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A: Sala de lo Civil.
Tribunal Provincial Popular de La Habana.
República de Cuba.
C.c. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
C.c. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT.
Su ref.: Petición P-1726-17 de la CIDH contra las autoridades cubanas por
violaciones de Derechos Humanos en represalia por denunciar los
fraudes y malas-prácticas financieras transnacionales perpetradas por
José Antonio Fraga Castro,- y otros -, desde LABIOFAM, S.A.
Sergio Osmín Fernández Palacios, vecino de calle 21, número 1110, apartamento
7, entre calles 14 y 16, Reparto Vedado, Municipio Plaza de la Revolución, La
Habana, Código Postal 10400, de profesión Jurista, con registro 16253, que
acredito con copia fiel del Certificado 17947, de 3 de septiembre de 1997, que se
adjunta como primer documento; ejerciendo la Abogacía, en asunto relacionado a
mis propios derechos, en conformidad con lo establecido en el Decreto-Ley nº 81,
“Sobre el ejercicio de la abogacía,” de 1984, del Presidente del Consejo de
Estado, artículo 4), inciso b), DIGO:
En virtud de lo previsto en la Constitución de la República, Título V “Derechos,
Deberes y Garantías,” Capítulo II, “Derechos”, Artículo 53), en relación con la Ley
nº 7, “Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico,” Título I “De la
Jurisdicción y Competencia,” Capítulo I “Jurisdicción”, Artículo 2.1), y Capítulo II,
“Competencia”, Artículo 6.6), y, Título II “Del proceso ordinario”, Capítulo I “De la
demanda y la contestación”, Artículo 223.3), INTERPONGO:
Demanda en Proceso Ordinario.
Contra la siguiente persona:
Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores, Miembro del Buró
Político del Partido Comunista de Cuba y Diputado a la Asamblea Nacional del
Poder Popular, con domicilio desconocido, en lo adelante EL DEMANDADO.
A tales efectos formulo lo siguiente.
I. PRELIMINAR.
1.1. Entre los años 2012 y 2015, la Embajada de Cuba en Rumanía, a través de
sus dos sucesivas Embajadoras, Sra. Marta de la Caridad Fajardo Palet y Sra.
Nieves Iliana Hernández Portales,- proveniente(s) del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba y designada(s) en sus puestos por el General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, en su condición de
Presidente del Consejo de Estado -, colaboraron con el Sr. José Antonio Fraga
Castro, en su condición de Director General del GRUPO EMPRESARIAL LABIOFAM
del Ministerio de la Agricultura y Presidente de la Junta General de Accionistas de
la mercantil cubana LABIOFAM, S.A., que opera en el comercio internacional como
la importadora y exportadora del mentado grupo empresarial, y el Sr. Alejandro
Castro Soto del Valle,- ellos son dos sobrinos del General de Ejército Raúl Castro
Ruz -, en las negociaciones mercantiles entre éstos y el empresario rumano Ovidiu
Tender, quien se encontraba en ese período en condición de acusado en uno de
los más dilatados procesos judiciales en Rumanía, de 2006 a 2015, bajo las muy
graves imputaciones penales de crear y formar parte de un grupo de crimen
organizado para el fraude y lavado de más de mil millones, obtenidos a través de
contratos ilícitos entre mercantiles rumanas.
2
1.2. Las negociaciones mercantiles, en cuestión, estaban orientadas hacia la
construcción de una bio-fábrica en Serbia, que quedaría pactada en la
contratación mercantil de 2014 suscrita entre LABIOFAM, S.A. y las dos mercantiles
rumanas LABIOFAM EAST & SOUTH EUROPE, S.R.L., y TENDER, S.C., bajo el
control del Sr. Tender; estas dos últimas quedarían obligadas de aportar los
recursos financieros. Parece ser que esa contratación mercantil no fue ejecutada
habida cuenta que el Sr. Tender fue encontrado, más adelante, responsable de las
mentadas imputaciones por medio de sentencia firme privativa de libertad de doce
años y siete meses dictada por el Tribunal de Apelaciones de Bucarest en el 2015,
que fue ejecutada por el Tribunal Provincial de La Habana, tras ser identificado el
Sr. Tender residiendo en La Habana. La ejecución de la mentada sentencia
extranjera fue divulgada en una parca Nota Informativa del periódico GRANMA,
órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, pero sin dar
ninguna información de rigor sobre quien era el Sr. Ovidiu Tender y sus
extraordinarios actos de fraude y lavado de dinero en Rumanía; mucho menos su
conexión mercantil con las mentadas autoridades cubanas, en especial con los
dos sobrinos del General de Ejército Raúl Castro Ruz.
