1. Examen 1
1. Sobre los conflictos entre normas del sistema jurídico peruano, marque la opción
correcta:
a) La norma anterior de igual o mayor rango, prima sobre norma posterior de igual o
menor rango.
b) Un tratado posterior, deroga una ley anterior.
c) Para resolver los conflictos entre normas reglamentarias, primero, se debe preferir a la
norma emitida por el funcionario de mayor jerarquía y, en defecto de este criterio, se
prefiere a la norma posterior.
d) En todo conflicto entre normas del sistema jurídico peruano, primero debe atenderse
a la competencia, en su defecto a la jerarquía y, en defecto de ambos criterios a la
temporalidad.
2. Sobre la situación de los tratados en el sistema jurídico peruano, marque la opción
correcta:
a) El sistema jurídico peruano asume la teoría dualista sobre la incorporación de tratados.
b) Según el Tribunal Constitucional, todos los tratados tienen el rango legal pues se
controlan mediante la acción de inconstitucionalidad.
c) La sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional un tratado
implica que el Estado Peruano deja de estar obligado ante los Estados con los que se
había comprometido mediante dicho tratado.
d) Los tratados que versen sobre la Defensa Nacional deben ser aprobados por el
Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República.
3. Sobre la validez de los Decretos Leyes en el sistema jurídico peruano, marque la
opción correcta:
a) Los decretos leyes no son normas válidas en el sistema jurídico peruano.
b) Los decretos leyes son normas con rango legal y se controlan mediante acción de
inconstitucionalidad.
c) Para evaluar su validez tras el restablecimiento del Estado Constitucional, el Tribunal
Constitucional ha asumido la teoría de la caducidad.
d) Los decretos leyes son normas con rango reglamentario y se controlan mediante
acción popular.
4. Sobre la validez de los decretos de urgencia en el sistema jurídico peruano, marque
la opción correcta:
a) Siendo una norma emitida por el Presidente de la República, tiene rango
reglamentario.
b) Según el Tribunal Constitucional, su vigencia no puede ser mayor a seis meses.
c) Pueden contener materia tributaria siempre que beneficie al contribuyente.
d) Son aprobados por el Consejo de Ministros, rubricados por el Presidente de la
República y refrendados por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Economía y Finanzas y, en los casos en los que corresponda, por uno o más Ministros a
cuyo ámbito de competencia esté referido.

2. 5. Sobre la aplicación de la aplicación temporal de las normas en el sistema jurídico
peruano, marque la opción correcta:
a) Las normas jurídicas entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario
oficial, salvo que la propia norma anticipe o postergue su vigencia en todo o en parte.
b) La Constitución reconoce los derechos adquiridos de los pensionistas.
c) En ningún caso tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal Constitucional que
declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal.
d) Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán determinar
la nulidad, con efecto retroactivo, de las normas impugnadas.
6. Sobre los derechos laborales que la Constitución reconoce, marque la opción
correcta:
a) Señala la Constitución que el Estado reconoce el derecho de los trabajadores a
participar en las utilidades de la empresa.
b) La interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido
de una norma es un principio constitucionalmente reconocido.
c) El derecho de huelga no está constitucionalmente reconocido aunque forma parte de
nuestro sistema jurídico por estar reconocido en un tratado internacional suscrito por
el Perú.
d) La Constitución asume un modelo de estabilidad laboral absoluta.
7. Sobre el referéndum en el Perú, marque la opción correcta:
a) No puede someterse a referéndum la reforma de la Constitución.
b) Fue reconocido por primera vez en la Constitución de 1979.
c) Una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de modificación
dentro de los dos años de su vigencia, salvo nuevo referéndum o acuerdo del Congreso
en dos legislaturas con el voto de dos tercios del número legal de congresistas.
d) Es el procedimiento por el cual es posible revocar autoridades.
8. Sobre la reforma de la Constitución, marque la opción correcta:
a) La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la
República.
b) El Defensor del Pueblo cuenta con iniciativa de reforma constitucional.
c) Es necesario someter la reforma constitucional a un referéndum.
d) Siendo de rango constitucional, contra una ley de reforma constitucional no cabe una
acción de inconstitucionalidad.
9. Sobre los principios de la función jurisdiccional según la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, marque la opción correcta:
a) El principio de unidad de la función jurisdiccional implica que el Poder Judicial es el
único encargado de la función jurisdiccional en el Estado Peruano.
b) En su vertiente positiva, el principio de exclusividad de la función jurisdiccional implica
que los jueces no pueden desempeñar otra función que no sea la jurisdiccional, salvo
la docencia universitaria.
c) El principio de independencia judicial exige que el legislador adopte las medidas
necesarias y oportunas a fin de que el órgano y sus miembros administren justicia con
estricta sujeción al Derecho y a la Constitución, sin que sea posible la injerencia de

3. extraños a la hora de delimitar e interpretar el sector del ordenamiento jurídico que ha
de aplicarse en cada caso.
d) El que la Constitución no determine un límite de edad para el ejercicio de la función
jurisdiccional, se deriva que los magistrados judiciales en el Perú pueden ejercer el
cargo de manera vitalicia
10. Sobre el bloque de constitucionalidad, según la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, marque la opción correcta:
a) Cualquier norma, sin importar su rango, puede formar parte del bloque de
constitucionalidad.
b) El parámetro de control de la acción de constitucionalidad puede comprender fuentes
distintas a la Constitución, siempre que deriven directamente de ella, adquiriendo la
condición de normas sobre la producción jurídica respecto a la forma y el contenido.
c) El bloque de constitucionalidad constituye un mecanismo de interpretación para la
validez constitucional de normas. En ese sentido, la infracción directa al Bloque,
determinará una infracción directa a la jerarquía normativa de la Constitución.
d) En el ámbito municipal, el bloque para apreciar la validez de sus normas lo integran,
exclusivamente, la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades.
11. Sobre los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, marque la opción
correcta:
a) Cabe interponer un recurso de agravio constitucional contra la sentencia estimatoria
de segunda instancia que contraviene un precedente vinculante del Tribunal
Constitucional.
b) Uno de los presupuestos básicos que deben observar las sentencias del Tribunal
Constitucional para la aprobación de un precedente vinculante es la comprobación de
interpretaciones erróneas de alguna norma perteneciente al bloque de
constitucionalidad.
c) Los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional requieren unanimidad de
todos sus magistrados para ser aprobados.
d) Sólo se pueden dictar precedentes vinculantes en los procesos de inconstitucionalidad
mas no en los de hábeas corpus, amparo o hábeas data.
12. Sobre el amparo contra laudos arbitrales, según la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, marque la opción correcta:
a) Procede el amparo contra un laudo arbitral que vulnera directamente los precedentes
vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional.
b) Procede el amparo arbitral cuando se cuestiona la falta de un convenio arbitral.
c) Procede el amparo arbitral cuando a pesar de haberse aceptado voluntariamente la
jurisdicción arbitral, las materias sobre las que ha de decidirse tienen que ver con
derechos fundamentales de carácter indisponible.
d) Los tribunales arbitrales no pueden ejercer, en ningún caso, el control difuso de
constitucionalidad de las normas.
13. Sobre los actos lesivos homogéneos, según la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, marque la opción correcta:
a) Para calificar un acto lesivo homogéneo se requiere que el sujeto pasivo o afectado
sea la misma persona que interpuso la demanda original aunque el nuevo acto lesivo

