El documento discute el sistema público de pensiones en España. Argumenta que las reformas recientes promovidas por políticos, empresarios y sindicatos mayoritarios perjudicarán a millones de trabajadores al obligarlos a trabajar más años para recibir pensiones más bajas, afectando especialmente a grupos vulnerables. Sin embargo, el sistema de pensiones español es financieramente sólido y podría mantenerse con el crecimiento económico y la incorporación de más mujeres y migrantes al mercado laboral.