Futuro acceso de docentes

Futuro lineamiento para el acceso de docentes
FUTURO LINEAMIENTO PARA EL ACCESO DE NUEVOS DOCENTES DIFUNDE
LA SEP
* Aunque aún no entra en vigor la reforma educativa el texto detalla los mecanismos
para el ingreso, incremento de horas, promociones, creación de plazas y cambios de
adscripción.
* Circula documento de la AFSEDF entre mandos medios de secundarias diurnas.
Laura Poy Solano / La Jornada / Jueves 31 de enero de 2013, p. 42
Pese a que aún no ha entrado en vigor la reforma educativa, la Secretaría de Educación
Pública (SEP) comenzó a difundir entre mandos medios de su estructura administrativa los
nuevos lineamientos para el ingreso, incremento de horas, promociones, creación de plazas
y cambios de adscripción.
De acuerdo con un documento que circula entre mandos medios de secundarias diurnas de
la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal (AFSEDF),
organismo adscrito a la dependencia, se establece, entre otros puntos, que el acceso al
servicio docente será sólo para profesores de nuevo ingreso y en servicio (sin plaza base)
con grado de licenciatura, y bachillerato para quienes realicen labores de apoyo y asistencia
a la educación.
En el texto se afirma que en un primer momento se identificará al personal docente de
educación básica que no cubra el perfil requerido de la categoría que ostenta, y no
desempeñe las funciones propias de dicho cargo, a efecto de ser sujeto de canje a puesto
administrativo.
Sin embargo, al detallar los mecanismos del cambio de adscripción señala que no serán
procedentes aquellos que impliquen cambiar a un trabajador de una escuela a un puesto
administrativo, por lo que las autoridades correspondientes deberán garantizar que estos
movimientos no se generen y reproduzcan en el marco de la informalidad.
El texto, que se difunde en un formato de presentación electrónica, de acuerdo a asistentes a
las reuniones, advierte que la creación de plazas tendrá como finalidad responder sólo a
necesidades educativas, pues su creación estará orientada a que cada grupo cuente con su
maestro, mientras que las licencias sin goce de sueldo quedarán restringidas a solicitudes
presentadas al principio del ciclo escolar, y no en el año fiscal, como ocurre actualmente.
En cuanto a la estrategia que deberán seguir las autoridades administrativas sobre el
ingreso, incremento de horas y promociones para los trabajadores de la educación en la
capital del país, indica que los movimientos de personal docente, de apoyo y asistencia a la
educación y de mando deberán cumplir los perfiles aprobados para cada categoría y puesto,
y sólo se tramitarán con 45 días de retroactividad como límite.
Aplican recomendación de CNDH
La SEP establece que, luego que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
emitiera la recomendación 76/2012, que establece la necesidad de verificar que en la
selección de personal los candidatos cumplan un perfil especifico para trabajar con niños de
acuerdo con su edad, etapa escolar y nivel de desarrollo, se implementará un sistema de
evaluación, en un primer momento, para todo el personal de nuevo ingreso con la finalidad

