La corrupción electoral es un problema que afecta a la sociedad en todos los niveles. Puede manifestarse de muchas formas, como manipulación del censo electoral, soborno de electores, o falsificación de resultados. Existen controles preventivos, punitivos y correctivos para combatirla, pero es a través de la educación ciudadana y la transparencia que se pueden lograr los mejores resultados.

1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Licenciatura en Derecho
Materia: DHTICS
Profesor: Paola Gaby Zurita Campos
Alumno: Luis Ángel Castillo Ramírez
Horario 9:00-11:00
26 de Marzo de 2015
Ensayo
“Corrupción en las elecciones”

2. Resumen
Entiéndase por corrupción electoral todo acto o procedimiento que atente contra el
legítimo y libre ejercicio del derecho de sufragio, que por lo general se traduce en
una alteración y adulteración de la auténtica voluntad de los electores y en un
falseamiento de los resultados electorales.
La corrupción electoral conspira contra la pureza del sufragio, concepto que
sintetiza todas las virtudes del voto democrático, el cual descansa en dos valores
fundamentales: la libertad del elector y la veracidad o fidelidad del escrutinio.
Cuando quiera que se violente o manipule la libertad del elector en la expresión de
sus preferencias políticas, o se adultere el cómputo de los votos válidamente
depositados en las urnas, las elecciones se desnaturalizan, se desvían de su recto
propósito para quedar reducidas a una farsa, a un montaje que, al limitarse a
guardar simplemente algunas formas exteriores, a lo sumo cumple con otorgar
una precaria legitimación al gobierno que de ellas emana.
Introducción
La corrupción ha penetrado, hasta niveles inimaginables las estructuras del Estado
mexicano. Lo mismo afecta a las instituciones de procuración y administración de
justicia, que a los municipios, a los órganos electorales o los funcionarios
encargados de ordenar que se recoja la basura. La corrupción hoy en día no se
encuentra solamente en la política o en la burocracia como se suele creer, esta
existe desde el alumno que paga para pasar una materia, hasta la mordida a un
policía. En el siguiente ensayo se trabajara sobre este controversial tema, de
manera en que expondremos que es la corrupción, el cómo se presenta y su
forma de evitarse o erradicarse. Afirmamos que la corrupción electoral es un
problema que afecta a la sociedad en todos los niveles y es obligación de la
ciudadanía el ponerle fin.

3. Corrupción en las elecciones
La palabra corrupción deriva del latín corruptus, que significa descomposición,
podredumbre o desintegración. Modernamente y en un sentido muy general, la
corrupción se puede definir como el uso ilegítimo del poder del Estado, establecido
para satisfacer el interés general o bien común, con la finalidad de obtener un
beneficio o provecho personal o de favorecer o perjudicar a terceros. Se trata, así,
de la corrupción pública o política, de la que participan tanto agentes del Estado
como los particulares.
La corrupción tiene que ver desde las "mordidas" que piden los agentes de
tránsito, hasta el amañamiento de las licitaciones de grandes obras públicas. Es
tan corrupto el funcionario que otorga un contrato para adquisición de bienes a un
amigo, como un gobernador que ordena que se deje trabajar sin trabas a un grupo
del crimen organizado. Por eso es que la corrupción está en todos lados: porque
tiene muchas formas de manifestarse y porque parece haber permeado a todos
los niveles de gobierno.
La corrupción electoral en un régimen democrático representativo es, siempre, una
grave patología que afecta al sistema político en una de sus instituciones más
sensibles: la institución del sufragio. Son múltiples los daños que la corrupción
electoral puede ocasionar al sistema: entre otros, frustra la voluntad mayoritaria de
los electores, perjudica los derechos legítimos de un candidato y de un partido
político, corroe los hábitos en que se funda la honestidad política, genera
desconfianza y apatía hacia las instituciones democráticas y, por una conjugación
compleja de estos y otros factores, puede fácilmente desencadenar la dinámica
conducente a una crisis de legitimidad del sistema político.
No debe confundirse corrupción electoral con delito electoral. Se discierne la
corrupción no por referencia a la ley penal (como es el caso de los delitos), sino
por referencia a unos valores acerca de lo que la colectividad considera que es
correcto en la contienda electoral, valores cuyo reconocimiento social les hace
constituir un código de ética política. En tanto que toda falta o delito electoral es
transgresión de la legalidad, la corrupción electoral es transgresión de un conjunto

