La Ley de Dependencia, aprobada en diciembre de 2006 en España, garantiza derechos a ciudadanos en situación de dependencia, quienes requieren ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria debido a condiciones de salud o discapacidad. Clasifica a las personas en grados de dependencia y establece un proceso de evaluación y solicitud para acceder a servicios y prestaciones económicas. Las ayudas priorizan el acceso a servicios, aunque se pueden otorgar prestaciones económicas en caso de no poder acceder a dichos servicios.