El documento discute la responsabilidad penal de la prensa y la importancia de proteger la libertad de expresión. Señala que los comunicadores sociales juegan un papel clave en informar al público y fomentar el debate, por lo que deben gozar de amplia protección. Solo deben enfrentar sanciones civiles, no penales, a menos que se pruebe malicia real o negligencia manifiesta. Las opiniones sobre personas públicas no deben sancionarse.