4. de normas más extensas que la ley, implícitas ciertamente en la legalidad
reinante, pero que están inscritos, además, en las doctrinas de cada ideología
política y en un sentimiento colectivo de moralidad.
La corrupción electoral se refiere a conductas que transgreden principios y valores
desarrollados en el ámbito de la cultura política, razón por la cual la noción
de corrupción electoral se encuentra más directamente relacionada con la
educación y el ambiente político de cada sociedad, con sus hábitos y costumbres,
que con el Derecho Positivo. Es la conciencia colectiva sobre la corrección política
y el normal funcionamiento de la democracia la que sanciona determinados
comportamientos como corruptos, y no la ley ni el juez..
En todos los procesos políticos, incluidos los electorales, es imposible evitar la
aparición de conflictos. Lo importante, por otro lado, no es que surjan sino cuáles
son los mecanismos puestos en acción por los agentes para encontrarles solución,
para lo cual no tenemos recetas o prevenciones posibles. En los procesos
electorales podemos encontrar conflictos en los tiempos previos a la jornada
electoral, conflictos en la misma jornada y conflictos posteriores; cada uno de los
tiempos marca diferencias en el tipo de conflictos.
En los previos se trata de enfrentamientos entre los candidatos y/o entre sus
partidarios, a través de ataques verbales o de acciones de agresión física, en los
cuales pueden intervenir diversos grados de mentiras o calumnias; otros pueden
derivarse de maniobras para registrar o impedir el registro en el padrón de quienes
son considerados favorables o enemigos; el ataque a oficinas que apoyan a un
candidato y el robo o rotura de material propagandístico.
Otros aspectos se refieren a la aceptación y cumplimiento de las normas vigentes,
en especial las relacionadas con los apoyos que pueden recibirse, como
donaciones económicas o las distintas formas en que un grupo gobernante puede
apoyar a sus candidatos. Más sutiles, los rumores son una forma de agresión que
ha sido y es usada por las oficinas de campaña de muchos candidatos; el
problema de los rumores es que generalmente son más difíciles de contrarrestar,

5. pero suelen crear resentimiento y frustración que puede llevar a expresiones de
violencia.
En la jornada electoral, los conflictos se derivan de maniobras para impedir a
ciertas personas o grupos el derecho a votar o el uso de formas de manipulación
de los electores y de las autoridades electorales. El robo o destrucción de urnas o
el ataque físico a personas o grupos también están en el panorama de los
conflictos. Debe tenerse en cuenta que en ocasiones son los mecanismos de
elección los que pueden propiciar la aparición de manifestaciones de manipulación
o de violencia.
La no penalización de determinadas prácticas corruptas podría obedecer a un
margen de tolerancia social frente a prácticas o irregularidades que se consideran
hasta cierto punto benignas e inevitables y, por tanto, tolerables. Lo cierto es que
no todos los fenómenos de corrupción electoral están tipificados en los
ordenamientos penales. La ley penal tan solo se ocupa de algunas conductas
corruptas, aquellas que ocasionan mayor daño social.
En realidad es poco lo que la legislación penal puede hacer para reprimir
la corrupción electoral. La corrupción desborda ampliamente su articulado, así
este se multiplique en tipos penales y acentúe el rigor de las penas. El sistema
político, que vive en una cierta ambigüedad en cuanto se refiere a las formas
tradicionales de hacer política, no suele contar con la voluntad requerida para
expedir estatutos draconianos en materia penal electoral, y se inclina por una
actitud de tolerancia e hipocresía. De otra parte, rara vez se enjuicia a alguien por
haber incurrido en un delito de naturaleza electoral.
Más eficaz en la lucha contra la corrupción electoral es toda acción que se cumpla
en el cultivo de la moralidad pública y el desarrollo de la transparencia de
los procesos electorales. En la lucha contra este mal podemos esperar mejores
resultados de un tratamiento no penal del fenómeno, consistente en medidas tales
como: educación ciudadana, mecanismos de participación democrática,
procedimientos de impugnación de las elecciones ante autoridades administrativas
y judiciales, aplicación de sanciones de naturaleza política (la anulación de