1.3. En julio de 2016, el Sr. Alfred Remberto Crespo Dorta, un militante del
Partido Comunista de Cuba y Cuadro de Dirección del Estado-Partido, designado
en el puesto de Director General del GRUPO EMPRESARIAL LABIOFAM,- en
sustitución del Sr. Fraga Castro en diciembre de 2014 -, por el General de Ejército
Raúl Castro Ruz, en su condición de Presidente del Consejo de Ministros, negoció
con la mercantil rumana INTELLIGENCE PHARMA BUSINESS, S.R.L. Esas
negociaciones dieron por resultado la contratación mercantil entre esa mercantil
rumana y LABIOFAM, S.A. para la construcción de la mentada bio-fábrica en
Serbia. Por LABIOFAM, S.A. suscribieron el Sr. Gustavo Junco Matos, en su
condición de Director General, y el Sr. Javier Otero, en su condición de Director de
Exportaciones. La Embajadora de Cuba en Rumanía, Sra. Nieves Iliana
Hernández Portales, suscribió dicha contratación mercantil en condición de testigo
honorable del Estado-Partido, con lo cual convirtió ese acto mercantil en una
cuestión de interés nacional, sobre lo cual no se ha divulgado información veraz,
objetiva y oportuna.
1.4. Sobre la construcción de la bio-fábrica en Serbia recae la duda razonable en
cuanto a que los pactados recursos financieros provenientes de las mentadas
mercantiles rumanas pudieran estar relacionados con los más tempranos fraudes
financieros perpetrados por el Sr. Ovidiu Tender en Rumanía.
II. HECHOS.
2.1. El 21 de agosto de 2017, EL DEMANDANTE dirigió escrito de petición a EL
DEMANDADO, con acuse de recibo de la Oficina de Atención a la Población del
Consejo de Estado y del Registro de Correspondencia del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Esa petición concluye con la
siguiente pregunta a EL DEMANDADO: ¿Ud. autorizó a la Embajadora de Cuba en
Rumanía [Sra. Nieves Iliana Hernández Portales] a participar directamente en el
contacto entre directivos de LABIOFAM y Ovidiu Tender en pleno Proceso Judicial
de Lavado de Activos y Defraudación, y, a firmar contrato entre sociedades
mercantiles?
Se acredita con prueba documental nº 3.1.
3
2.2. El 6 de diciembre de 2017, EL DEMANDANTE recibió, extemporáneamente,
escrito de 13 de noviembre de 2017 del Sr. Miguel A. Moreno Carpio, Jefe del
Departamento Independiente Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Cuba, con registro 019-O-131117-s483, quien no garantizó una
notificación formal con el claro objetivo de encubrir la extemporaneidad de dicha
respuesta en conformidad con el plazo, que dispone la ley cubana. Ese escrito, en
definitiva, no aporta, a todas luces, ninguna información veraz, objetiva y oportuna
a EL DEMANDANTE sobre la pregunta, que formuló a EL DEMANDADO.
Se acredita con prueba documental nº 3.2.
2.3. El escrito de petición de EL DEMANDANTE a EL DEMANDADO ha estado
público en Internet e, incluso, re-enviado a EL DEMANDADO tras ser aprobada la
Constitución de la República vigente.
2.4. A la luz del presente, EL DEMANDADO vulnera, de manera deliberada e
impune, el derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República de
Cuba, artículo 53) habida cuenta que no aporta ninguna información veraz,
objetiva y oportuna en relación a la pregunta formulada por EL DEMANDANTE,
quien hace notar a esta magistratura que, independientemente, de la tardía
consagración del derecho, que nos ocupa, en la nueva ley suprema cubana, este
es un Derecho Humano,- universal e inalienable -, en conformidad con el principio
«pro-hominem» y el carácter progresivo que gobiernan sobre tales derechos,
sobre los cuales el Estado-Partido, es decir, el Totalitarismo de ideología
comunista en Cuba, a través del régimen político del unipartidismo a favor del
Partido Comunista de Cuba, aún es reticente de ratificar los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos de 1966, a contracorriente con la
abrumadora mayoría de los Estados, que forman parte de la comunidad
internacional, poniendo de relieve su cuestionable voluntad política de no respetar
tales derechos, todos por igual, sin sesgo, y, sin perder de vista, su también
renuencia de someter sus actos al control judicial de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Corte IDH, a contracorriente con la abrumadora mayoría de
los Estados, que forman parte del continente americano.
