Contralínea 550

Año 16 • Número 550 • $30
Del 31 de julio al 6 de agosto de 2017
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 24 de julio de 2017
DIRECTOR Miguel Badillo
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Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen,
delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF
NUESTROS LECTORESOPINIÓN
NUEVO PROGRAMA DE EMPRESAS
Y DH NO CUBRE ESTÁNDARES
INTERNACIONALES, DENUNCIAN ONG
Las organizaciones
que conforman el
Grupo Focal de
Sociedad Civil sobre
Empresas y Derechos
Humanos se deslindan
después de 2 años de
proceso para crear un
Programa Nacional de
Empresas y Derechos
(PNEDH), debido
a que la propuesta
presentada por el
gobierno mexicano no
cubre los estándares
internacionales.
En estos 2 años,
el Grupo Focal
ha realizado un
importante trabajo
brindando insumos
sustantivos al proceso.
Con recursos
propios, esta alianza
de organizaciones
generó un Diagnóstico
de Línea Base
independiente para
la instrumentación de
los Principios Rectores
sobre Empresas y
Derechos Humanos
de la Organización de
las Naciones Unidas
(ONU) en México.
Este documento, así
como otros aportes
realizados en diversos
foros y por escrito, no
han sido considerados
por el gobierno pese a
múltiples reuniones.
La sociedad civil
alertó en marzo
pasado mediante un
comunicado público
de las principales
omisiones en el
primer borrador
del Programa. En el
borrador final, recibido
en días recientes,
siguen sin atenderse las
principales peticiones
de sociedad civil,
y preocupa que el
borrador actual no
abarca los mínimos
necesarios para contar
con un programa que
mejore la situación
del país en materia
de empresas y
derechos humanos.
Las prioridades de
sociedad civil que el
gobierno mexicano no
está atendiendo son:
-El documento
no contempla un
apartado ni acciones
efectivas sobre el
acceso al remedio y
a la justicia, pese a
que Naciones Unidas
establece claramente
que éste es un punto
fundamental en un
Programa Nacional de
Empresas y Derechos
Humanos basado en
los principios rectores.
Específicamente, en
materia de acceso a
la justicia se ignoró
la recomendación
de instrumentar la
reforma a la Ley de
Amparo de 2013, la
cual permite señalar
a las empresas como
autoridad responsable
cuando cometan
violaciones a los
derechos humanos.
-La debida
diligencia de las
empresas para
identificar, evitar,
mitigar y (en su caso)
remediar los daños
no figura de manera
contundente en el
borrador. Tampoco
se incorpora el
reconocimiento
expreso de la
obligación de las
empresas a respetar
derechos humanos,
ni la publicación de
las evaluaciones de
impacto ambiental y
social (que por ley no
son públicas), ni se
consideran procesos
de debida diligencia
en toda la cadena de
valor. La transparencia
se maneja de forma
discrecional y dejando
importantes vacíos.
-En el contexto de
grave crisis de derechos
humanos que vive el
país, el Programa no
contempla mecanismos
sólidos de protección
para personas

www.contralinea.com.mx 5
defensoras de derechos
humanos y periodistas, ni
reconoce la figura de los
informantes (whistleblowers)
como recomienda la
sociedad civil. Tampoco
se insta a las empresas
a manifestarse pública
y contundentemente en
contra de los ataques
e intimidación a estos
actores, como recomendó
el Grupo de Trabajo de la
ONU sobre Empresas y
Derechos Humanos.
-La consulta previa,
libre e informada, para
obtener o negar el
consentimiento, no se
reconoce como derecho y
su aplicación se restringe a
los pueblos y comunidades
indígenas, lo que excluye a
comunidades campesinas
y otras equiparables
con problemáticas
similares. Además, este
derecho no se vincula
con la responsabilidad
de la debida diligencia
de las empresas como
recomienda Naciones
Unidas.
-La responsabilidad
del Estado de garantizar
los derechos humanos
cuando funge como
actor económico no
está explicitada. Faltan
lineamientos fuertes
para las empresas
de participación o
control estatal, y para
los procedimientos de
compras públicas, que
den el ejemplo al sector
privado, tal y como
establecen los principios
rectores.
El Grupo Focal se
conformó en 2015 en
el marco del inicio de la
elaboración del PNEDH.
El objetivo era participar
para que esta política
pública garantice el
respeto a los derechos
humanos frente a la
actividad empresarial.
Las organizaciones
que forman el Grupo
Focal seguirán
trabajando para mejorar
los marcos jurídicos
y otros mecanismos
para asegurar que las
corporaciones nacionales
e internacionales no
cometan violaciones a los
derechos humanos.
Centro de Información
sobre Empresas y Derechos
Humanos;Centro Mexicano
de Derecho Ambiental;
Comité de Defensa
Integral de Derechos
Humanos Gobixha;
Proyecto de Derechos
Económicos,Sociales y
Culturales;Proyecto sobre
Organización,Desarrollo,
Educación e Investigación;
Oxfam México;y Servicios
y Asesoría para la Paz,
acompañados por la
Asociación Interamericana
para Defensa del Ambiente
y Brigadas Internacionales
de Paz
Organizaciones del
Sur, preocupadas
por violencia contra
el Centro Morelos
Los hechos recientes que
han sacudido a la región
de Chilapa, Guerrero,
en medio del clima de
violencia en el estado han
afectado las actividades
del Centro Regional de
Defensa de Derechos
Humanos José María
Morelos y Pavón (Centro
Morelos) a favor de
familiares y víctimas de
desapariciones forzadas,
ejecuciones arbitrarias
y desplazamiento
forzosos, dejando
expuesta la situación
de vulnerabilidad que
enfrentan como defensoras
y defensores.
A esto se ha sumado
la inacción e indolencia
de las autoridades que
no han brindado las
condiciones necesarias
para que ejerzan su
derecho a defender
derechos humanos. Como
defensores de derechos
humanos, la labor de los
integrantes del Centro
Morelos aporta sus
esfuerzos para lograr un
fortalecimiento del estado
de derecho y el aumento
de la gobernabilidad y el
fin de la impunidad de
los delitos de alto impacto
social.
Además, su trabajo
como denunciantes,
coadyuvantes, gestores y
representantes legales de
víctimas y familiares en la
zona es una confrontación
diaria con las autoridades
estatales y nacionales,
así como ante el actuar
impune de perpetradores
que sumado a la
vulneración de su labor los
expone como un blanco
propicio para cualquier
tipo de agresión directa.
Es por ello, que las
organizaciones firmantes
respaldamos ampliamente
el trabajo del Centro
Morelos y hacemos un
llamado a las autoridades
para que lleven a cabo
acciones efectivas de
acción y prevención que
permitan evitar algún
hecho lamentable en
contra de estos defensores
y defensoras, por lo cual
exigimos que:
-Se reconozca y respete
la labor de los defensores
de derechos humanos en
su papel de representantes
jurídicos de las víctimas y
sus familiares.
-Se respete y se proteja
la integridad personal
y seguridad de las y los
defensores de derechos
humanos del Centro
Morelos.
Atentamente,
Conservación, Investigación
y Aprovechamiento de
los Recursos Naturales;
Comisión Independiente
de Derechos Humanos
de Morelos Centro
Regional de Derechos
Humanos Bartolomé
Carrasco Briseño;
Centro de Derechos
Indígenas Flor y Canto;
Tequio Jurídico; Comité
de Defensa Integral de
Derechos Humanos
Gobixha; Colectivo Contra
laTortura e Impunidad;
Centro de Derechos
Humanos de la Montaña
Tlachinollan; Centro
Regional de Derechos
Humanos Mahatma
Gandhi
NUESTROS LECTORES OPINIÓN

CONTENIDO
28
PORTADA
Cinco expresidentes de México y dos viudas
obtienen beneficios por más de 5 millones de
pesos cada mes: personal de ayudantía y escoltas,
pensiones, seguros de vida y de gastos médicos
son cargados al erario
CADA EXPRESIDENTE
CUESTA A LOS MEXICANOS
60 MILLONES DE PESOS
OPINIÓN
NUESTROS LECTORES
OFICIO DE PAPEL NUEVA AUDITORÍA RESPONSABILIZA AÚN MÁS A
DUARTE Miguel Badillo
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN EN ESTADOS, RIESGO DE QUIEBRA
POR EXCESO DE DEUDAS Nancy Flores
ZONA CERO AGENTES DE EU EN MÉXICO: LOS MEXICANOS NO TIENEN
DERECHO A SABER Zósimo Camacho
CONTRAPODER ENTRE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD Álvaro
Cepeda Neri
ARTÍCULOS
BAJA CALIFORNIA SUR: EL DESORDEN SE TIENE HASTA EN LA CASA
Roberto E Galindo Domínguez
FÁBRICAS DE SUDOR: LA EXPLOTACIÓN LABORAL DE LAS GRANDES
MARCAS Carlos S Velasco/CCS
EU-CUBA,OTROCONTEXTOA2AÑOSDENUEVOSLAZOSDIPLOMÁTICOS
Diony Sanabia/PL
CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO Xavier Caño Tamayo/CCS
EL MENSAJE DE CHINA POPULAR: AUDACIA Marco A Gandásegui, hijo/PL
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 16, número
550, del 31 de julio al 6 de agosto de 2017– es una publicación sema-
nal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Al-
dama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100,
México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.
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guel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de au-
tor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud
de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por
Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Taba-
calera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se ter-
minó de imprimir el 28 de julio de 2017. Distribuida por la Unión de
Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Maris-
cal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.
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folio: 00010-RHY

CONTENIDO
INVESTIGACIÓN
PORTADA Cada expresidente cuesta a los mexicanos 60 millones de pesos anuales Víctor
Hugo Reyes Martínez
SEGURIDAD Seguridad: duplican presupuesto y multiplican violencia Zósimo Camacho
SOCIEDAD Trump amenaza la seguridad nacional de México José Réyez
LÍNEA GLOBAL Armas nucleares, la humanidad dice basta Waldo Mendiluza/Prensa Latina
LÍNEA GLOBAL El sueño de la reunificación de Corea tiene un enemigo silencioso Richard
Ruiz Julién/Prensa Latina
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MISCELÁNEO
SOCIEDAD BETA La prensa contra Facebook, Google y su monopolio Gonzalo Monterrosa
EX LIBRIS Los parásitos del poder presidencial, de Hilda Nucci y Ernesto Villanueva Álvaro Cepeda Neri
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66
ANÁLISIS
INTERNACIONAL Derrocar el gobierno de Venezuela, objetivo principal de la CIA Miguel
Fernández Martínez/Prensa Latina
INTERNACIONAL CIA y la financiera KKR, detrás del tráfico ilegal de armas contra Siria
Thierry Meyssan/Red Voltaire
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58 Ilustración de portada: DAVID MANRIQUE
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34 40
50 54 58
OPINIÓN
DESPLAZADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO José María Gómez Vallejo/CCS26