de cumplir con lo ordenado por el organismo de defensa de los derechos humanos.
En cuanto a la creación de plazas se precisa un calendario en el que las unidades
administrativas y niveles educativos deberán presentar las necesidades de plazas para el
siguiente ciclo escolar a más tardar el 31 de marzo, y serán notificadas de aquellas de nueva
creación antes de que concluya el año escolar vigente.
Los procesos de cancelación y creación se considerarán hasta el 16 de agosto de cada año,
por lo que las peticiones deberán presentarse antes del 31 de mayo.
En los lineamientos específicos para el cambio de adscripción se buscará que el personal
docente y de apoyo permanezcan durante todo el ciclo escolar en el mismo grupo y centro
de trabajo asignados, por lo que los cambios y permutas únicamente podrán realizarse al
término del ciclo escolar. En tanto, los centros de trabajo asignados a personas de nuevo
ingreso, así como aquellos docentes con cambio de escuela durante el año escolar, su
adscripción será considerada de carácter provisional.
Los retos del magisterio ante la reforma educativa
LOS RETOS DEL MAGISTERIO ANTE LA REFORMA EDUCATIVA
Manuel Fuentes Muñizô
El primer efecto de la llamada reforma educativa es el cambio de régimen laboral que sufre
el magisterio al retirarlos como si fueran objetos del apartado B del artículo 123
Constitucional y trasladarlos a un régimen especial del artículo 3º Constitucional en donde
el gobierno patrón asume el control unilateral de las relaciones laborales.
Hace a un lado al Sindicato y las condiciones generales de trabajo, anula la bilateralidad y
cancela el derecho de inamovilidad de los trabajadores magisteriales permitiendo el libre
despido.
El gobierno patrón asume de manera unilateral los términos de ingreso, promoción,
reconocimiento y permanencia del servicio. Borra súbitamente los derechos laborales
magisteriales y los convierte en “derechos administrativos”.
Sus conflictos dejarán de ser materia de los tribunales laborales para que adelante los
tribunales administrativos sean quienes conozcan de esos conflictos.
Hechos como estos sólo ocurren en regímenes dictatoriales que imponen con la fuerza del
Estado políticas sin el consenso nacional. Se atreven sin más, por medio de un pacto
firmado a espaldas del pueblo desconocer derechos históricos de trabajadores.
El cambio desnaturaliza los alcances del artículo 3º constitucional que tiene como propósito
garantizar el derecho de educación para insertar las nuevas condiciones especiales a las que
estará sometido el magisterio nacional en todos los ámbitos.
El cambio afectará a quienes laboran en sistemas de educación inicial que atiende por
medio de los Cendis a menores de tres años, a los de educación preescolar encargados de
niños y niñas de 3 a 6 años de edad. A los de las escuelas primarias y secundarias generales,
técnicas y telesecundarias.
A los de educación especial para la atención de personas con minusvalías, a quienes laboran
en educación para adultos y también a los de educación indígena.
Afectará a profesores de nivel medio o superior, como a los bachilleratos de educación

especializada, a los de la Universidad Pedagógica Nacional o quienes laboran en las 220
escuelas normales y 16 escuelas rurales que se encuentran en todo el país.
El alcance es de grandes proporciones porque afectará a todo trabajador del magisterio ya
sea federal, estatal o municipal. Como dice la exposición de motivos el propósito de esta
ley será establecer una “legislación diferenciada para el personal de la educación pública
respecto de los demás trabajadores del Estado”.
La medida afecta a los cerca de 1 millón 150 mil trabajadores docentes y 600 mil no
docentes (en los que se incluyen secretarías, veladores, prefectos entre otros), ello sin
contar a los casi 400 mil trabajadores que están en proceso de desbasificación.
El hecho es muy grave porque la medida se pretende justificar con una reforma
constitucional tratando de blindarla para que no sea cuestionada legalmente. Sin embargo
están muy equivocados quienes diseñaron este retroceso laboral.
Los derechos laborales que se menoscaban son contrarios a Tratados, Pactos y Convenios
Internacionales por lo que incluso ni la Constitución puede ir en contra de derechos
humanos aprobados internacionalmente.
Es válido que los trabajadores del magisterio promuevan amparos masivos ante los jueces
de distrito en todo el país dentro de los 30 días hábiles siguientes, una vez que se publique
en el Diario Oficial de la Federación esta lesiva reforma.
La Constitución permite en el artículo 103 recurrir a los tribunales de la federación cuando
haya controversia “por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los
derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta
Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte”.
La Constitución en su artículo 1º prevé que toda persona gozará de los derechos humanos
que contemplen la Constitución y los Tratados Internacionales y que su interpretación en
todo tiempo deberá favorecer a las personas para su protección más amplia.
Que es obligación de las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.
Todos estos conceptos que protegen los derechos humanos fueron desconocidos por
quienes decidieron aprobar esta reforma educativa en perjuicio de millones de niños,
jóvenes y padres de familia al imponer la “autonomía de gestión” de las escuelas para
retirar la responsabilidad estatal.
Todos ellos también tienen derecho a promover un amparo en defensa de la educación
pública sustentando su acción en grandes movilizaciones.
Nadie puede estar contra de medidas que busquen la mejora de la educación y fortalezcan
sus instituciones a favor de los niños y jóvenes de nuestro país, pero éstas debieron
discutirse de manera amplia en todo el país para sumar el esfuerzo de todos los sectores sin
que ello significara menoscabar derechos básicos de trabajadores del magisterio.
Se equivocan quienes desde aparatos de poder pueden cambiar y desaparecer derechos
fundamentales de las personas a través de normas injustas.
Son tiempos de la respuesta magisterial, a pesar de sus líderes, en defensa de la educación y

sus derechos humanos.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx
Twitter: @Manuel_FuentesM

