El documento discute el estado de la educación superior en la República Dominicana. Señala que la Constitución dominicana establece que el Estado es responsable de garantizar una educación de calidad e igualdad de oportunidades, que puede ser ofrecida por entidades públicas, privadas y sin fines de lucro. Sin embargo, la educación superior enfrenta debilidades que le dificultan cumplir con su papel de apoyar el desarrollo sostenible del país. La ley reconoce que la educación superior debe estar adecuadamente financiada por el Estado y
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Ensayo de diagnostico de la educación superior en la República Dominicana
1. Ensayo de diagnostico de la educación superior en la Republica Dominicana
La educación como medio de desarrollo individual y factor primordial del
desarrollo social, es un servicio de interés público nacional, por lo que es una
responsabilidad de todos los sectores del país. La Constitución dominicana
asigna al Estado el deber y la responsabilidad de garantizar una educación
integral, de calidad y en igualdad de condiciones y oportunidades, pudiendo
ser ofrecida por entidades públicas, privadas y no gubernamentales, con
sujeción a los principios y normas establecidos en la Ley General de
Educación 66-97. Para hacer efectivo el principio de igualdad de
oportunidades educativas para todas las personas, es obligación del Estado
asumir políticas y proveer los medios necesarios, a través de apoyos de tipo
social, económico y cultural a la familia y al educando, especialmente de
proporcionar a los estudiantes en condiciones vulnerables, las ayudas
necesarias para superar las carencias de tipo familiar y socioeconómico
De acuerdo a la ley que regula la educación superior en Republica
Dominicana en su artículo 5, la Educación Superior “es fundamental para el
desarrollo de la sociedad, en tanto que de ella depende su capacidad de
innovación y promuevela producción, apropiación y aplicación del
conocimiento para el desarrollo humano sostenible…” y la considera como
“derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas”.
Atribuyela ley a la educación superior, “contribuir a la competitividad
económica y al desarrollo humano sostenible”.
La ley reconoce como parte del sistema a aquellas “instituciones que
propicien la vinculación de las instituciones de la educación superior, la
ciencia y de la tecnología con el resto de la sociedad”.
2. Sin embargo, la educación superior en nuestro país arrastra debilidades que
le dificultan ejercer su papel para potenciar el imprescindible apoyo que
debe ofrecer al desarrollo que conduzcahacia su de “inserción competitiva
en la economía global, y aprovechar sus recursos para desarrollarsedeforma
innovadora y sostenible” como se plantea en la visión-país propuesta.
Para ello, establece en el artículo 89 que “la educación superior debe estar
adecuadamente financiada por la sociedad, a fin de garantizar su cobertura,
pertinencia y calidad y permitir el acceso y permanencia a la misma a todos
aquellos que califiquen sobrela basede sus méritos, capacidades y
esfuerzos”.
Establece en el artículo 90 el principio de la participación del Estado y del
sector privado en el financiamiento de la educación superior la ciencia y la
tecnología.
Como motivación para la participación de la Sociedad Civil en el
sostenimiento de la Educación Superior, la ley favorece a las empresas y
personas con incentivos fiscales.
De modo pues, que hay una vía legal que permite a la sociedad civil
contribuir al sostenimiento de la educación superior, con cuyos aportes está
contribuyendo al desarrollo del País.
En el nivel superior, una tendencia notable en el país ha sido el aumento
explosivo de la matriculación universitaria durante las dos últimas décadas.
En este caso, las principales restricciones vienen dadas por la falta de
orientación tecnológica que predomina en la distribución de las carreras y
por la calidad de la oferta disponibleen general.