OFICIO DE PAPELOPINIÓN
NUEVA AUDITORÍA
RESPONSABILIZA AÚN MÁS
A DUARTE
MIGUEL BADILLO
A
pesar de las ineficiencias mostradas por
la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) en el caso de Javier Duarte de
Ochoa, exgobernador de Veracruz procesado
por múltiples delitos, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) sigue aportando evidencias de
las atrocidades que este político “ex” priísta co-
metió en perjuicio de centenas de veracruzanos.
El pasado 12 de junio, la ASF presentó la tri-
gésimo séptima denuncia penal contra el gobier-
no de Veracruz y quien resulte responsable por
su probable responsabilidad en la simulación de
reintegros.
A lo largo del se-
xenio, la Auditoría
documentó irregulari-
dades por más de 35
mil millones de pesos
que afectaron a la ha-
cienda pública federal,
por las cuales también
presentó denuncias penales ante la PGR.
Hay que recordar que el ámbito de actuación
de la ASF se reduce a fiscalizar los recursos que
la federación entrega a las entidades y no todo
el presupuesto que ejercen, por lo cual es proba-
ble que los desfalcos que cometieron Duarte y
su banda implicaron mucho más dinero público.
Lo documentado hasta ahora por la Audito-
ría basta para darnos una idea del tamaño del
robo. A los 35 mil millones observados hasta la
Cuenta Pública 2015, se le suman otros 1 mil
305 millones de pesos que reclama ese órgano de
control, sólo correspondientes a los recursos des-
tinados en 2016 a Veracruz para infraestructura.
Aparte hay otras observaciones millonarias.
Pero en el caso del dinero para infraestructu-
ra son tres las anomalías detectadas que suman
daños por 1 mil 295 millones 730 mil 798 pesos,
más sus rendimientos. El dinero corresponde a
los recursos totales de cuatro programas de for-
talecimiento financiero y al Fondo para el Forta-
lecimiento de la Infraestructura Estatal y Muni-
cipal, por 2 mil 856 millones 863 mil pesos.
De ello se deriva que las irregularidades por
más de 1 mil 295 millones representaron el 45.3
por ciento del total. El dinero estaba destinado
a 629 proyectos de in-
fraestructura, a apo-
yar el fortalecimiento
financiero e impulsar
la inversión del estado,
refiere la “Auditoría
de inversiones físicas
16-A-30000-04-1661,
programas y fondos federales en el estado de Ve-
racruz”.
De las tres irregularidades, el mayor perjuicio
a las finanzas públicas se documentó en el pliego
de observaciones 16-A-30000-04-1661-06-002.
En éste, la Auditoría Superior determina que
“se presume un probable daño o perjuicio o am-
bos a la Hacienda Pública federal por un monto
de 931 millones 574 mil 202 pesos”, del Progra-
ma de Fortalecimiento Financiero.
Este monto se integró por 931 millones 506
mil 860 pesos no ejercidos al 31 de diciembre
de 2016 en su objetivo ni reintegrados a la Te-
A los 35 mil millones de pesos que
desfalcó el gobierno de Veracruz entre
2011 y 2015 se suman 1 mil 305 millones
que reclama la Auditoría en 2016
A los 35 mil millones de pesos que
que reclama la Auditoría en 2016

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
sorería de la Federación (Tesofe), y 67 mil 342
pesos “que no fueron vinculados a compromisos
y obligaciones formales de pago” al cierre de ese
mismo año.
Según la ASF, la observación subsiste respec-
to de un subejercicio por 627 millones 669 mil
pesos de los 1 mil 112 millones 62 mil pesos del
Fondo para el Fortalecimiento Financiero a car-
go de la administración de Duarte, “de los cuales
se desconoce su destino y aplicación”; y por 303
millones 837 mil pesos de los 1 mil 100 millones
“a cargo de la actual administración [de Miguel
Ángel Yunes], los cuales tampoco se ejercieron
ni fueron reintegrados a la Tesofe dentro de los
primeros 15 días ene-
ro de 2017”.
La segunda irregu-
laridad multimillona-
ria se refiere a un pro-
bable daño o perjui-
cio al erario por 323
millones 942 mil 761
pesos, más los rendi-
mientos financieros
generados, vinculados
al Fondo Regional,
“de los cuales no se
acreditó su ejercicio
o reintegro a la Teso-
rería de la Federación
al 31 de diciembre de
2016, término del pla-
zo autorizado”.
Según el informe, la Secretaría de Finanzas y
Planeación de Veracruz se lavó las manos, al ase-
gurar que en el acta de entrega-recepción del
cambio de administración –entre el gobierno
interino de Flavino Ríos, quien sustituyó a Ja-
vier Duarte por el escándalo de corrupción, y el
gobierno de Miguel Ángel Yunes– “no se encon-
tró evidencia del uso y destino de los recursos
comprometidos del Fonregión por 323 millones
942 mil pesos”.
La Secretaría también afirmó “que en la
cuenta específica de los recursos de dicho fondo
sólo se tenía un saldo de 29 mil pesos al 30 de no-
viembre de 2016, por lo que el gobierno de Vera-
cruz no se encontraba en condiciones de efectuar
el reintegro de la cantidad observada a la Tesofe;
y que al mes de abril de 2017 estaba integran-
do los expedientes para interponer las denuncias
respectivas ante las autoridades competentes”.
Finalmente una tercera observación da cuen-
ta de otro desfalco multimillonario cometido por
el gobierno de Duarte. En el pliego de observa-
ciones 16-A-30000-04-1661-06-003, la Audito-
ría Superior señala que “se presume un probable
daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública
federal por 40 millones 213 mil 834 pesos, más
los rendimientos financieros generados, por los
recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal de 2016 que
no se ejercieron al 31
de diciembre de 2016
ni se acreditó su rein-
tegro a la Tesorería de
la Federación”.
Sobre esta ob-
servación, indica el
máximo órgano de
fiscalización de Mé-
xico que la Secretaría
de Finanzas estatal
“no acreditó el com-
promiso de recursos
del Fondo para el For-
talecimiento de la In-
fraestructura Estatal
y Municipal por 40
millones 213 mil pesos
al 31 de diciembre de
2016, ni su reintegro a la Tesofe, no obstante que
la actual administración informó que se encuen-
tra elaborando la denuncia respectiva ante las
autoridades pertinentes”.
Ante este cúmulo de anomalías, la ASF dic-
tamina que “de los 2 mil 856 millones 863 mil
pesos ministrados al gobierno de Veracruz con
cargo en el Fortafin y Fortalece en 2016, se de-
terminó un monto de 1 mil 304 millones 866 mil
pesos que deben ser reintegrados a la Tesorería
de la Federación, en virtud de que no se acreditó
documental, contable, financiera, administrati-
va y presupuestalmente el destino, aplicación y
ejercicio de dicho importe en los proyectos au-
torizados”.
WILLIAMGULARTE/CUARTOSCURO

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
EN ESTADOS
RIESGO DE QUIEBRA
POR EXCESO DE DEUDAS
NANCY FLORES
L
as arcas federales podrían verse obligadas
a rescatar, en breve, a varios estados y mu-
nicipios que se han endeudado a niveles
escandalosos. El problema radica, sobre todo, en
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) no ha frenado a gobernadores ni alcaldes
que, sin justificación, piden créditos hasta para pa-
gar nóminas.
De 2008 a 2016, la deuda de estados y muni-
cipios creció 107.5 por ciento, alerta la Auditoría
Superior de la Federación tras analizar el inconte-
nible aumento de la deuda subnacional.
“El monto registrado en la SHCP hasta el cie-
rre de 2016, de 568 mil 591.8 millones de pesos,
equivalió a 107.5 por ciento real comparado con
el cierre de 2008, de 203 mil 70.2 millones de pe-
sos”, refiere en su “Evaluación del marco institu-
cional para la disciplina financiera de entidades
federativas y municipios”, presentada el 30 de ju-
nio pasado.
El peor caso es el de Coahuila, gobernado por
el PRI, con una deuda vigente y obligaciones por
37 mil 47.8 millones de pesos. Al cierre del primer
semestre de 2017, ésta se ubicó como “la única
entidad federativa que presenta un nivel de en-
deudamiento elevado, de acuerdo con el Sistema
de Alertas”, refiere el Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados.
El Sistema de Alertas es operado directamente
por Hacienda –que encabeza José Antonio Mea-
de–, y sirve para evaluar tanto los financiamientos
como la capacidad de pago que tienen no sólo las
entidades federativas, sino también los municipios.
Y es en esta evaluación en la cual Coahuila re-
probó el indicador referente a la deuda pública y las
obligaciones sobre ingresos de libre disposición. Su
crisis financiera, hay que recordar, se inició desde el
sexenio del priista Humberto Moreira.
Coahuila –que es gobernada por su herma-
no Rubén Moreira– no podrá contratar ningún
financiamiento adicional en ausencia de un con-
venio de ajuste en sus finanzas públicas, se des-
prende del análisis del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas. En su nota informativa Primera
evaluación del Sistema de Alertas de las Entidades Fede-
rativas, agrega que otros 10 estados están en crisis
por deudas.
Se trata de Baja California, Chihuahua, Mi-
choacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quinta-
na Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas, que “pre-
sentan un nivel de endeudamiento en observación
en el Sistema de Alertas, destacando Quintana
Roo y Oaxaca por ser los únicos que cuentan con
un indicador en rango alto”.
En el caso de Quintana Roo, el Centro de
Estudios señala que el problema se detectó en el
indicador referente al servicio de la deuda y de
obligaciones sobre ingresos de libre disposición.
Respecto de Oaxaca, indica que fue el indicador
que observa las obligaciones a corto plazo y pro-
veedores y contratistas sobre ingresos totales.
El colapso financiero de las entidades federati-
vas debería preocupar a las autoridades hacenda-
rias, pues si llega a peores niveles será muy difícil
resolverlo sin recurrir al rescate con dinero fede-
ral, en un momento en el que el propio Meade ha
anunciado mayor crisis por la caída de las reservas
petroleras.
De acuerdo con el informe 2016 de la Audito-
ría Superior, “la deuda pública de las entidades fe-

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
derativas y municipios creció a un ritmo acelerado
entre 2009 y 2010, con una tasa media real anual
de 19.7 por ciento respecto del saldo acumulado
hasta 2008. Esa tendencia disminuyó a una tasa
de 4.2 por ciento en el lapso de 2011 a 2016”.
No obstante, la situación actual no es alenta-
dora. La propia Auditoría Superior indica que,
al cierre de 2016, “el saldo de la deuda pública
ascendió a 568 mil 591.8 millones de pesos, con
un crecimiento real de 1.4 por ciento respecto de
2015”.
Destaca que en 13 entidades aumentó el saldo
en términos reales. De éstas, detalla, “sobresalie-
ron Sonora (22.4 por ciento), Michoacán (15.9 por
ciento), Guanajuato (10.8 por ciento), Chihuahua
(10.5 por ciento) y Yucatán (10.3 por ciento)”.
Además, observa que, “en términos absolutos,
ocho entidades mostraron los mayores incremen-
tos en el saldo acumulado de la deuda a 2016 res-
pecto de 2015: Chihuahua (6 mil 645.9 millones
de pesos), Sonora (6 mil 389.1 millones), Michoa-
cán (3 mil 715.6 millones), Veracruz (3 mil 312.5
millones), Ciudad de México (2 mil 745.7 millo-
nes), Chiapas (2 mil 681.9 millones), Baja Califor-
nia (2 mil 547.1 millones) y Nuevo León (1 mil
975.9 millones), que en conjunto concentraron el
92.9 por ciento de la variación”.
Aunque la Auditoría Superior asegura que la
deuda pública subnacional no pone en riesgo la
estabilidad ni el funcionamiento del sistema finan-
ciero (pues en 2016 representó el 3.1 por ciento
del producto interno bruto estatal), señala que
“es importante revisar y dar seguimiento al nivel
y evolución del endeudamiento público de algu-
nas entidades federativas, que
podrían afectar la sostenibilidad
de las finanzas públicas locales”.
Recuerda que el 27 de abril
de 2016 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la Ley de
Disciplina Financiera de las En-
tidades Federativas y los Muni-
cipios, luego de que durante tres
ejercicios (2011, 2012 y 2014)
observó que la regulación del
endeudamiento “no permitían
un registro integrado de la deu-
da pública subnacional en la
SHCP y faltaba control […],
debido a que ninguna entidad
verificaba que los entes públicos
cumplieran con la publicación
de la información financiera”.
La aplicación de esa nueva
ley “ocurre en el contexto de
un incremento acelerado de
la deuda pública subnacional,
relacionado con la crisis finan-
ciera internacional de 2008 y la
consecuente caída de los ingresos de las entidades
federativas y municipios”, refiere la Auditoría.
A la fecha, sólo 20 entidades federativas pre-
sentan un nivel de endeudamiento sostenible; y
sólo dos destacan por su solvencia: Campeche y
Querétaro, que presentan los niveles más bajos
del indicador referente a la deuda pública y las
obligaciones sobre ingresos de libre disposición,
señala el estudio del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas. Con estas estadísticas, es evi-
dente que Hacienda sigue sin atender el proble-
ma.
123RF