4. no se origine en la misma entidad, autoridad, funcionario o persona que fue obligada
a dar, hacer o dejar de hacer algo a través de la sentencia de condena establecida en
un proceso constitucional.
b) Este instituto solo puede ser utilizado en un proceso de amparo.
c) Solo procede invocar este mecanismo cuando la sentencia emitida en el primer
proceso haya sido cumplida.
d) Es una creación jurisprudencial pues no esta figura no está expresamente prevista en
el Código Procesal Constitucional.
14. Sobre el denominado amparo contra amparo, según la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, marque la opción correcta:
a) Pueden ser objeto de una demanda de amparo las sentencias de amparo emitidas por
el Tribunal Constitucional donde se haya producido la violación manifiesta del
contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales.
b) Procede una demanda de amparo contra la resolución denegatoria, en segundo grado,
cuando por razones que no le sean imputables al demandante, no haya podido
interponer oportunamente el respectivo recurso de agravio constitucional.
c) El juez que conoció el primer amparo deberá conocer la nueva demanda de amparo
contra la sentencia del primer proceso.
d) Se puede interponer todas las veces que sea necesario hasta obtener la protección del
derecho invocado.
15. Sobre el proceso de hábeas corpus, según la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, marque la opción correcta:
a) El hábeas corpus instructivo procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la
violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto
de que tales situaciones no se repitan en el futuro, en el particular caso del accionante.
b) En el proceso de hábeas corpus no cabe desistimiento.
c) Una demanda de hábeas corpus puede ser presentada verbalmente.
d) El hábeas corpus reparador se puede utilizar en los casos en que, no habiéndose
concretado la privación de la libertad, existe la amenaza cierta e inminente de que ello
ocurra.
Para los siguientes dos (2) casos tomar en cuenta el informe de la CVR con relación a
que se aprecia una situación de practica generalizada y sistemática de violación de los
derechos humanos entre los años 1983-1986 y 1989- 1992.
16. En noviembre del año 1988, un grupo de miembros del Ejercito incursionó en el
caserío X de la Provincia de Y (declarada en estado de emergencia) y procedió a
detener a Mariano Pérez (50 años) por ser sospechoso de estar vinculado a una
organización terrorista que en dicha zona había cometido una serie de atentados.
Durante los cinco días que permaneció detenido se le colocó en diversos momentos
instrumentos incandescentes en partes de las extremidades lo que produjo intensos
dolores. Como consecuencia de dichas prácticas Pérez tuvo el quinto día un infarto
coronario lo que motivo que dos miembros del grupo lo llevaran subrepticiamente a
la unidad de emergencia de un hospital nacional y lo dejaran en la puerta sin
identificarse. Gracias a la eficacia de los médicos, Pérez fue estabilizado y
posteriormente recuperado. Los familiares presentaron una denuncia la misma que
al prolongarse fue archivada debido a la Ley de amnistía. En el año 2002, luego que la
referida ley fue declarada invalida, la investigación fiscal se reabre por delito de

5. lesiones graves, pero los abogados de los miembros del Ejercito imputados solicitan
al fiscal el archivamiento de la investigación por haber prescrito la acción penal.
Frente a esta solicitud válidamente se puede sostener que:
a) De acuerdo con el Derecho Penal Internacional se trata de un crimen de lesa
humanidad y por lo tanto su persecución no prescribe (según normas ius cogens – art.
53 de la Convención de Viena).
b) De acuerdo con la jurisprudencia de la CIDH (Caso Bulacio vs Argentina, caso Cantoral
Benavides Vs Perú, entre otros) se trata de delitos comunes que implican graves
violaciones de los derechos humanos por lo que no cabe oponer obstáculos procesales
como la prescripción.
c) De acuerdo a la tipificación del delito de tortura en el año 1998 correspondería
adecuar la investigación fiscal como un delito de tortura (art. 321) y declarar que los
crímenes de lesa humanidad no prescriben (según normas ius cogens – art. 53 de la
Convención de Viena).
d) No se trata de hechos que califiquen como un crimen de lesa humanidad ni como
graves violaciones de los derechos humanos. Se trata sólo de simples delitos comunes.
La acción penal habría prescrito.
17. De acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 21 de marzo de
2011 (Exp. Nº 0024-2010-PI/TC) que declaró inconstitucional el Decreto Legislativo N°
1097, la medida que dispone la aplicación de la regla de la imprescriptibilidad recién
desde la entrada en vigencia para el Perú de la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad,
aprobada por Resolución Legislativa Nº 27998 (noviembre de 2003) fue declarada:
a) Constitucional en el extremo indicado en la medida que respeta el principio de
irretroactividad de la ley penal.
b) Inconstitucional dado que resulta contrario al principio de proporcionalidad una
medida que dispone la prescripción para un delito de lesa humanidad.
c) Constitucional en el extremo indicado en la medida que se respeta el derecho a un
proceso dentro de un plazo razonable.
d) Inconstitucional dado que la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de
guerra y de los crímenes de lesa humanidad no limitan temporalmente su aplicación.
18. Sobre los tratados de derechos humanos en el sistema jurídico peruano, señale la
respuesta correcta:
a) Para el Tribunal Constitucional, en tanto que se controlan mediante el proceso de
inconstitucionalidad, los tratados de derechos humanos tienen rango legal.
b) El Tribunal Constitucional no considera que los tratados, y en particular los de
derechos humanos, deban ostentar un rango en tanto que es una categoría pensada
solo para las normas creadas por las autoridades políticas del Estado peruano.
c) Para el Tribunal Constitucional, los tratados internacionales sobre derechos humanos,
de los que el Estado es parte, no solo integran el ordenamiento jurídico sino que,
además, detentan rango constitucional.
d) Para el Tribunal Constitucional, los tratados de Derechos Humanos ostentan un rango
legal, no por el mecanismo de control (el proceso de inconstitucionalidad) sino por su
procedimiento de aprobación análogo al de las leyes: aprobación por el Congreso y
ratificación por el Presidente de la República.

