Para mejorar la eficacia de la respuesta humanitaria con respecto a las personas con discapacidad, es crucial fomentar la colaboración entre las organizaciones locales, nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito de la discapacidad.

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Situaciones
de riesgo y
emergencias
humanitarias
Derechos de las
personas con
discapacidad

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 15%
de la población mundial padece alguna forma de discapacidad.
El ACNUR estima que hay 59,5 millones de personas
desplazadas forzosamente en todo el mundo.

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Según estas estimaciones, aproximadamente 7,65 millones
de personas con discapacidad se enfrentan a desplazamientos forzosos.
Un estudio específico sobre los refugiados muestra que la prevalencia
de refugiados con discapacidad es de hecho mayor; por consiguiente,
puede que estos datos subestimen las dimensiones del problema.

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Las personas con discapacidad a menudo están expuestas a una
tasa mayor de malos tratos, descuido y abandono en situaciones
de riesgo, conflicto armado y emergencia humanitaria.

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Además, la asistencia en el marco de programas, los refugios adecuados,
las comunicaciones y los medios de transporte suelen ser inaccesibles,
lo que provoca violaciones generalizadas de sus derechos humanos.

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Las personas de edad, las mujeres y los niños y niñas con discapacidad
están particularmente expuestos a la discriminación, la explotación
y la violencia (en particular, la violencia sexual y de género) y a la
exclusión de la ayuda y los servicios en el contexto de una crisis.

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La igualdad y la no discriminación por
motivos de discapacidad deben orientar
la elaboración de todas las leyes,
políticas y procedimientos, incluida
la provisión de ajustes razonables.

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El empoderamiento de las personas con discapacidad a través
de, entre otras cosas, las iniciativas de sensibilización,
las alianzas, la creación de capacidad y la asignación de
recursos suficientes es vital para logar su participación
significativa y prevenir violaciones de sus derechos.

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Por último, la legislación, las políticas y la práctica deben ser
conformes a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y otras normas de derechos humanos.

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Para mejorar la eficacia de la respuesta humanitaria con respecto
a las personas con discapacidad, es crucial fomentar la colaboración
entre las organizaciones locales, nacionales e internacionales
que trabajan en el ámbito de la discapacidad.

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Es por ello que resulta imperativo garantizar un diálogo sustantivo
y la difusión de buenas prácticas entre las personas con discapacidad
y las organizaciones que las representan, por un lado, y aquellas
que se ocupan de cuestiones relacionadas con las situaciones
de riesgo y las emergencias humanitarias, por otro lado.

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La participación de las organizaciones de las personas
con discapacidad es esencial para la formulación, aplicación,
evaluación y examen de políticas, en particular en el debate mundial.

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Los datos e indicadores mundiales coherentes, así como el
análisis de la información existente, sobre las personas con discapacidad,
constituyen un elemento importante en el diseño de políticas inclusivas
relativas a emergencias humanitarias, como estipula el artículo 31 de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

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La falta de una detección sistemática puede conducir a la exclusión
de las personas con discapacidad de la asistencia y los
recursos en el marco de los programas, como el agua,
el alojamiento y las prendas de vestir.

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Durante la formulación de planes de contingencia, la capacidad
para determinar la ubicación de las poblaciones destinatarias y
recopilar información sobre sus necesidades de apoyo puede
contribuir a satisfacer mejor dichas necesidades.

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La recopilación de información a través de evaluaciones globales
de las necesidades que desglosen los datos por edad, sexo y
discapacidad puede facilitar la gestión del riesgo, la planificación
y la aplicación de estrategias de reducción del riesgo.

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Es preciso generar más investigación cualitativa aplicada para
lograr un amplio conocimiento de las cuestiones relativas a
las personas con discapacidad en emergencias humanitarias.

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Para lograr la reducción de la exclusión de las personas con
discapacidad y la gestión del riesgo resulta fundamental que
la información se proporcione en formatos accesibles antes,
durante y después de una situación de riesgo ...

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… es fundamental para garantizar la seguridad de las personas
con discapacidad, especialmente las que tienen
deficiencias auditivas, visuales e intelectuales.

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Es necesario mejorar los sistemas de
evacuación, ya que en situaciones
de urgencia, es más probable que
las estrategias de evacuación
descuiden a las personas
con discapacidad.

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Las estrategias de evacuación deben prestar una atención
específica a las necesidades de las personas con discapacidad,
en particular las que residen en instituciones.

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Los Estados deben garantizar que las personas con discapacidad puedan
llevar consigo las ayudas técnicas y equipo o, de ser imposible, sustituirlos.
Debe prestarse atención al mantenimiento, reparación y la necesaria
actualización de las ayudas técnicas, así como al apoyo que requiere su
utilización eficaz, en particular en las zonas rurales y los campamentos.

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Las evacuaciones son particularmente difíciles para
los que necesitan un apoyo considerable, por ello
es importante establecer el apoyo adecuado.

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La falta de información y de apoyo accesibles pueden impedir
que las personas con discapacidad accedan a la ayuda humanitaria,
incluido el alojamiento, la alimentación y artículos no alimentarios,
la asistencia médica y la reunificación de la familia ...

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… por ejemplo, las personas con discapacidad física no podrán
llegar a los centros de recogida, exponiéndose a una importante
privación de servicios y bienes básicos y al riesgo de
explotación al tener que depender de la ayuda de otros.

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En los refugios de emergencia y provisionales las personas
con discapacidad deben poder acceder al agua y al saneamiento.
Debe darse prioridad al refugio de transición que ha de estar próximo
a una fuente de abastecimiento de agua e instalaciones sanitarias.

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Es importante que los administradores de refugios consulten
a las personas con discapacidad y a sus familias para adaptar
mejor esas instalaciones y, en su defecto, hallen soluciones
adecuadas para dar prioridad a la reubicación.

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Las personas con discapacidad deben disponer de los servicios de
salud y rehabilitación de forma accesible y adecuada desde el punto
de vista cultural. Debe darse acceso a la intervención médica, la
medicación habitual y el tratamiento de enfermedades crónicas en
igualdad de condiciones con los demás, incluidos los servicios de
salud reproductiva para las mujeres y las niñas con discapacidad.
https://www.youtube.com/watch?v=3CcJYywB89s

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Debe prestarse apoyo para enfrentar en mejores condiciones el estrés,
la ansiedad y las afecciones preexistentes, ya que las situaciones
de riesgo también pueden provocar problemas de salud mental.

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Hay que tener en cuenta que las situaciones de riesgo pueden
hacer que las personas con discapacidad sean más vulnerables
a la violencia, el descuido, el maltrato físico o la explotación
sexual, al tiempo que se debilita el cumplimiento de la ley
y se fragilizan los mecanismos de seguridad y apoyo.

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Los que corren los mayores riesgos son las mujeres, las niñas y los niños
y las personas que viven solas o están aisladas. Es importante detectar
los riesgos posibles y disponer de una asistencia adecuada, en
particular la asistencia jurídica gratuita, con el fin de garantizar
a las personas con discapacidad el acceso a la protección
y los servicios de apoyo a nivel de la comunidad.

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Los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad deben tener acceso a
servicios médicos, jurídicos, psicológicos,
sociales, educativos y de otro tipo dedicados
a las víctimas de violencia sexual.

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https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/271/77/PDF/G1527177.pdf?OpenElement