ZONA CEROOPINIÓN
L
os mexicanos no tenemos derecho a saber
cuántos agentes de corporaciones de Es-
tados Unidos se encuentran en misiones
en México. La Secretaría de Relaciones Exte-
riores –hoy encabezada por el “aprendiz” de
diplomático Luis Videgaray, según sus propias
sinceras palabras– poseedora de la información,
dijo que revelar tal estadística vulneraría la segu-
ridad nacional de este país y, además, se moles-
tarían nuestros vecinos.
Más sorprendente aún es que el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (Inai)
haya confirmado tal reserva de la información.
Lo que requerimos desde principios de año
es apenas una estadística básica. Sólo quisimos
saber el número de los agentes estadunidenses
que están en México. A sabiendas de lo quisqui-
llosos que se vuelven los funcionarios mexicanos
cuando se trata de información que involucra
a sus ¿pares? gringos, sólo les preguntamos por
el número total. No requerimos el número por
agencia, los lugares en que se encuentran ni la
naturaleza de las misiones que cumplen en Mé-
xico.
La pregunta cuya respuesta causaría una he-
catombe –si nos atenemos a los sesudos racioci-
nios de los censores de Relaciones Exteriores y
de la Inai– es bastante simple: “Solicito conocer
el número de integrantes de las agencias de se-
guridad de los Estados Unidos de América que,
en territorio mexicano, cooperan con las auto-
ridades mexicanas desde 2006. Desglosar por
año”.
Ya en este espacio habíamos dado cuenta –
con documentos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores– de que un número indeterminado
de elementos de 13 agencias de seguridad esta-
dunidenses se encuentran en México “colabo-
rando” con las autoridades mexicanas. Siete de
ellas están adscritas al Departamento de Justicia,
cinco al Departamento de Seguridad Interna y
una al Departamento del Tesoro.
Por parte del Departamento de Justicia, se tra-
ta de la Oficina Federal de Investigación (Federal
Bureau of Investigation, FBI); la agencia antidro-
gas (Drug Enforcement Administration, DEA); la
Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y
Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firear-
ms and Explosives, ATF); la Oficina del Servicio
de Alguaciles de Estados Unidos (United States
Marshals Service, USMS); la Oficina de Asun-
tos Internacionales del Departamento de Justi-
cia (Office of International Affairs, OIA-DoJ); la
Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamien-
to Judicial Internacional (Office of Prosecutorial
Development Assistance and Training (OPDAT),
y la Oficina de Programas de Asistencia y Adies-
tramiento Internacional para la Investigación
Criminal (International Criminal Investigative
Training Assistance Program Office, ICITAP).
En lo que respecta al Departamento de Se-
guridad Interior, las agencias que tienen presen-
cia en México son la Agregaduría legal; la Ofici-
na de Aduanas y Protección Fronteriza (Custom
and Border Protection, CBP); la Oficina de In-
migración y Control de Aduanas (Inmigration
and Customs Enforcement, ICE); el Servicio
ZÓSIMO CAMACHO
AGENTES DE EU EN MÉXICO
LOS MEXICANOS NO
TIENEN DERECHO A SABER

ZONA CERO OPINIÓN
Secreto (Secret Service, SS), y la Administración
de la Seguridad en el Transporte (Transport Se-
curity Administration, TSA).
Finalmente, la agencia dependiente del De-
partamento del Tesoro con efectivos en México
es la Oficina de Control de Activos Extranjeros
(Office of Foreign Assets Control, OFAC).
Si ya sabemos que todas esas instituciones
estadunidenses tienen agentes en misiones en
México, ¿por qué no informar del número total?
¿Qué “atentado” contra los mexicanos significa-
ría dar la cifra?
En su resolución, como una calca de las di-
sertaciones de Relaciones Exteriores, el Inai en-
contró que ofrecer el dato perjudicaría a México
en dos sentidos: se vulneraría la seguridad na-
cional y se “menoscabarían” las relaciones con
Estados Unidos.
Según la resolución
del recurso de revisión
del Inai, cuya comisio-
nada ponente fue Ma-
ría Patricia Kurczyn
Villalobos, revelar el nú-
mero de integrantes de
las agencias de Estados
Unidos con misiones en
México “podría causar
un serio perjuicio a la
seguridad nacional, ya
que se estarían revelan-
do aspectos que se toman en cuenta al planear
y conducir operaciones estratégicas y/o tácticas
para combatir al narcotráfico, la farmacode-
pendencia y el crimen organizado en territorio
mexicano, con lo cual se estarían proporcionan-
do elementos que permitirían a miembros de las
organizaciones de la delincuencia organizada
anticiparse, obstaculizar o bloquear las operacio-
nes o tareas específicas encomendadas a dichos
agentes, a partir del conocimiento de patrones
de conducta en la determinación del número de
agentes extranjeros enviados al país a lo largo del
tiempo” (sic).
¡Sic! ¿En serio? ¿Saber que son 50, 500 o 2
mil de manera genérica permitiría a los delin-
cuentes diseñar mejor sus golpes? ¿Cómo distin-
guirían a los capacitadores u oficinistas de los de
inteligencia? Vaya discurso para justificar una
reserva de información.
Y el otro remache para guardar los datos bajo
llave es el de: no vaya a ser que se nos moleste
el vecino. Resulta que, en la disertación del Inai,
revelar el número de agentes estadunidenses en
México, “se podría menoscabar la conducción
de dicha relación internacional [México-Esta-
dos Unidos], en tanto que se podrían ver afec-
tados los puntos de acuerdo a los que llegaron o
podrían llegar ambas partes”.
Más aún: “el incumplimiento de los prin-
cipios de derecho internacional por parte del
Estado mexicano afectaría de manera directa
la confianza mutua que sustenta la relación en-
tre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados
Unidos de América” (sic).
El ocultamiento del
número de agentes de
un país extranjero ele-
vado a categoría de
“principio de derecho
internacional”. ¿Pues
qué tipo de activida-
des realizan los gringos
en México? La ley sólo
dice que se trata de in-
tercambio de informa-
ción…
Además, como si los
estadunidenses no in-
formaran del número de mexicanos de todas las
agencias de seguridad –civiles, policiacas y mili-
tares– que van al Norte a recibir adiestramiento
y a “colaborar”. Puede consultarse el interesante
y basto informe del Colectivo de Análisis de la
Seguridad con Democracia (Casede) y el Institu-
to Belsisario Domínguez del Senado de la Repú-
blica: Atlas de Seguridad y Defensa de México 2016,
en el que se consignan los datos de mexicanos en
Estados Unidos proporcionados por las agencias
de ese país.
En realidad el gobierno mexicano no desea
que se conozca el número de estadunidenses en
México porque sería escandaloso saber que, des-
de la llegada de Felipe Calderón y hasta la fecha,
los gringos han copado el país con sus agentes. Y
el Inai, presto, a lavarle la cara.
123RF

CONTRAPODER
14 31 de juliio de 2017
OPINIÓN
C
ompitiendo con los saldos de la inseguridad,
diariamente sabemos de las imputaciones
sobre quién roba más, qué se hacen entre sí
funcionariosdetodoslosniveles.Saqueanlosdineros
públicos tirándose con el excremento de esa corrup-
ción. Y hacen como que se limpian, pero despiden
ese hedor a ladrones. Las mutuas acusaciones po-
nen al descubierto lo que era un secreto a voces: que
nuestros politiquillos no han dejado de robar desde
que el alemanismo se implantó y se creó el instru-
mento pionero de las corruptelas: el Partido Revolu-
cionario Institucional; disfrazado con los colores de
la Bandera Nacional para simular un patriotismo y
nacionalismo depravados. No ha habido un gober-
nador que no se haya embarrado de esa peste, junto
con sus familias. De Miguel Alemán Valdés a Enri-
que Peña Nieto son más de 70 años de esa descom-
posición donde sus beneficiarios excepcionalmente
pisan la cárcel. Antes bien, son exonerados.
El peñismo es otra cara del alemanismo; son el
alfa y el omega de la posrevolución devenida contra-
rrevolución con la punta de lanza del neoliberalismo
económico creador del empobrecimiento masivo de
la nación, a partir del período sangriento del depre-
dador Carlos Salinas de Gortari, quien carga con
los homicidios políticos de Colosio y Ruiz Massieu;
la hija de éste sacando raja, aunque degradada de
Relaciones Exteriores a empleada de segundo de
abordo de Ochoa Reza quien, con Peña, festejó los
88 años del priísmo anunciando que no se dejarán
quitar el poder ni por los votos en las urnas, al gri-
to-divisa de “¡matanga dijo la changa!”.
eña llegó por la corrupción, y corruptor advierte
que al precio de esta perversión heredará el desven-
cijado trono sexenal. En la fotografía de la reportera
Yasmín Ortega (La Jornada, 5 de marzo de 2017),
aparece Peña ante sus dinosaurios Gamboa Patrón y
Ochoa Reza con pose de boxeador sin guantes, ce-
rrando los puños para demostrar que su PRI está en
la pelea; declarando que “nunca pactará su derrota
el PRI”. Y en verdad ese priísmo, derrotado ya, no
tiene por qué negociar su final, ante el avance de la
oposición de centro-izquierda, la caída del PAN, un
desdibujado PRD y el resto de los semipartiditos que
no podrán ser salvavidas ni de sí mismos.
Y es que éstos también tienen el excremento de la
corrupción en la boca, como cómplices de los despo-
josalanación.Todosserepartenelpatrimoniodelos
mexicanos como botín; y extorsionan y sobornan a
lo descarado (Israel Covarrubias, La corrupción a debate:
bibliografíacomentada,revistaMetapolítica;Enero-febrero,
2006).Ymientras,lademocraciadirectaharecurrido
al populismo para atajar esa corrupción que emba-
rra al sistema (y al régimen, porque se ha pervertido
todo mecanismo de representación política). Y esa
descomposición nos arrastra en “continuo retroce-
so hacia lo peor… comienza justamente ahora una
época de retroceso” (Immanuel Kant, El conflicto de las
facultades).Losmexicanossabenqueelestadodedere-
cho está cancelado como medio y fines de la política
democrática. Y sólo hay ingobernabilidad, crisis eco-
nómicayladronesenloscargospúblicosdedicadosal
robo, pues la impunidad los mantiene a salvo.
Hay rateros en todos los órdenes de gobierno.
ENTRE LA CORRUPCIÓN
Y LA IMPUNIDAD
ÁLVARO CEPEDA NERI

CONTRAPODER OPINIÓN
En la Suprema Corte, donde imparte “justicia” a
modo (por ejemplo, para favorecer las represiones de
Eruviel en el Estado de México). Rateros en Pemex,
en la CFE (cuyo anterior director: Ochoa Reza tie-
ne concesiones en Nuevo León). En las presidencias
municipales, cuyos titulares son socios de los narco-
traficantes. En las cárceles, donde los presos con di-
nero hacen túneles para “escapar”. Está la Barrales
del PRD, con departamentos en Miami. El panista
Anayaconlujosacasa,quealquilaenotrolugaresta-
dounidense, dizque para que sus hijos aprendan in-
glés. No escapa a la corrupción ni el PRD ni el PAN
ni el PRI ni los del PVEM. Ni en el Panal. Por esas
raterías están presos: la maestra Gordillo, el panis-
ta Padrés. Pero libres Medina, Borge y el candidato
ahora a presidente municipal: el peñista ¡Humberto
Moreira! Angélica Rivera y su esposo Enrique Peña,
exculpados por lo de la “casa blanca” y millonarios
desde que fueron gobernantes mexiquenses.
Se descobijan, pues, y muestran al desnudo que
son cacos, ladrones, saqueadores. Esto es, con todo,
un avance. Ya están en la lista de los que roban. Y
sólo falta llevarlos ante una PGR, donde no “can-
tan mal las rancheras” en tono de corrupción, junto
con no pocos jueces, magistrados y ministros que se
corrompen encubriendo y dando resoluciones para
favorecer a los otros funcionarios.
Encontrar un funcionario honrado es buscar una
aguja en un pajar. Pues de Alemán a Peña, los pre-
sidentes de la República han robado asociados con
amigos y familiares. Los desgobernadores roban con sus
grupos al estilo de Javier Duarte, al cual esperemos
no le “paguen” los millones invertidos en la campa-
ña electoral peñista. Y aparece el Programa Antico-
rrupción, con el mensaje aparente de que “prometer
no empobrece”. Pues ante tanta corrupción econó-
mica,políticayempresarial(¡Larrea,consusminas!),
su legislación no será retroactiva. Partiremos de cero
no obstante tanto ladrón exhibido por todo el país,
cuyo número ronda los 15 mil. Le han robado al
pueblo. Y no quieren populismo, como la venganza
contra tanto corrupto.
En la Ciudad de México donde mandan los
hermanos Serna por órdenes de Mancera, también
anida la corrupción. Como antes con Ebrard. Nada
les harán pues la impunidad salva a perredistas, pa-
nistas, priistas y verdes. Qué bueno que se descobi-
jen unos a otros. Así es como nos enteramos de lo
que han acumulado como producto de sus raterías.
Ya sabemos quiénes son los ladrones y cuánto han
robado, pero la Fiscalía Anticorrupción –a la luz de
“másvaletardequenunca”–nosedarátiempopara
pescar a tanto ratero que ha sido cubierto con la im-
punidad.
CUARTOSCURO

