El documento describe las responsabilidades de los funcionarios públicos en las contrataciones públicas. Explica que existen responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de los actos previos a los procesos de contratación, de los procesos mismos y de la ejecución contractual. Asimismo, detalla los principios y criterios para la evaluación de responsabilidades como la legalidad, tipicidad e imputabilidad, y los tipos de sanciones administrativas aplicables a los funcionarios.