Globalización y Derechos Humanos

GLOBALIZACIÓN Y DERECHOS HUMANOS Noam Chomsky, uno de los científicos sociales de mayor reconocimiento, refiéndose a la globalización o capitalismo financiero, expresa: “Lo que se llama “CAPITALISMO” es básicamente un sistema de mercantilismo corporativo, con inmensas y en gran parte inauditas tiranías privadas ejerciendo un vasto control sobre la economía, los sistemas políticos y la vida social y cultural, operando en cerrada cooperación con estados poderosos que intervienen masivamente en la economía doméstica y en la sociedad internacional”, vale decir el imperio del capital financiero o sea la financiación de la economía a través de los grandes monopolios, bajo el ideario neoliberal. Según Samir Amin, cientista social de izquierda: El imperialismo actual, capitalismo financiero o globalización, se caracteriza por haber traslado la libre competencia a la lucha intermonopólica, por el control de las modernas tecnologías y la concentración del conocimiento científico tecnológico, por el monopolio de los flujos financieros, para cuya eficacia se han liberalizado las normas y reglas que regulan su circulación, por el acaparamiento de los recursos naturales del planeta, a través de los cuales el imperialismo se va apropiando, gradualmente de todos los recursos naturales, provocando la devastación planetaria; por el monopolio de los medios de comunicación para la imposición de la ideología neoliberal, al estado de que hoy se podría decir que la globalización es ante todo, y sobre todo, una globalización ideológica; el monopolio de las armas de destrucción masiva y principalmente el monopolio del mercado que se nos ha transformado de ciudadanos en consumidores, para utilizar una frase de Néstor García Canclini. En estas condiciones, el sistema corporativo llamado globalización expande la crisis, el crecimiento mundial de la pobreza, la exclusión y la miseria. Los estados –nación se han visto minimizados, el mundo del trabajo ha cambiado, presagiando una concentración cada vez mayor del capital, la caída mundial de las remuneraciones y el crecimiento progresivo del desempleo. Cerca de 200 personas más ricas del planeta poseen en conjunto una riqueza igual a que poseen 2.500 millones de personas, equivalentes al 42% de la población mundial; 800 millones de seres humanos sufren hambre crónica, 1.000 millones son analfabetos, 4.000 millones son pobres,250 millones de niños trabajan regularmente en las calles y fábricas, 192 millones de personas no tienen empleo alguno, 150 millones de niños no tienen acceso a la educación, 100 millones de niños no tienen acceso a la educación, 100 millones de personas viven en las calles de las metrópolis y otras grandes ciudades, 150 millones de niños sufren desnutrición. Se ha producido la destrucción despiadada, irreversible, del planeta(más de mil millones de hectáreas de bosques han desaparecido); se ha producido la contaminación de la atmósfera, de los mantos freáticos de los ríos y de los mares y el calentamiento global ya no es una amenaza sino una verdadera tragedia mundial. El precio del desarrollo capitalista ha sido y es la permanente e impune violación de todos los derechos humanos, económicos, sociales, políticos, colectivos, individuales, personales. El Ecuador, nuestro país, no escapa a la turbulencia de la globalización del capitalismo y la imposición del neoliberalismo de forma abierta u oculta, con toda su secuela de nefastos efectos sociales, que acaban por convertir al ser humano en una cosa u objeto desechable para el mercado laboral, deseable exclusivamente para el mercado de consumo. La ligazón de la vigencia de los derechos humanos a la democracia, ha determinado que siendo ésta una democracia formal, delegativa y en el mejor de los casos representativa(sin tomar en consideración la crisis de representación),los derechos humanos consignados en la Carta Magna no hayan pasado de la simple retórica. En la práctica el secuestro de la débil democracia representativa, por la partidocracia, vieja y nueva, condicionada políticamente a los designios del FMI, del BM y la OMC, la santísima trinidad de la globalización neoliberal, ha incidido directamente en el irrespeto a los derechos humanos elementales, por lo que el Estado ha tenido que enfrentar hasta la actualidad acciones judiciales ante organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, unos de cuyos fallos han concluido con la indemnización de las víctimas por parte del Estado ecuatoriano, aunque nunca con la sanción de los responsables, persistiendo el estado de impunidad, la peor forma de violación de los derechos humanos, comprobándose la tesis del filósofo de Tréveris de que “al final la única coherencia posible del capitalismo es el fascismo.” En la nueva coyuntura económico-social se encuentra reunida la Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo principal de redactar una nueva Carta Fundamental del Estado y proceder a la reestructuración del aparato estatal. Los nueve millones de ecuatorianos que quedamos en el país, pues tres millones de compatriotas viven en el extranjero, conservamos la esperanza de un nuevo texto fundamental para la reconstitución del Estado y la construcción de un nuevo país más soberano, independiente, pluralista, democrático, respetuoso de los derechos ciudadanos y participativos. Con este breve preámbulo estamos pensando en los derechos inobservados, en los derechos humanos violados, en los derechos individuales y colectivos, cuyo reconocimiento y práctica, son más que necesarios, indispensables, vitales, en la actual etapa de desarrollo económico-social, de grandes e irreversibles cambios científico- tecnológicos. Estamos pensando que el nuevo texto constitucional debe abordar, con precisión y claridad, derechos fundamentales de los ecuatorianos, ya sea en forma individual o colectiva, que han sido soslayados o débilmente consignados en la Constitución Política de la República vigente. El Ecuador necesita recuperar, cuando menos, el concepto republicano