ARTÍCULOOPINIÓN
L
os gobiernos de Baja California Sur, al me-
nos los dos últimos, demuestran y reafirman
en muchas de sus decisiones su vocación
empresarial y su escaso compromiso social. Des-
de hace tiempo, en Contralínea hemos dado segui-
miento a varios asuntos que afectan a la sociedad
sudcaliforniana. Entre estos, la exacerbación de
la violencia por el enfrentamiento de bandas del
crimen organizado, grupos que cada vez generan
episodios más violentos ante una descomunal in-
eficacia de las autoridades administrativas y legis-
lativas, así como de las corporaciones policiacas
del estado, aunque también debe reconocerse que
tampoco han sido muy útiles los aparatosos des-
pliegues militares en la entidad; la violencia crimi-
nal no ha sido erradicada, ni siquiera contenida.
Tarea difícil la de salir avante en una crisis que
atraviesa al país de península a península. Veamos
entonces otras áreas en las que el gobierno estatal
pudiera accionar y garantizar beneficios sociales si
así lo quisiera.
Las autoridades sudcalifornianas y sus gober-
nados mantienen diferentes conflictos, en los que
la sociedad percibimos cierta inclinación de los
gobernantes al distanciamiento con la base social.
Ahí está el asunto del despojo de playas por parte
de la empresa Tres Santos sobre los pescadores de
Todos Santos, una trama llena de irregularidades
en la otorgación de permisos para los desarrolla-
dores inmobiliarios y en la participación de las au-
toridades ambientales. Situación en la que incluso
se ha llegado a la represión de la comunidad to-
dosanteña por parte de cuerpos policiacos. Y en
cuyo último episodio ha sido encarcelado el aboga-
do defensor de los pescadores, el también activista
John Joseph Moreno Rutowski, en otro asunto le-
gal plagado de irregularidades. En el que algunos
medios locales han jugado un papel importante en
la desacreditación infundada de Moreno. Extraña
encarcelación que sucede cuando sus representa-
dos, los pescadores opositores al desarrollo hotele-
ro y de viviendas de lujo, ganan un amparo a nivel
federal en el largo conflicto legal contra los invaso-
res inmobiliarios de capital nacional y extranjero,
relacionados a figuras políticas nacionales de altos
vuelos.
Otro asunto que sigue tensando la relación de
la sociedad sudcaliforniana con el gobierno esta-
tal involucra a la Secretaría de Educación Pública
(SEP), cuyo accionar conjunto pudo el año pasado
llevar a cabo la demolición de una de las prima-
rias más antiguas del puerto de La Paz, que estu-
viera erigida en el corazón del centro histórico a
unos pasos del kiosco del malecón, en una de las
zonas de mayor plusvalía del centro; que ahora in-
crementará su valor con el nuevo remozamiento
que las autoridades planean para el malecón de la
ciudad, pues aspiran a tener uno de clase mundial,
según ellos. En cuyo plan se maneja la especie de la
creación de playas artificiales para ganarle terreno
al mar. Ni más ni menos que la creación de pla-
yas en la entidad federativa con mayor litoral del
país, con el propósito de que el ciudadano común y
todo turista tenga acceso a éstas; cuando gran par-
ROBERTO E GALINDO DOMÍNGUEZ, MAESTRO EN CIENCIAS EN EXPLORACIÓNY GEOFÍSI-
CA MARINA, LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALIZADO EN CONTEXTOS SUMERGI-
DOSY BUZO PROFESIONAL; LICENCIADO EN LETRAS HISPÁNICAS
BAJA CALIFORNIA SUR
EL DESORDEN SE TIENE
HASTA EN LA CASA

ARTÍCULO OPINIÓN
te de la zona costera ha sido entregada por diversas
autoridades, municipales y estatales, a particulares.
Ahí está el asunto de Tres Santos y muchos otros
en todo el estado, pero principalmente en Cabo
San Lucas y San José del Cabo.
Y aunque se destruyó la primaria 18 de Marzo,
en el mismo frente educativo que las autoridades
han abierto contra la sociedad, el gobierno no ha
podido clausurar la Casa del Estudiante Sudcali-
forniano con sede en la Ciudad de México, pero
se empeña en ello. Así lo ha reiterado en abril de
este año el Secretario de Educación Pública estatal
Héctor Jiménez Márquez, quien asevera que el in-
mueble es inseguro a pesar del dictamen de Protec-
ción Civil de la Ciudad de México solicitado por
la administración del gobernador anterior Marcos
Covarrubias Villaseñor, en el que sólo se advierten
recomendaciones de corrección y prevención; mis-
mas que los integrantes de la Casa del Estudiante
Sudcaliforniano solicitaron a la administración de
Covarrubias Villaseñor y han requerido a la actual
de Carlos Mendoza Davis, sin obtener respuestas
positivas en ambos casos. Pero como el dictamen
de las autoridades de la capital del país no le pa-
reció acertado al gobierno del Estado ni a la SEP,
el año pasado solicitaron la intervención de una
empresa particular, con cuyo veredicto sobre el
edificio curiosamente sí estuvieron de acuerdo.
Ante ello las autoridades correspondientes de la
Ciudad de México emitieron un nuevo dictamen
en el que ratificaron la viabilidad de mantener el
inmueble, mismo que fue enviado al gobernador
Mendoza Davis (http://www.contralinea.com.mx/
archivo-revista/index.php/2016/10/09/politica-con-
tra-la-educacion-en-baja-california-sur/). J i m é -
nez Márquez también dice que el costeo anual del
albergue estudiantil de 2 y medio millones de pesos
no es viable para el gobierno estatal, cuando en el
nuevo proyecto de remodelación del malecón se
habla de cientos de millones de pesos. Habrá que
descifrar cuáles son la prioridades de las autorida-
des para con la sociedad y/o sociedades económi-
cas. El paseo de conductores y viandantes parece
ser una obsesión de cada administración estatal,
pues a todas les ataca el síndrome de su remode-
lación; y los hace olvidarse de que en el estado hay
colonias sin pavimento, sin ser-
vicios básicos, escuelas con piso
de tierra y muchas necesidades
más. Y en tanto derrumban es-
cuelas e intentan clausurar espa-
cios académicos a los políticos
les parece que la creación de
playas artificiales en la entidad
con más línea costera del país es
la panacea.
Jiménez Márquez también
ha dicho que lo que se vive en la
Casa del Estudiante es un asunto
que ha rebasado a las autorida-
des, en el que estudiantes de ba-
jos promedios y que reprueban
materias –una especie de vivido-
res que habitan la casa por años beneficiándose de
los alimentos, así entiendo que él los define– han
tomado control de ésta, mientras ellos –las auto-
ridades– no saben el destino de los recursos eco-
nómicos asignados para el inmueble (http://www.
jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/10/cierran-ca-
sa-del-estudiante-sudcaliforniano-en-la-cdmx). ¿Entonces
qué esperanzas puede tener la sociedad sudcalifor-
niana de que las autoridades pongan orden en la
entidad en cuanto a violencia, corrupción y des-
pojo, cuando no pueden atender las necesidades
de una casa, darle mantenimiento preventivo y
correctivo y transparentar los recursos destinados
a ésta? Triste el panorama político-social para los
sudcalifornianos, aunque “gozarán” de las playas
más artificiales del planeta.
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
L
os esfuerzos entre organizaciones humanita-
rias del Norte y del Sur han conseguido que
algunas empresas adopten códigos éticos
que mejoren las condiciones de trabajo y frenen los
abusos de las multinacionales contra sus trabajado-
res en los países empobrecidos, cuyas legislaciones
no protegen a los asalariados. La batalla por los de-
rechos laborales se ha trasladado al escenario de la
comunicación y la denuncia social, donde las gran-
des multinacionales son más vulnerables.
La lucha contra la explotación laboral globali-
zada comenzó en la década de 1980, cuando las
organizaciones no gubernamentales y los sindicatos
se movilizaron a través de denuncias públicas que
afectaban a la imagen
corporativa de las em-
presas y ponían en tela
de juicio su legitimidad
ética. Las empresas del
Norte habían traslada-
do buena parte de sus
actividades al Sur, don-
de las legislaciones eran permisivas y los salarios
muy bajos. Pero nuestra sociedad ha contemplado
sus acciones: salarios rastreros, condiciones infrahu-
manas, agresiones verbales y físicas, y situaciones de
confinamiento. Hace años que Nike aceptó, pero
parece que no se ha respetado siempre, un código
de conducta después de una virulenta campaña
desatada por sus desmanes en Indonesia, China, y
Tailandia. Estudiantes contra las Fábricas de Sudor
(Students against Sweatshops), una asociación uni-
versitaria estadunidense, obligó a la multinacional a
publicar parte de la ubicación de sus subcontratas.
Aún así, la opacidad ha sido una constante.
En el Reino Unidos cinco grandes empresas
textiles –como Marks & Spencer y C&A– asumie-
ron sus respectivos códigos éticos después de 3 años
de presiones por parte de los consumidores y la
coordinación de la organización Oxfam.
La empresa suiza Migros, dedicada a la distri-
bución de productos, remitió una carta a sus pro-
veedores de Almería (España) para advertirles que
si no mejoraban sus condiciones laborales dejarían
de trabajar con ellos. En la misma carta se explica-
ba que esta medida respondía a las peticiones de
clientes que se negaban a consumir alimentos sin
garantías sociales.
En 1998, la Orga-
nización Internacio-
nal del Trabajo (OIT)
enumeró las empresas
que habían redactado
códigos éticos, el 90 por
ciento pertenecientes a
países del Norte. Este
éxito debe ser matizado y sopesado: sólo el 15 por
ciento de los códigos menciona la libertad de aso-
ciación y sólo el 25 por ciento se compromete a no
recurrir al trabajo forzado. Su aplicación es todavía
una asignatura pendiente.
Algunas multinacionales dicen no creer que la
equivocación resida en las malas condiciones labo-
rales o de contratación que imponen en el Sur, sino
en una mala gestión de su comunicación. Una “efi-
caz” campaña de Nike puede eclipsar la (pésima)
situación laboral de 500 mil trabajadores.
Parece que ha llegado la hora de revisar esos
CARLOS S VELASCO/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
FÁBRICAS DE SUDOR
LA EXPLOTACIÓN LABORAL
DE LAS GRANDES MARCAS
Algunas multinacionales consideran
que la equivocación no reside en las ma-
lascondicioneslaboralessinoenunamala
gestión de su comunicación
Algunas multinacionales consideran
gestión de su comunicación

