La educación es un derecho constitucional en Ecuador y una prioridad de la política pública. La educación debe ser inclusiva, de calidad, laica y gratuita. El Estado garantiza la educación para todos los grupos, incluyendo personas con discapacidad y niños. La Constitución también establece protecciones específicas para niños, como la prohibición del trabajo infantil y la atención prioritaria de sus necesidades.