La Constitución ecuatoriana de 2008 establece que la educación es un derecho humano fundamental y una prioridad de la política pública. Debe ser inclusiva, obligatoria, intercultural y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior. El Estado garantiza la educación de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. La Constitución también establece la rectoría del Estado sobre el sistema educativo nacional para asegurar su calidad, cobertura y financiamiento.