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1. La interpretación de los derechos fundamentales de la constitución del 78 debe
realizarse de acuerdo con:
La Constitución española establece que “las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”.
2. El procedimiento de reforma agravado o especial en España exige la aprobación por:
Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara,
y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la
decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser
aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su
ratificación. Artículo 168 CE.
3. El recurso de amparo:
El recurso de amparo es una de las principales competencias atribuidas por la
Constitución al Tribunal Constitucional, siendo el objeto de este proceso la protección
frente a las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14
a 29 y 30.2 de la Constitución originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o
simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas
y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de
sus funcionarios o agentes
4. Las discriminaciones indirectas:
Discriminaciones indirectas: las generadas por medidas que, aunque formuladas de
forma neutra y sin conciencia ni voluntad por parte de quien las adopta, perjudican de
hecho a un número muy superior de personas englobadas en una de las causas de
discriminación
5. El art 14 de la Constitución
Se deduce, pues, que la igualdad se configura sobre todo como un auténtico derecho
subjetivo de la persona, pero que es al mismo tiempo un principio general del derecho
pero también un principio que limita la acción de los poderes públicos y privados
6. Está abolida la pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico?
La pena de muerte en España fue abolida, bajo cualquier circunstancia, por Ley
Orgánica el 27 de noviembre de 1995.
7. Según el libro Verde de la UE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:
Es tratado de la Unión Europea para divulgar las prácticas de responsabilidad social. Su fin
es fomentar la responsabilidad social de las empresas en un marco europeo e
internacional, propone fomentar prácticas correctas de las empresas. La define como un
concepto en relación al que las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de
una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. esta puede ser aplicada en
diferentes ámbitos como en organizaciones públicas, asociaciones y en otras agrupaciones,
así como personalmente por parte de cada individuo
8. Los derechos y libertades de la sección 2ª de cap II del Título I de la Constitución:
No necesitan de desarrollo normativo para ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria.
Los derechos y libertades del cap. II vinculan a todos los poderes públicos
9. Según la Constitución española de 1978, la cuestión de confianza:
Por un lado, la potestad para plantearla se reconoce al Presidente del Gobierno, y no
al Gobierno como órgano colegiado. Ciertamente, se dispone que el planteamiento de
la cuestión de confianza tenga que hacerse "previa deliberación del Consejo de
Ministros" Los supuestos que habilitan para presentar esta iniciativa son dos: sobre el
programa y sobre una declaración de política general. Otra característica de la
cuestión de confianza en la Constitución es la exigencia de mayoría simple para que
pueda entenderse otorgada
10. La iniciativa legislativa popular:
Es una institución de Democracia Directa
11. Los Estatutos de Autonomía:
Norma institucional básica de la Comunidad Autónoma a la que se subordinan leyes y
reglamentos autonómicos. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento
establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes
Generales, mediante ley orgánica
12. El Consejo General del Poder Judicial:
La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y
gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y
Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la
Administración de Justicia.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley
orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros
y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y
régimen disciplinario.
El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal
Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un
periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las
categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a
propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en
ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros
juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio
en su profesión.
13. A tenor del art 71 de la CE, los diputados y senadores:
Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en
el ejercicio de sus funciones. Durante el período de su mandato los Diputados y
Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de
flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de
la Cámara respectiva. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los Diputados y Senadores percibirán una
asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.
14. El mandato del Presidente del Gobierno:
El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida
de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o
fallecimiento de su Presidente. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la
toma de posesión del nuevo Gobierno.
15. Los principios rectores de la política social y económica regulados en el Capítulo III del
título I de la Constitución:
Los derechos reconocidos en el Capítulo III del Título I poseen una una vinculación
indirecta ya que “sólo podrán se alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo coN
lo que dispongan las leyes que los desarrollen” (art. 53.3 CE), aunque estos
“informarán la legislación positiva, la practica judiciales y la actuación de los poderes
públicos”.
16. En España la forma de gobierno es:
Monarquía Parlamentaria
17. Está reservada a su regulación por Ley Orgánica:
De las tres materias directamente reservadas a la ley orgánica por el artículo 81 CE, ha
merecido especial atención por la doctrina y la jurisprudencia constitucional la
primera: el "desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas"
En cuanto a los derechos y libertades afectados, el Tribunal se pronunció pronto por su
limitación a los comprendidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la
Constitución (STC 76/1983), esto es, a los artículos 15 a 29 CE, exigiéndose forma
orgánica para las leyes que los desarrollen de modo directo en cuanto tales derechos,
pero no cuando meramente les afecten o incidan en ellos
18. Los decretos ley:
Pueden estar sometidos a enmiendas
19. El referéndum previsto en el art 167 CE es:
Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de
tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se
intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de
Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el
Senado.