Carta publicada en el Correo Ilustrado de la Jornada
EL CONGRESO ATROPELLA Y CHUAYFFET AMENAZA
Las contrarreformas impuestas sin consulta alguna a los artículos tercero y 73
constitucionales tienden a suprimir la inamovilidad en el empleo garantizada en el
artículo sexto de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
reglamentaria del artículo 123 de la Carta Magna. Permanencia que se obtiene, según
ésta, a los seis meses de expedido el nombramiento respectivo. Y, además, tales
cambios legales violan de manera general y sistemática las condiciones generales de
trabajo, lo cual es causal de huelga, según el artículo 94 de la ley citada. Así, las
amenazas de Emilio Chuayffet al magisterio en lucha no se apoyan en legalidad
alguna sino en la tradicional vocación represiva del priísmo, misma que ya se refrendó
el primero de diciembre en San Lázaro.
La proclamada reforma educativa, por otra parte, no es sino el congelamiento
presupuestario y la mayor carga a los padres de familia a través de crecientes cuotas
escolares, que infringen la fracción cuarta del artículo tercero, que estipula que toda
la educación que el Estado imparta será gratuita. Finalmente, la llamada
recuperación por el Estado de la rectoría de la educación es una falacia. Se trata en
realidad de la sustitución de la fracasada descentralización centralizada de Carlos
Salinas por una recentralización autoritaria y anti federalista en manos del Ejecutivo,
negando el papel de los educadores y la sociedad.
Sección 9 Democrática SNTE-CNTE: Francisco Nicolás Bravo, Pedro Hernández.
Movimiento Revolucionario del Magisterio: Iván García Solís y Jesús Ríos Ponce.

Mas reformas para modificar condiciones laborales docentes
PREVÉN EXPERTOS UN ALUD DE REFORMAS PARA MODIFICAR CONDICIONES
LABORALES DE DOCENTES
* Crear nuevas instancias y funciones no será un proceso mecánico ni inmediato,
señalan
* El propósito de los cambios constitucionales es el despido a través de la evaluación
obligatoria
Karina Avilés y Laura Poy / La Jornada / Jueves 24 de enero de 2013, p. 45
Con la constitucionalidad de la reforma educativa lo que se puede esperar en el futuro
inmediato es un alud de reformas de carácter jurídico y administrativo, y no sobre el tema
de la enseñanza, para concretar los efectos más regresivos que ahora derivan de la Carta
Magna y que se han convertido en un arma de control, represión y de violación de los
derechos en contra de los docentes, coincidieron expertos.

Miguel Ángel Eraña, especialista en derecho constitucional y parlamentario de la
Universidad Iberoamericana (Uia), apuntó que las modificaciones a los artículos tercero y
73 de la Carta Magna no serán de aplicación inmediata ni mecánica en las escuelas, lo que
abre la posibilidad, a distintos actores, entre ellos los sindicales de ejercer presión y hacer
una negociación política.
En entrevista por separado, César Navarro, profesor-investigador del Instituto Mora y de la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), destacó que dicha modificación en ningún
momento atiende el tema de la enseñanza y no hace más que elevar a rango constitucional
los acuerdos de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), la cual fue pactada entre
Elba Esther Gordillo y el gobierno de Felipe Calderón.
Lo que se puede esperar de ahora en adelante es una cascada de modificaciones a los
reglamentos de las condiciones de trabajo y de escalafón de los docentes, a la Ley General
de Educación y a las normas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE). Esto, en aras de ponerlas en concordancia con el verdadero propósito de estos
cambios constitucionales: el despido de los docentes mediante la evaluación obligatoria,
expuso.
En este contexto, añadió, se inscribe la reforma del INEE, la cual, bajo una supuesta
autonomía, faculta a éste a hacer diagnósticos generales y no evaluaciones que caerían en
su ámbito, como la prueba Enlace, el examen de carrera magisterial o la evaluación
universal, ya que esa parte lesiva y sancionatoria la continuará realizando la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
La profesora-investigadora de la UPN Etelvina Sandoval coincidió en que esto que se llama
reforma educativa no es más que un cambio político-administrativo pensado en el control y
en la ejecución de sanciones, bajo la idea creada desde antaño de que la escuela pública no
funciona, los niños no aprenden y los maestros no trabajan.
Una reforma que no refleja interés por la educación, y cuyo proyecto no ha sido apropiado
por los docentes no tiene muchas posibilidades. Por el contrario, el Estado pretende abdicar
de su responsabilidad, alertó.
Mientras no exista una reforma que atienda la enseñanza, continuará la simulación que
tanto daño ha hecho al sistema y, de igual manera, continuará el buen trabajo de aquellos
maestros que están preocupados por su materia y que no son tomados en cuenta, dijo la
especialista.
Al respecto, Eraña advirtió que la reforma constitucional en materia educativa enfrentará un
enorme reto para garantizar su articulación, pues la tarea educativa es concurrente, es decir,
involucra tanto a autoridades federales y estatales como municipales, y se les tendrá que dar
un espacio de participación.
Destacó, asimismo, las nuevas competencias en materia de evaluación, pues será una labor
que deberá ser articulada con las entidades, pues una reforma constitucional incide en todos
los órdenes normativos de la Federación, que incluye estados y municipios. Se deberán
hacer adecuaciones en las leyes estatales de educación para que pueda aplicarse la reforma
constitucional.
La evaluación que se propone, explicó, tendrá que ser configurada con la participación de
los estados.

