La ley regula los mensajes de datos, firmas electrónicas, contratación electrónica y comercio electrónico. Reconoce igual valor jurídico a los documentos electrónicos que a los escritos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Establece que los mensajes de datos, firmas electrónicas y certificados electrónicos son considerados medios de prueba válidos ante los tribunales.