III. PRUEBAS.
3.1. Escrito de petición 21 de agosto de 2017 de EL DEMANDANTE a EL
DEMANDADO.
3.2. Escrito de 13 de noviembre de 2017, con registro 019-O-131117-s483, del Sr.
Miguel A. Moreno Carpio, Jefe del Departamento Independiente Jurídico del
Ministerio de Relaciones Exteriores a EL DEMANDANTE.
IV. FUNDAMENTO LEGAL INFRINGIDO.
4.1. Constitución de la República de Cuba. Artículo 53): “Todas las personas tienen
derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que
se genere en los órganos del Estado y entidades, conforme a las regulaciones establecidas.”
4
V. PRETENSIONES.
ÚNICA: Que el Estado-Partido aporte a EL DEMANDANTE información veraz,
objetiva y oportuna sobre la pregunta-petición formulada a EL DEMANDADO: ¿Ud.
autorizó a la Embajadora de Cuba en Rumanía [Sra. Nieves Iliana Hernández
Portales] a participar directamente en el contacto entre directivos de LABIOFAM y
Ovidiu Tender en pleno Proceso Judicial de Lavado de Activos y Defraudación, y,
a firmar contrato entre sociedades mercantiles [LABIOFAM, S.A.(Cuba) e
INTELLIGENCE PHARMA BUSINESS, S.R.L. (Rumanía)]?
OTROSI PRIMERO: Esta Parte en virtud de la ley rituaria, artículo 83), solicita a La
Sala que proceda acumular este proceso con el interpuesto por esta Parte contra
los demandados Sr. Raúl Castro Ruz y la Sra. Mariela Castro Espín, con registro
de entrada nº 676, de 27 de mayo de 2019, de la Secretaria del Consejo de
Gobierno de este tribunal.
OTROSI SEGUNDO: Esta Parte solicita a La Sala que adopte las medidas
pertinentes para garantizar la publicidad de su Estado Diario en Internet, a través
del sitio oficial, que debería contar el Tribunal Provincial Popular de La Habana
para garantizar una administración de justicia efectiva y transparente.
OTROSI TERCERO: Esta parte exige que este tribunal se ajuste a la ley cubana
aplicable en tanto termine con la deliberada mala-práctica judicial en represalia a
la denuncia formulada por EL DEMANDANTE sobre los extraordinarios fraudes, las
malas-prácticas financieras y los perjuicios económicos perpetrados por el Sr.
José Antonio Fraga Castro, y otros, desde LABIOFAM, S.A. Esa mala-práctica
judicial,- con el pleno conocimiento de las autoridades cubanas, en especial el Sr.
Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular, y el Sr. Homero
Acosta Álvarez, Secretario del Consejo de Estado de la República de Cuba -,
incluye redacción de hecho falso en escrito de 21 de febrero de 2017 firmado por
una jueza en funciones,- actual supervisora judicial de este tribunal -, y sustracción
y pérdida de las páginas de los recursos de apelación interpuestos por EL
DEMANDANTE radicados en los Expedientes nº 18 de 2017 y nº 26 de 2018 de la
Sala de lo Laboral de este tribunal. Más el actuar fraudulento en el Tribunal
Supremo Popular para evitar juzgar a varios jueces de este tribunal a razón de los
hechos denunciados en la demanda de Responsabilidad Civil contra Jueces
radicada en el Expediente nº 1 de 2018 de su Sala de lo Civil.
OTROSI CUARTO: Esta parte exige a este tribunal que dé cuenta si la copiosa
denuncia formulada por EL DEMANDANTE ante el Estado-Partido sobre las
operaciones sospechosas de Movimientos de Capitales Ilícitos y Lavado de
Activos, entre 2012 y 2016, a través de la Embajada de Cuba en Rumanía, es del
conocimiento del tribunal cubano competente, considerando las siguientes
palabras del Sr. Miguel A. Moreno Carpio, Jefe del Departamento Independiente
Jurídico, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba: “Sobre
el caso que Ud. refiere en nota al Ministro de fecha de 21 de agosto del corriente,
le expongo que el mismo ha de ser resuelto por la vía judicial correspondiente,
aportando ud. todas las pruebas que considere oportunas.”
