El documento discute la escalada de acciones independentistas en Cataluña y la necesidad de hacer cumplir la ley española. Argumenta que celebrar un referéndum de independencia ilegal iría en contra de la estabilidad institucional de España y debilitaría su imagen en la UE. También sugiere que si es necesario, las fuerzas de seguridad y el ejército deben intervenir para hacer cumplir las leyes y sentencias judiciales y para garantizar la unidad territorial de España.

1. Hechos consumados e independentismo
Ante la escalada de actos por parte de Mas, el ejecutivo está tomando
iniciativas que están contempladas en el ordenamiento jurídico
español. Ahora bien, parece que la desobediencia civil que está siendo
impulsada y la previsible puesta de las urnas, así como la intención
aparentemente muy firme de celebrar la consulta, aún en contra de lo
que dictamine el Tribunal Constitucional es algo que puede ser muy
negativo para la estabilidad institucional de la nación española.
Además nuestra imagen ante los países que constituyen la Unión
Europea puede verse debilitada por estas actitudes secesionistas. En un
Estado de Derecho el imperio de la ley debe hacerse cumplir, si es
necesario, con el legítimo uso de la fuerza. El poder catalán ha
incumplido diversas sentencias judiciales acerca de la enseñanza del
español en las aulas catalanas, y este hecho no produce consecuencias,
ya que se deja pasar. Y las sentencias de altos tribunales también
deben ser cumplidas, y no ser como papel mojado. Porque corresponde
al ejecutivo que se ejecute lo sentenciado, en todos los casos. Es verdad
que también es posible la suspensión de la autonomía. Con estos
precedentes en el caso del gobierno catalán las perspectivas respecto a
la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre no parecen ser
tranquilizadoras, sino todo lo contrario. Aunque el Consejo de Estado
ya ha afirmado de modo unánime la posición establecida en la
Constitución y la presunta ilegalidad del referéndum, y el gobierno
recurra al Tribunal Constitucional parece que la intención de Mas y de
sus socios de gobierno es no dar marcha atrás, y celebrar la consulta.
La Generalitat se dice que va a gastar del orden de unos nueve
millones de euros en la logística del referéndum. Esto es algo
inaceptable desde un análisis legal mínimamente profundo. Que se
movilicen miles de mossos de escuadra para que se logre la celebración
de la votación es otra muestra de falta de respeto a la legalidad vigente.
Y es algo que no debe ser consentido por el poder ejecutivo central.
En los últimos años la política catalana es un reiterado y constante
desafío al poder central. Y funciona con hechos consumados ante la
inacción continuada en determinadas cuestiones del gobierno de la
nación. Si esto sigue así, lo que, tal vez, pasará es que será destruida la
unidad de España, y se convertirá en un reino de taifas, porque otras
autonomías pueden querer seguir los pasos del secesionismo catalán.
En conclusión, aunque este tipo de conflictos deben ser resueltos
pacíficamente me parece que el uso de la fuerza legítima y
proporcionada es algo racional para que se cumplan las leyes. En
definitiva, que las fuerzas de orden público y el ejército que garantizan
la unidad del territorio español, tal como establece nuestra Carta
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2. Magna pueden ser enviados para normalizar la situación política en
Cataluña, si no hay otra forma posible de que se cumplan las
decisiones y las sentencias que siguen un estricto procedimiento legal.
Porque un estado de derecho no debe aceptar la política de hechos
consumados, y si se celebra la consulta decir que es ilegal y no es válida
no es suficiente, ya que esto alimentaría un cruce de declaraciones que
no daría un buen resultado, ya que sería una muestra de debilidad que
aprovecharía el independentismo para separarse de facto de España.
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