La Ley 39/2006 establece un sistema para garantizar la autonomía y atención a personas dependientes en España. Creó niveles de protección mínimos financiados por el estado y mayores financiados conjuntamente por las comunidades autónomas y el estado. Define grados de dependencia desde ligera a gran dependencia y cataloga una red de servicios de prevención, asistencia domiciliaria, centros de día y residencias. También establece prestaciones económicas periódicas según grado de dependencia para adquirir servicios de asistencia personal.