Dado en La Habana, el 10 de julio de 2019, en original para La Sala y sus
respectivas copias para las Partes.
Sergio Osmín Fernández Palacios.
EL DEMANDANTE y DIRECCIÓN LETRADA.

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Demanda contra Canciller de Cuba Bruno Rodríguez Parrilla.

  • 1. 1 A: Sala de lo Civil. Tribunal Provincial Popular de La Habana. República de Cuba. C.c. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. C.c. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT. Su ref.: Petición P-1726-17 de la CIDH contra las autoridades cubanas por violaciones de Derechos Humanos en represalia por denunciar los fraudes y malas-prácticas financieras transnacionales perpetradas por José Antonio Fraga Castro,- y otros -, desde LABIOFAM, S.A. Sergio Osmín Fernández Palacios, vecino de calle 21, número 1110, apartamento 7, entre calles 14 y 16, Reparto Vedado, Municipio Plaza de la Revolución, La Habana, Código Postal 10400, de profesión Jurista, con registro 16253, que acredito con copia fiel del Certificado 17947, de 3 de septiembre de 1997, que se adjunta como primer documento; ejerciendo la Abogacía, en asunto relacionado a mis propios derechos, en conformidad con lo establecido en el Decreto-Ley nº 81, “Sobre el ejercicio de la abogacía,” de 1984, del Presidente del Consejo de Estado, artículo 4), inciso b), DIGO: En virtud de lo previsto en la Constitución de la República, Título V “Derechos, Deberes y Garantías,” Capítulo II, “Derechos”, Artículo 53), en relación con la Ley nº 7, “Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico,” Título I “De la Jurisdicción y Competencia,” Capítulo I “Jurisdicción”, Artículo 2.1), y Capítulo II, “Competencia”, Artículo 6.6), y, Título II “Del proceso ordinario”, Capítulo I “De la demanda y la contestación”, Artículo 223.3), INTERPONGO: Demanda en Proceso Ordinario. Contra la siguiente persona: Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores, Miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, con domicilio desconocido, en lo adelante EL DEMANDADO. A tales efectos formulo lo siguiente. I. PRELIMINAR. 1.1. Entre los años 2012 y 2015, la Embajada de Cuba en Rumanía, a través de sus dos sucesivas Embajadoras, Sra. Marta de la Caridad Fajardo Palet y Sra. Nieves Iliana Hernández Portales,- proveniente(s) del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y designada(s) en sus puestos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, en su condición de Presidente del Consejo de Estado -, colaboraron con el Sr. José Antonio Fraga Castro, en su condición de Director General del GRUPO EMPRESARIAL LABIOFAM del Ministerio de la Agricultura y Presidente de la Junta General de Accionistas de la mercantil cubana LABIOFAM, S.A., que opera en el comercio internacional como la importadora y exportadora del mentado grupo empresarial, y el Sr. Alejandro Castro Soto del Valle,- ellos son dos sobrinos del General de Ejército Raúl Castro Ruz -, en las negociaciones mercantiles entre éstos y el empresario rumano Ovidiu Tender, quien se encontraba en ese período en condición de acusado en uno de los más dilatados procesos judiciales en Rumanía, de 2006 a 2015, bajo las muy graves imputaciones penales de crear y formar parte de un grupo de crimen organizado para el fraude y lavado de más de mil millones, obtenidos a través de contratos ilícitos entre mercantiles rumanas.