6. 19. Sobre las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el sistema
jurídico peruano, marque la opción correcta:
a) Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo emite sentencias
vinculantes, la Comisión Interamericana solo emite Opiniones Consultivas que no
tienen efectos vinculantes.
b) Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la Corte pude emitir
Opiniones Consultivas de oficio.
c) Las sentencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, en tanto que
interpretan la Constitución del Perú, tienen rango constitucional.
d) Las decisiones de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, en la forma de
sentencias o de opiniones consultivas, son vinculantes para el Estado Peruano, en
tanto que suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
20. Sobre los derechos fundamentales que la Constitución reconoce, marque la opción
correcta:
a) La Constitución prevé el arresto ciudadano como una de las formas de
restricción justificada de la libertad personal.
b) La moral y el orden público son excepciones constitucionalmente admitidas para el
derecho de acceso a la información pública.
c) La forma republicana de gobierno constituye una de las categorías
reconocidas en la Constitución de las que se pueden inferir derechos
constitucionales implícitos.
d) El secreto e inviolabilidad de las comunicaciones es un derecho cuyo
ejercicio puede ser válidamente restringido durante un estado de emergencia.
21. En Argentina un trabajador argentino de la embajada peruana quema la bandera
nacional y mata al embajador en protesta por una reducción de sueldos que él
considera injusta. De acuerdo a la aplicación espacial de la ley penal:
a) El delito tendrá que se juzgado en Argentina porque se trata de un acto terrorista
cometido en su nación.
b) De acuerdo al principio de bilateralidad, si la conducta no es típica en el Perú,
Argentina no podrá juzgar a su nacional.
c) Se aplica la Ley Penal peruana por existir un agravio al Estado y la muerte de un
funcionario público peruano.
d) El Perú solo podrá reclamar competencia para juzgar el hecho si el autor del homicidio
sale del territorio argentino.
22. Marco apuñala dos veces en el tórax a su conviviente. Creyéndola muerta, traslada el
cuerpo y lo arroja en un descampado a varios kilómetros del lugar de los hechos, con
el objetivo de ocultar el cadáver. Sin embargo, se pudo constatar científicamente que
la mujer no murió a consecuencia de los ataques de su pareja, sino que murió a
consecuencia de los golpes producidos cuando fue arrojada al descampado.
a) Marco responderá por un delito de lesiones, pues el resultado típico muerte no se
produjo por su conducta, sino por la desatención clínica una vez producidas las
heridas, lo que quiebra el nexo causal entre la conducta y el resultado.

7. b) El dolo de Marco no alcanza a la conducta de dejar el cuerpo de la mujer en un lugar
descampado, ya que en su representación se realizaba un único acto posterior a la
consumación.
c) Existe un concurso de delitos entre tentativa de homicidio doloso y homicidio culposo.
d) Marco actuó con dolo general, que abarca ambas conductas (apuñalar y trasladar y
arrojar el cuerpo). Debe responder por el delito de homicidio consumado.
23. Una mujer casada de la comunidad campesina X abandona a su esposo por otro
hombre de la comunidad Y. La ronda campesina de la comunidad X encontró a la
infiel pareja y procedió a juzgarla de acuerdo a las normas consuetudinarias de la
comunidad X. La sanción por adulterio es la exposición de los responsables ante el
descrédito público y recibir tres azotes. El hombre perteneciente a la comunidad Y ha
denunciado a los integrantes de la ronda campesina de la comunidad X por delito de
usurpación de funciones, secuestro y lesiones graves.
a) Las lesiones graves siempre suponen un límite impuesto al ejercicio jurisdiccional de
las rondas campesinas, pues afectan el núcleo esencial de los derechos fundamentales.
Por tanto, el Derecho Penal formal debe intervenir como mínimo sobre el referido
delito.
b) La trasgresión de un derecho fundamental es causal de ilegitimidad de toda actuación
de la ronda campesina. En consecuencia, el Derecho Penal es aplicable a los tres
delitos denunciados.
c) El juzgar a un miembro de otra comunidad es tanto como realizar analogía en materia
penal respecto de las normas que imperan en la comunidad Y, por ello, lo realizado por
la ronda campesina de la comunidad X tiene absoluta relevancia penal.
d) Ante un supuesto de tipicidad, es preciso realizar un test de proporcionalidad para
determinar si se está o no frente a un supuesto de alguna causa de justificación. De
otro lado, se deberá analizar los patrones y elementos culturales presentes en los
ronderos a efectos de resolver sobre su imputabilidad o la atenuación de la pena
correspondiente.
24. Un efectivo policial ebrio olvida su arma de reglamento dentro de las instalaciones
de un centro comercial. El arma es encontrada por Marco, un niño de 9 años, quien
al manipularla se dispara y muere.
a) Sobre la conducta del efectivo policial opera lo que en doctrina penal se conoce como
“prohibición de regreso”, por ende, la tipicidad de las conductas futuras no alcanzan a
la conducta original.
b) El efectivo policial es garante de una fuente de peligro y el olvidar el arma de
reglamento vulnera su deber objetivo de cuidado.
c) Olvidar un arma no es delito, pues el arma puedo ser encontrada también por adulto
que la entregue a una comisaría como objeto extraviado.
d) El hecho que Marco haya encontrado el arma y que se haya disparado debe ser
considerado como un supuesto de caso fortuito. Por ende, no hay responsabilidad en
el agente del orden, por muy descuidado que haya sido su proceder.
25. En la comisión de un delito de peculado, el autor del delito es asistido por un tercero
ajeno a la administración pública, quien falsifica boletas de pago con el objetivo de
sustentar gastos no realizados por el funcionario público.
a) El funcionario público responde por delito de peculado y el particular por el delito de
falsificación de documentos.

8. b) Los delitos contra la administración pública son delitos de infracción de deber, por
ende, no admiten participación criminal. En el caso en concreto, el particular deberá
responder por el delito común de hurto, debido a la aplicación estricta de la teoría de
la ruptura del título de imputación.
c) Para la tesis de la unidad de título de imputación autores y partícipes responden por el
mismo delito realizado en calidad de coautores, cuando se trate de delitos contra la
administración pública.
d) Los plazos duplicados de prescripción del art. 80 CP no podrán aplicarse a los
“extranei” a pesar de que se les responsabilice por el delito especial cometido por el
autor y se les imponga la pena correspondiente al autor.
26. Una mujer que es inducida a error por un erróneo test de embarazo (le
diagnosticaron que estaba embarazada cuando no era así) acude a un consultorio
médico clandestino para someterse a una práctica abortiva. El médico, sin realizar la
ecografía pertinente, la atiende. Luego de realizar las manipulaciones propias de una
técnica abortiva cae en cuenta que la mujer no estaba embarazada. Sin embargo,
debido a una mala praxis abortiva, lo que se agravó por la diabetes que la paciente
jamás le informó al médico, la mujer murió desangrada.
a) Se trata de tentativa punible de aborto.
b) No se puede imputar el resultado muerte al médico porque no conocía la diabetes. Se
trata de un caso fortuito.
c) El incumplir con la lex artis (no realizar la ecografía y la mala praxis abortiva) sustentan
la responsabilidad penal del médico por homicidio.
d) Se trata de un supuesto de autopuesta en peligro de la propia víctima.
27. Un profesor universitario solicita una licencia de trabajo a la universidad nacional
donde dicta, pues asumirá un importante cargo en la dirección regional de educación
de su localidad. Al cabo de un año, y en marco del Nuevo Código Procesal Penal, el
docente en mención es procesado y sentenciado por delito de peculado en agravio
de la dirección regional de educación de su localidad. La sentencia le condena a dos
años de pena privativa de libertad suspendida e inhabilitación por un año. Luego, el
docente se reincorpora a la universidad, cumpliendo con las reglas de conducta
impuesta por el Juzgado. Al cabo de un año, y una vez que la sentencia quedó firme,
el Juzgado notifica a la universidad sobre la sentencia impuesta contra el docente.
a) A la fecha que el Juzgado notificó a la universidad, la sanción de inhabilitación había
prescrito.
b) La inhabilitación fue para ejercer un cargo público, no para ejercer la docencia
universitaria.
c) La sanción de inhabilitación en el presente caso es una pena accesoria.
d) La sanción de inhabilitación está vigente.
28. Un terrorista instala un explosivo en una oficina gubernamental. El artefacto está
programado para hacer explosión en 1 hora, tiempo suficiente para que el agente
huya del lugar. Sin embargo, un trabajador de la oficina encuentra la computadora
portátil dentro de la cual se encontraba la bomba, sin que él lo supiese, y sin ser visto
hurta el artefacto. Al cabo de una hora y fuera de las oficinas, el aparato explota
ocasionando la muerte de dos familiares del trabajador.
a) Estamos ante un supuesto de tentativa acabada.
b) El trabajador es responsable de un homicidio culposo.