ARTÍCULO OPINIÓN
compromisos, muchos de ellos abandonados o
tergiversados, porque la corrupción ha adoptado
diversas formas financieras y servirse de paraísos
fiscales, porque padecen millones de trabajadores
de países del Sur mientras el glamour y los premios
siguen amparando a sus explotadores.
Todavía persiste una mentalidad empresarial
que no tiene en cuenta lo establecido por la OIT.
Un anuncio en un periódico expresaba lo que mu-
chos piensan: “Estimado empresario, si tienes pro-
blemas con tu negocio, si no puedes pagar mano
de obra, tenemos la solución, países del Este, un
trabajador cobra 50 dólares al mes. Trasladamos
sus máquinas allí”. En algunos casos, los gobiernos
locales se “acomodan” a las exigencias de las mul-
tinacionales. En otros casos, temen el impacto eco-
nómico que supondría el traslado de la empresa.
Y es que algunas corporaciones tienen poder para
hacer y deshacer a su voluntad.
Uno de los informes sobre Nike en diversos
países de Asia, realizado sobre más de 5 mil traba-
jadores, confirmó que se habían producido abusos
como salarios bajos, trato abusivo y horas excesivas
de trabajo. Algunas empresas de Occidente esta-
blecidas en países asiáticos disponen de guardias
de seguridad privada que fueron contratados para
vigilar el “ambiente laboral”.
La presión social no debe limitarse a que las
grandes empresas trasladen la ubicación de su ex-
polio. Esta influencia debe redistribuirse, de forma
que obligue a las subcontratadas a que adopten
cambios y a que los países reconozcan estas nuevas
condiciones. Todo esto debe ser recordado por el
comprador cada vez que se acerca a una tienda.
No podemos permanecer como los europeos hasta
hace 5 siglos, cuando pensaban que la seda era un
fruto que se obtenía de los árboles. Un consumo
responsable debe tener en cuenta que muchos pro-
ductos proceden de “fábricas de sudor”, y que no
se puede permanecer indiferente. Que protejan los
derechos de los trabajadores, y que aporten desa-
rrollo y bienestar en lugar de explotación y mise-
ria. No más excusas ni campañas publicitarias que
oculten sus excesos.
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
W
ashington. El restablecimiento de
las relaciones diplomáticas en-
tre Estados Unidos y Cuba llega
este 20 de julio a su segundo aniversario mar-
cado por el retroceso en los nexos bilaterales
a partir de la nueva postura de Washington.
Hace poco más de un mes, el presidente esta-
dounidense Donald Trump anunció cambios de
su administración hacia la isla caribeña, que re-
vierten algunas de las acciones impulsadas por su
predecesor Barack Obama a partir del 17 de di-
ciembre de 2014.
Ese día, el entonces gobernante demócrata y el
jefe de Estado cubano, Raúl Castro, anunciaron
que ambos países iniciarían un proceso encami-
nado a normalizar sus vínculos.
Como parte de la iniciativa, La Habana y Was-
hington desarrollaron varias rondas de conversa-
ciones sobre asuntos de diversa índole en ambas
capitales, y reabrieron sus respectivas embajadas
en el verano de 2015.
Durante algo más de 2 años y hasta el 20 de
enero último, cuando Obama dejó la Casa Blanca
y Trump tomó el poder, Cuba y Estados Unidos
adoptaron 22 instrumentos bilaterales en aras de
avanzar en el declarado propósito común.
Así surgieron acuerdos, memorandos de en-
tendimiento, arreglos y tratados sobre sanidad
vegetal y animal, migración, seguridad para la na-
vegación marítima, rescate y salvamento de per-
sonas, combate al narcotráfico y vuelos regulares.
También nacieron otros relacionados con el co-
rreopostaldirecto,laagricultura,lasalud,lameteo-
rología, la sismología, las áreas terrestres y maríti-
mas protegidas, y el hermanamiento de los parques
nacionales de la Ciénaga de Zapata y Everglades.
Los dos países firmaron además un tratado so-
bre la delimitación de la Plataforma Continental en
el Polígono Oriental del Golfo de México, más allá
de las 200 millas náuticas.
A lo largo del período referido, ambas naciones
celebraron más de 50 encuentros técnicos y accio-
nes de cooperación sobre ciberseguridad y la lucha
contra el tráfico de drogas y personas, el terrorismo
y el fraude migratorio.
Trataron la seguridad marítima y de la aviación,
la protección medioambiental, la asistencia judicial
en materia penal y el combate al lavado de activos.
Se desarrollaron más de 20 diálogos relaciona-
dos con la aplicación y el cumplimiento de la ley, la
economía, las telecomunicaciones, los derechos hu-
manos, las compensaciones mutuas, y el desarme y
no proliferación de armas.
Estados Unidos excluyó a Cuba de la lista de Es-
tados patrocinadores del terrorismo, y Raúl Castro
y Obama se encontraron y dialogaron tres veces, la
última de ellas cuando el afroamericano visitó de
manera oficial La Habana, en marzo de 2016.
Casi una semana antes de concluir su mandato,
el demócrata derogó la política de pies secos pies
mojados y el programa de parole para médicos cu-
banos, que representaban vías de inmigración inse-
gura a territorio norteamericano.
Sin embargo, como reitera la mayor de las An-
tillas, la persistencia del bloqueo estadounidense en
su contra, una política de más de 55 años de du-
DIONY SANABIA/PRENSA LATINA
EU-CUBA
OTRO CONTEXTO A 2
AÑOS DE NUEVOS LAZOS
DIPLOMÁTICOS

ARTÍCULO OPINIÓN
ración, continúa siendo el principal obstáculo a la
normalización de las relaciones bilaterales.
Aunque Obama emitió varias medidas para
modificar la aplicación del cerco económico, co-
mercial y financiero, no usó todas las prerrogativas
disponibles, y con los anuncios de Trump el 16 de
junio, Washington volvió a su pasado de confron-
taciones.
El gobernante republicano comunicó el cambio
de postura en la ciudad de Miami, Florida, y des-
pués de concluir un discurso sobre el tema, firmó
el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional
sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados
Unidos hacia Cuba.
Dicho documento restringe los viajes de los es-
tadunidenses al país caribeño a partir de barreras
burocráticas y la eliminación de visitas educativas a
título individual.
Asimismo, prohíbe las transacciones económi-
cas, comerciales y financieras entre compañías es-
tadounidenses y empresas cubanas vinculadas con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los servicios
de inteligencia y seguridad.
De esa forma, y como consideró el gobierno de
la isla en una declaración, se imponen trabas adi-
cionales a las ya muy restringidas oportunidades
que el sector empresarial estadounidense tiene para
comerciar e invertir en Cuba.
El mismo 16 de junio entidades federales de Es-
tados Unidos publicaron guías para referirse a los
cambios, y los documentos divulgados incluyeron
preguntas y respuestas sobre las nuevas medidas.
Según la Oficina de Control de Activos Extran-
jeros del Departamento del Tesoro, sus enmiendas
regulatorias se emitirían en los próximos meses y las
transformaciones no surtirán efecto hasta la apari-
ción de los reglamentos correspondientes.
El Departamento de Comercio aplicará los
cambios necesarios a través de enmiendas a sus
Reglamentos de Administración de Exportaciones.
Sobre las visitas de los estadounidenses a Cuba
para el contacto “pueblo a pueblo”, que solo po-
drán realizarse en grupos porque los personales es-
tarán prohibidos, las informaciones precisaron que
los viajeros deberán mantener un horario completo
de actividades de intercambio educativo.
Esos conjuntos de personas serán supervisados
por algún representante de la entidad que gestione
las estancias en la isla, algo que había sido elimina-
do por la administración de Obama.
Trump afirmó que su estrategia irá dirigida a
hacer cumplir la prohibición que impide a los nor-
teamericanos realizar viajes turísticos a la nación
antillana y limitar el comercio para “impedir que
llegue dinero al Estado cubano”.
Es evidente que el presidente norteamericano
no ha sido bien informado acerca de la historia de
Cuba y de las relaciones con Estados Unidos, ni
sobre el patriotismo y la dignidad de los cubanos,
afirmó Raúl Castro el 14 de julio pasado.
Al clausurar el noveno período ordinario de
sesiones de la octava legislatura de la Asamblea
Nacional, el mandatario caribeño reiteró que la
historia no puede ser olvidada, “como a veces nos
han sugerido hacer”.
Por más de 200 años, los vínculos entre Cuba
y Estados Unidos han estado marcados, de una
parte, por las pretensiones del vecino del Norte de
dominación sobre nuestro país y, de otra, por la
determinación de los cubanos de ser libres, inde-
pendientes y soberanos, sostuvo.
Manifestó que el gobierno de Estados Unidos
ha decidido recrudecer el bloqueo, y justifica sus
medidas con una retórica vieja y hostil, propia de
la Guerra Fría.
Las decisiones de Trump desconocen el apo-
yo de amplios sectores estadounidenses a la nor-
malización de las relaciones y solo satisfacen los
intereses de un grupo de origen cubano del sur de
Florida, cada vez más aislado y minoritario, que
insiste en dañar a Cuba y su pueblo por haber ele-
gido defender, a cualquier precio, su derecho a ser
libre, independiente y soberano, agregó.
Reafirmamos, expuso, que cualquier estrategia
que pretenda destruir a la Revolución, ya sea me-
diante la coerción y las presiones o recurriendo a
métodos sutiles, fracasará.
De igual forma, puntualizó, rechazamos la
manipulación del tema de los derechos humanos
contra Cuba, que tiene mucho para enorgullecer-
se por los logros alcanzados y no tiene que recibir
lecciones de Estados Unidos ni de nadie.
Raúl Castro repitió que Cuba posee la voluntad
de continuar negociando los asuntos bilaterales pen-
dientes con Estados Unidos, sobre la base de la igual-
dad y el respeto a su soberanía e independencia.

ARTÍCULOOPINIÓN
L
os privilegios fiscales de la Iglesia Católi-
ca preocupan y no tienen razón de ser. En
2007, la Comisión Europea (CE) criticaba
al gobierno español por las ventajas tributarias a
inmuebles propiedad de la Iglesia. Pero antes, en
2005, la CE había pedido a España que modificara
su Acuerdo con el Vaticano sobre Asuntos Econó-
micos por ser ilegales las exenciones del IVA (Im-
puesto al Valor Agregado) a la Iglesia.
Otra vez, la Comisión ha pedido explicar por
qué la Iglesia católica no paga a los ayuntamientos
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras ni el Impuesto
de Bienes e Inmuebles
(IBI). Y hace poco, el
Tribunal de Justicia de
la Unión Europea de-
nunció las exenciones
fiscales de la Iglesia Ca-
tólica en España, por-
que “pueden ser ayudas estatales prohibidas”.
El artículo 16 de la Constitución española deja
claro que España es un estado aconfesional y, por
tanto, “ninguna confesión tendrá carácter estatal,
los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad española y mantendrán re-
laciones de cooperación con la Iglesia Católica y
las demás confesiones”. Cooperación, no privile-
gios. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene en el Reino
de España beneficios fiscales que en realidad se res-
tan a la ciudadanía? No hay respuesta para explicar
por qué no pagan Impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales, de Sucesiones o Donaciones. O porque
no pagan el IBI como todo el mundo.
¿Acaso porque los inmuebles que no pagan IBI
son lugares de culto? No, porque solo un 18 por
ciento de propiedades inmobiliarias de la Iglesia se
dedican al culto. El 82 por ciento restante no son
lugares de culto… y tampoco pagan IBI. Por no pa-
garlo, el Estado deja de cobrar 2 mil 500 millones
de euros cada año.
Y hablando de privilegios, desde hace unos años
la Iglesia Católica española registra como propios
viñedos, olivares, casas rectorales, atrios y solares
que pertenecían a los pueblos, pero no estaban re-
gistrados. La Iglesia sí lo ha hecho. Y lo sigue ha-
ciendo a la chita callando
por dos artículos de la
Ley y Reglamento hi-
potecarios, que debe-
rían ser derogados ya,
por los que ¡¡los obispos
pueden registrar pro-
piedades como si fueran
funcionarios públicos!!
El privilegio aumentó en 1998, cuando el Go-
bierno de Aznar suprimió un artículo del regla-
mento que hasta entonces impedía inmatricular
(registrar propiedades a su nombre) edificios de cul-
to, iglesias, catedrales o ermitas. Desde entonces la
Iglesia inmatricula a todo gas. Es tal el volumen de
oscuros registros de propiedad que en Navarra, por
ejemplo, han arrasado el territorio y figuran como
propiedades de la Iglesia Católica cientos de tem-
plos parroquiales, ermitas y basílicas y todo lo que
tienen dentro. Además de casas, almacenes, gara-
jes, frontones y cementerios. Hoy la Iglesia Católica
posee en España más de 110 mil 000 propieda-
XAVIER CAÑO TAMAYO, CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
CON LA IGLESIA
HEMOS TOPADO
Desde hace unos años la Iglesia Cató-
lica española registra como propios vi-
ñedos, olivares, casas rectorales, atrios y
solares que pertenecían a los pueblos
Desde hace unos años la Iglesia Cató-
solares que pertenecían a los pueblos

