El documento discute la reforma del sector salud en Colombia después de la ley 100. Reconoce que la calidad de la atención médica debe ser una prioridad para todos los involucrados y debe lograrse con los recursos disponibles y los menores riesgos posibles para los pacientes. También argumenta que se necesitan acciones continuas y sistemáticas para establecer un sistema de garantía de calidad, en contraste con los esfuerzos anteriores en el país.