9. c) El trabajador realizó un comportamiento de “disminución del riesgo”, por tanto no se
le puede imputar el resultado típico.
d) El trabajador actuó bajo un error invencible.
29. Juan (20) le propone a Pedro (19) robarle a Manuel y acuerdan que mientras Juan lo
inmoviliza tomándolo del cuello y los brazos, Pedro le sustraería la billetera y el reloj
que lleva puesto Manuel. Efectivamente todo ello ocurre. Señale a título de qué
serían responsables Juan y Pedro:
a) Pedro es autor y Juan cómplice.
b) Pedro y Juan son coautores.
c) Juan es autor mediato y Pedro es el ejecutor (autor inmediato).
d) Juan es instigador y Pedro autor.
30. Raúl (35) es profesor de Mariano, hijo de su peor enemigo. Mariano es un alumno
públicamente conocido por sufrir de cuadros agudos de depresión. Raúl
constantemente insulta a Mariano y le motiva a quitarse la vida. Mariano se suicida
pocos días después dejando una carta responsabilizando a su profesor.
Con relación a Raúl se puede decir que:
a) Es responsable de instigación al suicidio de Mariano.
b) No es una conducta penalmente relevante (atípica).
c) Es responsable de homicidio como autor mediato.
d) No es responsable por ámbito de responsabilidad de la propia víctima.
31. A, por las circunstancias fundadas del caso, cree erróneamente que un sujeto B
pretende atacarlo con una escopeta en la noche y por tal motivo dispara su arma
reglamentaria contra B, quien cae fatalmente muerto. Cuando A se aproxima se da
cuenta que B era su hermano.
Marque la alternativa correcta:
a) Se trata de un caso de delito imposible.
b) Se trata de una legítima defensa putativa.
c) Se trata de una legítima defensa incompleta.
d) Se trata de un supuesto de aberratio ictus.
32. En el Perú durante cierto periodo de la lucha planteada por el gobierno contra el
terrorismo, se conformó un grupo paramilitar clandestino (Colina Cerrada) que
ejecutaba a integrantes del grupo terrorista Sendero Brilloso (SB). Cierto día un
conocido diario de circulación nacional publica con fundada documentación el
nombre de dos de los integrantes del grupo paramilitar, con tal “suerte” que ambos
fueron asesinados al día siguiente de la publicación por miembros del grupo de
aniquilamiento de SB. Los familiares de los fallecidos señalan que no sólo son
responsables los terroristas sino los periodistas que dieron a conocer la noticia de
manera irresponsable. En su consideración los periodistas:
a) Son responsables del delito de homicidio culposo.
b) No son responsables por ausencia de imputación objetiva: principio de confianza.
c) No son responsables por tratarse de una conducta justificada por ejercicio de un
derecho.
d) No son responsables por ausencia de imputación objetiva: prohibición de regreso.

10. 33. El administrador de la empresa X fragua documentos contables a fin de no declarar
ante la autoridad tributaria ciertos ingresos que la empresa obtuvo por la
exportación de anchovetas. Sin embargo, antes que la Fiscalía inicie las diligencias
preliminares, el administrador realiza una “regularización voluntaria”, pagando el
total de tributo correspondiente.
a) La regularización voluntaria, que tiene sustento legal en el art. 189 del Código
Tributario, solo tiene validez si se realiza antes del requerimiento del órgano
administrador del tributo.
b) Los tipos penales tributarios son delitos de infracción de deber, por tanto, no es
preciso la configuración del resultado típico.
c) Esta cláusula material de exclusión de pena conocida como “regularización tributaria”
impide que se sancione por cualquier delito cometido con el objeto de no pagar un
tributo que finalmente sí se paga.
d) Los delitos contables sí deben ser sancionados en tanto se pruebe su autonomía típica
respecto del ilícito tributario.
34. Un sujeto que es perseguido por la policía detiene un auto, golpea y amenaza con un
arma al conductor del mismo, para luego huir con el vehículo. El fugitivo no se
percató del mal estado del auto y es aprehendido a los pocos minutos por la policía.
a) No se configura el delito de “robo de uso”, sin embargo en este caso debería
atenuarse la pena porque la sustracción fue solo con el objetivo de huir más rápido de
le persecución policial.
b) Solo existe tentativa de robo, pues el sujeto jamás tuvo la efectiva disponibilidad del
bien, siendo que fue capturado a los pocos minutos.
c) Se trata de un caso de robo agravado consumado.
d) Según la tesis de la disponibilidad potencial, basta con el desplazamiento espacial del
bien alejado del custodio de su titular para hablar de sustracción o apoderamiento.
35. Durante una fiesta de fin de año, Marco encuentra a su compañera de trabajo en
estado etílico y bajo los efectos de dos tipos de droga distintas. Decide llevarla al
cuarto de invitados, y allí le propone tener relaciones sexuales. La mujer sólo atina a
reír descontroladamente y mantienen relaciones sexuales.
a) La mujer ha bebido y consumido drogas de forma libre, autónoma y voluntaria, por
tanto, en la imputación del resultado típico, se podrá constatar una contribución de la
víctima en términos de autopuesta en el peligro.
b) No hubo delito de violación de la libetad sexual, pues la mujer no repelió el
acercamiento de Marco ni fue esquiva ante su propuesta de tener relaciones sexuales,
además, Marco en ningún momento se valió de violencia o amenaza para lograr su
objetivo.
c) El valor probatorio de la resistencia es vital en un proceso penal por delito de
violación sexual.
d) Hubo delito de violación de libertad sexual porque en los casos en que la víctima no
pueda resistirse no se exige violencia o amenaza.
36. Marco viene recibiendo un depósito mensual en su cuenta corriente por la suma de
2500 soles. Quien le deposita el dinero es un primo suyo que trabaja como
controlador de horarios en dos aeropuertos clandestinos del narcotráfico ubicados
en la localidad de Uchiza. Marco retira una fuerte cantidad de dinero. Un monto será
para comprar un auto y otro para ser depositado en la cuenta de un amigo suyo.