ARTÍCULO OPINIÓN
des… que no pagan impuestos. Templos y ermitas,
por ejemplo, no eran propiedad de la Iglesia y muy
a menudo fueron construidos y levantados con el
dinero, trabajo y esfuerzo de la gente.
En 2007, documentándose el escritor nava-
rro José María Esparza para un libro de historia
local, descubrió que la Iglesia había registrado a
su nombre la parroquia de Santa María de Tafa-
lla. Luego comprobó que había hecho lo mismo en
San Pedro y con las iglesias de Artajona y Ujué. El
Arzobispado llevaba años inmatriculando bienes
comunes que, por la razón que fuera, estaban sin
registrar y nadie se había enterado. Se constituyó
la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro
para detener esas apropiaciones y, 10 años después,
las inmatriculaciones como problema y frenarlas
ya son tareas de la ciudadanía. Muchos alcaldes las
han descubierto con sorpresa e intentan devolver al
pueblo el inmenso patrimonio cultural e inmobilia-
rio del que la Iglesia se ha apropiado.
Por su parte, la organización Europa Laica ha
denunciado además en su informe Opacidad y Fi-
nanciación de la Iglesia Católica que “mientras au-
menta la pobreza y se privatizan servicios públicos,
el Estado da a la Iglesia católica, por subvenciones
directas y exención de impuestos, más de 11 mil
000 millones de euros anuales; más del 1 por ciento
del PIB”. Europa Laica denuncia también que “la
Iglesia católica española se ha apropiado, a lo largo
de su historia, de gran parte del patrimonio que hoy
posee por vías ilegítimas e ilegales, con el consenti-
miento y complicidad del Estado”.
Urge arreglar tal desaguisado y regular la rela-
ción con la Iglesia teniendo en cuenta los intereses
de la ciudadanía y la aconfesionalidad del Estado.
Sin privilegios.
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
E
l anuncio de la apertura de relaciones diplo-
máticas entre Panamá y China Popular fue
tardío y recibido por los diferentes sectores
sociales panameños con bastante displicencia. ¿Por
qué? Desde 1972 -hace 45 años- se esperaba el
anuncio. En aquella fecha Estados Unidos rompió
todos los diques de contención cuando el presidente
Mao Tse-Tung recibió a Richard Nixon en Pekín.
En América Latina, Cuba tiene relaciones diplo-
máticas con el gigante asiático desde 1960. Chile y
Perú las establecieron en 1971.
La decisión del gobierno del presidente Juan
Carlos Varela puso fin a la diplomacia de la ‘che-
quera’ que tenía Panamá con la isla rebelde de
Taiwán, que oficialmente aún pretende representar
a toda China. Los actuales gobernantes en Taipei
reaccionaron ante el
anuncio de Panamá de-
nunciando al gobierno
y quemando banderas
panameñas.
En 1972, EU abrió
sus relaciones con Chi-
na, en gran parte por
razones geopolíticas. Nixon vio la posibilidad de
arrinconar a la Unión Soviética, el principal ene-
migo de EU durante la Guerra Fría. Por su lado,
Pekín necesitaba oxigenar su marcha hacia la au-
tonomía y desarrollo para sacarla del atraso que la
caracterizó durante casi dos siglos. El balance his-
tórico parece inclinarse a favor de la audacia de los
dos gobiernos, quizás un poco más del lado chino.
En 2017 la apertura entre Panamá y China tie-
ne significados distintos y probablemente redunda-
rá en otros beneficios. Es bastante claro lo que per-
sigue China Popular estableciendo relaciones diplo-
máticas con Panamá: Pekín quiere extender la Ruta
de la Seda euroasiática en la dirección opuesta, con
el istmo panameño como su baluarte comercial y
político en el hemisferio occidental. Le permitirá
consolidar sus relaciones con toda la región latinoa-
mericana, especialmente el Gran Caribe.
El Canal de Panamá es sin duda el máximo pre-
mio. China ya tiene un fuerte interés en los puertos
de Balboa y Cristóbal. Está construyendo otro en la
‘isla’ Margarita. Además, es probable que empresa-
rios chinos incursionen en inversiones logísticas en
terrenos del antiguo polígono de Nuevo Empera-
dor.
¿Cuál es la agenda del gobierno panameño
frente a esta decisión histórica? El presidente Va-
rela y su equipo no lo han hecho explícito. Tienen
dos alternativas. Por un
lado, seguir la pauta
rentista y especuladora
sentada por los gobier-
nos oligarcas paname-
ños desde la indepen-
dencia de España en
1821. La otra, promo-
ver una política que conduzca el país hacia el de-
sarrollo integral nacional e incluyente que beneficie
a todos los panameños. En otras palabras, la nueva
relación con China Popular le permitiría a Panamá
embarcarse en un proyecto audaz de dimensiones
similares a la construcción del Canal de Panamá
a principios del siglo pasado, pero con las manos
firmemente sobre el timón.
El Canal de Panamá ha estado por más de un
siglo al servició de la marina mercante mundial,
dominada por EU, y los gobiernos han descuida-
do casi por completo el desarrollo nacional. Las
MARCO A GANDÁSEGUI, HIJO*/PRENSA LATINA
ELMENSAJEDECHINAPOPULAR:
AUDACIA
China quiere extender la Ruta de la
Seda euroasiática en la dirección opuesta,
con Panamá como su baluarte comercial
y político en el hemisferio occidental
China quiere extender la Ruta de la
y político en el hemisferio occidental

ARTÍCULO OPINIÓN
inversiones chinas a principios del siglo XXI, sin
duda, estarán en función del comercio mundial,
aprovechando la ruta de tránsito del estrecho ist-
mo de Panamá. Pekín percibe a Panamá como un
eslabón más en su política global de reconstruir
la Ruta de Seda. Quiere unir -gracias al Canal de
Panamá- a Asia con el Atlántico, atravesando el
Pacífico.
Las relaciones con China Popular le proporcio-
nan a Panamá la oportunidad de salir del atraso y
desarrollar una política marítima propia, audaz, de
proporciones globales. Sin embargo, esa política
-que incluiría la definición de rutas, el desarrollo
de nuevas tecnologías marítimas, la construcción
de naves con tecnología de punta y otras ventajas,
tiene que descansar sobre una estructura social y
económica sólida capaz de resistir los embates de la
competencia mundial.
Para ello, Panamá necesita definir una política
agroindustrial, logística y política audaz, que inclu-
ya a todos los panameños. El Canal y los exceden-
tes que genera, sumado a las relaciones con China,
le permitiría desarrollar (de manera sostenible) su
potencial agrícola. Además, puede incursionar en
áreas industriales competitivas. Para ello, tendría
que construir nuevas carreteras y vías ferreas (‘tre-
nes balas’) de frontera a frontera. También tiene
que ser audaz y construir puertos en ambas costas
del país para atender a los barcos que navegan por
la vía interoceánica.
La otra alternativa, nefasta, es continuar con la
política rentista -fracasada- de la oligarquía que se
sienta a orillas del Canal esperando que caigan las
migajas de los barcos que cruzan sus aguas.
*Profesor de Sociología de la Universidad de Pana-
má e investigador asociado del Centro de Estudios
Latinoamericanos. Doctor por la Universidad del
Estado de Nueva York. Coordina el grupo de tra-
bajo de Estudios sobre Estados Unidos del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Observa-
torio sobre las Drogas de la Universidad de Panamá
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
T
eitiota y su familia vivían en Kiribati, una
pequeña isla en el Océano Pacífico, pero
tuvieron que emigrar a Nueva Zelanda
porque la subida del nivel del mar ponía en riesgo
sus vidas. Su caso no es excepcional. Se estima que
hay más de 60 millones de personas desplazadas
como consecuencia del cambio climático, según
la Agencia de la Organización de las Naciones
Unidas para los Refugiados, una cifra que podría
ascender a casi 1 mil millones en los próximos 50
años.
A pesar de que el calentamiento global obligue
a buscar un nuevo hogar a millones de personas,
son invisibles en el marco legal internacional. Tan-
to a Teitiota como a su familia les denegaron el
asilo y tuvieron que volver a una isla que en los
próximos años estará sumergida bajo el agua, por-
que no hay leyes que les reconozcan como refu-
giados climáticos. Es una realidad que no aparece
en el Estatuto de los Refugiados, a pesar de que
los cambios y desastres ambientales han provoca-
do más migraciones que los conflictos armados,
según la Organización Internacional para las Mi-
graciones.
Los países más vulnerables, y por tanto más
perjudicados, son aquellos que disponen de me-
nos recursos, la mayoría se encuentran en África,
Asia y Latinoamérica. Sufren las consecuencias de
las enfermedades, las sequías e inundaciones, o la
desaparición de especies, que dañan a un entorno
que es fundamental para estos países no indus-
trializados, que viven sobre todo de los recursos
naturales. Además, están más expuestos a la con-
taminación por culpa de una industria pesada que
degrada el medio ambiente con la deforestación,
o la extracción de gas y petróleo.
“La explotación minera en nuestros países
contamina el agua y destruye el suelo, ¿de qué va-
mos a vivir?”, se pregunta Samir Abi, presidente
del Observatorio de Migraciones del África Occi-
dental. “Somos víctimas de las multinacionales del
norte, emigramos por su culpa”. De los 50 paí-
ses más afectados, 36 están en África. Gueme es
la presidenta de la Unión de Sindicatos de Chad
y denuncia que las explotaciones petroleras “han
destruidos cultivos en la única zona fértil del lago”,
lo que ha obligado a miles de personas a exiliarse.
La temperatura media del planeta superará los
tres grados en 2050 según diversos estudios avala-
dos por la Organización de las Naciones Unidas.
Por ello es vital buscar alternativas al calentamien-
to global y los estragos que causa tanto en el pla-
neta como en las personas. El Acuerdo de París,
aun con la retirada de los Estados Unidos, supone
un necesario paso para limitar el aumento de tem-
peraturas y mitigar los daños que se producen en
aquellos países donde el cambio climático es más
severo.
Sólo falta en el acuerdo que el reconocimiento
y las referencias hacia la protección de los refugia-
dos climáticos se traduzcan en medidas concretas
que aseguren y preserven sus derechos. Y que se
decidan a reconocer como derecho fundamental
a las víctimas de los efectos del cambio climático.
Esto, junto a la imprescindible educación de todas
las mujeres y de los hombres a aceptar y ser respe-
tados en su derecho a una maternidad/paternidad
responsables son pasos imprescindibles ante la ex-
plosión demográfica, sobre todo, en las áreas con
menos recursos porque el frente que nos podría
llevar al caos se apoya sobre todo en esos pilares:
educación y corresponsabilidad sin fronteras.
JOSÉ MARÍA GÓMEZ VALLEJO/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
DESPLAZADOS
POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

INVESTIGACIÓN PORTADA
CADA EXPRESIDENTE CUESTA
A LOS MEXICANOS
60 MILLONES
DE PESOS ANUALES

INVESTIGACIÓNPORTADA
Cinco expresidentes
de México y dos viudas
obtienen beneficios por
más de 5 millones de
pesos cada mes: personal
de ayudantía y escoltas,
pensiones, seguros de
vida y de gastos médicos.
Entre los beneficiarios está
Margarita Zavala
L
os expresidentes Felipe Calderón, Vicen-
te Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y
Luis Echeverría y las viudas de Miguel de
la Madrid –Paloma Cordero– y de José López
Portillo –Alejandra Acimovic (Sasha Montene-
gro)– cuestan al erario más de 60 millones de
pesos anuales cada uno (a razón de más de 5 mi-
llones de pesos por mes).
Copias de los comprobantes de gastos –obte-
nidas a través de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamen-
tal– revelan que el gasto público destinado a los
exmandatarios y sus beneficiarios no se reduce a
las pensiones de 205 mil 121 pesos mensuales,
sino que incluye aguinaldos (21 mil 876 pesos),se-
guros de vida (32 mil 448 pesos),seguros de gastos
médicos mayores (de 74 a 333 salarios mínimos
generales mensuales generales vigentes en la Ciu-
dad de México) y sueldos al personal de ayudantía
y escoltas (4 millones 799 mil 999 pesos).
Además, los mexicanos –de los cuales 70
millones se encuentran en situación de pobre-
VÍCTOR HUGO REYES MARTÍNEZ
DAVIDMANRIQUE