De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y
siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del
Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.
Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su
ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su
aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
20. De conformidad con el art 159 de la CE, el Tribunal Constitucional:
El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos,
cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro
a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y
Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos
juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve
años y se renovarán por terceras partes cada tres.
La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo
mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño
de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al
servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier
actividad profesional o mercantil.
En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades
propias de los miembros del poder judicial.
Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el
ejercicio de su mandato.

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Test RESUELTO DEONTOLOGÍA para Administraión

  • 1. 1. La interpretación de los derechos fundamentales de la constitución del 78 debe realizarse de acuerdo con: La Constitución española establece que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”. 2. El procedimiento de reforma agravado o especial en España exige la aprobación por: Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. Artículo 168 CE. 3. El recurso de amparo: El recurso de amparo es una de las principales competencias atribuidas por la Constitución al Tribunal Constitucional, siendo el objeto de este proceso la protección frente a las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes 4. Las discriminaciones indirectas: Discriminaciones indirectas: las generadas por medidas que, aunque formuladas de forma neutra y sin conciencia ni voluntad por parte de quien las adopta, perjudican de hecho a un número muy superior de personas englobadas en una de las causas de discriminación 5. El art 14 de la Constitución Se deduce, pues, que la igualdad se configura sobre todo como un auténtico derecho subjetivo de la persona, pero que es al mismo tiempo un principio general del derecho pero también un principio que limita la acción de los poderes públicos y privados 6. Está abolida la pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico? La pena de muerte en España fue abolida, bajo cualquier circunstancia, por Ley Orgánica el 27 de noviembre de 1995.
  • 2. 7. Según el libro Verde de la UE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: Es tratado de la Unión Europea para divulgar las prácticas de responsabilidad social. Su fin es fomentar la responsabilidad social de las empresas en un marco europeo e internacional, propone fomentar prácticas correctas de las empresas. La define como un concepto en relación al que las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. esta puede ser aplicada en diferentes ámbitos como en organizaciones públicas, asociaciones y en otras agrupaciones, así como personalmente por parte de cada individuo 8. Los derechos y libertades de la sección 2ª de cap II del Título I de la Constitución: No necesitan de desarrollo normativo para ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria. Los derechos y libertades del cap. II vinculan a todos los poderes públicos 9. Según la Constitución española de 1978, la cuestión de confianza: Por un lado, la potestad para plantearla se reconoce al Presidente del Gobierno, y no al Gobierno como órgano colegiado. Ciertamente, se dispone que el planteamiento de la cuestión de confianza tenga que hacerse "previa deliberación del Consejo de Ministros" Los supuestos que habilitan para presentar esta iniciativa son dos: sobre el programa y sobre una declaración de política general. Otra característica de la cuestión de confianza en la Constitución es la exigencia de mayoría simple para que pueda entenderse otorgada 10. La iniciativa legislativa popular: Es una institución de Democracia Directa 11. Los Estatutos de Autonomía: Norma institucional básica de la Comunidad Autónoma a la que se subordinan leyes y reglamentos autonómicos. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica 12. El Consejo General del Poder Judicial: La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
  • 3. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. 13. A tenor del art 71 de la CE, los diputados y senadores: Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras. 14. El mandato del Presidente del Gobierno: El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. 15. Los principios rectores de la política social y económica regulados en el Capítulo III del título I de la Constitución: Los derechos reconocidos en el Capítulo III del Título I poseen una una vinculación indirecta ya que “sólo podrán se alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo coN lo que dispongan las leyes que los desarrollen” (art. 53.3 CE), aunque estos “informarán la legislación positiva, la practica judiciales y la actuación de los poderes públicos”. 16. En España la forma de gobierno es: Monarquía Parlamentaria 17. Está reservada a su regulación por Ley Orgánica:
  • 4. De las tres materias directamente reservadas a la ley orgánica por el artículo 81 CE, ha merecido especial atención por la doctrina y la jurisprudencia constitucional la primera: el "desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas" En cuanto a los derechos y libertades afectados, el Tribunal se pronunció pronto por su limitación a los comprendidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución (STC 76/1983), esto es, a los artículos 15 a 29 CE, exigiéndose forma orgánica para las leyes que los desarrollen de modo directo en cuanto tales derechos, pero no cuando meramente les afecten o incidan en ellos 18. Los decretos ley: Pueden estar sometidos a enmiendas 19. El referéndum previsto en el art 167 CE es: Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 20. De conformidad con el art 159 de la CE, el Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al
  • 5. servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.