Esta ley tiene como objetivo prevenir y sancionar la tortura en todo el territorio nacional. Define la tortura como el dolor o sufrimiento grave infligido por un funcionario público para obtener información, confesiones o castigar a alguien. Establece sanciones de 3 a 12 años de prisión para los responsables y la obligación de los funcionarios públicos de denunciar actos de tortura. Además, estipula que las confesiones obtenidas mediante tortura no tendrán valor probatorio.