El doctor en derecho y en ciencias de la in-
formación Ernesto Villanueva explica que ése
“es un Acuerdo con bases legales ausentes, pues-
to que, además de la ausencia de firma y de su
publicación en el Diario Oficial, el Acuerdo se ha
manejado en términos de arbitrariedad, lo que
significa un desvío del poder por parte del Eje-
cutivo”.
El también investigador en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), agrega
que “si bien es cierto que entre las facultades del
presidente está la promulgación y ejecución de
leyes (artículo 89, fracción 1 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos),nun-
ca se le confiere a éste el poder ni la autoridad
legal suficiente para destinar a exmandatarios o
a funcionarios públicos ningún tipo de beneficio
además de una pensión”.
Personal de ayudantía y guardias
La Oficina de la Presidencia, así como la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y
la Ley de Secretarías y Departamentos de Esta-
do indican que, para su protección y la de su fa-
milia, cada exmandatario de México tendrá a su
disposición 78 personas adscritas a la Armada, a
la Fuerza Aérea y al Ejército Mexicano.
Además, a su servicio tendrán 25 empleados
de la Federación –aunque el personal varía a pe-
tición de cada beneficiario–, que desempeñarán
cargos como: director general, director de área,
subdirector, jefe de departamento, secretaria,
técnico especializado, chofer y auxiliar adminis-
trativo.
En respuesta a la solicitud de información
0210000040117, la Dirección General de Re-
cursos Humanos de la Presidencia informa que
no cuenta con datos que detallen los gastos en
personal de ayudantía, debido a que no existe
una “unidad responsable ejecutora de gasto que
permita proporcionar el gasto total requerido”.
Y no obstante que, en su respuesta, adjunta
una tabla que describe el número de personas al
servicio de cada expresidente junto con los nive-
les tabulares que les corresponden, al momento
de rastrear las percepciones de esos funcionariosLuis Echeverría, entre los beneficiados por las pensiones multimillonarias
MOISÉSPABLO/CUARTOSCURO
za– les pagan los denominados “servicios domi-
ciliarios”, que van desde el servicio de jardinería,
luz, predial, agua y teléfono, hasta la manuten-
ción de tres automóviles de uso personal para los
beneficiarios (expresidente, esposa e hijos) y tres
más para el uso de escoltas, así como el pago de
gasolina y tenencia de esos vehículos.
El gasto mensual de 5 millones 5 mil 121 pe-
sos (que se establece cada año en el Presupuesto
de Egresos de la Federación) fue oficializado el
31 de marzo de 1987, cuando gobernaba Miguel
de la Madrid Hurtado.No obstante,la erogación
ya se había instituido desde el sexenio anterior,
encabezado por el también priísta Luis Echeve-
rría Álvarez.
La “oficialización” se dio con el Acuerdo Pre-
sidencial 2763-BIS que, sin firma del mandatario
en turno ni su publicación en el Diario Oficial de
la Federación (DOF), aprobó el pago de pensiones,
apoyos, personal de ayudantía, escoltas y compen-
saciones a expresidentes y sus herederos. Éste se
asentó como “el otorgamiento de beneficios de ca-
rácter económico, social y administrativo” para la
subsistencia y protección de los mismos.

(sueldo, prestaciones, pago de primas de segu-
ros, etcétera), dichos niveles tabulares aparecen
como inexistentes o no coinciden con los cargos
que ocupa cada empleado.
Lo que sí se establece tanto en el Manual de
Percepciones de los Servidores Públicos de las
Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal como en el Acuerdo Presiden-
cial 2763-BIS,es que cada exmandatario contará
con 25 empleados de ayudantía pagados por el
erario nacional.
Así, el equipo de los expresidentes se confor-
ma por un director general, con una percepción
total de 180 mil 474 pesos; dos directores de área,
con una percepción de 112 mil 659, cada uno;
cuatro subdirectores, cada uno con un sueldo de
50 mil 784 pesos; cuatro jefes de departamento,
con una percepción individual de 34 mil 123 pe-
sos; cuatro secretarias: una asignada al director
general, otra al director de área, así como dos
Erario paga pensión vitalicia a Alejandra Acimovic (Sasha Montenegro), viuda del expresidente José López Portillo
JUANSOTELO/CUARTOSCURO
más al subdirector; tres técnicos especializados;
tres choferes, y cuatro auxiliares administrativos.
Respecto del personal asignado a guardias,
sólo se pudo acceder a la cantidad de personas
que cada expresidente tiene a su disposición,
pues Presidencia argumenta en su respuesta que,
“después de efectuar una búsqueda exhaustiva
en la Coordinación Administrativa del Estado
Mayor Presidencial, no se encontraron registros
documentales de gastos, por lo que se declara su
inexistencia”.
Pese a esto, es público (según el artículo 4 de
la Ley de Secretarías y Departamentos de Esta-
do) que el número y rangos del personal de guar-
dia adscrito al Estado Mayor Presidencial que
los expresidentes tendrán a su cargo son: de la
Armada, dos jefes con un sueldo anual de 92 mil
439 pesos; cuatro oficiales, con un salario anual
de 39 mil 267 pesos,y 16 de tropa,con un salario
anual de 14 mil 352 pesos. De la Fuerza Aérea:

guro de gastos médicos mayores, la Oficina de la
Presidencia proporcionó, a través de la solicitud
de información 0210000039317, copias de los
comprobantes de pago de dichas prestaciones en
la primera quincena de marzo de 2017.
Los montos del aguinaldo fueron los si-
guientes: Luis Echeverría con 31 mil 875 pesos,
más un monto de 11 mil 269 pesos asignado
en el rubro de “otras prestaciones”; Vicente Fox
con 21 mil 875 pesos y el mismo monto asigna-
do a “otras prestaciones”; Felipe Calderón con
los mismos pagos en aguinaldo y prestaciones
que Fox; Alejandra Acimovic (viuda de José
López Portillo) y Paloma Cordero (viuda de
Miguel de la Madrid), con 10 mil 937 pesos y
“otras prestaciones” de 4 mil 827 pesos, respec-
tivamente.
Sin embargo, los montos que correspon-
den al pago de las primas de seguro de vida y
de gastos médicos mayores se encuentran deli-
Aunque Ernesto Zedillo renunció a la pensión, mantiene vigentes los empleados y el cuerpo de seguridad que se pagan con dinero público
PEDROMERA/CUARTOSCURO
un jefe, con un salario anual de 2 mil 439 pesos;
dos oficiales, con un salario anual de 39 mil 267
pesos,y ocho de tropa,con un salario anual de 14
mil 352 pesos.Y del Ejército: un general, con sa-
lario anual 179 mil 89 pesos; cuatro jefes, con un
salario anual de 2 mil 439 pesos; ocho oficiales,
con un salario anual de 39 mil 267 pesos, y 32 de
tropa, con un salario anual de 14 mil 352 pesos.
El número de ayudantes de los exmandata-
rios y sus familias es modificable a petición de
los beneficiarios, motivo por el cual Vicente Fox
cuenta con el grupo más grande: 20 funcionarios
a su disposición. Le siguen Felipe Calderón y
Luis Echeverría, con 18 respectivamente; Carlos
Salinas con 11, y Ernesto Zedillo con tres.
Aguinaldo y seguros, a costa del erario
En lo que corresponde al pago de prestacio-
nes, tales como aguinaldo, seguro de vida y se-

beradamente cubiertos por franjas negras que
deberían eliminar únicamente los datos de ca-
rácter confidencial (RFC, CURP, número de
cuenta, número de seguro social). No obstante,
de a acuerdo con datos obtenidos en 2005 (soli-
citud 210000041305), el monto anual destinado
al pago de seguro de vida era de 32 mil 448 pesos
por expresidente.
Los que no cobran pensión
En las respuestas oficiales consta que hay
expresidentes que no reciben algunos benefi-
cios. Tal es el caso de Carlos Salinas y Ernesto
Zedillo, quienes decidieron renunciar a los 205
mil 121 pesos mensuales asignados al pago de
pensiones.
No obstante, la Oficina de la Presidencia
omite aclarar si ambos exmandatarios también
renunciaron a prestaciones como el seguro de
vida y de gastos médicos mayores. El doctor Er-
nesto Villanueva asegura, en entrevista, que am-
bos mantienen vigente estas prestaciones.
Además, de la información oficial se des-
prende que tanto Salinas como Zedillo conti-
núan recibiendo “apoyo” de personal de ayudan-
tía y guardias,que constituye el mayor gasto para
el erario.
En el caso de Felipe Calderón –quien por la
aspiración presidencial de su esposa, Margarita
Zavala, anunció a inicios de 2017 que no reci-
biría más la pensión–, el pago de su pensión se
mantiene,pues en vez de renunciar a ésta,la “do-
nará” a una institución sin fines de lucro.
Así, su decisión no representó ningún ahorro
para los mexicanos: tampoco ha renunciado al
resto de prestaciones –como el personal de ayu-
dantía,los seguros,el aguinaldo y las escoltas– de
las que gozan él y su familia. A costa del erario,
la panista Margarita Zavala disfruta de al menos
un automóvil con chofer, y los gastos vinculados
a éste (gasolina y tenencia).
Para Irma Eréndira Sandoval, doctora en
ciencia política y coordinadora del Laboratorio
Anticorrupción de la UNAM, este tipo de actos
son “obscenos”: “ilustran la vinculación entre la
impunidad y la corrupción de una clase política
acostumbrada a ser improductiva y a protegerse
entre sí, sin importar el partido político al que
pertenezcan.
“Este tipo de gastos onerosos están más vin-
culados a la impunidad que a la corrupción, pues
se cuidan la espalda”. En entrevista, la investiga-
dora en el Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM explica que “la corrupción es un
problema estructural, y no administrativo como
comúnmente se piensa, en el que ni los órga-
nos destinados a la transparencia y rendición de
cuentas pueden dar solución”.
No obstante, no es un asunto perdido. “Aún
existen caminos por los cuales se puede dar fin
a este tipo de partidas de dispendio. Las políti-
cas de austeridad republicana, por ejemplo, están
guiadas a reducir, de manera sostenida y paulati-
namente, el costo de la administración pública”,
señala la doctora Sandoval.
En años recientes se han impulsado iniciati-
vas que buscan eliminar estos injustos beneficios.
Pero a la fecha, las arcas públicas de México les
pagan a los expresidentes y sus familias “una vida
de reyes” por sexenios de miseria y violencia.
Salinas de Gortari cuenta con 11 ayudantes con cargo al presupuesto público
GALOCAÑAS/CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN SEGURIDAD
DUPLICAN
PRESUPUESTO
Y MULTIPLICAN
VIOLENCIA
SEGURIDAD

INVESTIGACIÓNSEGURIDAD
De manera real, el dinero
que México anualmente gasta
en seguridad se ha duplicado
desde el inicio de la supuesta
guerra contra el narcotráﬁco.
Hoy se erogan 264 mil millones
de pesos, mientras la violencia
se mantiene incontrolable y se
multiplican las violaciones a los
derechos humanos
M
éxico cada vez gasta más en “seguridad”.
En 10 años de supuesta “guerra” contra
el narcotráfico, el presupuesto de las de-
pendencias encargadas de la seguridad se duplicó
en términos reales.De 130 mil millones de pesos en
2006,pasó a 264 mil millones de pesos en 2016.La
Policía Federal,las Fuerzas Armadas y el Poder Ju-
dicial Federal son los organismos más beneficiados.
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez
del Senado de la República –elaborado por los in-
vestigadores Carlos Galindo, Alejandra Huerta y
Susana Ramírez– revela que algunas dependencias
incrementaron exponencialmente el monto de los
recursos que ejercen.
Y como se señala en la investigación –titulada
Panorama del gasto federal en seguridad, 2006-2016.
Temas estratégicos 47– se trata de incrementos reales:
“es decir,descontando la inflación de cada año para
que los montos homologados reflejen el cambio de
poder adquisitivo del dinero durante el periodo de
análisis”. Así, todos los montos están calculados en
pesos constantes de 2016.
ZÓSIMO CAMACHO
123RF

