El documento describe una línea de financiación del Banco Europeo de Inversiones para promover la construcción de viviendas de protección oficial en alquiler en Cataluña. Se creó una línea de 250 millones de euros para conceder préstamos a promotores sociales con el fin de financiar la construcción de 3.250 viviendas. El documento también discute los nuevos retos como la reducción de las ayudas públicas y la necesidad de nuevos modelos intermedios entre la compra y el alquiler.