El documento establece que el poder público se ejerce a través del sufragio y que los poderes del Estado deben operar con independencia y control mutuo. Además, resalta que la Constitución es la ley suprema y que sólo el poder legislativo puede obligar al soberano mediante leyes, mientras que el poder ejecutivo tiene limitaciones en la creación de reglamentos generales. Finalmente, se afirma que cualquier acto que contravenga la Constitución carece de validez y se tipificará como delito.