Este documento recuerda a las empresas su obligación legal de registrar electrónicamente los contratos de trabajo y sus prórrogas ante el Servicio Público de Empleo Estatal dentro de los 10 días hábiles siguientes a su formalización para evitar sanciones de hasta 625 euros. También pide que los contratos sean devueltos firmados con antelación suficiente para poder gestionar el registro dentro del plazo establecido.