta concepción en la zona fronteriza son necesarias las acciones de
inversión con la aplicación de Políticas Públicas de desarrollo para mitigar dicha pobreza
regional.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
NO SI
%
Opciones

CONCLUSIONES
CONCLUSIONES

En una cultura de conflicto, en que se visualiza, “Un Alto índice de conflictividad”,
ya que no existe una estrategia nacional de promoción de una cultura de paz que involucre
Políticas Públicas en ese sentido que mitigue la propensión a la violencia. Las Políticas
Públicas de corte cultural deben abarcar desde la conflictividad hasta la interculturalidad en
sus análisis. La incidencia de la “violencia y la criminalidad” en la sociedad es un
fenómeno complejo, en cuyo origen puede encontrarse:
a) En la vulnerabilidad social, que consiste en la susceptibilidad que posee una
sociedad (comunidad, familia, e individuos), al ser afectado por alguna situación no
favorable, de índole social y/o económico, de carácter traumático; mientras
permanece indefensa, como consecuencia de su educación, cultura, y carencias
generalizadas, sin poder defenderse (CEPAL, 2001).
b) En la debilidad o inexistencia de los procesos institucionales que condicionan la
prevención y sanción de los actos de violencia y transgresiones sociales y
c) En la debilidad o inexistencia de los procesos culturales que condicionan la
tolerancia y el rechazo social a las acciones delictivas y violentas.
Dentro de la vulnerabilidad social, se encuentra la pobreza y la exclusión social.
Las deficiencias educativas, los bajos ingresos, la deficiencia de servicios de salud,
altas tasas demográficas, la carencia de viviendas adecuadas, malos servicios públicos
básicos. Una intervenciones efectivas para reducir la vulnerabilidad social, mediante la
reducción de la pobreza y la exclusión social es necesaria para que se produzca una “cultura
de solidaridad y de intolerancia social” a la violencia y la criminalidad.
Para que existan efectivas Políticas Públicas, es necesario las coordinaciones
integrales, entre Gobierno Central, Gobierno Intermedio (Provincias), y Gobierno
Municipal. Estos son algunos de los programas integrales de nuevas Políticas Públicas
proyectadas por el Gobierno/Estado Dominicano en zonas vulnerables a partir del 2013:
“Quisqueya Empieza Contigo” y “Quisqueya Aprende Contigo”.

Después de realizar análisis focalizados en las principales estadísticas de las
Provincias de la zona fronteriza en el área temática de la in/seguridad pública o ciudadana y
verificar los motivos de los “conflictos” que rayan con lo identitarios, responsables de
actos de desorden público en varias ocasiones ya mencionados, hemos llegado a la
conclusión de que:
La aplicación de Políticas Públicas en la frontera dominico-haitiana
incide en la Seguridad Pública.
Siendo las políticas pública una concatenación de actividades, decisiones o de
medidas coherentes en su intención tomadas principalmente por los actores del sistema
político administrativo de un país con la finalidad de resolver un problema colectivo. Por lo
que nos abocamos a las decisiones correspondientes dentro de la intención de los
integrantes del poder político administrativo de la nación dominicana y las de su par
fronterizo Haití, a fin de reducir los niveles de pobreza, subdesarrollo y porosidad de los
controles fronterizos, así como también cualquier otra situación que incida en la
inseguridad pública de la región en cuestión.
Es por ello que la Filosofía de la Interculturalidad se constituye en el lenguaje de
entendimiento para la aplicación de estas Políticas Públicas en la zona fronteriza dominico-
haitiana. Esta nueva propuesta rompe con la confrontación histórica que como norma en
las relaciones de ambas naciones, han estado marcadas por los conflictos fronterizos; pero
en el marco de la subsistencia y las demandas de la globalización, las nuevas relaciones
implican el entendimiento, el dialogo y la cooperación entre ambos Estados.
En tal sentido con el dialogo como medio de entendimiento entre ambos lados de la
frontera, resulta más fácil, la aplicación de todo tipo de medidas, que implican cooperación
entre las comunidades fronterizas y sus autoridades nacionales, a fin de reducir situaciones
que degenerarían en conflictos. En un ambiente de pobreza y escases material, las
circunstancias resultan proclives al conflicto.
La violencia, ya sea por acciones vandálicas que impliquen a nacionales haitianos o
dominicanos involucrados en cualquiera de los tráficos ilegales transfronterizos, dígase

