Este documento propone la defensa de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Establece que el Estado garantizará las condiciones para el ejercicio pleno de estos derechos y promoverá políticas nacionales de salud sexual y reproductiva. Los objetivos generales de estas políticas incluyen universalizar la cobertura de salud sexual y reproductiva en el nivel primario de atención, garantizar la calidad, confidencialidad y privacidad de las prestaciones, y promover la educación e información sobre estos temas.