Debido a que se está planteando la creación de nuevas instancias y funciones, su aplicación
no será un proceso mecánico ni inmediato que pueda operar en pocos días, concluyó.
Uso politico de los problemas educativos
USO POLÍTICO DE LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS
Manuel Pérez Rocha / La Jornada / 2013
Hace diez días, Martín Carnoy y Richard Rothstein, dos de los especialistas en educación
estadunidenses más reconocidos, publicaron una detallada y metódica investigación, la
cual, entre otras cosas, pone en evidencia el abuso político que los gobernantes pueden
hacer de los problemas educativos y de la investigación educativa. En este detallado
estudio, editado y difundido por el Instituto de Políticas Económicas (EPI, por sus siglas en
inglés), con sede en Washington DC, los autores señalan: “Los reformadores de la
educación invocan usualmente el relativo mal desempeño de los estudiantes estadunidenses
para justificar cambios en la política escolar (…) pero –advierten– frecuentemente sus
conclusiones derivadas de comparaciones internacionales están sobresimplificadas, a
menudo exageradas y son engañosas”.
En su estudio, Carnoy y Rothstein muestran cómo el secretario de Educación de ese país
reaccionó, en más de una ocasión, con precipitación injustificada para apoyar sus políticas
escolares. Ante los resultados insatisfactorios de los estudiantes estadunidenses en las
pruebas internacionales (PISA y TIMSS) este funcionario alegó, sin sustento, que el
problema radicaba principalmente en los jóvenes hispanos y afroamericanos. Estos
investigadores señalan: “Conseguir que las políticas educativas estén basadas en evidencias
es una de las metas que se han propuesto los tomadores de decisiones en los 20 años
recientes… pero las interpretaciones de los resultados de las pruebas internacionales deben
hacerse con mucho más cuidado que el que tienen comúnmente quienes dictan las
políticas”. Los autores hicieron un análisis detallado de los resultados de esas pruebas
agrupando a los jóvenes según sus condiciones sociales, económicas y culturales; los
resultados son muy distintos a los usados precipitadamente por el secretario (promedios
nacionales) para hacer sus afirmaciones e impulsar sus políticas. Entre otros datos,
encuentran que los jóvenes estadunidenses de los sectores económicamente desfavorecidos
han presentado una mejora sustantiva y constante en los años recientes.
“Estamos seguros de esto –dicen Carnoy y Rothstein–, la peor decisión es hacer juicios
basados solamente en los resultados promedio nacionales, en una sola prueba y en un solo
momento, sin comparar las tendencias en diferentes pruebas que buscan medir lo mismo y
sin desagregar los estudios en grupos según clase social. El análisis que hemos presentado
en este informe debe prevenir a quienes toman las decisiones que deben comprender este
contexto antes de sacar conclusiones de pruebas como PISA o TIMSS.”
El pasado día tres de este mes, David Brooks, corresponsal de La Jornada en Nueva York,
publicó un largo reportaje que documenta la manera en que en Estados Unidos las fuerzas
políticas están haciendo uso de las reformas educativas: “La ofensiva de los
autoproclamados reformadores de la educación está compuesta por algunas de las fuerzas
más poderosas del país, entre ellos los hombres más ricos de Estados Unidos, el gobierno
federal, el sector financiero, los grandes medios y cabilderos, quienes afirman que el
problema central de un sistema de enseñanza público en descomposición son los maestros
de baja calidad y sus sindicatos que defienden el statu quo”. En un artículo previo, el