En el estudio se demuestra que el gasto en segu-
ridad pasó de representar en 2006 el 0.8 por ciento
del producto interno bruto (PIB) al 1.4 por ciento
del mismo indicador en 2016.
Los gastos en seguridad por 264 mil millones de
pesos anuales son superiores en más del ciento por
ciento a los que se erogan para la salud de la pobla-
ción (por 124 mil millones de pesos) y en desarrollo
social (por 106 mil millones de pesos).
La Policía Federal cuadruplicó su presupuesto,
mientras la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) y la Secretaría de Marina (Semar) lo duplica-
ron y el Poder Judicial lo incrementó en 1.6 veces.
Incluso el Sistema Penal Penitenciario aumentó sus
erogaciones anuales en 13.6 veces.
En contraste, otras dependencias de la esfera
de la seguridad mantuvieron los mismos niveles
de gasto en términos reales. Se trata de instancias
como la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) y la propia Procuraduría General
de la República (PGR).Destaca el nulo crecimien-
to presupuestal de la PGR cuando “es,teóricamen-
te,la institución encargada de dirigir la recopilación
y sistematización de evidencia (para exponerla en
juicios imparciales, adversariales y públicos) en tor-
no a la comisión de delitos especialmente lesivos
para la sociedad”,se asienta en el documento.
Y es que para los autores del estudio “las marca-
das asimetrías en el crecimiento del gasto en segu-
ridad [entre las distintas dependencias], apuntalan
la percepción de que las administraciones recientes
han dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a una
estrategia de ‘combate frontal’, en oposición al me-
joramiento sustantivo de las capacidades y recopila-
ción sistemática de evidencia delictiva”.
La investigación revela que la PGR no gasta
nada en inteligencia; y “más significativo o simbó-
lico, los recursos de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la SHCP [Secretaría de Hacienda y
Crédito Público], encargada de prevenir y detectar
delitos tales como el lavado de dinero, tampoco son
considerados como parte de las inteligencia para la
seguridad nacional”.
De hecho, en 10 años, la Unidad de la SHCP
encargada de combatir el lavado de dinero sólo ha
ejercido de manera acumulada 1 mil 500 millones
de pesos.
Las más beneﬁciadas
En 2006 la Policía Federal contaba con alrede-
dor de 9 mil millones de pesos. Diez años después
está gastando 31 mil 409 millones. Por su parte, la
Semar pasó de erogar 15 mil millones de pesos a 32
mil millones en 2016. Mientras, los montos de la
Sedena son de 41 mil millones (para 2006) y de 74
mil millones (en 2016).
Con respecto del incremento de recursos (eco-
nómicos y humanos) en la Policía Federal, el estu-
dio cuestiona la incapacidad de la institución para
hacerse cargo de la seguridad pública.
“Es de llamar la atención que 10 años después
de iniciada una clara estrategia de fortalecimiento
de la Policía Federal, el foco de debate político y
mediático siga concentrado en la participación de
las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad públi-
ca.”
El monto destinado a las cárceles también se
ha incrementado exponencialmente. Para el rubro
Reclusión y Readaptación Social de la Comisión
Nacional de Seguridad, en 2016 se destinaron 28
mil millones de pesos.Mientras,para el mismo ru-
bro –a cargo de la entonces Secretaría de Seguridad
Pública– en 2006 apenas se llegaba a los 3 mil mi-
llones.
Por ello, señala el documento, resulta difícil ex-
plicar las carencias en las cárceles, reclusorios y pe-
nales mexicanos.
“El notable aumento en los gastos en proyectos
de infraestructura y en la administración del Siste-
ma Penitenciario Federal es de llamar la atención,
toda vez que otros indicadores relacionados con la
situación de los penales federales no han mostrado
Los gastos en seguridad
por 264 mil millones
de pesos anuales son
superiores en más del
ciento por ciento a los de
salud y desarrollo socialsalud y desarrollo social

mejoras significativas.”
El estudio cita a la CNDH, que ha identifica-
do siete centros federales con sobrepoblación (uno
de ellos con sobrepoblación crítica y dos con riesgo
alto).Además,que de un total de 19 en 17 hay insu-
ficiencia de personal; en 14 se incurre en la carencia
de actividades laborales,y 12 padecen la ausencia de
actividades educativas.
Para el doctor en ciencias penales y política cri-
minal Martín Gabriel Barrón Cruz,el discurso que
señala que el país es cada vez más inseguro es el
mismo que justifica el incremento de recursos para
la función de seguridad.
Autor de,entre otros libros,Gobernar con el mie-
do. Análisis del narcotráfico 2006-2012,Barrón Cruz
señala que se trata de “un discurso perverso”. En
efecto, todo indica que 2017 rebasará la estadística
de 27 mil homicidios dolosos de 2011, hasta ahora
el año más violento. La realidad es que sí hay más
homicidios pero el dato se manipula para justificar
mayores recursos,como si la cantidad de dinero por
sí sola fuera a proveer de mayor seguridad a las per-
sonas.
“Los seres humanos no somos un número.Con
números no se deberían tomar las decisiones de
política pública. Y no porque los números no sean
importantes.Lo son pero si a la par tenemos inves-
tigaciones de corte cualitativo.”
De acuerdo con el investigador del Instituto
Nacional de Ciencias Penales,el discurso sólo busca
que se le asignen más recursos a determinadas de-
pendencias sin que se justifique plenamente cómo
se utilizan.
Como ejemplo, el analista señala el gasto de 1
mil millones de pesos que se destinaron a una “ca-
pacitación deficiente”–por mal planeada y peor eje-
cutada– de los policías en el tema de sistema penal
acusatorio. “Es un problema, y sólo es un ejemplo,
de que se gasta el dinero y los resultados son defi-
cientes”.
“Llama la atención que 10 años después de iniciada la estrategia de fortalecimiento de la Policía Federal, el debate se siga concentrado en la participación de las Fuerzas Armadas en
tareas de seguridad pública”
SAÚLLÓPEZ/CUARTOSCURO

que reglamenta el Artículo 21 de la Carta Magna
mexicana).
Aunque en el papel las diferencias son claras
entre una y otra, la actual estrategia de combate
al narcotráfico hace converger e, incluso, confun-
dir y mezclar los dos ámbitos. “La investigación y
persecución de delitos enmarcados por el régimen
especial contra la delincuencia organizada pueden
considerarse tanto actividades de seguridad pública
como de seguridad nacional”.
Según el estudio,desde el punto de vista estruc-
tural, son cinco las instituciones clave de la seguri-
dad en México: la Presidencia de la República, la
Secretaría de Gobernación (Segob), la Sedena, la
Semar y la PGR. Pero no sólo se debe ver a la se-
guridad desde el ámbito de la prevención y el com-
bate a los delitos.También se debe tener en cuenta
el de la sanción de los delitos y la salvaguarda de
los derechos de las personas. Por ello, en este rubro
son también importantes el Poder Judicial de la Fe-
Y es que,a decir de Barrón Cruz“no se trata sólo
de ver en qué se gastó, porque eso nos lo pueden
decir: ‘nos lo gastamos en armas, en patrullas, en
equipo,etcétera’; pero dime en qué te lo gastaste en
capacitación y cuáles son los resultados cualitativos
de todo ese gasto en el tema de seguridad”.
Inconsistencias
El estudio señala que, en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos se hace re-
ferencia a sólo una de las esferas de la seguridad: la
seguridad pública.
“El único concepto definido a nivel constitucio-
nal es el de seguridad pública”,señala el documento.
Agrega que en un nivel normativo inferior se inclu-
ye ya a la seguridad nacional: se cuenta con una Ley
de Seguridad Nacional (que no reglamenta artículo
constitucional alguno, a diferencia de la Ley Ge-
neral del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Son cinco las instituciones clave de la seguridad en México: la Presidencia, la Secretaría de Gobernación, la Sedena, la Semar y la PGR
ENRIQUEORDÓÑEZ/CUARTOSCURO

deración y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Eldocumentoconsignaquedesde2006,cuando
se inauguró la actual estrategia de combate al tráfi-
co de estupefacientes y se incrementaron de manera
sostenida los presupuestos destinados a las institu-
ciones de seguridad,los crímenes se incrementaron.
“Posterior al inicio de esta política,se registró en
México un aumento drástico de homicidios (a par-
tir de 2007), el cual ha representado un periodo de
agravamiento de situaciones de violencia en el país,
de tal manera que no puede afirmarse con certeza
que esta política haya logrado, efectivamente, una
mejora sustantiva en las condiciones de vida de la
población.”
Para Martín Gabriel Barrón Cruz el problema
de la seguridad en México no se resolverá con más
dinero, como ya se ha visto en estos 10 años. “Los
propios libros lo señalan: no necesitamos más po-
licías; necesitamos policías más inteligentes, más
eficientes”.
Para el especialista en temas de seguridad, las
propias autoridades saben que la actual política no
arrojará los resultados que dicen buscar con montos
más abultados. Saben que el problema no está ahí,
“pero lo que les interesa es seguir incrementando
los recursos para estas instituciones”.Así que el dis-
curso del miedo va a seguir para justificar mayores
cantidades de dinero púbico a la seguridad.
El doctor en sociología por la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) y espe-
cialista en América Latina por la Universidad de
Pittsburgh Guillermo Garduño Valero coincide en
que no será con mayores recursos como se mejora-
rá la seguridad de México, en especial, la seguridad
nacional. Se trata de un fenómeno más complejo
que sólo puede resolverse integralmente.
El experto en seguridad nacional y Fuerzas
Armadas señala: “Si no existen condiciones de go-
bernabilidad y de gobernancia; si se tiene déficit de
legalidad y legitimidad; si hay carencia de un pro-
yecto nacional; y al mismo tiempo no hay bases que
proyecten a la nación del presente al futuro,estamos
indudablemente en presencia de problemas que es-
tán afectando al ámbito de la seguridad nacional”.
Así,de acuerdo con el autor de El Ejército Mexi-
cano, organización y estrategia, entre otros libros, la
seguridad –particularmente la seguridad nacional–
no se garantizará con mayores recursos sino con la
definición, antes,“de un proyecto de nación funda-
mentado en el consenso ciudadano; que cuente con
legitimidad y ejerza la legalidad desde el ámbito de
las instituciones; que tenga la capacidad de gestión
para generar condiciones de gobernabilidad y go-
bernanza; y que cuente con capacidad de dirección
del país para plantearse la posibilidad de un futuro
hacia el cual la nación pueda ir”.
Sin embargo, lo que hoy padece el país son
condiciones contrarias. No habrá dinero que pue-
da proveer ni de seguridad pública ni de seguridad
nacional.El país se seguirá desmoronando por mu-
chos recursos que se destinen a las Fuerzas Arma-
das, la Policía federal y demás dependencias encar-
gadas de preservar la tranquilidad de los mexicanos.
En su diagnóstico,Guillermo Garduño señala:
“No hay un proyecto nacional.Lo anterior por-
que hay un conflicto de intereses entre fuerzas que
atan al presente al país y le impiden desarrollarse
hacia una visión de futuro. No hay condiciones de
gobernabilidad y,menos,de gobernanza;por lo tan-
to no hay elementos en los que cuales pueda susten-
tarse la gestión adecuada ni, mucho menos, puede
haber un tipo de dirección hacia objetivos y metas.
La ilegalidad se plantea sencillamente como vida
cotidiana y la corrupción se enseñorea. En conse-
cuencia de todo ello,sólo hay desperdicio de recur-
sos y se acude a la violencia como si fuera la forma
única de sustentar las instituciones.”
Para el investigador, bajo esta misma lógica los
gastos se seguirán multiplicando; y “esos gastos se
van a la basura. Se está invirtiendo en instituciones
altamente corrompidas, lo que nos está llevado al
caos”.
Las propias autoridades
saben que la actual política
de seguridad no arrojará
los resultados que dicen
buscar con montos más
abultadosabultados

INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL
TRUMP AMENAZA
LA SEGURIDAD
NACIONAL
DE MÉXICO

INVESTIGACIÓNLÍNEA GLOBAL
Trump ha generado
una relación “incierta y
peligrosa” con México,
que amenaza el desarrollo
y la seguridad nacional.
Expertos en inteligencia
alertan que el impacto de
la política aislacionista y
proteccionista de la derecha
alternativa que encabeza
el presidente de Estados
Unidos es mundial
H
istóricamente, la construcción de muros
es indicador de retrocesos en la evolución
humana,considera OctavioTrejo Armida,
especialista en Contraterrorismo por la National
Defense University.
Agrega que“los nacionalismos acendrados y en-
fermizos devienen en horribles catástrofes huma-
nitarias y en delitos de lesa humanidad, por lo que
el discurso y las acciones antisistémicas de Estados
Unidos, mueven a mucha preocupación e incerti-
dumbre”.
Por eso, la política exterior de Donald Trump
ha generado una dinámica incierta y peligrosa en la
relación entre México y Estados Unidos; así como
incertidumbre y preocupación en las relaciones in-
ternacionales,pues es un retroceso para el desarrollo
de la humanidad en general,indica Trejo Armida.
“La postura del gobierno de Donald Trump es
muy clara, al conducirse con un marcado naciona-
lismo pragmático y transaccionalista,contrario a los
valores del libre comercio y cooperación internacio-
nal vigentes en la política exterior americana desde
JOSÉ RÉYEZ/TERCERAY ÚLTIMA PARTE
CUARTOSCURO

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