11. Cuando regresaba de realizar el depósito y se dirigía a comprar el auto es intervenido
por la policía. Con respecto al delito de tráfico ilícito de drogas:
a) El dinero depositado no tiene origen ilícito, pues el primo no trabaja en una actividad
propia del narcotráfico, se trata de una conducta nuetral de administración.
b) La estructura típica de las modalidades de “conversión y transferencia” se
corresponden con la estructura de los delitos permanentes.
c) Marco es autor del comportamiento típico de tenencia hasta que cesen los depósitos.
Además, ha consumado el ilícito de transferencia y tentado el de conversión.
d) No puede afirmarse que Marco haya presumido el origen ilícito del dinero depositado,
pues ello sería tanto como exigirle que conozca conceptos técnicos penales de autoría
y participación. Por ende, Marco actuó en error de prohibición vencible.
37. El padre de Carmen (de 14 años) es filmado mientras realiza tocamientos indebidos
sobre las partes íntimas de su hija y le insiste verbal y físicamente a que acceda a
tener relaciones sexuales. La menor, confundida y asustada por lo que está viviendo,
empuja a su padre, logrando escapar del dormitorio, gracias a que su alcoholizado
padre pierde el control y se tropieza con el velador del dormitorio.
a) Se trata de un supuesto consumado de violación de persona incapacitada para resistir,
pues por la autoridad del padre y el miedo de la víctima (datos constatables en el
video) bien puede concluirse que la menor no tenía cómo resistir el ataque de su
propio padre.
b) El estado de embriaguez es causal de eximente de responsabilidad.
c) Es un supuesto de tentativa de violación sexual.
d) Se trata de un supuesto de delito consumado respecto del artículo 176-A, num. 3 CP,
que sanciona, grosso modo, el realizar tocamientos indebidos sin el propósito de tener
acceso carnal con la víctima.
38. El coronel Pérez es procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, pues de las
primeras investigaciones se ha podido constatar un incremento exorbitante en el
patrimonio de su esposa y cuñado, sin que ellos hayan podido sustentar
razonablemente el origen del incremento patrimonial (casas, hoteles, autos, etc.),
salvo la explicación de que recibieron el dinero de parte del coronel. El cuñado y la
esposa del oficial militar también están siendo procesados en calidad de cómplices
primarios del delito.
a) En el delito de enriquecimiento ilícito existe lo que se conoce en doctrina procesal
penal como “inversión de la carga de la prueba” de ahí que se conozca este delito
como uno de “no justificación”.
b) El ilícito penal de enriquecimiento ilícito es un delito permanente, por ende, no
admite participación criminal.
c) Para admitir participación subsecuente o “pos-consumativa” es preciso el acuerdo
previo o promesa anterior del partícipe al autor.
d) Estamos ante un supuesto de lavado de activos.
39. El funcionario administrativo de la oficina de apoyo social del gobierno regional X en
el marco de una campaña de distribución de víveres y material escolar (con motivo
del inicio del año escolar) llega hasta la capital de la provincia Z donde se hospeda
por dos días. El primer día se lleva a cabo el reparto de los útiles escolares, y en el
siguiente día se haría lo propio con los víveres. Al final de la jornada del primer día el
administrador celebra hasta altas horas de la madrugada con su grupo de trabajo y

12. otras personas, entre ellas pobladores de la provincia beneficiada, quienes
aprovechando el estado etílico de las autoridades sustraen los víveres almacenados,
valorizados en 50 mil nuevos soles.
a) Los pobladores que sustrajeron los víveres cometen peculado en virtud de la teoría de
la unidad del título de imputación.
b) La agravante de pena por el valor de lo apropiado solo se aplica al peculado doloso.
c) El funcionario público actuó con dolo, pues conocía perfectamente que no podía
embriagarse y descuidar los caudales del Estado. Por tanto debe responder por el
delito de omisión de funciones dolosa.
d) Se trata de un supuesto de peculado por culpa agravado, no solo por el monto
sustraído, sino también por la finalidad asistencial.
40. El teniente alcalde de la municipalidad X viene siendo presionado por un sector de la
población (narcotraficantes) a efectos de gestionar la construcción de un aeropuerto.
Incluso le pagan un “sueldo” por su labor dentro del municipio. Al cabo de poco
tiempo el teniente alcalde encuentra la forma de satisfacer a quienes podrían
llevarlo al sillón municipal en las próximas elecciones. En efecto, al mando de un
proyecto para asfaltar un considerable tramo de carretera que unirá al pueblo X con
el mercado de productos de pan llevar más cercano, decide invertir el dinero en la
construcción de un precario aeropuerto. La redirección de los fondos arroja un saldo
positivo que el funcionario público no devuelve.
a) Se trata de un supuesto de complicidad en el delito de tráfico ilícito de drogas.
b) Siendo que la construcción del aeropuerto no supone la redirección de fondos a “otro
destino oficial”, pues jamás estuvo presupuestado, no existe delito de malversación,
pero sí de peculado.
c) La intención ilícita de beneficiar a un sector especial de la población, en desmedro del
interés prestacional general de la administración pública, permite constatar la
comisión del delito de malversación, aunque no se cumpla con el elemento objetivo
del “distinto fin oficial”.
d) El teniente alcalde no solo cometió peculado, sino también cohecho propio y
malversación.
41. El funcionario X le ofrece al particular Y averiguar por él, si el juez de la causa es
pasible de ser sobornado. Para ello el particular le otorga la suma de 200 soles. Al
cabo de una semana lo implicados vuelven a reunirse y esta vez el funcionario le
indica que el juez de la causa solicita 10,000 nuevos soles para emitir una medida
cautelar a su favor. Solicitud a la que el particular accede.
a) El delito de tráfico de influencias es un delito de mera actividad y de peligro abstracto
(sea de influencias simuladas o reales), por ende su único elemento típico es la
invocación de influencias.
b) Se trata de un supuesto de patrocinio ilegal de intereses.
c) Existe coautoría entre el particular y el funcionario público respecto del delito de
cohecho.
d) El funcionario es autor del delito de tráfico de influencias y cómplice primario del
delito de cohecho.
42. Un empresario importador de calzados en el marco de un trámite aduanero paga el
tributo y los gravámenes pertinentes relacionados a su rubro. Sin embargo, no
menciona que la mercadería importada es el saldo de producción de una empresa