6. la elección, la inhabilidad permanente para aspirar a cargos de elección popular) a
los políticos que incurran en prácticas contrarias a la moralidad electoral.
Las prácticas de corrupción electoral pueden presentarse en una cualquiera de las
instancias del proceso electoral: antes de la votación (manipulación del censo
electoral, obstrucción de actividades partidistas, retención de los documentos de
identificación electoral, v. gr.), durante la votación (violencia electoral, soborno del
elector, doble o múltiple votación, introducción fraudulenta de sufragios en las
urnas electorales) o después de la votación (no cómputo de votos válidos o
aumento ficticio de los cómputos durante las elecciones).
Agente de corrupción electoral puede ser uno cualquiera de los protagonistas de
las elecciones: los partidos políticos, los candidatos, los electores, personas
particulares, funcionarios electorales y, en general, cualquier funcionario del
Estado. Todos y cada uno de ellos pueden ser actores y promotores, desde su
particular campo de acción, de violencia o defraudación electorales. Es por ello
que la ley ha debido multiplicarse en la definición de numerosas conductas
punibles especiales, susceptibles de sanciones administrativas y penales.
La cantidad y la calidad de los medios utilizables para hacer corrupción
electoral solo están limitados por la imaginación (infortunadamente muy prolífica
en este campo), la audacia y la disponibilidad de recursos económicos, humanos y
técnicos. El tráfico de influencias, el soborno, las amenazas, la violencia, el
prevaricato, la falsedad documental, la omisión o retardo en el ejercicio de
funciones públicas y aun la manipulación criminal de computadoras (riesgo que
traen consigo los progresos de la vida moderna), forman parte del amplio
repertorio de conductas que, desde la perspectiva de la sociología electoral, se
estudian como corrupción electoral.
Muchas prácticas de corrupción electoral, sin embargo, suelen escapar a las
previsiones de carácter penal, y no sería siempre fácil tipificarlas como delitos. Por
ejemplo: el aprovechamiento del cargo público para hacer proselitismo, todas las
maquinaciones propias del clientelismo (manipulación de un electorado cautivo a

7. cambio de favores que generalmente se dispensan desde una posición
de poder en el Estado), prácticas irregulares de financiación política.
Control de la corrupción
El Derecho Electoral es excepcionalmente minucioso y reglamentario,
precisamente por su afán de rodear de garantías al derecho de sufragio. Tanto
celo por la integridad del sufragio, expresado en gran complejidad de controles,
ritualidades, recursos y sanciones, crea justificadamente la impresión de que
el Derecho Electoral parte del presupuesto de la desconfianza. Ocurre, en
realidad, que sin tantas previsiones y cautelas el sufragio quedaría expuesto a
multitud de injurias.
Los controles a la corrupción electoral pueden clasificarse en tres categorías:
preventivos, punitivos y correctivos.
A la categoría de los controles preventivos que, como la palabra indica, consisten
en medidas para anticipar o precaver toda posibilidad de vicio o fraude,
corresponden todas aquellas disposiciones que procuran hacer efectivos, en la
organización y desarrollo de las elecciones, aquellos principios indispensables en
toda elección limpia, tales como: imparcialidad y responsabilidad de
los funcionarios electorales, secreto del voto, publicidad del escrutinio, libertad
del elector, fidelidad de los cómputos de votos. Previene contra el fraude que la
organización electoral sea independiente del gobierno, que los partidos políticos y
los candidatos puedan constituir testigos suyos ante las mesas de votación, que
los ciudadanos encargados del escrutinio sean designados con independencia de
los órganos políticos del Estado y de los partidos políticos mismos, que de todo lo
acaecido durante los escrutinios se deje en un acta constancia escrita, que el día
de las elecciones los ciudadanos gocen de inmunidad y por tanto no puedan ser
arrestados ni detenidos salvo caso de flagrancia. Las precauciones son la
sustancia de la ley electoral y nunca son bastantes para conjurar el peligro
de fraude.