mismo Rothstein censuró la manera como los políticos estadunidenses han hecho de los
maestros un chivo expiatorio.
Si en el párrafo anterior escribimos México en vez de Estados Unidos queda perfectamente
descrito el origen político de la mal llamada reforma educativa ya aprobada ¡en un mes!
¿Por qué se dieron los nuevos gobernantes de este país sólo un mes para hacer una reforma
educativa de nivel constitucional? ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿En qué información se basó?
¿Cuál fue el marco filosófico y pedagógico que la orientó? ¿Cuáles son los criterios y
valores en los que se sustenta? ¿En qué espacios y con qué actores se discutió? Quienes la
impulsaron y avalaron fueron los dirigentes de los partidos políticos, los organismos
empresariales, las televisoras y la funesta OCDE, o más precisamente su secretario general,
el señor Gurría; son ellos quienes constituyen el Estado que recupera el mando de la
educación pública mexicana, son ellos quienes gobiernan a este país desde hace décadas;
por eso no necesitaron más tiempo, se trata de continuar un proyecto en marcha.
“Este trabajo –advierte un documento titulado Avances en la reformas de la educación
básica en México, una perspectiva desde la OCDE, publicado hace unas semanas– se
publica bajo la responsabilidad del secretario general de la OCDE. Las opiniones
expresadas y los argumentos empleados en este informe no necesariamente reflejan los
puntos de vista de la OCDE ni de los gobiernos de los países miembros”. De modo pues
que, aun cuando las reformas educativas se imponen en México apelando a la supuesta
autoridad de la OCDE, quien las impulsa y avala es el señor Gurría, que acude presuroso y
con mucha frecuencia a nuestro país para pontificar acerca de la educación nacional y dar
instrucciones al gobierno. Además, como es sabido, estas colaboraciones de la OCDE (o de
su secretario general) no obedecen a su generosidad: al país le cuestan cantidades
millonarias por cuotas al organismo y por generosos pagos específicos con motivo de cada
estudio y cada documento del que, además, la OCDE no se hace responsable. Un maestro
de la CNTE nos hace ver cómo en este nuevo informe de la OCDE queda manifiesto que es
desde ahí que se toman las decisiones en materia educativa en este país. En el mismo,
podemos añadir, están omnipresentes los vicios metodológicos señalados por Carnoy y
Rothstein (generalizaciones sin fundamento y falta de contextualización) y la ideología de
ese organismo.
Como ocurre en casi todos los ramos de la producción material, también en el campo
educativo los colonizados gobernantes y negociantes de este país desconfían de nuestras
propias fuerzas para resolver los problemas nacionales; en vez de apoyar a los cuerpos de
profesionales, científicos y técnicos que desarrollen sus soluciones (y en materia educativa
son muchos), se someten a los dictados de los centros de poder de donde importan
conocimientos, tecnología y herramientas, y con ellos un proyecto de educación y de país.
La reforma educativa y la OCDE
LA REFORMA EDUCATIVA Y LA OCDE
Luis Hernández Navarro / La Jornada / 2013
El tamaulipeco José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tiene dotes de astrólogo. Entusiasmado
por la aprobación de las reformas laboral y educativa a finales de 2012 y por las que están
en puerta, declaró a la prensa: Al menos en los últimos 15 años, no habían estado los astros
tan alineados como ahora para aprobar un buen número de reformas estructurales, y eso hay