13. extranjera, que obviamente vende a un precio mucho menor que el normal. Es del
caso que el empresario, para maximizar sus ganancias solicita y paga los tributos
diferenciales respectivos para vender su mercadería en una zona con tratamiento
aduanero y fiscal preferente. Sin alquilar local alguno y menos comprar uno, la
mercadería se vende en el patio trasero de la casa de su amigo.
a) Las disposiciones antidumping no son de naturaleza penal, por ende el pago de los
impuestos pertinentes a la exportación no altera la tipicidad de la conducta del
empresario.
b) Se está ante la comisión del delito de defraudación de rentas de aduanas y receptación
aduanera.
c) Se trata de una modalidad de contrabando, pues se introdujo mercancía al interior del
país sin el control aduanero debido.
d) El amigo del empresario comete lavado de activos en la modalidad de tenencia.
43. Un funcionario público recibe la cantidad de 1000 nuevos soles por concepto de
viáticos, para realizar el acopio de información por tres días en la ciudad de Chiclayo.
El mismo día de su llegada, el alegre funcionario pierde todo el dinero del viático en
un juego de casino (tragamonedas). Sin embargo y gracias a que su amigo le pudo
hacer un giro bancario, el funcionario cumple a cabalidad su labor. A su llegada, el
funcionario no puede sustentar sus gastos por haber extraviado sus boletas de
consumo.
a) Los viáticos no son objeto de peculado, pues la administración pública no los entrega a
sus funcionarios en administración, sino en propiedad.
b) Siendo que el dinero es un bien fungible, solo cabe peculado de uso.
c) El funcionario, al perder lo entregado en una casa de juegos de azar, defraudó a la
administración pública. Se trata de una tentativa de peculado.
d) El cumplimiento estricto de los deberes funcionariales encomendados hace irrelevante
a efectos penales la no rendición de cuentas.
44. El administrador de una persona jurídica, con el objeto de obtener provecho
económico, proporciona datos falsos acerca del estado de la empresa bancaria,
relacionado a los depósitos de provisiones, para lo cual se basa en estados contables
fraguados. Los datos falsos le son otorgados a otro empresario que se decide a
comprar la empresa bancara en mención.
a) Se está ante un supuesto de administración fraudulenta con perjuicio de terceros (art.
198.2 CP).
b) El otorgar datos falsos acerca del estado de la persona jurídica valiéndose para ello
estados contables adulterados se subsume en el delito de contabilidad paralela del art.
199 CP.
c) Se trata de un delito de omisión de provisiones.
d) El tipo penal del delito de fraude a la administración de personas jurídicas es distinto al
objeto de protección en el delito de estafa, por tanto, puede haber concurso entre
ambos delitos.
45. A se entera de un cheque endosado a favor de B por un suma considerable. Con la
intención de hacerse con el dinero, hurta el cheque de B e intenta manipularlo de tal
manera que al reverso figure su nombre y no el de B como el endosatario. Logrado su
cometido se dirige al banco, y habiendo burlado el control del agente, se da con la
sorpresa que quien giró el cheque no cuenta con los fondos suficientes. Con la idea

14. de evitar algún tipo de responsabilidad penal, A gira un cheque a nombre de B por la
cantidad que intentó cobrar sin éxito.
a) Se trata de un supuesto de tentativa inidónea de cobro indebido, que subsume al
delito de falsificación de documentos.
b) Haciendo una analogía en bonam parten, el giro del segundo cheque a favor de B
debería librar de responsabilidad penal al infractor.
c) Existe un supuesto consumado de cobro indebido y una tentativa de libramiento
indebido.
d) Solo se está ante un delito de falsificación de documentos.
[En todos los casos siguientes debe aplicarse el Nuevo Código Procesal Penal de 2004]
46. Alfredo conduce su vehículo en estado de ebriedad e impacta con el garaje del
inmueble de Pedro, destruyéndolo. La Policía interviene a Alfredo y lo conduce a la
comisaría por la comisión del delito de conducción en estado ebriedad. El dosaje
etílico demuestra que Alfredo tenía 1.0 g/Lt. Durante la Investigación Preparatoria,
Pedro, se constituye en actor civil. Estamos en la Etapa Intermedia y el Fiscal ha
solicitado se aplique a Alfredo una pena privativa de libertad de 2 años. Pedro,
participa en la Etapa Intermedia y solicita una reparación civil de S/. 1,200, que
constituye el costo de reparación de su garaje.
a) En el proceso penal peruano es el Fiscal quien debe solicitar la reparación civil, no el
actor civil.
b) Pedro no puede constituirse en actor civil en este proceso, toda vez que el delito de
conducción en estado de ebriedad es en agravio del Estado, no de un particular.
c) El NCPP es claro en señalar que el perjudicado por el delito puede solicitar el pago de
la reparación civil incluso, en casos de sobreseimiento o absolución; entonces, no
interesa cuál es el bien jurídico protegido por la norma penal, interesa, si existe un
monto indemnizatorio a pagar por el daño ocasionado al perjudicado por un hecho,
que a su vez, puede constituir un delito.
d) El Juez de la Investigación Preparatoria, en el ejercicio del control formal de la
acusación, debe devolver la acusación para que el Fiscal se pronuncie en relación a la
reparación civil. Esto, siempre es obligatorio para el Fiscal.
47. Juan se encuentra sometido a una Investigación Preparatoria por la comisión del
delito de secuestro agravado. Según la imputación Juan ha cometido el delito de
secuestro como integrante de una organización criminal, conocida como “La Banda
de los Injertos”. El Fiscal ha solicitado al Juez de la Investigación Preparatoria se
aplique la prisión preventiva porque, si bien Juan tiene domicilio conocido, familia
(esposa y dos hijas) y no tiene antecedentes penales, su pertenencia a una
organización criminal representa un riesgo de fuga y obstaculización probatoria
considerable. Además, la prognosis de pena es bastante alta, por lo que esto
también inclina la balanza, para considerar la existencia de un riesgo de fuga, que
solo puede ser evitado aplicando la medida de prisión preventiva. ¿Procede la
prisión preventiva?
a) No. Al tener domicilio procesal existe arraigo y, este, descarta la existencia del peligro
de fuga.
b) Si, la gravedad de la pena y la pertenencia del imputado a una organización delictiva,
justifican la existencia de un peligro procesal, tanto en el análisis del riesgo de fuga,
como en el de obstaculización probatoria.

15. c) No, Juan no tiene antecedentes penales, en consecuencia, la pertenencia a la
organización delictiva es un dato que no ha sido probado.
d) No, porque la prisión preventiva sólo se justificaría en la gravedad de la pena, y éste
nunca puede ser el único criterio para valorar el riesgo de fuga.
48. María se encuentra sometida a una Investigación Preparatoria por la supuesta
comisión del delito de parricidio. El Fiscal ha solicitado la aplicación de la medida
cautelar de prisión preventiva, porque considera que existe un alta probabilidad de
condena. Además, María no tiene domicilio conocido, trabajo ni familia; y, se espera
una condena a una pena muy superior a los 4 años de pena privativa de libertad. El
Juez está de acuerdo con los datos aportados por el Fiscal, pero además ha
determinado que María tiene 3 meses de embarazo ¿Qué medida cautelar personal
debe aplicar el Juez de la Investigación Preparatoria?
a) Comparecencia simple, ya que si bien se cumplen con los presupuestos de la prisión
preventiva, el Fiscal debió solicitar la detención domiciliaria, y no lo hizo.
b) Prisión Preventiva, ya que María sólo tiene 3 meses de embarazo.
c) Detención domiciliaria, porque se cumplen los presupuestos de la prisión preventiva;
y, además, se comprueba una de las causales humanitarias del art. 290 NCPP.
d) Prisión preventiva, porque se cumplen los presupuestos para aplicarla; y, el Fiscal no
ha solicitado la aplicación de la detención domiciliaria.
49. Marque la alternativa incorrecta en relación a la prueba ilícita regulada por el NCPP:
a) El art. VIII del Título Preliminar sostiene que carecen de efecto las pruebas obtenidas
con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales, por lo tanto,
nuestro Código regula la prueba indirecta o “fruto del árbol envenenado”.
b) El art. 159 NCPP señala que el Juez no podrá utilizar fuentes o medios de prueba
obtenidos de forma ilícita, esto quiere decir que el ordenamiento procesal se adscribe
al concepto de la inutilizabilitá. No solo existe una prohibición de valoración de la
prueba, existe la obligación de expulsarlas en cualquier estado del proceso.
c) La referencia que realiza el art. VIII TP NCPP al contenido esencial de los derechos
fundamentales, demuestra que en el Perú es materialmente imposible acudir a alguna
de las teorías de excepción en el ámbito de la prueba ilícita.
d) Según el NCPP, la prueba ilícita que beneficia al procesado, puede ser utilizada en el
proceso.
50. Alberto se encuentra sometido a una Investigación Preparatoria por la comisión del
delito de Robo agravado en grado de tentativa. Ángela, la víctima, sostiene que
Alberto la apuntó con un arma de fuego para arrebatarle la cartera; y, que en el
instante que forcejeaban, apareció un Policía que detuvo a Alberto, quien ya había
desparecido el arma de fuego. Ha concluido la investigación y el Fiscal, si bien está
convencido que se ha cometido el delito de robo agravado en grado de tentativa,
reconoce también que el único medio de prueba que justifica la presencia del arma
es el testimonio de Ángela. El arma nunca fue encontrada. ¿Qué debe hacer el Fiscal
en su acusación?
a) Solicitar el sobreseimiento del proceso. La Investigación Preparatoria se ha realizado
sólo, en torno al delito de tentativa de robo agravado, no en relación al robo simple. El
Fiscal no puede variar la imputación, recién, en la acusación fiscal, porque afectaría el
derecho de defensa. Procede el sobreseimiento en virtud del art. 344.2.d (no existe

16. razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay
elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento).
b) Debe presentar una acusación alternativa: robo simple o robo agravado. Existe una
duda sobre los elementos que configuran el tipo penal. Pero las hipótesis son
excluyentes, existe robo agravado o existe robo simple, procede la acusación
alternativa.
c) Debe presentar una acusación principal (robo agravado) y una subsidiaria (robo
simple). Es un claro caso de subsidiariedad donde la hipótesis principal “contiene” a la
subsidiaria. Por lo tanto, la principal es preeminente, pero puede condenársele,
también, por la figura del robo simple.
d) Debe solicitar un sobreseimiento por robo agravado y solicitar una nueva investigación
por el delito de robo simple.
51. Martín se encuentra sometido a una Investigación Preparatoria por la comisión del
delito de lavado de activos. Francisco, un antiguo trabajador de las empresas de
Pedro, es un testigo fundamental en el proceso, porque es quien ha brindado toda la
información relativa a la organización criminal, el modus operandi y los diversos
actos ilícitos que demuestran la responsabilidad de Martín. El Fiscal ha podido
determinar que Martín ha sido amenazado de muerte en diversas oportunidades
durante el desarrollo de la Investigación. Hace una semana, existió una tentativa de
asesinato, en la que Martín casi pierde la vida. La investigación aún no ha culminado.
¿Procede la prueba anticipada?
a) Sí. El art, 242 señala que es posible que el Fiscal solicite una testimonial, como prueba
anticipada, cuando el testigo ha sido expuesto a violencia o amenaza para que no
declare o lo haga falsamente. Se debe demostrar que existe un motivo fundado para
considerar que la testimonial no podrá actuarse en el juicio oral.
b) No. Pedro sólo puede declarar en el Juicio Oral, de lo contrario se afecta el derecho de
defensa de Martín.
c) Sí. El art, 242 señala que es posible que el Fiscal solicite una testimonial, como prueba
anticipada, cuando el testigo ha sido expuesto a violencia o amenaza para que no
declaren o lo hagan falsamente. Se debe demostrar que la testimonial no podrá
actuarse en el juicio oral.
d) No. Solo pueden anticiparse aquellas testimoniales que se sustentan en la enfermedad
o grave impedimento para declarar del testigo, no depende de conductas de terceros
que puedan influir en el testimonio. En estos casos se aplica las medidas de
protección; o, en su caso, las medidas cautelares.
52. Mario viene siendo investigado por el delito de contaminación ambiental. Se le imputa
el delito de contaminación ambiental toda vez que es Gerente General de una
empresa que ha realizado emisiones por encima de los límites permitidos por ley. Sin
embargo, Mario interpone una excepción de improcedencia de acción, ya que el hecho
contaminante es del año 2010 y el dejó de ser Gerente de la empresa en el año 2008.
¿Procede la excepción?
a) No, porque para demostrar que no es Gerente desde el año 2008, debe presentar
prueba. Solo procede el sobreseimiento.
b) Sí, es un claro supuesto de ajenidad que configura una imputación atípica.
c) No, la excepción se basa en argumentos de culpabilidad no de atipicidad.
d) Sí, se encuentra ausente una condición objetiva de punibilidad.
53. Señale en cual se los siguientes supuestos NO procede la acción de revisión:

17. a) Cuando la sentencia se haya pronunciado contra otra precedente que tenga la calidad
de cosa juzgada.
b) Cuando la norma que sustentó la sentencia hubiera sido declarada inconstitucional por
el Tribunal Constitucional.
c) Cuando se demuestre, mediante decisión firme, que la sentencia fue determinada
exclusivamente por un delito cometido por el Juez.
d) Cuando el condenado ha sido indultado por el Poder Ejecutivo.
54. A Juan se le imputa el delito de violación de menor de edad. Concretamente, haber
tenido relaciones sexuales consentidas con una menor de 10 años de edad. Juan
tiene 30 años de edad, reconoce haber tenido relaciones sexuales con la niña y
sostiene que estas fueron consentidas. La defensa de Juan ha presentado como
medios de prueba, una serie de correos electrónicos en los que se percibe que la
niña se dirigía a Juan utilizando un lenguaje inapropiado y con contenido sexual. La
defensa considera que ello demuestra que Juan tuvo relaciones con consentimiento
de la menor. Usted debe realizar el control de admisibilidad de la prueba.
a) Ilícita. Al no existir un consentimiento de la niña, titular de la cuenta de correo
electrónico, entonces, existe una violación de su intimidad.
b) Impertinente. No Existe una relación lógica entre el medio de prueba y el hecho a
probar. Al ser una niña de 10 años, el consentimiento no acarrea ninguna
consecuencia jurídica. En este caso la existencia o inexistencia del consentimiento es
irrelevante.
c) Inútil. El medio de prueba es inútil, toda vez que no sirve para demostrar que existió
consentimiento. La conducta anterior de la niña no demuestra que existiese
consentimiento el día de los hechos que son objeto de imputación.
d) Inconducente. Que una niña utilice un lenguaje impropio, no significa que tenga o esté
dispuesta a tener relaciones sexuales.
55. Juan ha sido condenado por el delito de asesinato en agravio de su mujer. El órgano
jurisdiccional consideró que existían indicios suficientes que lo sindicaban como la
persona que asfixió a su esposa mientras dormía. Durante la Investigación
Preparatoria alegó que él estaba fuera del país el día que mataron a su mujer.
Solicitó a la Fiscalía se oficie a Migraciones y a la compañía aérea para que brinde la
información que corrobore ese dato. Y durante la etapa Intermedia solicitó que se
admitiera la información que había sido solicitada por el Fiscal. Pero a pesar que se
solicitó la información a migraciones y la compañía aérea esta no fue proporcionada
antes del término del juicio oral. Juan ha apelado la condena, ¿puede presentar estos
documentos en sede de apelación? ¿Puede absolvérsele en base a estas pruebas?
a) No. El artículo 422 sólo permite actuar medios de prueba que no pudo proponer en
primera instancia por desconocimiento de su inexistencia, los que fueron
indebidamente denegados o los admitidos que no fueron practicados por causas no
imputables a él. No estamos en ninguno de estos casos.
b) Sí. Si bien es un supuesto especial, está claro que puede ser incluido como un medio
de prueba admitido pero que no pudo ser practicado en el juicio oral por causas no
imputables a su persona. No puede ser absuelto, el principio de inmediación y
contradicción exige un nuevo proceso en primera instancia.
c) No. Si bien el medio de prueba fue admitido, no fue practicado por causas imputables
a la defensa. El nuevo modelo procesal penal exige que las partes asuman la

