La ley protege a las víctimas de violencia familiar al permitir que denuncien los maltratos ante un juez y soliciten medidas cautelares. El juez puede ordenar la exclusión del agresor del hogar familiar, prohibirle el acceso al domicilio de la víctima y decretar provisionalmente alimentos y tenencia de los hijos. El juez convocará a las partes y al ministerio público a una audiencia de mediación e instará a asistir a programas educativos o terapéuticos.