8. Si el acto de corrupción se consuma, la ley podría reprimirlo con medidas punitivas
y medidas correctivas.
Las medidas punitivas, que buscan castigar a los responsables, pueden ser
simplemente administrativas y consisten, por ejemplo, en arresto, destitución del
empleado público y multas.
Las medidas punitivas pueden ser, además, de carácter penal. El Derecho Penal
Electoral se ocupa, principalmente, de reprimir algunas conductas de corrupción
electoral, para lo cual las legislaciones han establecido un número creciente de
tipos penales. Los Códigos Penales y Leyes Electorales de Ecuador, México y
Venezuela prevén más de 30 delitos electorales; el de Argentina 25; los de
Colombia, El Salvador, Nicaragua, Perú y Uruguay, entre 11 y 19.
Las medidas correctivas tienen por objeto enmendar los actos de elección en
donde se adviertan errores o nulidades, que con frecuencia pueden obedecer a
maniobras dolosas. Normalmente las leyes electorales permiten que, por vía
correctiva, los interesados puedan impugnar el resultado de la elección tanto ante
los funcionarios encargados de escrutar los votos y declarar la elección, como
posteriormente ante los jueces, para que se invalide un cúmulo de votos o para
que se anule la elección de quien no cumplió con determinados requisitos legales.

9. Conclusión
La corrupción tiene que ver desde las "mordidas" que piden los agentes de
tránsito, hasta el amañamiento de las licitaciones de grandes obras públicas.
Son múltiples los daños que la corrupción electoral puede ocasionar al sistema:
entre otros, frustra la voluntad mayoritaria de los electores, perjudica los derechos
legítimos de un candidato y de un partido político, corroe los hábitos en que se
funda la honestidad política, genera desconfianza y apatía hacia las instituciones
democráticas y, por una conjugación compleja de estos y otros factores, puede
fácilmente desencadenar la dinámica conducente a una crisis
de legitimidad del sistema político.
El mejor control sobre la corrupción electoral es el control social, el que se ejerce
mediante la educación ciudadana, a través de los medios de comunicación social,
por medio de una legislación electoral moderna más preventiva que represiva y
con variados mecanismos de participación democrática (audiencias públicas,
veedurías ciudadanas, revocatoria del mandato).
Podemos reflexionar que la corrupción electoral es un problema que se presenta
muy comúnmente durante los diferentes comicios y lamentablemente es un vicio
de las organizaciones políticas por la lucha por conseguir el poder, donde hemos
visto que estas organizaciones se aprovechan de quien menos tiene para comprar
su voto o comprar las elecciones, caso concreto en el 2006 y 2012, donde
claramente podemos observar un fraude electoral que hasta la fecha continua
siendo investigado. Lamentablemente, este problema ha hecho que la población
se acostumbre a presenciar fraudes a menudo, y hasta sea participe de ellos.

10. BIBLIOGRAFIA
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 Quintanilla V. (2015) Corrupción, elecciones, derechos y privilegios. La
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 Carbonell M. (2012) Un México carcomido por la corrupción ADN político
[en línea] recuperado de:
http://www.adnpolitico.com/2012/2012/08/14/opinion-como-combatir-la-
corrupcion