La ley regula los mensajes de datos electrónicos, las firmas electrónicas, los servicios de certificación y las transacciones electrónicas. Reconoce el mismo valor legal a los mensajes de datos que a los documentos escritos. Establece requisitos para la validez de las firmas electrónicas y certificados de firmas electrónicas emitidos por entidades de certificación. También regula el uso de pruebas electrónicas en procesos judiciales.