El documento aborda el concepto de delito informático, definiéndolo como acciones antijurídicas realizadas a través de medios informáticos con el fin de dañar sistemas y redes. Se describen diferentes tipos de fraude, incluyendo manipulación de datos y programas, así como técnicas como phishing y skimming, que facilitan la obtención de información y bienes de manera ilegal. Además, se enfatiza la rapidez del avance de la informática frente a la legislación actual en este ámbito.