El documento resume los hallazgos de un estudio realizado por cuatro sociólogos y politólogos sobre la calidad de la democracia en España. El estudio encontró que los ciudadanos españoles apoyan la democracia pero tienen poca confianza en su capacidad de influir en las decisiones políticas. También encontró bajos niveles de participación ciudadana y una percepción de que los políticos no rinden cuentas adecuadamente. Los autores concluyen que existe una degradación de la democracia en España y que es necesaria una
Estudio de opinión a nivel nacional (16.04.24) Publicación.pdf
Democracia degradada España
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OPINIÓN
NOTEBOOK , José Antonio Zarzalejos
Así se degrada la democracia
José Antonio Zarzalejos - 16/10/2010
Hacía falta una radiografía fiable de la percepción de la democracia que
tienen los ciudadanos españoles. Cuatro sociólogos y politólogos (1) de
primera fila han escrito el ensayo La Calidad de la democracia en
España (2), una de cuyas conclusiones más terminantes es la siguiente:
“En síntesis, a pesar de la satisfacción ciudadana con el sistema
democrático como promotor de la libertad y de la igualdad, así como
su apoyo a la mayoría de las instituciones básicas de la democracia,
destaca, por encima de todo, la poca confianza que tienen los
ciudadanos en su propio papel en la actual democracia
representativa. Se comprueba lo extendida que está la creencia de que
la democracia no representa exactamente el primado de la soberanía
del pueblo. Los españoles creen de forma mayoritaria que los que
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detentan el poder, tanto político como económico, están por encima
de la voluntad de los ciudadanos, máxima expresión de la soberanía
popular. La falta de transparencia de las decisiones políticas unida a
la insuficiente rendición de cuentas de sus representantes puede
explicar que los ciudadanos no asuman los costes de participar en un
sistema asimétrico en el que los poderosos ostentan siempre una
posición privilegiada.”
“Los principales problemas de nuestra democracia se localizan en el
funcionamiento de la sociedad civil y en la baja calidad de la
representación política. Estos problemas se refieren tanto a los
partidos políticos como a los representantes, que atienden de manera
deficiente los principales problemas de los ciudadanos y no rinden
cuenta adecuadamente de sus acciones políticas. La sociedad se ve a
sí misma incapaz de influir en las decisiones políticas, al mismo
tiempo que tampoco parece tener niveles de participación y
acumulación de capital social suficientes para ser un actor relevante
en el proceso político, más allá de su participación electoral. Una
sociedad civil pasiva y desmotivada por la política y un sistema de
representación caracterizado por su lejanía de los ciudadanos y por
su falta de sensibilidad y respuesta a los problemas de aquellos,
constituyen una mezcla peligrosa para la salud de la democracia
española.”
En menos palabras no se pueden describir mejor las razones del
malestar de los ciudadanos con un sistema democrático que legitiman
plenamente (legitimación difusa), pero cuyo funcionamiento ha
devenido en decepcionante (legitimación específica). La conclusión
transcrita y otras muy similares son el resultado de una metodología
proyectada por una auditoría ciudadana sobre la que han trabajado los
autores de este ensayo que parece imprescindible para comprender qué
está pasando en nuestro país. Es decir: queremos la democracia y no
renunciamos a ella, pero su autenticidad se ha degradado. Así -y valga
como ejemplo- la mayoría piensa (75% frente a 15%) que la justicia
beneficia a los que tienen más recursos y que, por tanto, no es igual
para todos; el 82% sospecha que los tribunales tratan de manera
diferente a los políticos respecto a los ciudadanos anónimos y nada
menos que el 56% confiesa que “no merece la pena” iniciar un pleito
para reivindicar un derecho o el cumplimiento de una obligación.