carbón, drogas, armas, tratas de personas, etc., o simple delincuencia común hechos que se
diseminan entre las todas las Provincias fronterizas, y que en ocasiones se tienen
repercusiones nacionales, con aquellos hechos que como “pólvora” se encienden y se
entremezclan con las razones históricas e identitarias, generando conflictos violentos de
profundas diferencias culturales navegando en las palabras de los discursos contestatarias
de ambas naciones.
Hoy en día con el surgimiento de la filosofía de la interculturalidad encontramos
nuevas alternativas para la viabilidad de soluciones a situaciones de conflicto que implique
naciones y culturas diferenciadas proporcionando medios de dialogo que faciliten acciones
comunes de las autoridades nacionales y de sus propios ciudadanos no solo desde la simple
tolerancia de culturas y pueblos, sino mas allá con la cooperación, la interacción que solo
así y solo así, propicia facultades de aplicación de las medidas que no son más que Políticas
Públicas que ataquen directamente la pobreza material y cultural a ambos lados de la
frontera.
Así como también el involucramiento de las instituciones en proporcionar garantías
de seguridad a todos los habitantes a lo largo de toda la franja fronteriza. Los beneficios son
de amplio espectro, no solo local; sino de connotación regional (Seguridad Pública) y
nacional, incidiendo en el combate delictual transnacional que amenaza a la Nación
dominicana, favoreciendo a la Seguridad Nacional.
En casos especiales como las drogas y su nueva modalidad de trafico a través del
país, implicando el pagos en especies, fomentando el micro tráfico y la delincuencia común
en nuestros centros urbanos, o el caso de las armas ilegales de mayor usos en el crimen
común ante la prohibición de estas, es decir que estas actividades transnacionales no solo
afectan en lo local-regional, sino a todo el territorio nacional con sus efectos secundarios.
La aplicación de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana en la región fronteriza
es crucial, a favor de los beneficios de todos los habitantes locales y nacionales. En
relación dialéctica o total beneficio resulta ser más amplio dentro de la filosofía de la
interculturalidad y la cooperación entre ambas naciones allanando el ambiente para las
buenas relaciones inter-estatales. Por medio del dialogo en las comunidades fronterizas y

un entendimiento dentro de las facultades de una filosofía de la interculturalidad, (el
dialogo entre culturas), proporcionándose:
Mejorar los vínculos entre los actores, por lo que es necesario el entendimiento entre
los actores económicos, sociales y políticos, en los ámbitos del mercado, el sistema político, la
cultura y la sociedad. Por tanto la concientización de los empresarios contratante de mano de
obra inmigrante, de los partidos políticos, de los medios de comunicación, de los grupos de la
sociedad civil debe de estar dentro del mismo sistema de sensibilización de la problemática
migratoria.
Mejoramiento de las relaciones internacionales, con la cooperación de los actores
internacionales como las Naciones Unidas, La Unión Europea, en procura de contribuir en
programas objetivos no solamente con el aporte financiero; sino con las experiencias propias
obtenidas, en la aplicación de políticas migratorias.
Colaborar con la comisión mixta bilateral dominico-haitiana, existente desde el 13 de
marzo de 1996, la cual ha venido realizando grande contribuciones en el entendimiento de la
problemática dominico-haitiana, sin embargo, es necesario la traducción de las planificaciones
realizadas hacia el establecimiento de mecanismos técnicos que conlleven a su posterior
ejecución.
Relaciones con los organismos internaciones del ámbito migratorio y Derechos
Humanos, para reducir los niveles conflictuales utilizados por los medios contestatarios, es
necesario procurar mejorar la imagen del país en el plano internacional. No solamente los
ámbitos oficiales, sino también los empresarios, empleadores, sindicatos, partidos y sociedad
civil deben redefinir sus relaciones con la comunidad internacional, en virtud de fortalecer
relaciones de cooperación, en procura de la aplicación de un clima de derechos generalizados.
Respetando los márgenes fronterizos y los ámbitos soberanos dentro de las relaciones de
países, debemos reconocer y establecer que se contribuye a la reducción de conflictos entre los
Estados con el cumplimiento del Derecho Internacional entre las naciones, esto así
regularizando la migración, como también fomentando la interculturalidad dentro de los
grupos de inmigrantes que conviven en suelo dominicano, principalmente los inmigrantes
haitianos a cuya problemática nos hemos referido.