de la tradición ilustrada del estado social de derecho, de un estado de soberanía plena, unitario, independiente democrático, pluricultural, multiétnico y multinacional; reconocimiento que significa el rescate histórico de nuestra identidad, como pueblos y nacionalidades diversas, de diversidad cultural y étnica. La nueva Carta Fundamental del Estado necesita rescatar otro concepto republicano igualmente de la tradición ilustrada, consignándolo como derecho a la ciudadanía que es equivalente a democracia participante, derecho de ciudadanía que cual “nudo de relaciones” como lo concibe Frei Betto, nos permita el acercamiento con los diferentes, vale decir con los otros en igualdad de condiciones, o lo que es lo mismo en igualdad de derechos y obligaciones, para la plena satisfacción de las necesidades materiales e intelectuales, individuales y colectivas. La igualdad ante la ley necesita ser reformulada, por lo pronto eliminando del texto constitucional, los odiosos fueros de Corte policial y militar, privilegio para los cuerpos represores, garantes del actual Estado burgués, que son quienes más violan los derechos humanos a la vida y la integridad personal, gozando de impunidad merced al mencionado fuero- El derecho a desarrollar libremente la personalidad de los ecuatorianos, debe entenderse que sólo será posible si el Estado crea, genera las condiciones para la realización de todos los ecuatorianos en igualdad de condiciones y oportunidades. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, equivale a restablecer radicalmente la armonía entre el hombre y la naturaleza, para lo cual el Estado deberá garantizar, junto con las comunidades y la ciudadanía, el aprovechamiento racional de los recursos naturales que son patrimonio de todos los ecuatorianos, en beneficio de todos los ecuatorianos y no de las grandes compañías petroleras, madereras,mineras, extrajeras o nacionales, que irresponsablemente han arrasado el país. Un medio ambiente equilibrado, compatible con la vida humana, animal y vegetal, supone, obviamente, la recuperación de los recursos naturales, como bienes inalienables e imprescriptibles de propiedad del Estado y de los ecuatoriano y a su racional explotación, evitando su saqueo privado extranjero o nacional, priorizando el interés público sobre el privado. El derecho a disponer de bienes públicos y privados de óptima calidad, supone eliminar las privatizaciones de los bienes y servicios públicos existentes y los que se crearen y a establecer mecanismos efectivos de control de calidad de los servicios privados. El derecho a la libre expresión debe estar por sobre cualquiera concesión a las grandes empresas privadas de la comunicación que han privatizado este derecho convirtiéndolo en un privilegio de los dueños de los medios de difusión colectiva. Una auténtica libertad de trabajo únicamente podrá ser garantizada si el Estado impulsa la producción material e intelectual en las diferentes ramas, para lo cual se precisa la inversión de recursos principalmente en la agricultura y la agroindustria como garantía de otro derecho que debe constar en la Constitución cual es el derecho a la seguridad alimentaria. El agua en todas sus formas es un bien común y su acceso debe ser declarado como derecho humano fundamental e inalienable, permaneciendo su gestión y control en el ámbito público, social, comunitario, participativo, con equidad y sin fines de lucro. El derecho a la educación deberá ser declarado como otro derecho humano universal y fundamental, para lo cual el Estado deberá garantizar efectivamente su reconocimiento, priorizando la inversión pública, proporcionando una educación de calidad, que sea esencialmente humanista, formadora de ciudadanos para la vida, comprometidos con la razón de la humanidad que es la paz y la solidaridad. El derecho a la salud debe recobrar su vigencia, igualmente priorizando la inversión pública, humanizándolo, masificándolo, reduciendo, en la práctica los elevados índices de morbi-mortalidad principalmente infantil. El derecho a la crítica fundamentada y a la divergencia, debe ser garantizado en la nueva Constitución como una forma de participación ciudadana en el control y conducción del Estado. Se deberá garantizar constitucionalmente, contrariamente a la criminalización que ocurre en democracias latinoamericanas, el derecho a la protesta contra todo y contra todos quienes lesionen los derechos colectivos, los derechos humanos en cualquiera de sus formas. El derecho a vivir en democracia debe constituir un derecho fundamental de todos los ecuatorianos, democracia que significa el ejercicio de la ciudadanía y no simplemente la participación a la cola de las empresas electoreras; democracia que significa fiscalización permanente a los representantes y participación efectiva en la toma de decisiones más importantes para la colectividad, la nación y sociedad ecuatoriana. Igualmente es preciso que se constituya en derecho constitucional el derecho a emigrar libremente del país, contrariamente a la propuesta imperial de criminalización de la emigración. El Estado deberá garantizar una cultura de los derechos humanos que se exprese no sólo en su reconocimiento constitucional, sino en la praxis desde las más altas esferas del poder constituido nuevamente, sobre otras bases y sobre otra concepción del mundo, de la vida, del ser humano. La práctica de los derechos humanos es incompatible con cualquiera fundamentalismo, con cualquiera forma de autoritarismo o totalitarismo. Los derechos humanos en tanto se fundamentan en la naturaleza humana son universales e inalienables, pertenecen a todos los seres humanos, sin distinción alguna, en todo tiempo en cualquier lugar. Finalmente, tomando a Jean Baudrillard, diremos que: Mientras la globalización tiene que ver con la tecnología, el mercado, el turismo, la información y la expansión del capital, la universalidad tiene que ver con los derechos humanos, la libertad, la cultura y la democracia.

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