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Son también mayoría los que creen que la Constitución no se cumple:
“nada o poco” (22%) y sólo “algo” (30%). Y, entre otros muchos datos,
el 43% afirma que la clase política es más corrupta que el resto de
la ciudadanía, entre otras razones porque el 70% supone que los
políticos se preocupan más de sus intereses que de los comunes,
aunque es aplastante el criterio de que los partidos políticos son
necesarios para la propia democracia. Para los autores de este
interesante ensayo -publicado el pasado mes de septiembre- “es
razonable pensar que la corrupción política forma parte de esa
identificación que hacen los ciudadanos de la clase política y los
políticos como problema”. Esta advertencia de los expertos
desmontaría la pretendida despreocupación ciudadana por la corrupción
económica de sus representantes y remitiría, por el contrario, a una
intensa ansiedad social respecto de este fenómeno que repunta y que no
se detecta en toda su dimensión.
Los autores asumen, sin embargo, una especie de resignación de los
ciudadanos ante la falta de honradez de la clase política, una
resignación que podría devenir en cierto grado de insensibilidad
Los autores asumen, sin embargo, una especie de resignación de los
ciudadanos ante la falta de honradez de la clase política, una
resignación que podría devenir en cierto grado de insensibilidad. La
autoestima social que detecta esta auditoría ciudadana es muy baja
porque la sociedad civil española se autovalora muy mal: somos poco
tolerantes (2,35 sobre 10), nuestra participación es escasa (2,42
sobre 10) y nos percibimos como incapaces de controlar al poder
político (2,82 sobre 10). Para los autores, estas bajas puntuaciones
explican “probablemente la falta de incentivos que encuentran los
españoles para involucrase y participar en política”.
Con respecto a los partidos políticos y a la representación pública, la
consideración ciudadana es pésima: de los diez indicadores que
componen esta dimensión de la auditoría, siete obtienen un
suspenso y cinco de ellos se sitúan por debajo del 4. Así, los partidos
no dan la talla por incapacidad democrática, por falta libertad de
expresión interna, por clientelismo, por confianza, por ausencia de
rendición de cuentas, por desajuste entre demandas ciudadanas y oferta
política, por falta de control de la acción de los representantes electos…
Y siendo cierto que también aparecen luces en este estudio -la
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legitimidad de la democracia y la capacidad efectiva de gobierno- en la
mayoría de las dimensiones estudiadas, la calidad del sistema en su
vertiente operativa, funcional, resolutiva de problemas, los ciudadanos
plantean abiertamente su insatisfacción. Los autores, por eso,
concluyen su estudio con una advertencia muy seria: si no hay una
regeneración, “la desafección ciudadana seguirá creciendo y el
horizonte de la democracia se poblará de problemas que no presagian
un futuro mejor que el presente, pese a que este sea manifiestamente
mejorable”.
Existe, en consecuencia, una degradación democrática que los
ciudadanos han percibido y exteriorizan con meridiana claridad. La
auditoría ciudadana que sirve de base a los autores de Calidad de la
democracia en España se realizó en 2007, cuando apuntaba ya la crisis
y después de tres años de Gobierno socialista, aunque no hay en el
estudio referencias coyunturales o de partido. Es de suponer que desde
entonces hasta ahora, la auditoría ofrecería resultados más
desalentadores. Sobre todas estas cuestiones han de trabajar los
sociólogos, politólogos, analistas y universitarios para que el país no
quede encarcelado en el discurso de los políticos mientras la
democracia se degrada en España. Se debe acabar aquello de que “nos
pasa que no sabemos lo que nos pasa”. ¡Vaya que si lo sabemos!
(1) Los autores de Calidad de la democracia en España. Una
auditoria ciudadana (Editorial Ariel) son Braulio Gómez Fortes,
doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
Complutense; Irene Palacios, licenciada en Sociología por la
Universidad de Barcelona; Manuel Pérez Yrueta, profesor de
Investigación de Sociología del Instituto de Estudios Avanzados
del CSIC del que ha sido director entre 1992 y 2009 y Ramón
Vargas-Machuca, catedrático de Filosofía Moral y Política de la
Universidad de Cádiz.
(2) La auditoría ciudadana se realizó en 2007 y los resultados
estuvieron disponibles a comienzos de 2008 y se centró “sobre
temas que los ciudadanos tienen una opinión formada a lo largo
del tiempo y que no se refieren a aspectos o problemas
coyunturales”.
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