18. responsabilidad de probar; y, que realicen todos los actos necesarios para acelerar la
recolección de fuentes de información.
d) Sí. Si bien es un supuesto especial, está claro que puede ser incluido como un medio
de prueba admitido pero que no pudo ser practicado en el juicio oral por causas no
imputables a su persona. Sí puede ser absuelto, el NCPP permite la absolución en
segunda instancia, se está ante un sistema pleno de apelación que permite al órgano
superior evaluar pruebas y decidir en base a las pruebas actuadas en la audiencia.
56. Felipe es imputado por un delito de hurto en agravio de José. Durante la
Investigación Preparatoria José se constituyó en Actor Civil. En la Audiencia de
control de la acusación de la Etapa Intermedia, el Juez de la Investigación
Preparatoria –en aplicación del control formal que regula el art. 352 NCPP- ha
decidido devolver la acusación al Ministerio Público. Sostiene, que si bien la
acusación solicita una pena privativa de libertad de 2 años, no solicita ni especifica el
monto de la reparación civil que deberá dictarse en la sentencia, por lo tanto,
incumple el requisito regulado por el art. 349.1.g) NCPP. ¿Es correcto el control
realizado por el Juez?
a) Sí, de conformidad con el NCPP, el Fiscal es el único titular de la acción civil acumulada
al proceso penal.
b) Sí, el NCPP mantiene la figura adhesiva del Fiscal en el ámbito de la acción civil, esto
significa que en el proceso penal pueden coincidir la solicitud del Fiscal y la del actor
civil.
c) No, una vez que Javier se constituyó en Actor Civil está obligado a ejercer la acción
indemnizatoria en la jurisdicción civil.
d) No. El art. 11 señala que si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la
legitimación del MP. El llamado a solicitar la Reparación Civil en la Etapa Intermedia es
José. El art. 349.1.g) sólo se aplica a la acusación cuando no existe actor civil
constituido.
57. El Sub Oficial PNP Ríos decidió acudir a un especialista en interceptaciones
telefónicas toda vez que tenía serias sospechas de que su vecino Juan se dedicaba al
TID. En este sentido, logró recabar una serie de grabaciones que permitieron
demostrar que Juan era el cabecilla de una organización criminal dedicada a la
comercialización de estupefacientes en varios Colegios de Lima. Ríos acude al
Ministerio Público con las grabaciones y se inicia una investigación preparatoria en la
que el Juez Penal ordena el allanamiento del domicilio de Juan y se descubren 100 kg
de cocaína y una computadora en el que aparecen en detalle, todas las personas que
formaban parte de una red destinada a la venta de estupefacientes. Todos ellos son
condenados por la comisión del delito de TID, la Sentencia consideró que si bien la
interceptación telefónica era ilegal, luego existieron una serie de pruebas actuadas
regularmente que permitieron la condena de los acusados. Además, se demuestre
que no se está frente a pruebas que deriven del allanamiento, sino ante pruebas que
se obtuvieron de forma independiente. Los condenados interponen recurso de
apelación contra la sentencia por considerar que ésta se justifica en diversas pruebas
ilícitas.
a) La sentencia debe ser revocada, toda vez que el art. VI NCPP establece que carecen de
efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del
contenido esencial de los derechos fundamentales de las personas. Esto quiere decir
que nuestro NCPP no solo considera prueba ilícita a aquella que es obtenida violando
derechos fundamentales; también, a aquella que se deriva de una prueba ilícita.

19. b) La sentencia debe ser confirmada. Si bien nuestro NCPP regula la prueba ilícita, es
cierto también que existen excepciones a esta regla de exclusión, que operan en el
ámbito de la prueba indirecta. En este caso se aplica la excepción de la fuente
independiente.
c) La sentencia debe ser confirmada. No es un caso de prueba ilícita, es un caso de fuente
independiente. Esto quiere decir que en este caso las pruebas que justifican la
condena no han sido obtenidas violando derechos fundamentales. Ni en forma directa,
ni indirecta.
d) La sentencia debe ser revocada en el extremo que condena a Juan, ya que él es víctima
de una violación de un derecho fundamental, pero en el caso de los coimputados no
existe violación de sus derechos.
58. Si se sigue un procedimiento administrativo para imponer una sanción
administrativa a una empresa por contaminación ambiental; y, a su vez existe una
investigación penal por los mismos hechos. Marque la alternativa incorrecta:
a) El derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo.
b) El procedimiento administrativo debe suspenderse hasta que concluya el proceso
penal.
c) Ambos procesos pueden seguir en forma paralela, ya que uno persigue sancionar a la
persona jurídica, y el otro, a una persona natural.
d) El non bis in idem también evita que existan decisiones contradictorias.
59. Un Fiscal ha recibido una denuncia penal por la supuesta comisión del delito de
lavado de activos. La denuncia sostiene que la familia Rodríguez, conformaría una
red delictiva para una actividad de lavado de acticos destinada a dotar de apariencia
de legalidad a toda la fortuna de una familia que durante muchas generaciones se
habría dedicado al tráfico ilícito de drogas. El Fiscal se encuentra convencido de que
existen elementos suficientes para formalizar la investigación, pero considera que no
puede determinar, a ciencia cierta, quiénes son todos los miembros de la Familia que
están involucrados en el ilícito penal. Por lo tanto, formaliza investigación contra los
ue resulten responsables de la familia Rodríguez ¿Es correcto?
a) Sí, el Código Procesal Penal autoriza instaurar una investigación preparatoria contra los
que resulten responsables.
b) No, la formalización de la investigación requiere, como dato previo, individualizar a los
imputados.
c) Sí, el Fiscal sólo está obligado a individualizar a los autores con carácter previo a la
formulación de la acusación.
d) No, es necesario identificar si son responsables del delito de Tráfico Ilícito de Drogas,
para luego, iniciar una investigación por lavado.
60. En el nuevo proceso penal peruano, la Policía:
a) No puede Realizar diligencias de investigación por iniciativa propia.
b) Se encuentra bajo la conducción y control del Juez de la Investigación Preparatoria.
c) Puede ingresar a un inmueble sin autorización judicial, en caso de flagrancia.
d) Sólo puede detener a una persona si existe orden judicial o fiscal.