Este decreto regula parcialmente la Ley 9 de 1979 y el Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto al uso del agua y residuos líquidos. Establece definiciones relacionadas con el recurso hídrico, el ordenamiento del recurso hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, suelo y alcantarillado. También define las autoridades ambientales competentes como el Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y los municipios en sus respectivas jurisdicciones.