Acondiciona el ambiente, para la aplicación y eficacia de las acciones propias de las
Políticas Públicas que requieren la interacción de las comunidades fronterizas y la
colaboración de nacionales de ambos Estados y sus respectivas autoridades, aun con el respeto
a sus Intereses Nacionales particulares.
La formalidad en el comercio fronterizo dominico-haitiano: Un nuevo recorrido sin
alto en el camino. La informalidad en el comercio fronterizo ha sido una antigua práctica
desde época del colonialismo, que género grandes inconvenientes y conflictos, ante las
medidas “proteccionistas” de la Corona española. Estas situaciones devengaron en medidas
drásticas como el despoblamiento de la zona fronteriza durante la época colonial, cuando la
Corona Española ante el descontrol del contrabando ordeno, el fatídico evento histórico de las
“devastaciones del Gobernador Osorio” del 1601.
Hoy en día el comercio es un instrumento de equilibrio en la empobrecida región,
sirviendo como una de las pocas alternativas de subsistencia para los pobladores de ambos
Estados. Las autoridades haitianas hablaban de 55 puntos comerciales en la frontera dominico-
haitiana, a través de los cuales se realiza comercio informal.
Para formalizar dicha actividad conllevará grandes inversiones del Estado dominicano
ante la realidad de un Haití sin instituciones que garantice dicho proceso. Segundo reducir la
porosidad fronteriza implicaría un proyecto de nación, en procura de proporcionar la
formalidad comercial. Tercero se necesitaría verdadera intención de los agentes comerciales,
del Estado dominicano y la colaboración de las autoridades haitianas para anteponerse a la
realidad de la preferencia de un mercado informal mucho más económico o barato.
Sin embargo, el camino que las nuevas autoridades haitianas han elegido al procurar
establecer controles, a fin de lograr la obtención de divisas obliga a las autoridades
dominicanas, iniciar un recorrido sin alto en el camino, probablemente iniciaría con regulación
de los informales mercados binacionales. Estas medidas traerían de paso la reducción de la
“porosidad” fronteriza, fortaleciendo las instituciones, políticas de defensa, políticas
migratorias y todas aquellas a fin a la Seguridad Nacional y Pública.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES
Nuestra reflexión va encaminada a la recomendación de la realización de un Plan
Integrar de Seguridad Pública en las áreas fronterizas con sus políticas y programas, que
se apliquen a largo plazo e integrado a la forma de vida permanente de los habitantes de la
zona. Dichos resultados no solo serían para la región; sino para todo el país, por la condición
especial de zona fronteriza y sus repercusiones nacionales. Este Plan conllevaría todas las
políticas y programas que posee como modelo, el Plan Integral de Seguridad Ciudadana
aplicado en las provincias de mayor incidencia del delito
Con atención especial al tema de la reforma penal y procesal, población
carcelaria e infraestructura. Así como también a la aplicación de la nueva ley de
naturalización (reconocimientos de nacionalidad) y sus consecuencias al conflicto de
origen migratorio previendo planes de contingencias al respecto.
Al igual que el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, este Plan en el área
fronteriza debe ser coordinado por el Ministerio de Interior y Policía, a la vez que la Policía
Nacional dirija la gestión de acciones de campo junto a los miembros de la Justicia de la
región. Con un fuerte apoyo interagencial (Cuerpos Especializados, Migración, Aduana) y
miembros de las Fuerzas Armadas. Cabe destacar el apoyo de los miembros del Cuerpo
Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), en puertos fronterizos como Cabo Rojo en
Pedernales y Manzanillo en Monte Cristi.
Este Plan conllevaría entre otras acciones, la ejecución de manera masiva de
políticas inclusivas de construcción de viviendas e infraestructuras para la
agricultura comunal en toda la margen fronteriza a fin de detener el abandono de los
pueblos fronterizos de parte de los dominicanos, espacios que luego son ocupados por
haitianos. Situación que se agrava entre Pedernales y Elías Piña, con solo una presencia de
dominicanos en un 10 %, el 60 % haitianos y un 30 % arrayanos (de ascendencia mixta).
Estas políticas deben ser acompañadas de medios de producción agrícolas para
proporcionar medios de subsistencias locales. Desde el año 2010 hasta la fecha, el Estado
dominicano ha realizado proyectos de viviendas en la zona fronteriza con el propósito de
lograr la permanencia de los dominicanos en la zona.