  • 2. 2 1.2. Las negociaciones mercantiles, en cuestión, estaban orientadas hacia la construcción de una bio-fábrica en Serbia, que quedaría pactada en la contratación mercantil de 2014 suscrita entre LABIOFAM, S.A. y las dos mercantiles rumanas LABIOFAM EAST & SOUTH EUROPE, S.R.L., y TENDER, S.C., bajo el control del Sr. Tender; estas dos últimas quedarían obligadas de aportar los recursos financieros. Parece ser que esa contratación mercantil no fue ejecutada habida cuenta que el Sr. Tender fue encontrado, más adelante, responsable de las mentadas imputaciones por medio de sentencia firme privativa de libertad de doce años y siete meses dictada por el Tribunal de Apelaciones de Bucarest en el 2015, que fue ejecutada por el Tribunal Provincial de La Habana, tras ser identificado el Sr. Tender residiendo en La Habana. La ejecución de la mentada sentencia extranjera fue divulgada en una parca Nota Informativa del periódico GRANMA, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, pero sin dar ninguna información de rigor sobre quien era el Sr. Ovidiu Tender y sus extraordinarios actos de fraude y lavado de dinero en Rumanía; mucho menos su conexión mercantil con las mentadas autoridades cubanas, en especial con los dos sobrinos del General de Ejército Raúl Castro Ruz. 1.3. En julio de 2016, el Sr. Alfred Remberto Crespo Dorta, un militante del Partido Comunista de Cuba y Cuadro de Dirección del Estado-Partido, designado en el puesto de Director General del GRUPO EMPRESARIAL LABIOFAM,- en sustitución del Sr. Fraga Castro en diciembre de 2014 -, por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en su condición de Presidente del Consejo de Ministros, negoció con la mercantil rumana INTELLIGENCE PHARMA BUSINESS, S.R.L. Esas negociaciones dieron por resultado la contratación mercantil entre esa mercantil rumana y LABIOFAM, S.A. para la construcción de la mentada bio-fábrica en Serbia. Por LABIOFAM, S.A. suscribieron el Sr. Gustavo Junco Matos, en su condición de Director General, y el Sr. Javier Otero, en su condición de Director de Exportaciones. La Embajadora de Cuba en Rumanía, Sra. Nieves Iliana Hernández Portales, suscribió dicha contratación mercantil en condición de testigo honorable del Estado-Partido, con lo cual convirtió ese acto mercantil en una cuestión de interés nacional, sobre lo cual no se ha divulgado información veraz, objetiva y oportuna. 1.4. Sobre la construcción de la bio-fábrica en Serbia recae la duda razonable en cuanto a que los pactados recursos financieros provenientes de las mentadas mercantiles rumanas pudieran estar relacionados con los más tempranos fraudes financieros perpetrados por el Sr. Ovidiu Tender en Rumanía. II. HECHOS. 2.1. El 21 de agosto de 2017, EL DEMANDANTE dirigió escrito de petición a EL DEMANDADO, con acuse de recibo de la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado y del Registro de Correspondencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Esa petición concluye con la siguiente pregunta a EL DEMANDADO: ¿Ud. autorizó a la Embajadora de Cuba en Rumanía [Sra. Nieves Iliana Hernández Portales] a participar directamente en el contacto entre directivos de LABIOFAM y Ovidiu Tender en pleno Proceso Judicial de Lavado de Activos y Defraudación, y, a firmar contrato entre sociedades mercantiles? Se acredita con prueba documental nº 3.1.
  • 3. 3 2.2. El 6 de diciembre de 2017, EL DEMANDANTE recibió, extemporáneamente, escrito de 13 de noviembre de 2017 del Sr. Miguel A. Moreno Carpio, Jefe del Departamento Independiente Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, con registro 019-O-131117-s483, quien no garantizó una notificación formal con el claro objetivo de encubrir la extemporaneidad de dicha respuesta en conformidad con el plazo, que dispone la ley cubana. Ese escrito, en definitiva, no aporta, a todas luces, ninguna información veraz, objetiva y oportuna a EL DEMANDANTE sobre la pregunta, que formuló a EL DEMANDADO. Se acredita con prueba documental nº 3.2. 2.3. El escrito de petición de EL DEMANDANTE a EL DEMANDADO ha estado público en Internet e, incluso, re-enviado a EL DEMANDADO tras ser aprobada la Constitución de la República vigente. 2.4. A la luz del presente, EL DEMANDADO vulnera, de manera deliberada e impune, el derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República de Cuba, artículo 53) habida cuenta que no aporta ninguna información veraz, objetiva y oportuna en relación a la pregunta formulada por EL DEMANDANTE, quien hace notar a esta magistratura que, independientemente, de la tardía consagración del derecho, que nos ocupa, en la nueva ley suprema cubana, este es un Derecho Humano,- universal e inalienable -, en conformidad con el principio «pro-hominem» y el carácter progresivo que gobiernan sobre tales derechos, sobre los cuales el Estado-Partido, es decir, el Totalitarismo de ideología comunista en Cuba, a través del régimen político del unipartidismo a favor del Partido Comunista de Cuba, aún es reticente de ratificar los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966, a contracorriente con la abrumadora mayoría de los Estados, que forman parte de la comunidad internacional, poniendo de relieve su cuestionable voluntad política de no respetar tales derechos, todos por igual, sin sesgo, y, sin perder de vista, su también renuencia de someter sus actos al control judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, a contracorriente con la abrumadora mayoría de los Estados, que forman parte del continente americano. III. PRUEBAS. 3.1. Escrito de petición 21 de agosto de 2017 de EL DEMANDANTE a EL DEMANDADO. 3.2. Escrito de 13 de noviembre de 2017, con registro 019-O-131117-s483, del Sr. Miguel A. Moreno Carpio, Jefe del Departamento Independiente Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores a EL DEMANDANTE. IV. FUNDAMENTO LEGAL INFRINGIDO. 4.1. Constitución de la República de Cuba. Artículo 53): “Todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades, conforme a las regulaciones establecidas.”
