La justicia administrativa consiste en instrumentos jurídicos que tutelan a particulares frente a la administración pública. Los particulares pueden defenderse a través de recursos ante la misma autoridad o mediante demandas ante tribunales especializados. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa verifica la legalidad de actos administrativos emitidos por dependencias públicas. El Ombudsman protege a las personas de abusos de la administración pública investigando denuncias y emitiendo recomendaciones.