Para la ejecución de un proyecto de esta envergadura conllevará a un compromiso
de Estado, semejante a un proyecto de Nación. Puesto que implicaría la afección de partes
productivas sensitivas como son las industrias agrícolas y construcción que dependen de la
mano de obra barata de los migrantes haitianos que serían regulados y controlados
como parte del Plan de Seguridad Pública. De modo que esto involucra un apoyo total de
la nación con un verdadero compromiso político, social, económico, institucional, y
ciudadano.
Se requiere desarrollar la confianza institucional de parte de la comunidad. Por
otro lado que se disponga que los recursos presupuestales estatales fluyan desde los
centros hasta los medios locales (ayuntamientos) y gobernaciones. Además enfatizar
interacción entre los miembros de las agencias involucradas con los medios civiles de los
Cabildos y Gobernaciones sentados en las mesas de coordinación de planes para la
consecución de las Políticas Públicas.
Debemos iniciar la ejecución en áreas específicas del desarrollo fronterizo que
incidan masivamente en la seguridad reduciendo conflictos en la zona, mediante el
desarrollo de los cabildos, las organizaciones comunitarias, la regulación de los mercados
binacionales, la implementación seria de controles internos en las agencias responsables
de la persecución de todos los tráficos transfronterizos, la implementación de un sistema
escolar con miras al desarrollo de carreras técnicas, asociado al nuevo concepto de tanda
extendida. El fomento de la inversión financiera en el sector agroindustrial con
participación binacional y una política fiscal que estimule las inversiones en la frontera de
manera real y con garantías.
Debemos fomentar con nuestros vecinos de Haití medidas de confianza mutua que
impliquen compromisos mutuos bilaterales en la realización de acciones inter-estatales. De
este modo fortalecer la paz y la seguridad internacional, contribuyendo a la comunicación
constante entre ambos Estados, proporcionando un clima de entendimiento y confianza
bilateral.

De modo que las Políticas Públicas y sus programas, para el desarrollo fronterizo
que más podrían incidir en la seguridad y reducción de conflictos en la zona son:
 Políticas Públicas de Comercio
 Políticas Públicas de Empleo
 Políticas Públicas en la agropecuaria
 Políticas Públicas de servicios de salud, agua potable, viviendas
 Políticas Públicas Migratoria
Además acciones encaminadas al:
 Fortalecimiento de los controles fronterizos
 Responsabilidades al velar la frontera con respaldo nacional.
 Fomento de los valores de la honestidad y la responsabilidad como valor agregado a
la operatividad
 A esto se une la mejoría de los niveles de vida de los responsables fronterizos en los
aspectos migratorios, custodia y la creación de las infraestructuras físicas y de
equipos para los puntos de vigilancia y control, etc.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL Y LA FILOSOFÍA DE LA INTERCULTURALIDAD A TRAVÉS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA ZONA FRONTERIZA DOMINICANA.

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