que aprovecharlo.
Su gusto por las predicciones no es nuevo. En 1993 profetizó ante un grupo de empresarios
japoneses que el proyecto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari duraría hasta
2012. Su conjetura no era desinteresada. Gurría formó parte de esa administración como
director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, negociador del capítulo
financiero del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, como director general de
Nacional Financiera (Nafinsa).
Militante del PRI desde los 18 años, a José Ángel Gurría es fanático del libre mercado.
Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores con Ernesto Zedillo y uno de los
favoritos del ex mandatario para sucederlo en Los Pinos, fue apodado el Ángel de la
dependencia por su determinación de que México negociara su deuda externa con
organismos financieros multilaterales y bancos extranjeros al margen de otros países
deudores de América Latina que buscaban mejores condiciones de pago. Esos organismos –
justificó– no vienen a darnos recetas ni imposiciones, sino a compartir su conocimiento
sobre temas que analizan y estudian.
Desde junio de 2006, el Ángel de la dependencia pudo comprobar que no es lo mismo ser
cantinero que borracho. Una cosa es beber las copas y otra servirlas. En esa fecha asumió
por primera ocasión la secretaría general de la OCDE y pasó a compartir el conocimiento
sobre los temas que analiza y estudia a los países que la integran. A partir de entonces se ha
dedicado a despachar amargas recetas neoliberales a cuanto gobierno se deja. Uno de los
sectores de intervención predilectos del club de países ricos es el educativo. De hecho, la
reforma educativa que aprobó el Congreso de la Unión el pasado 20 de diciembre tiene el
inconfundible aroma de las conclusiones del Acuerdo de Cooperación OCDE-México para
Mejorar la Calidad de la Educación en las Escuelas de México, publicadas en Mejorar las
escuelas: estrategias para la acción en México de 2010 y Establecimiento de un marco
para la evaluación e incentivos docentes: consideraciones para México de 2011.
Uno tras otro, los puntos sobre transformaciones en el sistema de enseñanza en México
anunciados por Peña Nieto en su discurso de toma de protesta como Presidente el 1º de
diciembre pasado, las propuestas pedagógicas incorporadas al Pacto por México y las
recientes reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales, fueron recomendaciones de la
OCDE. Es decir, los cambios al sistema educativo recientemente aprobadas por el
Congreso provienen de un organismo multilateral.
No hay novedad alguna. No se trata de una excepción, sino de la regla. A pesar de que el
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), impulsado por la OCDE,
no toma en cuenta ni el currículo nacional ni las diferencias socioculturales y regionales, se
aplica en México desde 2000. Ambiciosas proyectos pedagógicos, como la Reforma
Integral a la Educación Básica y la Alianza por la Calidad de la Educación, son, en mucho,
frutos de las propuestas que el club de países ricos hizo al gobierno federal en el Análisis
del sistema escolar mexicano a luz de los resultados PISA de 2006.
Esta enorme influencia de la OCDE en la educación del país ha llevado a investigadores
como Marcelino Guerra y Lucía Rivero a preguntarse si la SEP mudó su domicilio de la
Plaza de Santo Domingo a París, ya que su sede central se encuentra en el Chateau de la
Muette en esa ciudad. La revista Contralínea documentó la enorme cantidad de recursos
que el país paga al organismo por sus estudios y asesoría y lo que se gasta en el traslado de

funcionarios del sector educativo a las oficinas parisinas.
Lo que diferencia de las anteriores reformas los recientes cambios a la Carta Magna en
materia educativa es que éstos elevan a un rango superior las propuestas de la OCDE. Los
constitucionaliza. Con ello se pone un candado que cierra la puerta y evita que se dé
marcha atrás en estas reformas, a pesar de su ineficacia. Ese es el caso, por ejemplo, de la
evaluación magisterial.
El 23 y 24 de junio del año pasado se realizó la evaluación universal para el magisterio,
basada en exámenes estandarizados. Pese a la presión de las autoridades para que los
profesores participaran en ella, el resultado final fue un fracaso. Según la SEP, en todo el
país sólo 264 mil 379 docentes realizaron la prueba. Presumiblemente, la cifra fue inflada.
Diversos analistas consideran que los profesores que hicieron la prueba no fueron más de
150 mil. La reforma constitucional y sus futuras legislaciones secundarias abren la puerta
para que esas evaluaciones se conviertan en obligatorias, para que se sancione a quienes no
se sometan a ellas y para que, a partir de sus resultados, se ponga en riesgo la estabilidad
laboral.
Muchos estudios y recomendaciones de la OCDE hacia México han sido fuertemente
cuestionados por su falta de seriedad y dogmatismo neoliberal. Por ejemplo, Carlos Slim
calificó de falsos, irracionales y mentirosos los datos difundidos por el club en su estudio
sobre las telecomunicaciones. Sin mencionarlo expresamente por su nombre, el empresario
mexicano dijo de José Ángel Gurría: Vienen, pontifican y se van; y cuando estuvieron a
cargo de muchas responsabilidades no resolvieron los problemas que hoy plantean.
Lo mismo puede afirmarse de sus pontificaciones educativas. Sólo que ahora los
legisladores elevaron a rango constitucional esas recomendaciones, a pesar de que no
resolverán los problemas educativos del país. A lo mejor ellos también quieren mudar su
domicilio a París.

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