  • 4. 4 V. PRETENSIONES. ÚNICA: Que el Estado-Partido aporte a EL DEMANDANTE información veraz, objetiva y oportuna sobre la pregunta-petición formulada a EL DEMANDADO: ¿Ud. autorizó a la Embajadora de Cuba en Rumanía [Sra. Nieves Iliana Hernández Portales] a participar directamente en el contacto entre directivos de LABIOFAM y Ovidiu Tender en pleno Proceso Judicial de Lavado de Activos y Defraudación, y, a firmar contrato entre sociedades mercantiles [LABIOFAM, S.A.(Cuba) e INTELLIGENCE PHARMA BUSINESS, S.R.L. (Rumanía)]? OTROSI PRIMERO: Esta Parte en virtud de la ley rituaria, artículo 83), solicita a La Sala que proceda acumular este proceso con el interpuesto por esta Parte contra los demandados Sr. Raúl Castro Ruz y la Sra. Mariela Castro Espín, con registro de entrada nº 676, de 27 de mayo de 2019, de la Secretaria del Consejo de Gobierno de este tribunal. OTROSI SEGUNDO: Esta Parte solicita a La Sala que adopte las medidas pertinentes para garantizar la publicidad de su Estado Diario en Internet, a través del sitio oficial, que debería contar el Tribunal Provincial Popular de La Habana para garantizar una administración de justicia efectiva y transparente. OTROSI TERCERO: Esta parte exige que este tribunal se ajuste a la ley cubana aplicable en tanto termine con la deliberada mala-práctica judicial en represalia a la denuncia formulada por EL DEMANDANTE sobre los extraordinarios fraudes, las malas-prácticas financieras y los perjuicios económicos perpetrados por el Sr. José Antonio Fraga Castro, y otros, desde LABIOFAM, S.A. Esa mala-práctica judicial,- con el pleno conocimiento de las autoridades cubanas, en especial el Sr. Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular, y el Sr. Homero Acosta Álvarez, Secretario del Consejo de Estado de la República de Cuba -, incluye redacción de hecho falso en escrito de 21 de febrero de 2017 firmado por una jueza en funciones,- actual supervisora judicial de este tribunal -, y sustracción y pérdida de las páginas de los recursos de apelación interpuestos por EL DEMANDANTE radicados en los Expedientes nº 18 de 2017 y nº 26 de 2018 de la Sala de lo Laboral de este tribunal. Más el actuar fraudulento en el Tribunal Supremo Popular para evitar juzgar a varios jueces de este tribunal a razón de los hechos denunciados en la demanda de Responsabilidad Civil contra Jueces radicada en el Expediente nº 1 de 2018 de su Sala de lo Civil. OTROSI CUARTO: Esta parte exige a este tribunal que dé cuenta si la copiosa denuncia formulada por EL DEMANDANTE ante el Estado-Partido sobre las operaciones sospechosas de Movimientos de Capitales Ilícitos y Lavado de Activos, entre 2012 y 2016, a través de la Embajada de Cuba en Rumanía, es del conocimiento del tribunal cubano competente, considerando las siguientes palabras del Sr. Miguel A. Moreno Carpio, Jefe del Departamento Independiente Jurídico, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba: “Sobre el caso que Ud. refiere en nota al Ministro de fecha de 21 de agosto del corriente, le expongo que el mismo ha de ser resuelto por la vía judicial correspondiente, aportando ud. todas las pruebas que considere oportunas.” Dado en La Habana, el 10 de julio de 2019, en original para La Sala y sus respectivas copias para las Partes. Sergio Osmín Fernández Palacios. EL DEMANDANTE y DIRECCIÓN LETRADA.