El documento presenta el marco legal en Venezuela relacionado con el apoyo a la soberanía tecnológica. Citando la Constitución de 1999, reconoce el interés público en la ciencia, tecnología e innovación como instrumentos fundamentales para el desarrollo del país. También menciona el Decreto 825 de 2000 que declara acceso a Internet como política prioritaria y la Ley Orgánica de Educación que fomenta la investigación de nuevos conocimientos e impulsa el progreso de la ciencia y tecnología.