El documento propone la creación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados para investigar irregularidades en la concesión, reglamentación y ejecución de obras públicas federales. La Comisión tendría nueve miembros designados proporcionalmente y estaría autorizada a citar testigos, solicitar documentos e inspeccionar sitios. Debería presentar informes periódicos y finales sobre sus hallazgos y denunciar posibles delitos.