La Ley de Ética Gubernamental establece normas éticas para los servidores públicos, incluyendo principios como la probidad y la imparcialidad, y deberes como utilizar los recursos públicos únicamente para fines institucionales y excusarse de participar en asuntos que representen conflictos de interés. El documento también define beneficios indebidos y establece excepciones, y describe el procedimiento administrativo sancionador para violaciones éticas.