Las delegaciones del Gobierno de Colombia y las FARC-EP anuncian que han llegado a un acuerdo para garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento del Acuerdo Final de paz. Este acuerdo establece mecanismos institucionales que permitirán incorporar el Acuerdo Final al ordenamiento jurídico colombiano de manera expedita y segura, tanto conforme al derecho interno como internacional.